Los derechos humanos

en las ciencias sociales:

una perspectiva multidisciplinaria

Ariadna Estévez

Daniel Vázquez

(coordinadores)

Los derechos humanos en las ciencias sociales : una perspectiva multidisciplinaria / Coordinadores Ariadna Estévez y Daniel Vázquez. – México : FLACSO México : CISAN, 2012.

1 recurso en línea (234 páginas) : ePub, 1.3 MB

E-ISBN: 978-607-7629-82-5

1.- Derechos Humanos – Aspectos Sociales. 2.- Derechos Humanos – México. 3.- Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 4.- Derechos Humanos y Ciencia Política. 5.- Políticas Públicas y Derechos Humanos. 6.- Feminismo y Derechos Humanos. 7.- Historia y Derechos Humanos. 8.- Libros Digitales – México. I. Estévez, Ariadna, coord. II. Vázquez, Daniel, coord.

SCDD 323.0972

Primera edición en formato impreso: noviembre de 2010.

Primera edición en formato electrónico: enero de 2013.

D.R. © 2010, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México,

Carretera al Ajusco núm. 377, col. Héroes de Padierna, Tlalpan, 14200 México, D.F.

<www.flacso.edu.mx>

D.R. © 2010, Universidad Nacional Autónoma de México

Centro de Investigaciones sobre América del Norte

Torre II de Humanidades, pisos 9 y 10, Ciudad Universitaria, col. Copilco, del. Coyoacán, 04510 México, D.F.

<www.cisan.unam.mx>

ISBN 978-607-7629-38-2 (formato impreso)

ISBN 978-607-7629-82-5 (formato electrónico)

Este libro fue sometido a un proceso de dictaminación por académicos externos de acuerdo con las normas establecidas por el Comité Editorial de la FLACSO México y del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.

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Índice

Prólogo

Rodrigo Gutiérrez Rivas

Introducción

Ariadna Estévez y Daniel Vázquez

Los derechos humanos en los estudios sociojurídicos

Karina Ansolabehere

Los derechos humanos desde las Relaciones Internacionales: normas, regímenes, “emprendedores” y comportamiento estatal

Alejandro Anaya Muñoz

Políticas públicas y derechos humanos

Manuel Canto Chac

Historia y derechos humanos

Silvia Dutrénit Bielous

Los derechos humanos en la sociología política contemporánea

Ariadna Estévez López

Feminismo y derechos humanos

Richard Miskolci

La antropología frente a los derechos humanos y los derechos indígenas

Rachel Sieder

Los derechos humanos y la teoría y estudios empíricos sobre la democracia

Daniel Vázquez

Derechos humanos y ciencia política

José Luis Velasco

Acerca de los autores

e-colofón

Prólogo

Rodrigo Gutiérrez Rivas

Como se sabe, el desarrollo de ideas y la producción de textos son inseparables del contexto en el que nacen. Esta afirmación adquiere su mayor sentido en el libro que la lectora o el lector tiene en sus manos. Es una obra que aparece en una coyuntura política y social de enorme complejidad y preocupación en la que es urgente repensar el papel que los derechos pueden y deben desempeñar para la conformación de una democracia constitucional en México. Esa tarea no puede ser emprendida sólo por abogados y juristas, desde una visión interna, autocentrada en el derecho, sino que requiere una mirada externa, de mayor alcance, basada en posiciones teóricas y metodológicas diversas que ayuden a comprender las estrechas e importantes relaciones que existen entre el derecho y los graves problema sociales que enfrentamos. Las razones de lo anterior requieren una breve explicación contextual.

En México, el concepto de derechos humanos comenzó a formar parte del lenguaje de la política progresista hace apenas dos décadas. Si bien un importante número de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil habían comenzado muchos años antes a luchar por los derechos, denunciando las graves violaciones y abusos cometidos por el Estado, no fue sino hasta el inicio de la década de 1990 cuando la categoría “derechos humanos” adquirió carta de naturalidad dentro de los discursos de la política y el derecho en México.

Este viraje conceptual ocurrió de forma paralela al agotamiento del sistema político autoritario —basado en un partido hegemónico que se impuso durante 70 años— y a los esfuerzos emprendidos para su transformación. Por ello, la extensión de la noción de derechos humanos coincide en México con una serie de modificaciones institucionales a través de las cuales se buscaba la sustitución de un régimen cerrado y autoritario por uno más abierto y democrático.

Sin embargo, uno de los rasgos que caracterizó al proceso de cambio político en este país, fue el énfasis que se decidió dar al derecho al voto como piedra angular para la construcción de un sistema democrático representativo, de baja intensidad, centrado en la competencia entre partidos. Para garantizar ese derecho, se realizaron esfuerzos legislativos y de diseño institucional orientados al propósito de organizar elecciones confiables y, a partir de éstas, permitir la emergencia y representación parlamentaria de expresiones políticas que habían sido cooptadas o reprimidas por el partido en el poder. Fue por ello que, en la década de los noventa, surgieron el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral (con sus respectivas réplicas en los Estados).

Es verdad que también en esa década se impulsó la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; sin embargo, su nacimiento no quedó vinculado de forma tan estrecha con el necesario proceso de transformación política que la sociedad mexicana demandaba. Dicha institución surgió para intentar subsanar el deficiente desempeño de los tribunales en su labor de protección de los derechos, así como para actualizar a la estructura institucional frente a la aparición en el derecho comparado de la figura del ombudsman. Sin embargo, debido a su propia naturaleza y a la de sus recomendaciones (no vinculantes), así como a que su capacidad de incidencia depende en gran medida de quien la encabeza, gradualmente fue perdiendo la potencia para posicionar los derechos como el tema más importante de la agenda pública en México. Ello contribuyó a que el proceso de transición en México girara sólo sobre el eje del derecho al voto (y de la competencia entre partidos), dejando fuera del debate —como si no formaran parte del proceso de cambio y consolidación democrática— derechos humanos tan relevantes como el acceso a la justicia, el debido proceso, la educación, los derechos de los pueblos indígenas, la no discriminación o el derecho a la información, entre otros.

Esta peculiaridad del proceso de cambio, ha generado un desarrollo desequilibrado en la discusión y la garantía de unos derechos y otros. Por un lado, ha surgido toda un área de especialización —teórica y práctica— en materia electoral y de derecho al voto que en los últimos años ha producido importantes avances en los criterios de interpretación y desarrollo de los contenidos; por el otro, el debate de todos los demás derechos continúa encerrado en un poder judicial que —con excepción de algunos jueces— sigue actuando y resolviendo a partir del paradigma decimonónico y restrictivo de las garantías individuales, bajo una lógica formalista que se funda en un positivismo legalista centrado en la ley y con enorme desconocimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Ello diluye gran parte del potencial transformador de los derechos.

Si bien es cierto que lo anterior se debe en importante medida a que el Poder Judicial sigue siendo la misma maquinaria que se construyó bajo la sombra del sistema autoritario en el que la ley no podía ser interpretada, sino sólo aplicada, en tanto contenía la decisión de la cúspide del poder, también es verdad que existe una importante responsabilidad de las propias escuelas y facultades de derecho.

Estas últimas, en su mayoría, continúan transmitiendo una cultura jurídica basada en el formalismo; esto es, en la confianza en el derecho como un sistema completo y coherente de normas positivas que deben ser aplicadas con base en un razonamiento deductivo, o en la convicción de neutralidad de las decisiones judiciales. Un gran número de profesores continúa glorificando el derecho, equiparándolo con la verdad (jurídica). Por ello, en muchos salones de clase, subsisten métodos pedagógicos que provienen de la educación clásica disciplinaria y se basan en la memorización de artículos, como si éstos fueran dogmas que deben ser interiorizados por los alumnos y alumnas. Ello inhibe la capacidad analítica y reflexiva sobre los contenidos normativos y sus relaciones con la vida social; como si las leyes no pudieran ser equívocas, o tener una estrecha relación con poderes privados, o producir el empobrecimiento y la exclusión de amplios sectores de la población.

No puede olvidarse que el derecho debe ser un instrumento capaz de colaborar a la solución de los problemas que enfrentan los pueblos, y no una maquinaria autoprogramada que resuelva de forma irreflexiva a partir de fórmulas preconstruidas. Se debe pensar, como procedieron los teóricos del realismo en Estados Unidos en su momento —y hoy lo hace el pensamiento jurídico crítico latinoamericano—, que los abogados también pueden actuar como ingenieros sociales capaces de aportar soluciones prácticas y creativas a los problemas de la sociedad en aras de su transformación. Sin embargo, para que esto suceda se requieren enfoques más flexibles, provenientes de diálogos interdisciplinarios que ayuden a conformar nuevas generaciones de abogados con capacidad crítica y analítica que les permita relacionar las respuestas jurídicas con la realidad de las comunidades.

Este libro abre tal discusión en México. La reflexión sobre los derechos a la que convoca desde múltiples disciplinas, permite entender la necesidad de plantear lo jurídico desde fuera: desde el internacionalismo, la historia, la antropología, la teoría política y el feminismo. Tiene la virtud de generar, en el lector o la lectora, la claridad de los vínculos que existen entre los derechos y las políticas públicas, los pueblos indígenas, las mujeres, el poder judicial y la propia democracia. Por ello es un texto indispensable para el debate jurídico contemporáneo; a través de él, los autores y autoras proponen repensar el derecho y los derechos en su relación con las distintas realidades económicas, políticas y sociológicas. En un contexto tan complejo de inseguridad, violencia y desigualdad, es necesario traspasar las estructuras rígidas del pensamiento formalista y disciplinario que caracteriza al campo jurídico en México, para lograr que el derecho y los derechos se conviertan en herramientas útiles, capaces de aportar soluciones pertinentes y congruentes con la construcción de una democracia constitucional.

Introducción

Ariadna Estévez y Daniel Vázquez

Desde hace por lo menos treinta años, el estudio académico de los derechos humanos ha dejado de ser terreno exclusivo de la disciplina jurídica y se ha convertido en un objetivo compartido por las diversas disciplinas sociales y humanísticas. La agenda de investigación social en derechos humanos incluye aspectos estructurales y subjetivos de fenómenos tales como la migración, el libre comercio, la globalización, la educación, la flexibilidad laboral, las elecciones democráticas, la construcción de identidades culturales y otras, los derechos indígenas, el terrorismo, las disputas por el agua, las negociaciones políticas por el cambio normativo internacional, la violencia contra las mujeres, el uso del derecho con fines políticos o de represión, los procesos de reconciliación después de la transición democrática, etcétera.

La discusión teórica, el análisis conceptual y los estudios empíricos sobre derechos humanos se han ubicado ya en las ciencias sociales, y en la academia anglosajona y latinoamericana existen diversos seminarios de investigación y coloquios en los que se discuten los estudios más recientes. Desafortunadamente, en México el estudio de derechos humanos sigue confinado a la disciplina legal, y poco se conoce de las herramientas teóricas y metodológicas que faciliten el análisis social de los derechos humanos, así como de la agenda social, política, internacionalista, antropológica y económica, en el campo.

Sobre las causas de esto, solamente pueden aventurarse especulaciones e hipótesis no verificadas —desde la legalización del discurso de derechos humanos vía la sociedad civil, hasta el convencimiento en la academia de que, efectivamente, los derechos humanos se estudian mejor desde el derecho—, pero es un hecho que en México no hay espacios específicos para debatir el tema desde una perspectiva conceptual, ni una agenda de investigación no legal. La falta de un enfoque sistemático al estudio social de los derechos humanos hace que la investigación que sí se realiza tenga que recurrir a fuentes legales, que no ayudan a responder a las preguntas de investigación propiamente sociales, y a que esa investigación se pierda entre la copiosa producción académica de las ciencias sociales.

Con esta preocupación en mente, en noviembre de 2008, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) y la Flacso México convocaron a un grupo de académicos de las ciencias sociales, con especialidad en derechos humanos, a participar en un seminario en el que se abordaron los derechos humanos desde las diversas disciplinas de las ciencias sociales, en vez de hacerlo desde el derecho. Aun cuando su enfoque son los estudios regionales, el CISAN y la Flacso están conscientes de la importancia de los derechos humanos en la agenda de investigación social del continente, por lo que auspiciaron la creación del Seminario Multidisciplinario de Análisis de Derechos Humanos. El apoyo del entonces director del CISAN, José Luis Valdés Ugalde, fue fundamental para echar a andar el proyecto.

El seminario se propuso iniciar el largo recorrido de extraer la investigación sobre derechos humanos del derecho y complejizar su estudio ubicándolo en las ciencias sociales. Durante el primer año del seminario, los integrantes tuvimos varias sesiones de discusión interna para definir cuál era el estado de esta cuestión dentro de la agenda temática y de debate conceptual en el estudio de derechos humanos, desde las diversas disciplinas y subdisciplinas sociales. El libro que el lector o lectora tiene en sus manos es producto del trabajo colectivo realizado en esa primera etapa del seminario.

Este libro tiene como objetivo dilucidar cuál es el enfoque específico de cada una de las disciplinas sociales al estudiar los derechos humanos y establecer un estado de la cuestión general. El gran sesgo de este ejercicio, sin embargo, es el marcado por la formación de los ensayistas y su acceso a sólo una fracción de la literatura producida en el campo. Mientras que algunos de los autores se han formado en la academia anglosajona, otros se ven limitados por el tipo de literatura que se encuentra más sistematizada y accesible, que es fundamentalmente la anglosajona —aunque muchos autores latinoamericanos, africanos y asiáticos publican en las revistas indexadas en el mundo anglosajón—. Las evidentes excepciones son los capítulos escritos por Silvia Dutrénit (Memoria Histórica) y Manuel Canto (Políticas Públicas), quienes intencionalmente se han dedicado a estudiar la literatura en español.

En el seminario no hubo ingenuidad al discutir este sesgo, y tomamos consciencia de que la disponibilidad de la literatura anglosajona, en detrimento de otras, no es arbitraria y que existe un centralismo que favorece a esta academia y deja fuera la gran producción de conocimiento que se hace en el mundo hispanohablante, francófono y portugués, por hablar sólo de América Latina. No obstante, en un ejercicio de reflexividad, los autores reconocemos esta limitante pero, al mismo tiempo, sabemos que sistematizar la literatura densamente anglosajona es un buen principio para empezar a producir un conocimiento social sobre derechos humanos en el ámbito mexicano que contribuya a desmantelar, por lo menos en lo que respecta al concepto de éstos, lo que E. Dussel ha llamado la “colonización epistemológica” y A. Quijano “la colonialidad del poder”.

De esta forma, no es la intención de los autores marcar parámetros y límites en la investigación social de los derechos humanos, sino más bien exponer un abanico que dé pautas conceptuales, metodológicas y temáticas para los académicos(as) y estudiantes de las ciencias sociales, con el fin de empezar a sistematizar una agenda de investigación social de derechos humanos propiamente mexicana. A la larga, esta agenda debería producir un conocimiento que permita a los investigadores(as) no sólo tener herramientas de investigación propiamente sociales, sino también limitar, en la medida de lo posible, la necesidad de acudir a la academia anglosajona y europea para encontrar referentes no legales en el estudio de los derechos humanos.

Ejes de discusión y estructura del libro

El libro está compuesto por nueve ensayos, correspondientes a las disciplinas, subdisciplinas y enfoques representados en el Seminario Interdisciplinario de Análisis de Derechos Humanos, más Género y Feminismo:[1] Sociología Jurídica, Sociología Política, Relaciones Internacionales, Políticas Públicas, Memoria Histórica, Estudios de la Democracia, Ciencia Política y Antropología. El enfoque de cada uno de los capítulos responde a la forma en la que cada disciplina y subdisciplina ha incorporado el estudio de los derechos humanos, que puede ser a partir de la propia metodología de la disciplina (Antropología, Memoria Histórica), de la práctica (Políticas Públicas), la teoría (Teoría Política, Estudios de la Democracia y Feminismo), o como objeto de estudio (Relaciones Internacionales, Sociología Jurídica y Sociología Política). En este sentido, la discusión de los capítulos sigue dos tipos de estructura: la revisión de la literatura social sobre derechos humanos (Democracia, Relaciones Internacionales, Sociología Jurídica y Sociología Política), y la revisión histórica de la incorporación del concepto (Antropología, Memoria Histórica, Feminismo, Política Pública y Teoría Política). Como se observa, la estructura del libro es disciplinar y se puede leer cada capítulo por separado.

Un debate fundamental que surgió durante la discusión de cada una de estas disciplinas fue el que tiene que ver con las fronteras disciplinares, el cual giró en torno a qué aspectos son propios de una u otra disciplina y dónde pueden marcarse sus límites. La discusión fue apasionante, pero no hubo respuestas satisfactorias, por lo que concluimos que es inútil tratar de definir fronteras, es imposible determinar en qué momento un estudio de derechos humanos deja de ser sociopolítico para convertirse en antropológico, pues muy posiblemente se trata de un enfoque interdisciplinario que conjuga Antropología, Sociología Jurídica y Memoria, por poner un ejemplo. Lo que sí pudimos definir fue que mientras todas las disciplinas contemplan de alguna forma un análisis del poder, algunas se ocupan más de lo estructural que de lo subjetivo. Por ejemplo, Antropología, Sociología Política y Feminismo se centran en el análisis del poder que tienen los sujetos frente a diferentes formas estructurales, mientras que Relaciones Internacionales, Memoria y Política Pública se centran en la interacción sujeto-objeto, y Sociología Jurídica y Estudios de la Democracia se concentran en las instituciones legales como recursos estructurales de los sujetos sociales. Teoría Política se centra en la institucionalización de los derechos humanos. Las particularidades —más que fronteras— disciplinares las marca el énfasis en uno de los elementos de la relación sujeto-objeto, la cual es fundamental en la producción de conocimiento de las ciencias sociales.

Sin pretender ser exhaustivos en la revisión de la literatura por el sesgo mencionado en la primera parte de la Introducción, cada uno de los capítulos dilucida tres cosas: 1) la importancia de los derechos humanos como objeto de estudio; 2) los debates teóricos propios de esas disciplinas en su estudio de los derechos humanos y 3) la agenda temática que se desprende de estos enfoques, con especial referencia a México. Ya sin insistir en las fronteras conceptuales, temáticas y analíticas, el análisis de estos tres aspectos nos posibilitó definir lo que sí compete a cada una de las disciplinas y enfoques y, eventualmente, nos permitió encontrar coincidencias y divergencias en la producción de conocimiento social sobre derechos humanos, algo que bien vale la pena compartir con el lector que quiera acercarse al estudio de este tema desde cualesquiera de las disciplinas y subdisciplinas sociales.

La primera gran coincidencia es la temporalidad en la aparición misma del concepto de derechos humanos en el ámbito empírico de la disciplina. Se empieza a hablar de derechos humanos en las ciencias sociales en la medida en que los actores sociales (sujeto) hacen referencia al concepto, y las instituciones (objeto) lo retoman. Esto ocurre con la lenta pero progresiva caída de la guerra fría y las liberaciones políticas conocidas como transiciones a la democracia, que se pueden encontrar a finales de la década de 1970 pero con más amplitud durante toda la década de 1980. Con la hegemonía de los discursos liberales, especialmente la democracia, los sujetos sociales empezaron a ver la conveniencia de legitimar sus demandas en un lenguaje ético que no despertara escepticismo, como las diversas expresiones del estructuralismo, desde el marxismo hasta la teoría de la dependencia. Esto es lo que coloca a los derechos humanos y a sus conceptos relacionados en el ámbito empírico de estudio de las ciencias sociales, y dentro del libro es elocuente en los capítulos escritos por Silvia Dutrénit (Memoria Histórica), Richard Miskolci (Feminismo) y Daniel Vázquez (Democracia).

La segunda es el uso de la metodología constructivista. Surgido en los sesenta, el constructivismo social sugiere que no existe tal cosa como la objetividad en las ciencias sociales. El investigador no es totalmente ajeno al objeto de estudio, por lo que éste no se puede construir de manera neutral. Todo objeto y sujeto social es descrito con un lenguaje científico que no es neutro, sino que está marcado por la experiencia del investigador; su descripción es una construcción social determinada por las subjetividades del científico social. El constructivismo cuestionó la subjetividad de teorías y conceptos que dejaban fuera o en desventaja a las mujeres, los gays, los indígenas, etc., y facilitó la aparición de metodologías que examinaban el poder del lenguaje en la construcción de sujetos y realidades sociales tales como el posestructuralismo. En la medida en que los derechos humanos aparecieron en el horizonte empírico de las ciencias sociales, el constructivismo se fue revelando como la perspectiva metodológica más útil para analizar no sólo el papel de los derechos humanos en la construcción de sujetos y objetos sociales, sino también para examinar a los derechos humanos mismos como una construcción social que puede ser transformada, contestada y mediada por el poder. Esto se aborda con amplitud en los capítulos elaborados por Rachel Sieder (Antropología), Ariadna Estévez (Sociología Política), Richard Miskolci (Feminismo), Karina Ansolabehere (Sociología Jurídica) y José Luis Velasco (Teoría Política).

La tercera coincidencia es el uso estratégico de los derechos humanos como discurso, ideología o doctrina legal por parte de los sujetos sociales —individuales y colectivos, activistas y minorías— para formular demandas. En la medida en que diversos grados y expresiones del liberalismo se han impuesto en el ámbito estructural —en las instituciones multilaterales, los parlamentos y las corporaciones transnacionales— ha resultado conveniente enmarcar intereses y demandas de grupo en términos de derechos humanos, es un discurso que conlleva valores liberales. No obstante, este uso estratégico no es exclusivamente pragmático, sino que eventualmente se vuelve axiológico. En la medida en que la gama de valores que propone el discurso de derechos humanos impregna el ámbito de los sujetos sociales, también se retoma como un eje rector a nivel institucional (por ejemplo, las políticas públicas, su uso en las cortes nacionales, etc.). Esta particularidad es especialmente evidente en los capítulos escritos por Alejandro Anaya (Relaciones Internacionales), Ariadna Estévez, Rachel Sieder y Manuel Canto (Políticas Públicas).

Las diferencias entre cada capítulo tienen que ver con la importancia que poseen como objeto de estudio, y con las divergencias personales entre los autores respecto a la ontología y la epistemología de los derechos humanos. Por un lado, mientras que los derechos humanos son un objeto recurrente en la Antropología, la Sociología Política, el Feminismo, la Memoria, la Teoría Política y las Relaciones Internacionales, lo son menos en otras disciplinas tales como la Política Pública, los Estudios de la Democracia y la Sociología Jurídica. En segundo lugar, durante el seminario no hubo acuerdo entre los autores respecto del origen conceptual de los derechos humanos. Mientras que Daniel Vázquez propone que no hay una conexión inmediata entre la doctrina de derechos humanos y el pensamiento democrático, los capítulos de Alejandro Anaya, Richard Miskolci y Ariadna Estévez dan cuenta de que, aunque no es posible decir que los derechos humanos como los conocemos hoy reflejen íntegramente el pensamiento de la Ilustración (que es el origen del primer pensamiento democrático), sí es posible rastrear una conexión que se transforma radicalmente con la aparición de la Organización de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por el concurso de países socialistas, colonizados y asumidos como “periféricos”, como sería América Latina. Esta diferencia es un reflejo localizado de un debate muy amplio en la academia sobre la autoría de los derechos humanos: hay quienes dicen que es liberal, otros afirman que es producto del liberalismo y el socialismo, y hay un número creciente de autores que lo explican por la negociación entre gobiernos y sociedad civil de muchas y muy diversas culturas. Algunas de las posturas sobre el debate pueden encontrarse en los diferentes capítulos, igual que la perspectiva ontológica de cada uno de los autores, que va desde la normativa hasta la discursiva.

Las coincidencias y diferencias entre cada uno de los capítulos hacen que el libro tenga un acercamiento muy diverso a los derechos humanos desde la ciencias sociales, que va más allá del enfoque disciplinar, pues la riqueza de perspectivas se complementa con la diversidad metodológica del colectivo que lo escribe. Esperamos que esta obra sea de utilidad para profesores, estudiantes e investigadores que deseen llevar el estudio de los derechos humanos más allá de las útiles pero restringidas fronteras del derecho.

[1] Richard Miskolci participó exclusivamente en el proyecto de este libro. Para él nuestro agradecimiento por su disposición y entusiasmo.

Los derechos humanos en los estudios sociojurídicos

Karina Ansolabehere[*]

En el mundo anglosajón, el interés de las ciencias sociales por los derechos humanos data de la década de 1970 (Freeman, 2002). Esta tendencia es, entonces, relativamente nueva en la sociología en general y en los estudios sociolegales[1] en particular.

Habida cuenta de estas características del campo de estudios, el principal objetivo de este capítulo es repasar las preocupaciones más relevantes que atraviesa la literatura sobre derechos humanos, y derechos en general, en los estudios sociojurídicos en la academia anglosajona, por considerar que ésta representa un espacio de producción muy dinámico en la materia, especialmente influyente en la de América Latina. Sin embargo, no puede dejar de señalarse que este estudio es parte de una agenda de investigación más amplia que contempla un trabajo similar acerca de los estudios sociojurídicos sobre derechos humanos en América Latina.

Debido a la novedad de la preocupación por esta temática, las revisiones sistemáticas sobre esta literatura son incipientes, más aún en español, por lo cual se considera que este trabajo constituye una contribución para el público de habla hispana interesado en el estudio de los derechos humanos desde una perspectiva sociojurídica.

En vista de que nos aproximaremos a los derechos desde los estudios sociojurídicos, el centro de atención serán el derecho y las instituciones jurídicas vistas desde las ciencias sociales. La pregunta a partir de la que se articula este trabajo es ¿qué lugar tienen el derecho y las instituciones jurídicas en el desarrollo de los derechos humanos? A medida que avanzábamos en la revisión, observamos que la respuesta distaba de ser homogénea y que en ésta prevalecía interés por dos procesos vinculados con el desarrollo de los derechos: a) su institucionalización, cómo y cuándo los derechos pasaban de ser un discurso emancipatorio a cristalizarse en instituciones y normas jurídicas de diferente tipo, y qué pasaba con el contenido transformador de los mismos cuando esto sucedía, y b) su vivencia, de qué manera se apropian los individuos, las organizaciones y los movimientos sociales de las normas e instituciones jurídicas vinculadas con los derechos, a fin de canalizar sus demandas, y qué impacto tiene esto.

Por otra parte, en este recorrido también observamos que no había una definición unívoca del derecho. Se identificaron tres definiciones/concepciones sobre éste y las instituciones jurídicas, cada una de las cuales íntimamente vinculada con las perspectivas jurídicas más influyentes en los estudios sociolegales: el realismo jurídico, los estudios críticos del derecho, y las perspectivas constructivistas sobre derecho y sociedad. No obstante esta fragmentación de preocupaciones sobre los derechos, y de sus definiciones sobre el derecho, encontramos un denominador común: el escepticismo acerca de la contribución de este último y las instituciones jurídicas en la realización de los derechos. Básicamente, los estudios dan cuenta de que la juridificación e institucionalización de los derechos no cumplen muchas de las promesas que se les imputan, no obstante tanto uno como la otra distan de ser inocuos.

Antes de avanzar, sin embargo, se considera importante destacar que haber elegido la mirada sociojurídica como puerta de entrada a los derechos no significa desconocer que su definición es compleja. Partimos de la base de que los derechos humanos no se agotan en su dimensión jurídica, ya que es una noción que conjunta componentes morales, culturales, discursivos, etc. Lo que realizamos fue simplemente un recorte analítico, no inocente, para aproximarnos a la literatura sobre un tema que, en México por lo menos y hasta hace muy poco, era patrimonio de las escuelas y los profesionales del derecho.

A fin de responder la pregunta propuesta se organizará el trabajo de la siguiente manera: en primer lugar, como introducción, se hace una breve referencia a las preocupaciones y problemas de los estudios sociolegales, específicamente aquellos sobre derechos. En segundo, se repasan las principales preocupaciones de estos últimos a partir de la pregunta que se busca responder en este trabajo: qué lugar tiene el derecho en el desarrollo de los derechos. Finalmente se identifican asignaturas pendientes y posibles líneas de investigación.

El derecho en las ciencias sociales: aproximaciones sociológicas y estudios sociojurídicos

En el análisis del derecho por parte de las ciencias sociales encontramos dos vertientes de aproximación: 1) la que en términos generales llamaremos sociología del derecho, desarrollada en Europa, que tiene preocupaciones teóricas, y que se ha caracterizado por un trabajo conceptual, y 2) los denominados estudios sociojurídicos, cuyo origen está claramente ubicado en Estados Unidos, y que se ha caracterizado por un trabajo fundamentalmente empírico.

Esta aproximación tiene como denominador común la preocupación por el estudio de la sociedad a través de la ley (qué nos expresa el ordenamiento jurídico de una sociedad en general) y el análisis de la ley en la sociedad (Carbonnier, 1982). A través de estas inquietudes se articula la denominada sociología del derecho, subdisciplina que tiene las mismas fortalezas y debilidades del conocimiento sociológico en la actualidad; sintéticamente, multiplicidad de enfoques teóricos y metodológicos (Cotterrell, 2001). No obstante, más allá de la preocupación de los clásicos de la sociología (Marx, Durkheim y Weber) por el derecho en las sociedades occidentales modernas, y de algunos contemporáneos también (fundamentalmente Niklas Luhmann, Jürgen Habermas, si lo consideramos un teórico social, y Pierre Bourdieu), existe consenso en admitir que el estudio del derecho en la sociología tiene un lugar marginal en la disciplina (Banakar, 2009; Cotterrell, 2007).

Ante la marginalización del derecho en la teoría social, la sociología del derecho se desarrolló, fundamentalmente, en Europa continental y en el Reino Unido, como una subdisciplina de la sociología que ha despertado tanto el interés de científicos sociales, como el de profesores de escuelas de derecho. No obstante, parece que las características y dinámicas de cada uno de los campos disciplinarios hacen difícil un diálogo y una construcción de conocimiento conjunto más profunda y compleja (Banakar, 2009).

En vista de estas particularidades del desarrollo de la sociología del derecho, encontramos lo que llamaríamos dos programas de ésta: uno que quiere informar al derecho con conceptos de las ciencias sociales, y otro que desde las ciencias sociales busca analizar el lugar del derecho y los fenómenos jurídicos en las sociedades contemporáneas.

Estos dos programas están atravesados por una discusión principal relativa al significado del derecho, qué es el derecho. Y, como era de esperarse, existen múltiples aproximaciones al tema, aunque en sus extremos se encuentran: el derecho como un dispositivo técnico (separado de la sociedad) y el derecho como una expresión social y cultural (Cotterrell, 2004).

En línea con los programas antes planteados, una de las preocupaciones básicas del campo de la sociología del derecho fue, y sigue siendo, la confrontación de los supuestos del positivismo jurídico (Cotterrell, 2004), la perspectiva hegemónica de las escuelas de derecho. El sello identitario de esta subdisciplina está en la puesta en duda de las ideas de: a) el derecho como producto eminentemente estatal (equivalente a las normas jurídicas producidas por las instituciones legitimadas para tal fin); b) la autonomía del derecho, y c) la determinación del derecho, sustentada en la afirmación de que es transparente y no tiene lagunas. Para el positivismo, el derecho es, por una parte, sinónimo de derecho estatal y, por la otra, es considerado un dispositivo técnico para la regulación de la sociedad. La sociología jurídica, en cambio, cuestiona que el estudio de lo jurídico se considere equivalente al estudio de las normas jurídicas, de qué son o deben ser, y que la efectividad y origen de estas normas no sean problematizados.

En cuanto a la segunda vertiente de aproximación a lo jurídico desde lo que se ha dado en llamar estudios sociojurídicos, encontramos que su principal espacio de desarrollo fue el movimiento de law and society desarrollado en Estados Unidos en la década de 1960 (Silvey, 2002). Estos estudios se constituyeron en un espacio de reflexión más dinámico sobre lo jurídico, desde una perspectiva multidisciplinaria. Los llamados estudios sobre derecho y sociedad tuvieron y tienen, a diferencia de la sociología del derecho, una aproximación empírica cuyo contenido básico podría sintetizarse en la frase acuñada por Roscoe Pound, padre fundador de la jurisprudencia sociológica, como el interés por la ley en acción. Interés que implica nada más, y nada menos, que dar cuenta de la norma jurídica en las prácticas y no sólo en los ordenamientos. En un común denominador con la sociología del derecho, son estudios que surgen oponiéndose a una visión formalista y técnica de lo jurídico, e intentando aproximarse al fenómeno con herramientas diferentes. Este movimiento se define como:

una asociación de académicos, una revista de investigación académica y una colección de aproximaciones empíricas sobre cómo la ley trabaja. Como un movimiento intelectual, los académicos dedicados a los estudios sociojurídicos generalmente se ubican a sí mismos en los márgenes del saber jurídico tradicional, mirando qué hace el derecho en lugar de qué debería hacer el derecho. En lugar de la orientación normativa de gran parte de la teoría jurídica (jurisprudence), el movimiento de derecho y sociedad hace un reclamo simple pero ambicioso: el derecho, las prácticas legales y las instituciones legales sólo pueden ser comprendidos viéndolos y explicándolos dentro de contextos sociales (Silbey, 2002: 860).

Este tipo de estudios utiliza la metodología de las ciencias sociales para analizar el derecho, y puede tener tanto una intención descriptiva como crítica de lo jurídico. Las principales contribuciones de estudios empíricos sobre los “derechos en acción” se han realizado a partir de la producción enmarcada en este movimiento, por ello serán nuestro principal foco de atención.

Hecha esta aproximación a las principales improntas del campo, nos centraremos en las particularidades de los trabajos interesados en los derechos.

Los estudios sociojurídicos sobre los derechos humanos

Comenzamos este trabajo indicando que el interés de las ciencias sociales por los derechos humanos es nuevo, no obstante no lo es, por ejemplo, el estudio de la contracara de los derechos: el genocidio (Sjoberg et al., 2001). ¿Qué hubo que superar para que los derechos humanos ingresaran a la agenda de las ciencias sociales y específicamente de los estudios sociojurídicos?

Hay dos cosas que los diferentes estudiosos coinciden en señalar (Freeman, 2002; Sjoberg et al., 2001; Turner, 1993; 2002) que contribuyeron a la inclusión de los derechos en la agenda: a) el abandono del relativismo cultural como perspectiva para comprender las normas morales de las sociedades por encima de parámetros morales universales, y b) de la mano del denominado giro interpretativo, la declinación de la hegemonía de una perspectiva positivista de aproximación al conocimiento, que consideraba que las cuestiones normativas no eran objeto del conocimiento científico (Turner, 1993). Superadas estas dos barreras disciplinarias por diferentes motivos, tímidamente, los derechos ingresaron a la agenda de las ciencias sociales, incorporación que se vio favorecida por un contexto político y social que, siguiendo a Sjoberg et al. (2001), tiene como rasgos más destacados los siguientes:

1. Declinación relativa del Estado nacional cuya soberanía se ve confrontada por la jurisdicción de Naciones Unidas y otros organismos regionales, y el surgimiento de nuevos discursos morales acordes con esta situación (por ejemplo, derechos humanos).

2. La caída del bloque soviético en la década de 1990, un orden internacional claramente hegemonizado por Estados Unidos, país que por una parte ha abogado por los derechos humanos en la comunidad internacional, pero que se niega a aplicarse a sí mismo algunos de estos estándares.

3. Transnacionalización e internacionalización del capitalismo, que se expresa en el desarrollo de corporaciones de tal envergadura que disputan poder a los Estados.

4. Creación de todo un entramado de organizaciones internacionales, primero vinculadas con la economía, pero también con los derechos humanos.

5. Explosión de las identidades locales. Así como el Estado nacional declina hacia arriba, también lo hace hacia abajo, y los derechos humanos se convierten en un estándar que facilita la convivencia de grupos étnicos o raciales diferentes.

6. Extensión de la democracia, y manifestación de las tensiones entre democracia y derechos.

7. Complejidad y cambios en las formas de generar orden social: el orden social contemporáneo se sustenta en el individuo que es su centro, y los contextos sociales y culturales generan procesos de individuación particulares.

En línea con la preocupación de las ciencias sociales por los derechos, no se puede dejar de destacar que desde la teoría social se han intentado desarrollar definiciones de éstos que contrastan de manera importante con las definiciones jurídicas estándar sobre aquéllos. Aquí se hará referencia a dos, por considerarlas especialmente ilustrativas de las dos aproximaciones (y de las tensiones) a los procesos de desarrollo de los derechos que se han identificado en este trabajo: la institucionalización y la vivencia. La primera es la desarrollada por Turner (1993), quien desde la teoría social define los derechos humanos como la respuesta institucional frente a la fragilidad humana. Este autor considera a los derechos humanos equivalentes contemporáneos de los derechos naturales, base fundamental para la construcción de un orden social y cultural. La segunda es la desarrollada por Sjoberg et al. (2001), quienes desde la sociología moral definen los derechos como reclamos sobre relaciones de poder organizadas, realizados por personas en diversos sistemas sociales y culturales para avanzar la dignidad de los seres humanos. Las diferencias son claras, mientras en la primera perspectiva las claves son la fragilidad y la respuesta institucional para superarla, que podríamos vincular con los estudios preocupados por la institucionalización (en su clave más realista), y que deja fuera las asimetrías de poder y el carácter de las organizaciones de gran escala en la violación de los derechos; la segunda las retoma y propone una definición de derechos que pone el foco en el contenido contencioso de éstos, y que podría acercarse a las preocupaciones de lo que llamamos procesos de vivencia de los derechos. Mientras la primera de alguna manera denota una aproximación de arriba hacia abajo, de las instituciones a las personas, la segunda, en cambio, denota una aproximación de abajo hacia arriba, de las personas a las instituciones.

Como no podía ser de otra manera, los estudios sociojurídicos sobre los derechos humanos son la expresión de una doble influencia, la del contexto académico y político amplio antes señalado, y la de las preocupaciones específicas de los estudios sociolegales. En relación con la primera influencia, sus preocupaciones hacen referencia a algunos de los fenómenos y conceptos destacados y abonan al debate al respecto (derechos humanos, Estado, universalismo, etc.). En cuanto a la segunda, la del campo específico, encontramos los mismos clivajes que han dado sentido a esta producción desde sus orígenes, y que pueden sintetizarse en la preocupación por cómo se vive el derecho y por su función en la sociedad. Para Frezzo (2008), la aproximación a los derechos por parte de la sociología tiene dos vertientes, una vinculada con una sociología pública, que busca superar la perspectiva positivista y descriptiva de la disciplina para involucrarse en procesos vinculados con una toma de posición en contra de las injusticias y la inequidad, y otra vinculada con la sociología del derecho a la que define así:

Sustentado en la sociología del derecho, el primer enfoque explora las condiciones sociales bajo las cuales la legislación sobre derechos humanos es creada, interpretada, aplicada y violada. Conceptualizando a “los derechos como prácticas que son requeridas, prohibidas, o reguladas dentro de un contexto de relaciones gobernadas por el derecho”, la perspectiva legal analiza cómo los derechos circulan entre un amplio grupo de actores sociales (incluidas OGIs, estados–nación, comunidades e individuos). Más precisamente esta aproximación examina cómo el otorgamiento de derechos por OGIs y estados-nación, empodera comunidades e individuos para actuar. En referencia a la legislación o las declaraciones de la ONU, las comunidades e individuos legitiman sus reclamos por derechos. No obstante, orientado hacia un análisis escrupuloso sobre cómo los derechos circulan entre diferentes actores, la aproximación legal no excluye juicios normativos sobre el sistema de gobernanza global o las políticas neoliberales (Frezzo, 2008: 39).[2]

A partir del trabajo de revisión, se identificó una distinción, no siempre explicitada, pero que se considera fundamental referir para una comprensión más acabada del campo de estudio y, que sin ser exactamente coincidente, se asemeja a la distinción planteada por Sjober et al. (2001) entre discurso societal de derechos y discurso de derechos humanos. En los estudios sociojurídicos preocupados por los derechos encontramos dos vertientes: la reflexión sobre los derechos (rights), que sintetizaríamos como el análisis de los procesos de reclamo e institucionalización de un derecho y cambios simbólicos acerca de los derechos de un determinado grupo social —de las mujeres, de los trabajadores—, fundamentalmente a nivel nacional o local, y los derechos humanos (human rights), entendidos como un fenómeno contemporáneo eminentemente trasnacional que expresa un proceso de declinación relativa de los Estados nacionales, nuevas relaciones de poder y procesos sociales de nuevo cuño que, por su carácter difuso, tienen múltiples particularidades: son un ideal normativo, una doctrina jurídica y un conjunto de instituciones (Sommers y Roberts, 2008), proceso que entraña el reconocimiento de la fragilidad de los seres humanos y el interés de las ciencias sociales por identificar cómo se construyen instituciones para minimizarla (Turner, 1993), pero también los reclamos de las personas por su dignidad frente a las relaciones de poder organizadas (Sjober et al., 2001).[3]

Mientras la primera vertiente, la de los derechos, tuvo como trasfondo el desarrollo de movimientos de reivindicación de derechos, como el movimiento de los derechos civiles, o de mujeres en Estados Unidos, etc.; la segunda, en cambio, tuvo como sustrato el aumento del número de pactos y tratados sobre la materia, el proceso de declinación (relativa) del Estado nacional, la dificultad de la noción de ciudadanía para expresar fenómenos transnacionales, la ampliación de redes transnacionales de promoción y defensa de los derechos, y los genocidios de la ex Yugoslavia y de Ruanda, etc. Más allá de las diferencias de las aproximaciones, a los efectos de este trabajo se las relevará de manera conjunta por considerar que las preocupaciones transversales en una y otra, como ya se señalara, son similares: la institucionalización de los derechos y su vivencia.

A grandes rasgos, encontramos dos momentos claves en el desarrollo de los trabajos relevantes que coinciden con la distinción señalada en el párrafo anterior: el primero, que se ubicaría cronológicamente en los noventa, y el segundo en los primeros años del siglo XXI. Durante el primer momento encontramos: a) trabajos empíricos emblemáticos sobre los derechos que buscaron indagar la importancia del derecho y las instituciones jurídicas para el avance de algunos derechos en el ámbito nacional (Rosemberg, 2008; McCann, 1994), y b) trabajos de teoría social que indagaban la ausencia de una reflexión referente a los derechos humanos en ésta y a buscar desarrollar una “sociología de los derechos humanos” (Turner, 2002, 1993; Sjober et al., 2001) la cual tenga diferentes perspectivas (teoría social, sociología de la moral, etc.). En el segundo momento, en cambio, encontramos una mayor proliferación de estudios empíricos sobre derechos humanos considerado un fenómeno eminentemente transnacional.

A continuación se hará una revisión de ambos cuerpos de literatura, a través de las dimensiones de análisis seleccionadas.

Institucionalizar y vivenciar

Para realizar el mapa de los estudios sobre la materia, dada la diversidad temática y de preguntas, se seleccionaron dos puertas de entrada: a) los procesos a los que hacen referencia, en los cuales podemos identificar dos, la institucionalización de los derechos y de los derechos humanos y la vivencia de éstos por parte de diferentes actores (individuales y/o colectivos) y b) la perspectiva sobre el derecho que subyace a estos estudios, en la medida en que la aproximación a los derechos se realiza por la vía del derecho y las instituciones jurídicas. En relación con este punto identificamos tres perspectivas sobre el derecho: la realista, la crítica y la de los estudios sobre movilización legal, que se ubica en un punto intermedio entre las dos primeras.

¿Por qué se seleccionaron estas dimensiones/puertas de entrada? En relación con los procesos, las razones son varias, una de las más importantes es que los temas sobre los que versan los trabajos son variados, no obstante en general ponen énfasis en los dos procesos referidos: a) cómo se juridifican y se construyen instituciones jurídicas vinculadas con los derechos, y cómo funcionan. Son estudios preocupados por las reglas, por la construcción de las instituciones encargadas de aplicarlas y/o por la forma en que estas instituciones funcionan en clave descriptiva y crítica, y b) cómo los diferentes actores involucrados (individuales y colectivos) utilizan el discurso y las instituciones de los derechos y en esa práctica los recrean y se recrean. Mientras que el primer grupo de trabajo se enfoca en las instituciones o en las reglas y en las élites, el segundo se enfoca en las personas y los movimientos sociales. No obstante esta diferencia, debe señalarse que ambos parten de la base de la mutua implicación entre actores e instituciones, lo que se quiere enfatizar es la diferencia en los procesos de los que buscan dar cuenta, la institucionalización en el primer caso, y las repercusiones a nivel de los sujetos en el segundo.

En relación con nuestra segunda puerta de entrada, la concepción sobre el derecho, el común denominador entre estos estudios es la idea del derecho como un fenómeno social y una mirada escéptica al lugar del derecho en el desarrollo de los derechos humanos. Mirada escéptica que se articula como contrapunto de la mirada esperanzada, o simple, a las posibilidades de las instituciones jurídicas y del marco normativo para desarrollar los derechos humanos o, en otros términos, para producir procesos de cambio social. Esta mirada desconfiada de alguna manera es la que ha hecho posible preguntarse qué lugar tiene el derecho en el desarrollo de los derechos y de los derechos humanos.

Más allá de estos puntos en común, las definiciones del derecho y las expectativas sobre éste son muy diferentes, y se enraízan en tres perspectivas claramente diferenciadas de los fenómenos jurídicos, como ya se señalara: el realismo,[4] los estudios críticos[5] y la perspectiva de la movilización legal.[6]

En la revisión subsiguiente se buscará imbricar los procesos y las miradas, desde el supuesto de que es la mirada al derecho la que articula de alguna manera la aproximación a los procesos identificados.

La preocupación por la institucionalización: efectividad y dominación

Los estudios interesados en la institucionalización de los derechos se enfocan en cómo la normativa internacional y nacional sobre éstos se plasma en instituciones jurídicas y políticas públicas, y qué sucede con la actuación de dichas instituciones. De alguna manera, son estudios fundamentalmente centrados en las élites políticas y en el análisis de las condiciones que posibilitan que los derechos se juridifiquen e institucionalicen.

Para estos trabajos, los derechos se expresan en normas jurídicas y, en los últimos años, en la implementación de las normas jurídicas internacionales a ese nivel y a nivel local, con todas las consecuencias que llevan aparejadas en términos de procesos de construcción y cambio institucional.

En éstos las organizaciones a gran escala son vistas como una solución y también como un problema. Solución porque se asume que es deseable que los derechos se juridifiquen y se desarrollen instituciones destinadas a hacerlos efectivos (Turner, 1993), pero no puede obviarse que las más grandes violaciones a los derechos en la historia fueron perpetradas por grandes organizaciones como los Estados, etc. (Sjoberg et al., 2001).

Las preguntas que buscan responder son dos: por una parte en qué condiciones se institucionalizan los derechos, esto es, en qué condiciones las demandas sobre derechos se convierten en normas jurídicas o en instituciones que los hagan efectivos y, por otra parte, qué sucede una vez que se institucionalizan, qué promesas se cumplen y cuáles no, por qué se producen violaciones a los derechos humanos, aun con procesos de construcción institucional como los que se observan. Son trabajos que se aproximan por la positiva y por la negativa, es decir, cómo se avanza en la institucionalización y qué límites tienen estos procesos.

En este punto es importante retomar la distinción, que se señalaba al comienzo de este trabajo, entre la mirada centrada en derechos humanos y aquella preocupada por los derechos. En relación con esta distinción es interesante señalar que, mientras en el campo estadounidense han recibido más atención los estudios sobre derechos enfocados en el caso estadounidense (Rosemberg, 2008, y otros.), en Europa, en cambio, en el ámbito inglés fundamentalmente, han recibido mayor atención los derechos humanos en su dimensión eminentemente internacional, y en la relativa al vínculo entre el nivel internacional y el interno.

En relación con la primera pregunta, en qué condiciones se juridifican e institucionalizan, o no, los derechos, según Freeman (2002), la sociología ha articulado algunas respuestas que sintetizaríamos así: racionalización, intereses, poder y estructura social. La pionera fue la formulada por Bryan Turner (1993), quien desde la teoría social, en clave weberiana, consideró que el desarrollo contemporáneo de los derechos humanos es parte del proceso de racionalización y secularización y se entiende como el reconocimiento de la “fragilidad humana”, que debe ser atendida por instituciones sociales (las cuales pueden convertirse también en una amenaza). Estas instituciones serían nacionales, locales, internacionales o incluso transnacionales.

Por su parte, otra respuesta considera que la institucionalización de los derechos humanos se asocia a los intereses de los actores políticos (Waters, 1996). Desde esta perspectiva, el desarrollo del discurso de derechos humanos por parte de Naciones Unidas se vincula con: “el interés de los vencedores en la segunda guerra mundial en estigmatizar y penalizar a los enemigos derrotados; el interés de los poderes de la guerra fría en minar mutuamente su legitimidad; el interés de los superpoderes en legitimar su intervención en los asuntos de otros Estados; así como el interés de los grupos desaventajados en reclamar derechos en contra del Estado” (Freeman, 2002: 84).

Una tercera respuesta se enfoca en el poder. Stammers (1999) considera que la institucionalización de los derechos es un proceso social en el que intervienen relaciones de poder, y como tal no puede considerarse beneficioso per se, sino que dependerá del contexto particular en que tenga lugar.

Finalmente, otras perspectivas consideran a la estructura social y cultural como un obstáculo para los derechos humanos. Desde esta perspectiva, los derechos humanos pueden ser un factor de cambio (Howard, 1986), o un discurso que encubre la diversidad cultural.

Más allá de sus diferencias de enfoques y respuestas en relación con nuestra pregunta, el denominador común de estos trabajos es la mirada contextualizada a los procesos de juridificación e institucionalización, que los considera como signados por intereses, relaciones de poder, diversidad cultural, estructura social, etcétera.

En los últimos años, fundamentalmente luego del caso Pinochet, en especial en Inglaterra, uno de los temas de análisis sociológico ha sido el de la justicia cosmopolita y las comunidades políticas nacionales, en especial las limitaciones del desarrollo de una justicia cosmopolita en la que intervienen múltiples jurisdicciones nacionales e internacionales y actores a esos niveles, por lo cual se ha hablado de “intermestic rights” (Nash, 2007). También se observa una preocupación crítica por las consecuencias sociales de la juridificación de los derechos en términos de identidades, tradiciones jurídicas, relaciones de poder, etc. (Hagan y Levi, 2007), y las nuevas formas de soberanía estatal y legitimidad derivadas del discurso y las instituciones cosmopolitas de derechos humanos (Levi y Schnaider, 2007). En estos trabajos, el lugar de los Estados nacionales está problematizado y reconceptualizado, sobre todo luego de que la aproximación a los derechos humanos desde las ciencias sociales ha estado asociada con la pérdida de centralidad del Estado nacional y los procesos de globalización.

En relación con nuestra segunda puerta de entrada, en las perspectivas sobre el derecho que subyacen a estos estudios, predominan fundamentalmente las miradas realistas y críticas. El mejor ejemplo de mirada realista lo constituye el trabajo de Rosemberg, The hollow hope (1991/2008), el cual sostiene que las victorias legales no se traducen en mejoras sustantivas inmediatas para los actores intervinientes, del que la sentencia Brown vs. Board of Education en Estados Unidos fue un cabal ejemplo. Por su parte, en el extremo crítico se encuentra el trabajo de Hagan y Levi (2007) que plantea los aspectos nocivos de la juridificación e institucionalización de los derechos, como el aumento de la penalización.

Finalmente, cabe subrayar que en este grupo de trabajos predominan los estudios empíricos de corte fundamentalmente cualitativos.

La vivencia de los derechos: construcción e identidad

Los trabajos que se ocupan del proceso de vivencia de los derechos, buscan responder a la pregunta ¿qué lugar tienen el derecho y las instituciones legales en la manera en que las personas viven los derechos? Nielsen (2004). Desde esta perspectiva la puerta de entrada son las personas y su relación con los derechos y las instituciones jurídicas y, de manera prominente, su conciencia sobre éstos.

La preocupación en éstos es analizar cómo las personas usan los derechos individual y colectivamente, para qué los usan, de qué sirven, qué pueden esperar, qué sucede cuando los usan, qué función cumplen, etc. El supuesto que subyace en estos estudios es que la conciencia de derechos de los individuos y el reclamo colectivo de los derechos (Nielsen, 2004) por parte de los movimientos sociales importan. Esto es, no sólo las acciones de los Estados y las grandes organizaciones importan, o no sólo la forma de relación entre Estado y sociedad, sino también la forma en que la sociedad concibe sus derechos y los reclama.

Esta perspectiva, a diferencia de la primera, no tiene la mirada puesta en las élites, sino en las personas comunes o en los movimientos sociales y, como en el caso anterior, las respuestas tienden a ser variadas y escépticas. Son variadas porque tienen preocupaciones diversas: cómo el uso del derecho contribuye al cambio social, para qué se usan los derechos; y son escépticas porque en todos los casos está presente la idea de que existe una relación compleja, y a veces muy tensa, entre derechos legales y justicia social (Nielsen, 2004: 63).

Mientras que en los trabajos sobre institucionalización la preocupación fue por las instituciones, cuándo funcionan, por qué se crean, etc., en este grupo el foco está puesto en los actores, siguiendo a Nielsen (2004), fundamentalmente individuos, organizaciones sociales y movimientos sociales nacionales y trasnacionales.

Los estudios que tienen en el centro a los individuos, en general se preocupan por la manera en que éstos construyen sus reclamos sobre los derechos. Para demandar hay que nombrar, culpar y reclamar (naming; blaming and claiming) (Felstiner et al., 1980). Éstos se preocupan por cómo la gente en su vida incorpora a los derechos y muestran que en dichos reclamos son más influyentes sus opiniones sobre otros aspectos de la vida social, como las instituciones jurídicas, las opiniones de los amigos o las experiencias pasadas con instituciones legales, que el contenido literal de las normas jurídicas (Merry, 1990; Yngvesson, 1988, Albiston, 2001; Ewick y Silbey, 1998). Son estudios que consideran, en la línea de la mirada escéptica que señalábamos, que la ley es el último recurso, que la gente prefiere preservar las relaciones antes que reclamar un derecho, y reconocen que la voluntad para utilizar las instituciones jurídicas en el reclamo de un derecho es diferente cuando se pertenece a grupos en desventaja. El mundo subjetivo de los derechos, en el caso de los individuos, parece no ser un mundo caracterizado por lo que Kagan (2008) ha llamado el legalismo contencioso.

En cuanto a cómo se viven los derechos en las organizaciones, la situación es similar a la descrita en el caso de los individuos. La pregunta que las atraviesa es cómo operan los reclamos legales en las organizaciones y, en general, se observa que confrontan acuerdos morales o profesionales de éstas y no necesariamente ser exitosos (Nielsen, 2004). Otra vez, en la manera en que se viven los derechos en las organizaciones, las normas legales no parecen ser un elemento de quiebre de las relaciones existentes.

Finalmente, el estudio de cómo trabaja el derecho en los movimientos sociales tiene como principal antecedente el trabajo de McCann (1994) sobre la reforma por la equidad de salarios. En éste abre una puerta importante para entender la manera compleja en que opera el derecho y las consecuencias indirectas de éste. Frente a quienes consideran que el derecho y las estrategias legales no contribuyen al cambio social, se pregunta por las consecuencias indirectas del derecho y observa que puede crear oportunidades políticas, aumentar la conciencia de éstos, movilizar recursos etc. (Nielsen, 2004).

Estudios empíricos más recientes sobre el tema y sobre los procesos de contramovilización legal (Holzmeyer, 2009; Keck, 2008) confirman la importancia indirecta del derecho.

En esta línea también han crecido los trabajos comparados sobre movilización y derechos, así como los estudios transnacionales que analizan los procesos de movilización con tales características (Keck y Sikkink, 2008). Otra vez en estos casos, aunque desde el punto de vista de los actores y de la vivencia, el tema del Estado nacional aparece en escena en la medida en que se sostiene que estos movimientos lo reconfiguran de alguna manera.

De acuerdo con la distinción realizada entre concepciones del derecho estos trabajos, herederos del giro interpretativo en los estudios sociolegales (Nielsen, 2004), adscriben a concepciones críticas y/o constructivistas de éste, antes que a miradas realistas sobre el mismo. Son trabajos cuyo interés respecto del derecho está vinculado con la forma en la que éste contribuye a realizar el contenido emancipatorio o de dominación de los derechos y cómo las normas jurídicas y las prácticas sociales se implican mutuamente. Perspectivas, ambas, que confirman la mirada escéptica al derecho y las instituciones jurídicas a las que se hizo referencia.

Ahora bien, una vez repasados los procesos fundamentales que ha relevado la literatura sociojurídica sobre los derechos, así como la perspectiva sobre el derecho a la que se adscriben, a continuación se reconstruye el mapa de los procesos y las miradas que atraviesan estos trabajos.

El mapa conceptual de los derechos

Utilizando las categorías seleccionadas, en el cuadro 1 se esquematizan las preocupaciones relevadas.

Cuadro 1. Mapa de la literatura sobre derechos y derechos humanos

Proceso

Perspectiva sobre el derecho

Realista

Crítica

Constructivistas

Institucionalización

Efectividad/ juridificación

Dominación/reproducción/cambio social

Vivencia

Resistencia/emancipación

Construcción simbólica (acción compleja)

Fuente: elaboración propia.

Este mapa nos permite ver que, además del escepticismo sobre el derecho y las instituciones jurídicas, claramente se observa en estos trabajos una mirada crítica al derecho y los derechos, que atraviesa tanto a los trabajos preocupados por la institucionalización, como a los que lo están por la vivencia. En otras palabras, parece que el potencial emancipatorio de los derechos es la preocupación que ha atravesado a la literatura en sus dos vertientes temáticas aquí destacadas: la institucionalización y la vivencia. La mirada realista al derecho, y con ello la preocupación por la efectividad, parece ser monopolio de los estudios sobre la institucionalización, en tanto que la mirada constructivista de la relación entre derecho y sociedad parece ser monopolio de los estudios referentes a la vivencia.

Conclusión: complejidad y escepticismo

La revisión de la literatura nos permite identificar que, a pesar de la novedad, el campo de los estudios sociojurídicos sobre los derechos es complejo y dista de caracterizarse por la homogeneidad de preocupaciones y perspectivas.

Esta complejidad tiene diferentes niveles: el más general nos remite a la identificación de dos cuerpos de estudio sobre derechos, uno preocupado por los derechos, que los estudia como un fenómeno interno y que ha tenido su principal foco de atención en Estados Unidos luego del movimiento por los derechos civiles, y otro preocupado por los derechos humanos entendidos como un fenómeno transnacional, expresión de la declinación del Estado nacional, pero también de la preocupación de las ciencias sociales por los valores, o mejor dicho, por la realización de algunos valores tales como la igualdad, la justicia o el reconocimiento de la fragilidad humana. Mientras que los primeros en general trabajan procesos nacionales, los segundos se ocupan de los procesos e instituciones trasnacionales y su incidencia a nivel local.

En un segundo nivel de aproximación, encontramos que estos estudios sobre derechos y derechos humanos en su vertiente sociojurídica se han preocupado fundamentalmente por dos procesos: la institucionalización de los derechos y su vivencia. No obstante las diferencias de características de la aproximación entre unos y otros, el denominador común de éstos es el escepticismo respecto del derecho. En principio, los trabajos parecen demostrar que las prácticas jurídicamente informadas nos indican que podemos esperar poco del derecho para realizar los valores a los que hacen referencia los derechos. Aunque reconocen que los derechos legales no son inocuos, son claros en indicar que son diferentes combinaciones de condiciones sociales y políticas las que les dan vida a aquéllos y a las instituciones que los sustentan.

Metodológicamente, predominan los estudios cualitativos por sobre los cuantitativos y, en muchos casos, son trabajos fundamentalmente ensayísticos. En este sentido, realizar estudios de corte más analítico es una de las asignaturas pendientes.

Si bien el principal antecedente de la sociología de los derechos humanos son los estudios sobre genocidio y la preocupación por las violaciones, los trabajos aquí reseñados expresan una agenda claramente orientada por el estudio del avance de los derechos, antes que por la revisión de las condiciones en las que se producen violaciones.

Finalmente, como lo muestra el mapa conceptual del apartado anterior, el espacio de los estudios sociojurídicos de los derechos, más allá de sus puntos en contacto, es un espacio fragmentado en el que conviven varias preguntas y respuestas a éstas, muchas de las cuales son contradictorias. En este sentido, sólo una vía es promisoria para la aclaración de estas “respuestas contradictorias”, más investigación sistemática e innovadora en las aproximaciones y las metodologías.

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[*] Profesora-investigadora de la Flacso México.

[1] Se optó por identificar el campo de interés como el de los estudios sociolegales porque daban cuenta de un ámbito más amplio de intereses, e incluso de una aproximación no circunscripta a una disciplina. Por ello se utilizará esta denominación antes que la de sociología del derecho.

[2] La traducción es mía. “Grounded in the sociology of law, the first approach explores the social conditions under which human rights legislation is drafted, interpreted, enforced, and violated.5 In conceptualizing ‘rights as practices that are required, prohibited, or otherwise regulated within the context of relations governed by law’, 6 the legal approach elucidates how rights circulate among a range of social actors – including IGOS, nation-states, communities, and individuals. More precisely, this approach examines how the conferral of rights by IGOS and nation-states empowers communities and individuals to act. In referring to human rights legislation or UN declarations, communities and individuals legitimize their rights claims. Though oriented toward the scrupulous analysis of how rights circulate among different actors, the legal approach does not preclude normative judgments on the global governance system or neoliberal policies.”

[3] Cabe destacar que el interés de las ciencias sociales por los derechos humanos no sólo se manifiesta en los estudios sociojurídicos, sino en otros campos, como los estudios vinculados con el desarrollo, al punto de hablar de estudios sobre desarrollo con perspectiva de derechos humanos (Hamm, 2001). Este grupo de estudios ha tenido auge especial a partir de la consideración de todos los derechos como interdependientes y se ha enfocado fundamentalmente en los derechos económicos y sociales. Asimismo, el desarrollo de la reflexión sobre derechos humanos en las ciencias sociales llevó aparejada la revisión de una temática clásica en la disciplina, como fue la noción de ciudadanía a nivel nacional (Sommers y Roberts, 2008).

[4] El rasgo principal del realismo jurídico es la crítica al formalismo (entendido como que las decisiones judiciales sólo se sustentan en el análisis racional de la ley), suponiendo que son los hechos, y no el derecho, lo que caracteriza a la decisión judicial, por lo cual el contexto sociopolítico importa y, por otra parte, su adscripción a una mirada positivista del conocimiento, que toma a las ciencias naturales como parámetro de generación de conocimiento. Esta adscripción epistemológica es la que permite la entrada de las herramientas de las ciencias sociales para comprender el derecho. De alguna manera, lo que quieren demostrar es que las decisiones judiciales no están informadas por las normas jurídicas (por lo menos no exclusivamente) (Leither, 2002).

[5] Los estudios críticos surgidos en los sesenta, parten de la base de que el derecho es más que un dispositivo técnico: cristaliza relaciones de poder y es un producto de las relaciones de poder, las reproduce y produce nuevos sujetos. También enfatiza que hay diferentes órdenes normativos y que no necesariamente las normas jurídicas son las únicas que generan procesos de integración social. Actualmente se identifican dos vertientes: la radical de izquierda y la posmoderna (Kennedy, 2007).

[6] Preocupados por un análisis de abajo hacia arriba, analizan los efectos indirectos de la ley en los procesos de movilización social, movilización de recursos y generación de oportunidades políticas. Estos procesos, que se analizan utilizando en gran parte la literatura sobre movimientos sociales (McCann, 2006), se conciben de manera muy compleja, dependientes de situaciones y contexto, como las características de las organizaciones, los recursos disponibles y los que puedan generar, etc. De alguna manera, en esta perspectiva el derecho es una excusa y una estrategia en el marco de otras estrategias, en las que tienen importancia las organizaciones, pero también la conciencia de los derechos de las personas (Holzmeyer, 2009).

Los derechos humanos desde las Relaciones Internacionales: normas, regímenes, “emprendedores” y comportamiento estatal

Alejandro Anaya Muñoz[*]

Introducción

Como es bien sabido, durante las décadas posteriores al fin de la segunda guerra mundial, la agenda de investigación de los estudios de las relaciones internacionales se concentró en el tema de la seguridad internacional.[1] La guerra o el conflicto eran la preocupación central, y el interés nacional, el poder y la anarquía (entendida como la ausencia de un gobierno o una autoridad internacional) las principales explicaciones. Hacia la década de 1970, no obstante, los temas relacionados con los procesos de organización internacional (particularmente en materia financiera y comercial) comenzaron a destacar (Brown, 1997: 21-55; Kratochwil y Ruggie, 1986).[2] Más recientemente, de manera especial tras el fin de la guerra fría, la gama de asuntos estudiados por el mainstream de las Relaciones Internacionales se amplió aún más, incluyendo otros temas característicos de lo que se llamó “la nueva agenda” internacional: operaciones de mantenimiento de la paz, terrorismo internacional, medio ambiente, migración, derechos humanos y demás. Evidentemente, es lo relativo al área temática de los derechos humanos dentro de las Relaciones Internacionales lo que interesa en este capítulo.

Se diría que los “derechos humanos” comenzaron a figurar en las relaciones internacionales desde al menos la segunda mitad del siglo xix, cuando algunos movimientos emancipadores y de protección de la persona que tenían cierta dimensión internacional —como los relativos a la abolición de la esclavitud, la igualdad de género, la seguridad social o la protección de los heridos en batalla— comenzaron a utilizar un lenguaje de “derechos comunes de la humanidad”. Sin embargo, no fue sino hasta el fin de la segunda guerra mundial, con la inclusión explícita del concepto de derechos humanos en los documentos fundacionales de la onu, la oea y del Consejo de Europa, que éstos pasaron a ser un elemento significativo dentro de los procesos de interacción político-diplomática entre los gobiernos y otros actores en la esfera internacional (Lauren, 2003; Normand y Zaidi, 2008; Forsythe, 2000; Donnelly, 1989). No obstante, la atención que los estudiosos de las relaciones internacionales dieron al tema fue prácticamente nula durante la mayor parte de la guerra fría, a pesar de la adopción de las primeras normas y el establecimiento y desarrollo de estructuras institucionales, tanto en el seno de la onu, como de la oea y el Consejo de Europa.

Fue hacia principios de los años ochenta del siglo xx, cuando algunos internacionalistas comenzaron a tomarse en serio los derechos humanos como fenómeno de estudio. En 1981, Richard Falk, profesor de la Universidad de Princeton, publicó Human Rights and State Sovereignty. Un par de años después, David Forsythe, profesor de la Universidad de Nebraska, siguió el camino con Human Rights and World Politics. En 1986, el británico R.J. Vincent, publicó dos volúmenes: Human Rights and International Relations y Foreign Policy and Human Rights: Issues and Responses. En el mismo año, Jack Donnelly, profesor de la Universidad de Denver, publicó en International Organization su artículo “International Human Rights: A Regime Analysis”, insertando así los derechos humanos en una de las agendas de investigación más importantes dentro la disciplina en esos años: la relativa a la organización internacional (Falk, 1980; Forsythe, 1983; Vincent, 1986, 1986b; Donnelly, 1986).[3]

A partir de entonces, el interés por el tema de los derechos humanos ha aumentado constantemente entre los internacionalistas. El vigor actual de los derechos humanos como área temática de las Relaciones Internacionales se refleja en la constante publicación de un cada vez mayor número de artículos en las revistas más representativas de la disciplina, como International Organization, International Studies Quarterly o Journal of Peace Research, así como en la organización de cada vez más páneles por la sección de derechos humanos en los congresos anuales de la International Studies Association.[4]

En la actualidad, las agendas de investigación relacionadas con los derechos humanos desarrolladas por los internacionalistas son muy amplias: los derechos humanos en la política exterior; intervención humanitaria, genocidio, justicia de transición y justicia penal internacional; desarrollo y globalización; seguridad internacional y lucha contra el terrorismo; relativismo cultural; normas y organismos internacionales; activismo transnacional y actores no estatales; compañías transnacionales; género y equidad; niños y otros grupos en situación de vulnerabilidad, etc (Forsythe, 2000; Donnelly, 2007; DeLaet, 2006; Callaway y Harrelson-Stephens, 2007; Freeman, 2002; Schmitz y Sikkink, 2002). Este capítulo no podría plantearse el objetivo de abordar o discutir todas estas agendas de investigación. Ello iría más allá de nuestro conocimiento y, por supuesto, de la extensión y características de este espacio. El capítulo gira exclusivamente alrededor de lo que la disciplina ha contribuido y puede contribuir al estudio de las normas y los órganos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos, y al conocimiento de los procesos de interacción entre los Estados y los actores que, actuando a través de las fronteras, buscan incidir en la implementación de las normas en cuestión.

Para ello, resulta particularmente útil recurrir a un concepto desarrollado dentro de la propia disciplina: el régimen internacional. Los regímenes internacionales son un tipo de institución internacional definido por la literatura como un conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos de toma de decisiones, adoptados por los Estados para regular su comportamiento alrededor de un área temática específica (Krasner, 1983; Hansenclever et al., 1997: 8-22). Autores particularmente interesados en los derechos humanos han propuesto simplificar la definición y conceptualizar los regímenes internacionales como un conjunto de normas y mecanismos de toma de decisiones (Donnelly, 1986: 599-605). De esta manera, el concepto es descriptivamente preciso para identificar lo que coloquialmente (y en la literatura jurídica) se suele llamar “sistemas internacionales de derechos humanos” (el “sistema universal”, el “sistema interamericano”, el “sistema europeo” o el “sistema africano”) los cuales son, precisamente, estructuras de principios, normas y órganos de implementación y toma de decisiones establecidos por los propios estados para regular su comportamiento en el área de los derechos humanos.[5] Dichos regímenes internacionales de derechos humanos forman parte de la estructura de organismos internacionales gubernamentales como la onu, la oea, el Consejo de Europa o la Unión Africana. Sus principios, normas y órganos de implementación y toma de decisiones emanan de las propias cartas fundacionales de los organismos internacionales gubernamentales señalados, y se definen con mayor detalle en una amplia y diversa gama de instrumentos internacionales de derechos humanos.[6]

Este capítulo organiza su presentación y revisión de los argumentos de su interés, identificando las hipótesis y la investigación empírica generadas desde cuatro importantes corrientes teóricas de Relaciones Internacionales, respecto de dos preguntas centrales sobre los regímenes internacionales: ¿por qué los Estados crean regímenes internacionales? ¿Cuál es su influencia sobre el comportamiento de los propios Estados? (Krasner, 1983; Keohane, 1984; Oye, 1986; Donnelly, 1986; Krasner, 1993; Moravcsik, 2000; Hathaway, 2002; Hawkins, 2004; Hafner-Burton y Tsutsui, 2005; Hafner-Burton, 2005; Neumayer, 2005; Goodliffe y Hawkins, 2006).

El capítulo demuestra que las Relaciones Internacionales han contribuido, y tienen un gran potencial para continuar contribuyendo, a nuestra comprensión del desarrollo de los derechos humanos en el mundo. Muestra que las hipótesis sobre los regímenes internacionales de derechos humanos generadas desde las distintas corrientes de la teoría de Relaciones Internacionales son (en mayor o menor medida) atractivas y plausibles. Concluye que la investigación empírica existente no nos permite otorgar supremacía o prioridad analítica a ninguna corriente en particular y subraya, en este sentido, la necesidad de continuar desarrollando proyectos de investigación sobre los derechos humanos en el ámbito internacional desde la perspectiva disciplinar de las Relaciones Internacionales.

Teorías de Relaciones Internacionales

La disciplina de las Relaciones Internacionales se ha caracterizado por un permanente debate entre distintos acercamientos teóricos que reclaman para sí la supremacía, o al menos la prioridad analítica, a fin de explicar el comportamiento de los Estados y los resultados de su interacción en el ámbito internacional (Walt, 1998; Snyder, 2004; Brown, 1997; Viotti y Kauppi, 1999). Como comprenderá el lector, el objetivo aquí no es abordar los detalles de la discusión teórica en cuestión, ni argumentar a favor o en contra de los distintos acercamientos en contienda. Simplemente, en esta sección se ofrecerá un bosquejo introductorio de cuatro de las “escuelas” de teoría de Relaciones Internacionales más influyentes —el realismo, el institucionalismo, la teoría liberal de las preferencias y el constructivismo— para enmarcar la reflexión de las siguientes secciones dentro del ámbito más amplio de los principales debates disciplinares.

El realismo ha sido la tradición o escuela teórica con mayor influencia en las Relaciones Internacionales en el periodo posterior al fin de la segunda guerra mundial. En gran medida, el desarrollo teórico de la disciplina durante las últimas seis décadas se ha dado como reacción a los principales argumentos de los autores realistas. El realismo gira alrededor de dos nociones centrales, sobre las cuales recae todo su poder explicativo: el interés nacional, definido en términos de poder relativo, y la distribución de poder en el sistema internacional. El realismo plantea, por un lado, que la estructura anárquica del sistema internacional impone sobre los Estados —los únicos actores que realmente importan en la política internacional— el imperativo de prepararse para asegurar su supervivencia. Asimismo, ante la inexistencia de un gobierno o autoridad central a nivel internacional, estos esfuerzos por sobrevivir se dan en un marco de autoayuda (self-help) en el que cada Estado tiene que ver por su propia seguridad, en una competencia directa e inevitable por las capacidades materiales (el poder) necesarias para ello. El realismo concluye, entonces, que el comportamiento de los Estados en la esfera internacional se define con base en el interés nodal de cada uno de ellos de maximizar su poder relativo; es decir, el diferencial entre su poder y el de los demás. Por el otro lado, el realismo subraya la importancia causal de la distribución de poder en el sistema, concluyendo que los resultados de la interacción entre los Estados se determinan sobre la base de los intereses de la(s) potencia(s) hegemónica(s) del momento (Waltz, 1979; Waltz, 2000; Mearsheimer, 1994-1995; Weber, 2005: 12-23; Walt, 1998; Snyder, 2004).

El institucionalismo (tradicionalmente llamado institucionalismo “neoliberal”)[7] fue la primera corriente teórica en plantear un reto fuerte al realismo. A diferencia de las otras corrientes teóricas presentadas en esta sección, el institucionalismo tiene la característica de haber sido originalmente moldeado alrededor de preguntas relativas a regímenes internacionales (particularmente relativos a bienes materiales, como el comercio, los energéticos o las finanzas internacionales). Los autores de esta corriente teórica parten de entender a los Estados como actores auto-interesados, racionales y (en un contexto de anarquía) desconfiados entre sí. Sin embargo, la cooperación es posible porque los Estados entienden que hay ciertos bienes (comunes) que solamente pueden generarse cooperando. Siguiendo su propio interés y haciendo cálculos de costo/beneficio, los Estados optan por establecer instituciones o regímenes internacionales porque éstos pueden cumplir con la muy importante función de hacer posible la generación de aquellos bienes comunes que no podrían obtenerse actuando de manera descoordinada o sin cooperación. Para ello, los regímenes internacionales tienen, a su vez, la función principal de eliminar o atemperar la desconfianza natural que tienen los Estados respecto del cumplimiento de acuerdos de cooperación. ¿Cómo logran esto los regímenes internacionales? De acuerdo al institucionalismo, generando y distribuyendo información de manera simétrica entre los Estados sobre el (in)cumplimiento de los acuerdos. Al contar con información confiable y suficiente, los Estados participantes en un acuerdo pueden premiar a los que cumplen y castigar a los que no. Por otro lado, con base en la información que generan y distribuyen, los regímenes internacionales también construyen reputaciones: el Estado x es un socio confiable, que acostumbra cumplir, el Estado z no es confiable, pues suele no cumplir. Estas reputaciones son fundamentales para futuros esfuerzos de cooperación, pues con base en éstas los Estados deciden con quién es racional cooperar. Las reputaciones, finalmente, “viajan” a través de áreas temáticas: un Estado que ha demostrado ser confiable en materia de comercio, por ejemplo, muy probablemente también es confiable en materia financiera… y viceversa. En suma, según el institucionalismo, los regímenes internacionales cumplen la muy importante función de eliminar, o al menos atemperar, las fuentes de la desconfianza “natural” de los Estados respecto de la toma de acuerdos. De esta manera, los regímenes hacen posible la cooperación, necesaria a su vez para la generación de ciertos bienes comunes (Keohane, 1984; Hansenclever et al., 1997: 23-44).

La teoría liberal de las preferencias, por otro lado, ha reclamado más recientemente un lugar entre los principales contendientes teóricos en Relaciones Internacionales (Moravcsik, 1997). Su principal proponente, Andrew Moravcsik, plantea que los actores fundamentales en la política internacional son individuos y grupos societales (al interior de cada Estado), los cuales tienen intereses económico-comerciales, así como ideas determinadas (sobre los arreglos justos o legítimos de organización socioeconómica en la esfera de lo público). Los Estados, a su vez, definen sus preferencias en materia de política internacional con base en los intereses y las ideas de los individuos o grupos societales que están mejor representados políticamente. En este sentido, las características del sistema de representación de cada Estado (particularmente sus sesgos de representación) son un elemento explicativo central. Finalmente, Moravcsik plantea que la configuración última de preferencias estatales es interdependiente; es decir, cada estado busca conseguir o alcanzar sus preferencias bajo los límites que imponen las preferencias de otros Estados. Es importante subrayar que, una vez definidas las preferencias del Estado, éste buscará maximizar su consecución. En este sentido, este acercamiento coincide con el realismo y el institucionalismo al entender al estado como un actor racional, que haciendo cálculos de costo/beneficio busca siempre maximizar su “función de utilidad” (Moravcsik, 1997: 516-521).

El acercamiento teórico más “joven” en Relaciones Internacionales es el llamado constructivismo. Desarrollado con base en una adecuación de teorías sociológicas, el constructivismo en Relaciones Internacionales subraya el papel de la “identidad” (estatal) y las normas internacionales en la determinación del comportamiento estatal en la esfera internacional. Las identidades y las normas son mutuamente constitutivas, y son resultado de procesos históricos de interacción (política y comunicativa) entre sujetos o actores. En este sentido, el “contexto social” internacional (el marco de identidades y normas o, en otras palabras, la estructura de significados intersubjetivos) en el que se desenvuelven y actúan los Estados debe ser tomado en serio en cualquier intento por explicar (o interpretar) el comportamiento estatal y los resultados de la interacción entre actores en la política internacional (Wendt, 1992; Hopf, 1998; Checkel, 1998; Finnemore y Sikkink, 2001). El mecanismo causal central para el constructivismo es “la lógica de lo apropiado” o de la conformidad social: los sujetos actúan no solamente sobre la base de cálculos costo/beneficio (en busca de intereses materiales) sino también de acuerdo con lo que se espera de ellos (lo que es apropiado), dada su identidad y las normas existentes. En este sentido, más que actores racionales, para el constructivismo los Estados son seguidores de roles de identidad. En muchas ocasiones, a fin de que esta lógica de lo apropiado se ponga en funcionamiento, es necesario el activismo de lo que la literatura ha llamado “emprendedores de normas” (norm entrepreneurs): individuos, grupos e incluso instituciones (gubernamentales, no gubernamentales o intergubernamentales) que proponen la adopción de nuevas normas e identidades, o que utilizan las ya existentes, para presionar o persuadir a los Estados a actuar de manera consecuente con las identidades que dicen tener y con las normas aceptadas por el grupo al que pretenden pertenecer (Risse, 2000; Keck y Sikkink, 1998; Risse et al. 1999; Hawkins, 2004).

Cuadro 1. Acercamientos teóricos de Relaciones Internacionales

Nociones explicativas centrales

Principales actores

Realismo

Interés nacional definido en términos de poder relativo

Distribución de poder

Estados (autointeresados y racionales)

Institucionalismo

Interés definido en términos de la generación de bienes comunes

Funciones de los regímenes internacionales

Estados (autointeresados y racionales)

Órganos de los regímenes internacionales

Teoría liberal de las preferencias

Intereses e ideas de individuos y grupos societales

Esquemas de representación política

Individuos y grupos societales

Estados (autointeresados y racionales)

Constructivismo

Identidad estatal

Normas internacionales

Existencia de emprendedores de normas

Estados (seguidores de roles)

Actores no estatales

Fuente: elaboración propia.

En las secciones siguientes se desarrollan las hipótesis que se derivarían de cada una de estas teorías sobre la creación de los regímenes internacionales de derechos humanos y sobre su influencia en el comportamiento de los Estados retomando, en su caso, la literatura existente en que se ponen a prueba dichas hipótesis.[8]

Los regímenes internacionales de derechos humanos: la visión realista

Como puede desprenderse de la discusión de la sección anterior, desde una perspectiva realista, la creación de regímenes internacionales de cualquier tipo, incluidos los de derechos humanos, depende de dos elementos: a) la distribución de poder del sistema; b) los intereses de las potencias, definidos en términos de maximización de su poder relativo (Mearsheimer, 1994-1995: 9-14; Krasner, 1983: 14-16; Waltz, 2000: 18-20). Ningún autor realista, no obstante, ha desarrollado de manera explícita y sistemática una investigación sobre la creación de regímenes internacionales de derechos humanos. En su estudio sobre el éxito o fracaso de distintos regímenes históricos que podríamos catalogar o considerar de derechos humanos,[9] Stephen Krasner sugiere (más no desarrolla) que la creación de estos regímenes tiene que ver con “los valores y las preferencias de los Estados más poderosos en el sistema en un momento histórico particular” (Krasner, 1993: 165 y 166). Un argumento en esta línea sugiere que las potencias deciden, en un primer momento, establecer regímenes de derechos humanos cuando ello favorece a la consecución de sus intereses (Rudoph, 2001). Sin embargo, para que este argumento sea totalmente consistente con las premisas realistas, tendría que plantear explícitamente un vínculo (al menos indirecto) entre los regímenes internacionales de derechos humanos y la maximización del poder relativo de las potencias del momento.

Jack Donnelly especula que la existencia del régimen de derechos humanos de la oea se explica con base en la hegemonía estadounidense en la región: “Estados Unidos, por las razones que sea, decidió que un régimen regional con poderes relativamente fuertes de monitoreo era deseable, [y] posteriormente ejerció su poder hegemónico para asegurar su creación y apoyar su operación” (Donnelly, 1986: 625, mi traducción y énfasis). De nueva cuenta, este argumento retoma la importancia de la distribución de poder para explicar la existencia de regímenes internacionales de derechos humanos, aunque no establece un vínculo explícito entre la creación de dichos regímenes y el interés de las potencias definido en términos de poder relativo.

De esta manera, tanto en Krasner como en Donnelly, encontramos sugerencias relativas a uno de los dos elementos centrales de una explicación realista sobre la creación de regímenes internacionales de derechos humanos: la distribución de poder. Ninguno de los dos autores sugiere un vínculo entre dichos regímenes y la búsqueda por parte de las potencias de incrementar su poder relativo. Ciertamente, se podría argumentar, desde una perspectiva realista, que las potencias decidieron crear regímenes internacionales de derechos humanos porque las normas y mecanismos de toma de decisiones que implican constituyen herramientas potencialmente útiles para el ejercicio de su poder político-diplomático, e incluso militar, en situaciones concretas y en contra de enemigos o adversarios específicos. En otras palabras, las potencias crearían regímenes internacionales de derechos humanos porque éstos serían un medio más para intervenir o para legitimar actos de intervención. Desde esta perspectiva, los regímenes internacionales de derechos humanos podrían considerarse como una variable interviniente, no como una “variable causal básica” en sí (Krasner, 1983: 5-10). No obstante, un argumento de este tipo no ha sido desarrollado con mayor detalle teórico ni explorado empíricamente de manera sistemática. Ciertamente, un razonamiento tal suena plausible y, para muchos, quizá atractivo. Por ejemplo, sabemos que, conforme se acercaba el fin de la segunda guerra mundial, las potencias triunfadoras (particularmente Estados Unidos y Gran Bretaña) perdieron el entusiasmo por los derechos humanos que habían mostrado discursivamente durante los primeros años del conflicto. Es también conocido que durante los primeros veinticinco años de guerra fría, ni Estados Unidos ni la Unión Soviética mostraron interés en desarrollar o fortalecer el incipiente (y meramente declarativo) régimen de derechos humanos de la ONU (Lauren, 2003: 138-139, 154-187, 236-239 y 250; Normand y Zaidi, 2008: 84-95,102-105 y 157-162; Forsythe, 2000: 69). ¿Por qué? Una hipótesis realista plantearía que ambas potencias consideraban que la existencia de un régimen internacional de derechos humanos fuerte podría alterar el delicado balance de poder existente, al proporcionar al rival una maquinaria institucional mediante la cual le fuese posible intervenir en sus asuntos internos o en los de los países de sus respectivas “zonas de influencia”. Esta hipótesis suena plausible pero, como se ha señalado, ningún autor de corte realista la ha explorado de manera explícita y sistemática.

La hipótesis realista sobre la influencia de los regímenes internacionales de derechos humanos en el comportamiento de los Estados se ha desarrollado un poco más. Como se señaló líneas arriba, Stephen Krasner abordó el éxito o el fracaso de distintos regímenes internacionales relativos a los derechos humanos que se han dado en la historia moderna. Krasner concluye que “los regímenes internacionales de derechos humanos tuvieron consecuencias solamente cuando Estados poderosos obligaron al cumplimiento de sus principios y sus normas” (Krasner, 1993: 141). Krasner argumenta convincentemente, por ejemplo, que la abolición del comercio de esclavos durante el siglo XIX no se hubiera dado de manera tan pronta y efectiva sin el apoyo del poderío naval de Gran Bretaña, o sin que esta potencia hubiese mostrado la determinación de actuar para hacer que el régimen en cuestión funcionara (Krasner, 1993: 166). Eric Neumayer subraya, no obstante, que rara vez las potencias actúan de manera consistente, y dando prioridad a la aplicación de las normas de derechos humanos dentro de su política exterior. No es común, ciertamente, que las potencias empleen sanciones (materiales) para ejercer coerción sobre países que violan las normas o las disposiciones de los distintos órganos de los regímenes internacionales de derechos humanos.[10]

Neumayer, Hafner-Burton y Donnelly (entre otros) subrayan, por otro lado, la debilidad (formal) de los regímenes internacionales de derechos humanos para conseguir que los Estados se comporten de acuerdo con sus normas y disposiciones: las provisiones sobre monitoreo, implementación e imposición del cumplimiento (enforcement) son no existentes, voluntarias o débiles (Donnelly, 1986; Neumayer, 2005; Hafner-Burton, 2005). Desde una perspectiva realista, los únicos “dientes” que pueden tener los regímenes internacionales de derechos humanos son aquellos que (si así lo deciden) pueden proporcionar las potencias. Como señala Neumayer, desde una perspectiva realista, si las potencias no tienen un interés particular en la efectividad de dichos regímenes, entonces la influencia que éstos tendrán sobre el comportamiento de los Estados será nula. En suma, desde el punto de vista del realismo, en términos generales, no hay que esperar que los regímenes internacionales de derechos humanos hagan mucha diferencia en la práctica, a menos que ello coincida, en un caso determinado, con el interés de las grandes potencias (Neumayer, 2005: 926-927).

Neumayer recuerda, en este sentido, los hallazgos de Oona Hathaway, una pionera en la búsqueda de correlaciones estadísticas entre la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos y el comportamiento de los Estados en la materia. Señala que, aunque Hathaway no es una representante del realismo, sus conclusiones son particularmente consistentes con un argumento realista como el recién expuesto. El estudio estadístico de Hathaway la lleva a concluir que la ratificación de tratados internacionales no está correlacionada con un mejor, sino con un peor, comportamiento en materia de derechos humanos. La autora interpreta el acto de ratificación como uno que da mayores espacios para la violación de derechos humanos, al desviar la presión interna o externa para un cambio verdadero. Esto sería particularmente cierto, argumenta Neumayer si, como se ha sugerido, a las potencias no les importa impedir este comportamiento (Neumayer, 2005: 926-927). En este sentido, un argumento de corte realista no solamente plantearía que no debemos esperar mucho de la existencia de regímenes internacionales, sino que incluso deberíamos esperar consecuencias negativas para los derechos humanos. Y parece que hay evidencia que sugiere la validez de dicho argumento.

Cuadro 2. La visión realista sobre los regímenes internacionales de derechos humanos

Realismo

Causas de su creación

Impacto esperado en el comportamiento de los Estados

Intereses de las potencias (definidos en términos de poder relativo)

Muy limitado, pues el cumplimiento de las normas de derechos humanos rara vez tiene una relación directa con la maximización del poder relativo de las potencias

Fuente: elaboración propia.

Los regímenes internacionales de derechos humanos: la visión institucionalista

Como se señaló en la sección anterior, el enfoque institucionalista plantea que los Estados (actores autointeresados y racionales) deciden crear regímenes internacionales (en cualquier área temática), porque éstos cumplen la función necesaria de hacer posible la generación de ciertos bienes comunes que no se podrían generar sin cooperar. El problema con este argumento, desde la perspectiva del área temática de los derechos humanos, es que la existencia de ese bien o interés común para los Estados no es evidente. ¿Por qué el Estado x tendría interés en establecer normas y mecanismos que “empoderen” a terceros actores (internos y externos) para vigilar e incidir sobre su comportamiento en materia de derechos humanos? (Neumayer, 2005: 927; Engstrom y Hurrell, 2010: 36). Los beneficiados por la existencia de los regímenes internacionales de derechos humanos son, en primera instancia, los actores de la sociedad civil nacional e internacional y los gobiernos de terceros Estados, los cuales son dotados de herramientas normativas e institucionales para promover su agenda, en detrimento de la libertad de decisión y acción del gobierno del Estado monitoreado, criticado o condenado. Parece difícil, entonces, desarrollar un argumento en la línea del institucionalismo sobre la creación de los regímenes internacionales de derechos humanos que parezca, a priori, plausible y atractivo. Tal vez sea por ello que resulta difícil encontrar este tipo de argumentos en la literatura.

Jack Donnelly, no obstante, desarrolla un argumento que podría inscribirse dentro de esta línea. Este autor plantea que el origen del régimen de derechos humanos que la onu desarrolló alrededor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a finales de la segunda guerra mundial fue una demanda presentada por los propios países integrantes de la comunidad internacional. Esta demanda, no obstante, no era relativa a un bien material sino “moral”: la aversión generada por las atrocidades perpetradas por los nazis antes y después de la segunda guerra mundial propició un consenso sobre la necesidad de contar con normas que repudiaran este tipo de comportamiento. Esta “demanda moral” fue satisfecha, de acuerdo con Donnelly, por una oferta que contó con los makers necesarios, muchos takers y ningún breaker significativo. La debilidad procedimental del régimen que se estableció se explica, según este autor, precisamente por la debilidad intrínseca de los intereses de corte “moral”, y por la ausencia de intereses materiales involucrados en la demanda en cuestión (Donnelly, 1986: 614-616). Este argumento suena plausible y parece confirmar el lugar común que plantea que el surgimiento de los derechos humanos, como un tema central en la agenda internacional tras el fin de la segunda guerra mundial, fue resultado del shock o la conmoción moral que generó el holocausto en la “conciencia de la humanidad” (González, 2002; Freeman, 2002). Sin embargo, Donnelly solamente especula, no demuestra empíricamente mediante un estudio detallado y sistemático, que los makers del régimen hayan reaccionado ante una demanda moral, o que hayan actuado con la intención de satisfacerla mediante el establecimiento de un régimen que posibilitara la generación de un bien común.

Por otro lado, en la literatura no existe un argumento que intente explicar el impacto de los regímenes internacionales de derechos humanos en el comportamiento de los Estados desde una perspectiva institucionalista. Un argumento dentro de esta línea teórica plantearía que estos regímenes tendrían una influencia significativa en el comportamiento de los Estados, en la medida en la que pudieran generar información simétrica sobre el (in)cumplimiento por parte de los mismos y, con base en esa información, establecer costos de reputación. Bajo esta lógica, los regímenes internacionales de derechos humanos podrían incentivar el cumplimiento de sus normas, ya que los Estados evitarían adquirir una mala reputación en la materia, pues ello afectaría las posibilidades de ser considerados como socios confiables, no solamente en el área temática de los derechos humanos, sino en cualquier otra. Ciertamente, los regímenes internacionales de derechos humanos cumplen muy bien con su función de generar información sobre el (in)cumplimiento de sus normas por parte de los Estados, y con base en ello construyen reputación. Sin embargo, los mecanismos causales relacionados con una mala reputación que propone el institucionalismo parecen no ser relevantes, o no darse, en el área temática de los derechos humanos. La teoría dice que los Estados evitarán tener una mala reputación porque ello tendrá como consecuencia no ser “invitado”, en el futuro, a un nuevo ejercicio de cooperación, tanto en materia de derechos humanos, como en cualquier otra área temática. Sin embargo, no encontramos indicios empíricos de que se den este tipo de dinámicas en la práctica. Los Estados con reputación de no cumplir con las normas de derechos humanos no parecen tener ningún impedimento para seguir participando en nuevos esfuerzos de la comunidad internacional por cooperar en la materia. Estados con las peores reputaciones en la materia, por ejemplo, no han tenido mayores problemas para ser elegidos como integrantes del nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Paralelamente, no hay indicios de que los Estados hayan hecho una reflexión del tipo “no participaré en ningún tipo de acuerdo con el Estado x, porque su comportamiento dentro del régimen internacional de derechos humanos me dice que es un Estado que suele no cumplir”. Desde esta perspectiva, el institucionalismo propondría que los regímenes internacionales de derechos humanos no pueden tener una influencia relevante sobre el comportamiento de los Estados, ya que el área temática en cuestión no se presta a que las malas reputaciones generen costos significativos en la práctica. Esta hipótesis, no obstante, tendría que ser abordada explícita y sistemáticamente, para poder determinar su validez con precisión.

Cuadro 3. La visión institucionalista sobre los regímenes internacionales de derechos humanos

Institucionalismo

Causas de su creación

Impacto esperado en el comportamiento de los Estados

Interés de los Estados por generar bienes comunes

No hay impacto, pues no se generan costos de reputación

Fuente: elaboración propia.

Los regímenes internacionales de derechos humanos: la visión de la teoría liberal de las preferencias

De acuerdo con esta corriente teórica, la creación de un régimen internacional (en cualquier área temática) se da cuando las preferencias de un número necesario y suficiente de Estados coinciden en ese sentido, y (más importante aún) cuando la formación del régimen en cuestión favorece los intereses o se adhiere a las ideas de los individuos y/o grupos con mayor influencia y representación dentro de cada uno de esos Estados. Así, un régimen de derechos humanos sería creado, o formado, si ello es favorable a los intereses. o si coincide con las ideas, de los individuos o grupos con mayor influencia y representación dentro de un número determinado de Estados. El propio Andrew Moravcsik desarrolló un proyecto de investigación en el cual busca explicar la creación de un régimen de derechos humanos concreto: el que surgió en 1950 en el seno del Consejo de Europa. Moravcsik demuestra que los países que promovieron más activa y decididamente la creación de un régimen fuerte de derechos humanos en Europa no fueron aquellos con sistemas democráticos consolidados, sino los que emergieron como democracias nuevas al fin de la segunda guerra mundial. El argumento de Moravcsik (consistente, por supuesto, con su teoría liberal de las preferencias) es que, al final de la segunda guerra mundial, los gobiernos de las democracias nuevas de Europa Occidental tenían un interés por la existencia de un régimen internacional fuerte, con el fin de poner un “candado externo” (lock in) a sus preferencias por la democracia y los derechos humanos, ante el temor de posibles regresiones autoritarias en sus respectivos países. Los estados son, como se ha señalado, actores racionales que hacen un cálculo costo/beneficio: si los beneficios de estabilidad democrática futura son mayores que los costos de soberanía implícitos en la creación de un régimen internacional, entonces promoverán su establecimiento (Moravcsik, 2000). El argumento del “candado externo” de Moravcsik, derivado como ya se ha dicho del estudio del régimen europeo, ha sido sometido a distintas pruebas empíricas para explicar la participación de los Estados en el régimen de la ONU, pero los resultados han sido contradictorios. Mientras que Landman (2005) encuentra que las democracias nuevas se han mostrado más proclives a ratificar los principales tratados de derechos humanos adoptados en el marco de la ONU. Goodliffe y Hawkins (2006) no encontraron lo mismo respecto de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (en adelante Convención contra la Tortura). La hipótesis del “candado externo” es plausible e interesante y, por lo tanto, digna de mayor investigación (por ejemplo, en relación con el surgimiento del régimen de la OEA). Como quiera que sea, e independientemente de este argumento concreto, lo que la teoría liberal de las preferencias pone sobre la mesa es la relevancia de los factores internos: las instituciones, la política, la economía y las ideas de individuos, y grupos en cada Estado, deben ser tomadas en serio como posibles factores causales en el estudio del surgimiento o creación de regímenes internacionales de derechos humanos.

En cuanto a la influencia de los regímenes internacionales de derechos humanos sobre el comportamiento de los Estados, la teoría liberal de las preferencias subrayaría la importancia de procesos domésticos y propondría, a manera de hipótesis, que dichos regímenes podrían funcionar eficientemente (es decir, tendrían un impacto relevante en el comportamiento de los Estados) en la medida en que la aplicación de sus normas o las determinaciones de sus mecanismos de toma de decisiones favorezcan los intereses, o coincidan, con las ideas de los individuos o grupos societales con mayor poder o representatividad dentro del Estado en cuestión. En concreto, los regímenes internacionales de derechos humanos serían efectivos si actores internos influyentes (sean ONG, grupos industriales, sindicatos, movimientos de oposición, partidos políticos o incluso élites gubernamentales) pudieran utilizar al régimen para perseguir sus intereses o la aplicación de sus ideas en el ámbito interno o nacional. Una hipótesis de este tipo no ha sido explorada explícita y sistemáticamente. Distintos autores, no obstante, han demostrado empíricamente que los Estados democráticos suelen respetar más las normas de los regímenes internacionales de derechos humanos de los cuales son parte. En otras palabras, se ha demostrado que los regímenes internacionales de derechos humanos suelen tener una mayor influencia en el comportamiento de Estados democráticos (Neumayer, 2005; Landman, 2005). Esto podría interpretarse en la línea de la teoría liberal de las preferencias, sugiriendo que la democracia, al garantizar la representación de un mayor número de grupos societales, facilita que el Estado defina sus preferencias tomando en cuenta a los grupos que tienen una agenda que coincide con el respeto a los derechos humanos. Pero también podría argumentarse, simplemente, que los regímenes internacionales no tienen nada que ver en ello, que en las democracias consolidadas ya se respetaban los derechos humanos, antes de que éstas formaran parte de un régimen internacional. De esta manera, la hipótesis de la teoría liberal de las preferencias respecto de la influencia de los regímenes internacionales de derechos humanos sobre el comportamiento de los Estados, aún tiene que ser explorada de manera explícita y sistemática.

Cuadro 4. La visión de la teoría liberal de las preferencias respecto a los regímenes internacionales de derechos humanos

Teoría liberal de las preferencias

Causas de su creación

Impacto esperado en el comportamiento de los Estados

Los intereses e ideas de los grupos societales con mayor representatividad dentro de un número suficiente de Estados son beneficiados por el establecimiento de un régimen de derechos humanos

Potencialmente positivo, particularmente en el caso de democracias consolidadas

Fuente: elaboración propia.

Los regímenes internacionales de derechos humanos: la visión constructivista

Como se apuntó en la primera sección de este capítulo, el constructivismo enfatiza la importancia de las identidades estatales, las normas internacionales y el papel de los “emprendedores de normas” en la política internacional. Desde esta perspectiva, la creación de regímenes internacionales se relaciona con los marcos de identidades y normas existentes a nivel global, en determinada región o al interior de cierto grupo de Estados y en momentos históricos concretos, así como (en su caso) con el activismo de “emprendedores de normas”, quienes, activando dinámicas de la lógica de lo apropiado, impulsan la creación de regímenes basados en normas (más que en intereses) por parte de los Estados. En esta línea, Darren Hawkins se pregunta, precisamente, ¿por qué los Estados deciden formar regímenes de derechos humanos fuertes o con altos costos de soberanía? Para abordar esta pregunta, estudia la adopción de la Convención contra la Tortura en 1984. En concreto, Hawkins encuentra como contraintuitivo el que los Estados hayan aceptado incluir el principio de jurisdicción universal (el cual implica altos costos de soberanía) dentro de dicho régimen. Hawkins demuestra que un grupo pequeño de ONG (como Amnistía Internacional) y algunos Estados (notablemente Suecia), recurriendo a la persuasión y a las estructuras de identidades y normas existentes, lograron activar una dinámica basada en la lógica de lo apropiado y cambiar la postura de un número suficiente de Estados respecto de la inclusión del principio de jurisdicción universal dentro de la Convención contra la Tortura. De esta manera, Hawkins desarrolla un sólido argumento constructivista en el que las normas, las identidades y la persuasión por parte de los “emprendedores de normas” explican la creación de un régimen de derechos humanos que implica altos costos de soberanía (Hawkins, 2004).[11]

Las hipótesis constructivistas sobre el establecimiento de regímenes internacionales de derechos humanos resultan particularmente atractivas, en especial si consideramos que dichos regímenes se orientan a la consecución de objetivos relativos a “ideas basadas en principios”, más que a la generación de bienes materiales (como, por ejemplo, mayores flujos comerciales o un sistema financiero internacional estable). Sin embargo, es en el campo de las preguntas relacionadas con la influencia de los regímenes internacionales sobre el comportamiento de los Estados donde podemos encontrar (si bien indirectamente) la mayor contribución de la investigación de corte constructivista. La discusión sobre el constructivismo elaborada en la primera sección de este capítulo, sugiere que los regímenes internacionales de derechos humanos podrán tener un impacto sobre el comportamiento de los Estados en la medida en que existan “emprendedores de normas” que logren generar dinámicas dentro de una lógica de lo apropiado, que lleven a los Estados a modificar la definición de sus intereses, o incluso a transformar su identidad, de acuerdo con las estructuras de normas e identidades existentes alrededor de los derechos humanos.

Cuadro 5. La visión constructivista sobre los regímenes internacionales de derechos humanos

Constructivismo

Causas de su creación

Impacto esperado en el comportamiento de los Estados

Activismo de “emprendedores de normas” que ponen en movimiento dinámicas de la lógica de lo apropiado

Potencialmente positivo, en caso de que existan “emprendedores de normas” que pongan en funcionamiento dinámicas de la lógica de lo apropiado

Fuente: elaboración propia.

Existe muchísima literatura de corte constructivista que demuestra que, en efecto, las normas y los regímenes internacionales de derechos humanos adquieren relevancia práctica cuando emergen redes transnacionales de activistas (en otras palabras, cuando surgen “emprendedores de normas”), que ponen en marcha procesos políticos y discursivos que propician cambios importantes en materia de derechos humanos en países concretos (Brysk, 1993 y 1994; Sikkink, 1993; Keck y Sikkink, 1998; Risse et al., 1999; Foot, 2000; Burgerman, 2001; Khagram, Riker y Sikkink, 2002; Schwarz, 2004; Shor, 2008; Jetschke y Liese, 2009; Ramírez Sierra, 2009; para el caso de México, véase Maza, 2008; Anaya Muñoz, 2009). Esta literatura sobre el activismo transnacional de derechos humanos, además de abundante, es quizá la contribución más importante de la disciplina de las Relaciones Internacionales al estudio de los derechos humanos, por lo que es importante dedicar un espacio mayor a su revisión.

Encontramos la formulación teórica más influyente sobre el activismo transnacional de derechos humanos en lo que llamaremos modelo boomerang-espiral (Keck y Sikkink, 1998; Risse, et al, 1999). Este modelo gira alrededor de la acción de las llamadas redes transnacionales de promoción y defensa (transnational advocacy networks), las cuales son definidas como formas de organización flexibles conformadas por entidades no gubernamentales, nacionales e internacionales (particularmente ONG de derechos humanos), órganos y mecanismos internacionales de derechos humanos (es decir, los mecanismos de implementación y toma de decisiones de los propios regímenes internacionales) y actores de gobiernos de democracias desarrolladas, los cuales intercambian información y servicios con el fin de promover “ideas basadas en principios” (Keck y Sikkink, 1998: 8-10). Estudiando redes transnacionales organizadas alrededor del medio ambiente, la equidad de género y los derechos humanos, Margaret Keck y Kathryn Sikkink identificaron un patrón de activismo e influencia que denominaron “efecto boomerang”. De acuerdo con este esquema, los actores de la sociedad civil dentro de Estados violadores de normas, usualmente no influyen directamente el comportamiento de sus propios gobiernos (autoritarios), por lo cual establecen una colaboración (de intercambio de información y servicios) con ONG internacionales. Actuando en conjunto, las ONG nacionales e internacionales logran poner la situación del Estado en cuestión en la agenda de órganos internacionales y gobiernos de democracias desarrolladas, generando así un proceso de presión desde afuera sobre los gobiernos transgresores; lo cual, a su vez, propicia cambios en su comportamiento (Keck y Sikkink, 1998).

Este esquema fue posteriormente especificado con mayor detalle teórico y analítico para el caso del área temática de los derechos humanos por Thomas Risse, Stephen Ropp y Kathryn Sikkink (1999). Estos autores proponen un modelo explicativo en cinco fases, en el que una secuencia de “lanzamientos de boomerang” por parte de redes transnacionales de promoción y defensa generan distintas reacciones de parte de los gobiernos objetivo (target governments), generando un proceso potencial, mas no necesariamente, progresivo, una espiral de cambio en el comportamiento estatal en materia de derechos humanos.

Los mecanismos causales del modelo son la presión (en el marco de una lógica instrumental) y la argumentación (dentro de una lógica comunicativa-cognitiva) generadas por redes transnacionales de promoción y defensa. La presión puede ser material o “ideacional” (ideational). La primera busca afectar los intereses materiales del gobierno objetivo relacionados, por ejemplo, con flujos comerciales, inversión extranjera y programas de ayuda o cooperación militar. La presión “ideacional”, por su parte, busca poner en duda la legítima membresía del Estado que viola derechos humanos en “el club” de las naciones “modernas”, “civilizadas” o “respetables” (Keck y Sikkink, 1998; Risse y Sikkink, 1999; Risse, 2000; Brysk, 1993; 1994; Thomas, 2002; Hawkins, 2002; Sikkink, 1993; Burgerman, 2001; Foot, 2000). Este tipo de presión se aplica mediante lo que la literatura ha llamado el “avergonzamiento” (shaming): la acción de denunciar y condenar públicamente una brecha entre el comportamiento en la práctica y las normas aceptadas o, en otras palabras. entre lo que un actor hace y lo que se espera que haga, según la identidad que pretende tener o el “club” al que busca pertenecer (Hawkins, 2004: 783; Schimmelfennig, 2001: 64; Lebovic y Voeten, 2006: 868-870). Ambos tipos de presión generan reacciones instrumentales por parte de los “gobiernos objetivo”: ya sea porque quieren recuperar los bienes materiales perdidos o retenidos, o porque aspiran a ser miembros del “club”, dan ciertas concesiones a la red transnacional que los presiona. Las primeras concesiones (que no son más que cambios “cosméticos”) comienzan a darse en la tercera fase de la espiral, después de una primera etapa en la que la represión no tiene obstáculos, pues el Estado no es objeto del activismo transnacional, y de una segunda fase en la que la presión comienza a aumentar, ante la negativa del Estado presionado a reconocer la validez de las normas internacionales de derechos humanos en sí y a aceptar la legitimidad del escrutinio internacional (Risse y Sikkink, 1999).

El modelo plantea que, conforme avanza la tercera fase de la espiral, además de hacer concesiones tácticas (como la liberación de presos políticos de alto perfil), los gobiernos objetivo suelen asumir un discurso de derechos humanos, en el cual se acepta la validez de las normas de derechos humanos y la legitimidad del escrutinio internacional en sí (aunque se sigan cuestionando los motivos y la veracidad de la información de algunos críticos, particularmente de las ONG). Este discurso de derechos humanos “entrampa” a los gobiernos, de manera tal que cada vez les resulta más costoso violar las normas correspondientes. Por otro lado, tanto el discurso como las concesiones tácticas fortalecen al movimiento interno o nacional de derechos humanos, el cual tiene mayores recursos y capacidades para aumentar la presión “desde adentro”. En este marco, comienza también a desarrollarse y a tener mayor importancia un proceso comunicativo de argumentación, en el cual los gobiernos tienen que justificar en debates o discusiones su comportamiento y su propia evaluación de la realidad. Si la presión “desde afuera” y “desde adentro” se mantiene, y los procesos de argumentación se intensifican, la situación avanza a la cuarta fase de la espiral, en la que las normas de derechos humanos adquieren un “estatus prescriptivo”, particularmente mediante a la ratificación extensiva de tratados internacionales y a la reforma del marco legal e institucional del Estado en cuestión. Por otro lado, la lógica de argumentación se fortalece: el gobierno ya no cuestiona los motivos ni la veracidad de la información de la red transnacional. Sin embargo, a pesar del discurso y de los cambios legislativos e institucionales, las violaciones a los derechos humanos continúan en la práctica. El modelo plantea que el “estatus prescriptivo” puede ocasionalmente llevar a la última fase de la espiral sólo si la presión “desde afuera” y “desde adentro” se mantiene: el “comportamiento consistente con la norma”, en el que el respeto por las normas internacionales de derechos humanos se ha institucionalizado y es una práctica habitual de los actores (Risse y Sikkink, 1999).

El modelo espiral ha sido criticado, tanto desde perspectivas teóricas como empíricas (Jetschke y Liese, 2009; Maza, 2008; Schwarz, 2004). Ciertamente, los efectos de la argumentación, en teoría tan importante para las últimas dos fases de la espiral, no se han comprobado empíricamente; de manera que el modelo parece ser más útil para explicar cambios discursivos y modificaciones legales e institucionales, que para explicar mejoras sustantivas en los niveles de vigencia de los derechos humanos en la práctica. En este último sentido, el modelo espiral ignora que las violaciones en la práctica parecen depender más del contexto de seguridad nacional y del tipo de régimen político de cada Estado, que de la presión y la argumentación de redes transnacionales de defensa y promoción (Cardenas, 2007; Schwarz, 2004; Ramírez Sierra, 2009; Ropp y Sikkink, 1999, y Sikkink, 2004: 84). No obstante sus debilidades, el modelo ha sido muy influyente y ha resultado sumamente útil en un muy buen número de intentos por explicar cambios en la situación de derechos humanos en países concretos.[12]

Regresando a la discusión teórica sobre los regímenes internacionales de derechos humanos, el modelo es fundamentalmente constructivista porque plantea que los “emprendedores de normas” recurren a las estructuras de normas e identidades existentes para poner en marcha dinámicas de lo apropiado, propiciando cambios en la definición de intereses (y posiblemente de identidades) por parte de los Estados que son blanco de la acción de los emprendedores en cuestión. La base normativa necesaria para la generación de dinámicas de presión y argumentación ofrecen, precisamente, los regímenes internacionales de derechos humanos, a la vez que los órganos de implementación y toma de decisiones de los mismos son importantes integrantes de las redes transnacionales de defensa y promoción. Desde otro punto de vista, lo que el modelo boomerang-espiral plantea es que, en efecto, los regímenes internacionales de derechos humanos serán significativos en la definición del comportamiento de los Estados, en la medida en que existan redes transnacionales de promoción y defensa. Es decir, para que los regímenes internacionales tengan algún tipo de influencia, es necesario el activismo de “emprendedores de normas” (Neumayer, 2005; Hafner-Burton y Tsutsui, 2005).

Conclusiones

¿De qué manera han contribuido y contribuirían las Relaciones Internacionales a la comprensión del desarrollo de los derechos humanos en el mundo? Con su énfasis en el comportamiento de los Estados y sus discusiones sobre la importancia de las normas y los organismos internacionales, y sobre el papel desempeñado por actores no estatales en un mundo cada vez más interconectado, la disciplina ha hecho (y sin duda seguirá haciendo) una contribución substancial. Las Relaciones Internacionales nos llevan a tomar en serio al derecho y a la organización internacional, así como a la labor de las ONG (nacionales e internacionales) y a otros actores comprometidos con “la causa” de los derechos humanos; pero sin perder de vista la importancia del poder y los intereses de los Estados.

Como se intentó demostrar en este capítulo, el debate teórico es prolífico y las aportaciones que vendrían de cualquier teoría (incluyendo al institucionalismo, que parece ser la menos apropiada) pueden ser sumamente fructíferas. Las hipótesis derivadas de cada una de aquéllas parecen (en mayor o menor medida) atractivas y plausibles. Las preguntas sin responder, por su parte, son muchas y diversas. ¿Cómo explicaríamos el surgimiento del régimen de derechos humanos de la oea? ¿Cómo explicamos la activación del régimen de la ONU durante la década de los setenta, y particularmente de los noventa? ¿Bajo qué condiciones podríamos esperar que los órganos internacionales de derechos humanos tengan más influencia sobre el comportamiento de los Estados? ¿En qué medida puede la presión internacional mejorar la situación de respeto de los derechos humanos en la práctica? ¿Qué estrategias seguirían las redes transnacionales en contextos de graves amenazas a la seguridad nacional? Y muchas preguntas más que, espero, este texto haya sugerido al lector. Para éstas, la teoría de Relaciones Internacionales propondría distintas respuestas. De las reflexiones presentadas en este capítulo, no obstante, se desprende que ninguna de éstas debe ser ignorada a priori, y que incluso parece difícil otorgar prioridad analítica “en automático” a cualquiera de éstas. El poder, la generación de “bienes comunes”, los factores internos o las identidades y las normas internacionales y los “emprendedores de normas” tienen que ser tomados en serio. Sólo la investigación empírica sistemática posiblemente concluya, para cada pregunta en particular, cuál de estos factores “importa más”.

En suma, la agenda de investigación sigue abierta. Más de sesenta años después de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la creación de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y del desarrollo resultante de un complejo régimen internacional en la materia, aún quedan muchas preguntas por responder. Esperemos que este capítulo logre provocar a los estudiosos de los derechos humanos a abordar preguntas aún no resueltas, y a someter a pruebas rigurosas las distintas hipótesis posibles sobre el desarrollo de los derechos humanos en el ámbito internacional.

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Wendt, Alexander (1992). “Anarchy is What States Make of It. The Social Construction of Power Politics”, International Organization, vol. 46, núm. 2, pp. 391-425.

[*] Profesor-investigador del CIDE.

[1] En adelante, “relaciones internacionales” (con minúsculas) hará referencia a los fenómenos o procesos que son el objeto de estudio de la disciplina de las “Relaciones Internacionales” (con mayúsculas). Aunque la definición de lo que son las relaciones internacionales es difícil y polémica, en este capítulo se les entiende como las interacciones (conflictivas, cooperativas o de competencia) a través de las fronteras entre Estados y otros actores (Brown, 1997: 3-20).

[2] Si bien es cierto que, desde finales de la década de 1940, los temas relativos a la organización internacional fueron abordados en la prestigiosa publicación International Organization (véase Shanks, Jacobson y Kaplan 1996).

[3] En 1980, el filósofo político Henry Shue publicó Basic Rights. Subsistence, Affluence and U.S. Foreign Policy. El autor presenta un argumento a favor de incluir a un núcleo básico de derechos económicos (a los que él llama “derechos de subsistencia”) dentro de un grupo delimitado de derechos humanos cuya promoción en el mundo debe tomar prioridad. Aun cuando este argumento sobre “derechos básicos” el autor lo vincula con la política exterior de Estados Unidos, desde una perspectiva disciplinar, la obra se enmarca más claramente dentro de la Filosofía Política que de las Relaciones Internacionales (Shue, 1980).

[4] En el Congreso Anual 2009 de la Asociación, la sección de derechos humanos patrocinó más de cincuenta páneles (<http://web.mac.com/vicfalls/HR-ISA/HR-ISA.html>, consultada el 15 de enero de 2010).

[5] El capítulo se centra en el estudio de los regímenes propiamente de derechos humanos, no en regímenes relacionados pero distintos, como el de la justicia penal internacional (sobre este último tipo de régimen véase Rudolph, 2001).

[6] El régimen de derechos humanos de la onu, por ejemplo, gira alrededor de su Consejo de Derechos Humanos y de una amplia gama de normas y un número de órganos de implementación y toma de decisiones estipulados y establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los ocho principales tratados de derechos humanos y sus protocolos, al igual que de diversas declaraciones y otros instrumentos no vinculantes (<http://www2.ohchr.org/spanish/law/>). Cabe señalar que un régimen internacional puede tener normas con mayor o menor nivel de obligatoriedad jurídica y órganos con mayores o menores capacidades para tomar e implementar decisiones autoritarivas; en otras palabras, un régimen puede tener mayores o menores niveles de legalización. En este sentido el concepto de régimen internacional no implica o requiere que las normas sean establecidas mediante tratados vinculantes, ni que se den niveles específicos de delegación de autoridad a los órganos de implementación y toma de decisiones (Donnelly, 1986 y Abbott et al., 2000).

[7] En algunos libros de texto de Relaciones Internacionales suele asociarse al “liberalismo” cualquier tipo de argumento que sea considerado como “optimista” respecto de las posibilidades de la paz y la cooperación, y al potencial en ese sentido de los esfuerzos de organización internacional. De esta manera, se la etiqueta de “teoría liberal” a un amplio y variado conjunto de argumentos que coinciden (en mayor o menor medida) en las descripciones y, sobre todo, en las prescripciones del liberalismo como ideología (política o económica). En este sentido, el institucionalismo en la teoría de Relaciones Internacionales es regularmente llamado institucionalismo “neoliberal”, pues su principal objeto de estudio (las instituciones internacionales) figura entre las prescripciones tradicionales de lo que podemos llamar el liberalismo como ideología, en su versión wilsoniana, sobre lo internacional. Según Moravcsik, el institucionalismo no es, propiamente, una teoría liberal. Para él, éste es más cercano al neorrealismo (o realismo estructural) que al liberalismo, debido a que considera a las preferencias estatales como fijas o exógenas, enfatiza la importancia de la variación en la distribución sistémica de poder y se enfoca en la manera en que la anarquía lleva a resultados sub-óptimos (Moravcsik, 1997: 536-538). Recordemos, en este sentido, que el propio Robert Keohane (uno de los institucionalistas más influyentes en Relaciones Internacionales) considera a sus propuestas teóricas como “estructuralismo modificado” (Viotti y Kauppi, 1999: 153-183). Tomando esto en cuenta, el capítulo se refiere a esta corriente, simplemente, como “institucionalismo”.

[8] Como se verá con claridad en las secciones subsecuentes, las distintas teorías plantean hipótesis diferentes sobre las causas de la existencia, o la formación, y sobre las consecuencias del funcionamiento de los regímenes internacionales de derechos humanos. Sin embargo, las teorías no plantean posturas distintas sobre lo que es un régimen internacional.

[9] Krasner estudia el régimen para prohibir el comercio de esclavos durante el siglo XIX; el régimen de protección de las minorías de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del XX; el régimen para garantizar la pluralidad religiosa en Europa, durante el siglo XVII, y lo que el autor llama el régimen “liberal de derechos individuales” (propiamente el régimen de la onu de derechos civiles y políticos) durante la segunda mitad del siglo XX (Krasner, 1993).

[10] Emile Hafner-Burton, por su parte, demuestra en un artículo reciente que la inclusión de cláusulas fuertes de derechos humanos en el marco de tratados comerciales preferenciales (preferential trade agreements) sí tiene una influencia relevante sobre el comportamiento de países violadores de los derechos humanos. Sin embargo, el estudio no nos dice explícitamente qué tan dispuestas están las potencias (o bajo qué circunstancias o en qué casos) a incluir e implementar cláusulas “fuertes” de derechos humanos en estos tratados comerciales (Hafner-Burton, 2005).

[11] En un estudio posterior en el que toman en cuenta la diferencia entre el acto de firmar y el de ratificar la Convención contra la Tortura, así como diferencias en los costos de soberanía que la firma o ratificación implica para distintos países, Goodliffe y Hawkins confirman la fuerza explicativa de las normas internacionales en la definición del comportamiento de los Estados (Goodliffe y Hawkins, 2006).

[12] Para una revisión completa de la literatura inspirada y guiada por el modelo de espiral, véase Jetschke y Liese (2009); para aplicaciones al caso de México véanse Maza (2008) y Anaya Muñoz (2009).

Políticas públicas y derechos humanos

Manuel Canto Chac[*]

Introducción

En las reflexiones contemporáneas sobre los derechos humanos (DH) es común la referencia a las políticas públicas, particularmente a partir de la década de 1990. No ocurre así en los análisis sobre políticas públicas (PP), en los que recién hace pocos años se inició la reflexión sobre el vínculo que pueden tener con los DH. Fue principalmente en el ámbito de las organizaciones civiles especializadas en desarrollo social donde se iniciaron las reflexiones sobre esta relación, en particular a propósito de los informes alternativos de la sociedad civil a los informes de los Estados parte de los pactos internacionales en la materia. “La necesidad del estudio de las políticas públicas se va manifestando en la medida en que se buscan formas de concretización de los derechos humanos, en particular de los derechos sociales” (Bucci, 2001: 7. La traducción es mía).

El análisis de la relación entre PP y DH en los trabajos de los comités de expertos de los organismos de la ONU también recibió un fuerte impulso, particularmente en la creación de referentes internacionales y de indicadores para los estándares. Asimismo, se han desarrollado aportes en los textos de los organismos multilaterales de desarrollo, entre éstos la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).[1] Aún se echa de menos la conformación de grupos académicos de investigación y docencia especializados en el tema.

De ser cierta la apreciación sobre el escaso desarrollo en la academia de la vinculación entre PP y DH, no dejaría de ser un atrevimiento elaborar un texto sobre el asunto, por lo que el propósito de estas notas será más bien proponer una visión general de los principales temas asociados a la relación entre PP y DH, a partir de la formulación de algunas interrogantes relevantes en un texto de reflexión sobre las ciencias sociales y los derechos humanos.

La ubicación del tema

Las interrogantes iniciales que sustentarán la pertinencia del tema abordado pueden girar en torno a los siguientes asuntos:

1. ¿Son los DH solamente un horizonte utópico, o mejor, criterios de orientación de las PP, o cumplen un papel relevante en la gestación, implementación y evaluación de éstas?

2. En las condiciones actuales, ¿pueden los DH contribuir a modificar el sentido y los procesos de las políticas públicas?

3. ¿De qué manera contribuirían los DH a la identidad y estrategia de los diversos actores sociales que pugnan por la reorientación de las políticas?

Se puede partir del supuesto, asumido ya en varios ámbitos, de que resulta necesario considerar los DH como referente indispensable en las diversas fases del ciclo de políticas, una expresión sintética de la relación que pueden guardar sería:

El denominado “enfoque de derechos en las políticas y estrategias de desarrollo” considera el derecho internacional sobre los derechos humanos como un marco conceptual aceptado por la comunidad internacional, capaz de orientar el proceso de formulación, implementación y evaluación de políticas en el campo del desarrollo, y como una guía para la cooperación y la asistencia internacionales respecto a las obligaciones de los gobiernos donantes y receptores, el alcance de la participación social y los mecanismos de control y responsabilidad que se necesitan a nivel local e internacional (Abramovich, 2006: 36).

Tomando este postulado como punto de partida, habrá que preguntarse por la manera concreta en que se desarrollan sus mediaciones analíticas y prácticas, antes de ello habrá que hacer un breve esbozo del desarrollo del enfoque de políticas públicas, intentando poner de relieve los contextos políticos en los que se han dado.

El desarrollo de las políticas públicas y el contexto latinoamericano

De un tiempo a la fecha, en la literatura sobre la política fue haciéndose más frecuente la utilización de la categoría de políticas públicas,[2] al grado de volverse difícil distinguir su especificidad, en muchas ocasiones se le utiliza como si fuera un sinónimo de cualquier acción que realicen los gobiernos, o como si fuera el sustituto de la categoría de administración pública, o de planes y proyectos. Suponer que la categoría tiene una especificidad implica esclarecer el valor añadido de su utilización y, junto con ello, dejar en claro por qué es útil referir los DH a las PP, más allá de las miradas de desconfianza que algunos —cada vez menos— dirigen a este enfoque.

Pero además de los textos sobre el asunto, hay procesos políticos que condicionan la recepción de los desarrollos sobre PP. La pugna respecto de la orientación de la economía y la democracia en el subcontinente parece agotarse en la discusión entre neoliberales y neosocialdemócratas. Para los primeros, la solución a cada nuevo problema es la aplicación invariable de la misma receta: entregar al mercado —desplazando al gobierno— una responsabilidad pública más, y para los segundos, frente a cada nuevo problema la receta es bastante similar, aunque de signo contrario, crear una nueva agencia para devolver al gobierno una responsabilidad pública más. Lo que ni unos ni otros se plantean es lo que está en el fondo: la reformulación de la relación entre gobierno y sociedad, reconociendo para ello la necesaria inclusión de la ciudadanía en las decisiones, misma que ya se prefigura en América Latina en las distintas experiencias sobre formas de participación ciudadana en el ámbito público.

En la disputa mencionada, algunos intentan alinear el enfoque de políticas públicas con la visión neoliberal; otros, por el contrario, las ubican como instrumento para posibilitar nuevas responsabilidades públicas de los gobiernos, otros más las asumen como instrumentos para la intervención de la ciudadanía en las decisiones públicas. Aclarar sus alcances y restricciones requiere de un breve recorrido por sus principales momentos históricos, estableciendo la relación con los principales temas contemporáneos. Esto es particularmente necesario porque el predominio que ha tenido la bibliografía estadounidense en América Latina puede no ser ajeno a las miradas de desconfianza, que tal vez no reparan mucho en los desarrollos que en las últimas décadas ha tenido el enfoque de las PP.

Administración pública y políticas públicas

La disciplina de la administración pública se construyó en el siglo XX a partir de la concepción weberiana de la racionalidad moderna: el cálculo de los medios necesarios para alcanzar los fines deseados. De esta manera, en política, el establecimiento de los fines los realiza el político a través de sus decisiones, y él es responsable ante la sociedad por la delegación del poder recibida a través del sufragio que lo llevó al mismo, mientras que el cálculo de los medios es lo que le corresponde al cuadro especializado que tiene a su disposición: la administración pública. En consecuencia, la ciencia de la administración pública se convierte en el cálculo de los medios para realizar las decisiones del político. En un sentido bastante distinto, el enfoque de las PP aspira no sólo a calcular los medios, sino también a analizar el propio proceso decisorio y a los actores que intervienen en éste.

En su desarrollo inicial en Estados Unidos (década de 1950), las PP se vieron muy influidas por el auge, en la segunda posguerra, de los estudios sobre los fenómenos del comportamiento humano (que entre otras cosas llevó al conductismo), así como por el auge de los métodos cuantitativos en las ciencias sociales. La pretensión entonces era la de hacer estudios científicos que contribuyeran a racionalizar las decisiones públicas. “Las ciencias de las políticas se interesan en la importancia del conocimiento de la decisión y dentro de la decisión” si bien se consideraba, ya que las decisiones que cuentan en la política no son sólo las gubernamentales, que “las decisiones de orden público no agotan el campo de las políticas […] en nombre del realismo es esencial estudiar los procesos de toma de decisión semioficiales y no oficiales. La línea divisoria entre el orden público y el civil es una zona más que una línea” (Laswell, 1992: 107 y 106).

Lo extenso y nebuloso de la línea divisoria entre lo público y lo privado, la política y la economía, el Estado y la sociedad, ya había sido percibido en el pensamiento socialdemócrata europeo con el advenimiento de la concepción del Estado social de derecho. A diferencia del Estado de derecho de cuño liberal, que en lo fundamental marcó los límites del poder del Estado frente al ciudadano, el Estado social de derecho obligaba al Estado a la realización de acciones positivas, con el fin de asegurar al ciudadano las condiciones sociales para el disfrute de sus derechos (educación, salud, trabajo…), lo que lo conducía a regular la economía, procurar el bienestar y a negociar sus decisiones con los actores colectivos que representaban a la ciudadanía más allá de la delegación electoral del poder (García Pelayo, 1982).[3]

Contemporáneamente se plantea a la vez la distinción entre el “viejo” Estado de derecho y el actual uso de Estado de derecho, la concepción del primero: “según el uso alemán (Rechstaat) en el sentido de ‘estado legal’ o ‘regulado por leyes’”, mientras que el segundo sería:

en el sentido más significativo, propio del uso italiano o francés, de un modelo de organización política caracterizado, esquemáticamente, por tres principios […] a) el principio de legalidad de toda actividad del Estado, es decir de su subordinación a leyes generales y abstractas […] vinculadas, a su vez, al respeto a ciertas garantías fundamentales de libertad e inmunidad personales […] b) el principio de publicidad de los actos […] c) la sujeción a control de todas las actividades estatales, bajo la doble forma de control jurisdiccional […] y de control político… (Ferrajoli, 2003: 11).

Mientras que el Estado de derecho tenía en la disciplina de la administración pública el instrumento para la búsqueda de la racionalización de la acción gubernamental, en el Estado social de derecho esta búsqueda se realizaba a través de otro instrumento: la planeación, misma que intentaba articular los distintos aspectos de la vida social, anticipando las consecuencias de sus interacciones, con el fin de superar la anarquía del mercado. La planeación tuvo éxitos notables en la década de 1960 para eclipsarse en los setenta:

En la década de los sesenta, todos los países importantes de Europa occidental —con la excepción de Alemania Federal— han estado sometidos a algún tipo de planificación económica. En la práctica, se consideraba que tal planificación representaba un cambio sustancial respecto del mercado anárquico no planificado […] En la década de los setenta, el abandono de la planificación ha sido dramático […] La planificación, concebida como la combinación del interés público y privado a través de una combinación de objetivos indicativos, ayudas e incentivos, se ha manifestado incapaz de superar la crisis (Holland, 1982: 23).

La crisis de la planeación, sobre todo en cuanto a la capacidad de previsión del comportamiento de las variables fundamentes en el largo plazo, permitió y requirió la recepción europea del enfoque de políticas públicas. La idea de la amplia zona abierta entre lo público y lo privado presente en la concepción del Estado Social, aunado a la redefinición de lo público diferenciado de lo estatal, pero incorporándolo (Mardones, 1988), fue lo que permitió poner énfasis en la interacción gobierno-ciudadanía —ya presente en las preocupaciones de los textos iniciales estadounidenses sobre PP. Todo ello estuvo en la base de los desarrollos contemporáneos de PP, apareciendo ahora esta interacción como el intento de solución a los problemas públicos a través de “la búsqueda de definiciones teóricamente consistentes, culturalmente aprobables y gubernamentalmente tratables” (Aguilar, 1993: 51), más allá del solo análisis de las acciones de gobierno “el análisis de las políticas públicas se ha convertido en parte interesada, a veces a pesar suyo, de un debate más amplio sobre la naturaleza del Estado” (Mény y Thoenig, 1992: 39).

Este debate ha demandado un replanteamiento a fondo del Estado en América Latina, después de los mitos acuñados por el neoliberalismo, la nueva visión sobre el Estado da cuenta de que éste:

reaparece en este nuevo contexto político como un actor imprescindible para promover e impulsar cambios en los rumbos deseados. ¿Pero se halla en condiciones de hacerlo? Existe un vasto consenso en que se requiere para ello un rediseño integral que siente las bases de un Estado de nuevo cuño. El mandato emergente va en la dirección de un Estado activo, pero asociado estrechamente con la sociedad civil y potenciador de la acción productiva de las empresas, fuertemente centrado en lo social, descentralizado, con gran parte de su acción desarrollada a nivel regional y local, totalmente transparente, rendidor de cuentas y sujeto al control social, de alta eficiencia gerencial, y apoyado en un servicio civil profesionalizado basado en el mérito. Asimismo, se aspira que sea un Estado abierto a canales continuos de participación ciudadana (Kliksberg, 2005: 18).

El replanteamiento sobre el Estado y sobre la situación latinoamericana implica, a la vez, ver de una nueva manera la relación entre la política (ejercicio del poder) y las políticas (ejercicio del gobierno). Para la visión neoliberal, la línea divisoria entre ambas debe estar claramente delimitada, sin embargo, ante el fracaso que en América Latina han tenido las políticas diseñadas con esta perspectiva queda en claro, como señala un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre las PP en Latinoamérica, que: “un enfoque exclusivamente tecnocrático para la formulación de las políticas elude los pasos de debate, negociación, aprobación y ejecución, que encierran en sí el desordenado mundo de la política [...] los procesos políticos y de formulación de políticas son inseparables” (BID, 2006: 4). Esto seguramente fundamenta la perspectiva de que la relación entre PP y DH no pueda ser analizada sin los cambios en la política en las que aquéllas se desempeñan.

No puede dejar de señalarse enfáticamente que en la discusión contemporánea sobre los DH aún está pendiente el impacto que han tenido los diversos corpus teóricos de la política sobre sus temas. Si bien es reconocida de sobra la disputa entre los pensamientos liberal y socialdemócrata al momento de la discusión de la Declaración de los Derechos Humanos en la ONU (Teixier, 2005), de la que se salió del paso dividiendo estos derechos en dos pactos (de civiles y políticos por un lado y, por otro, de económicos sociales y culturales), no siempre se reconoce lo suficiente el diferente énfasis que, desde distintas preferencias teórico-ideológicas, se pone en los derechos:

es posible asociar cada uno de estos registros de derechos y de ciudadanía con una tradición política: liberalismo y derechos civiles […] republicanismo y derechos políticos […] socialdemocracia y derechos sociales. Por supuesto, ello no significa que tales tradiciones políticas se identifiquen con un solo tipo de derechos o un solo registro de ciudadanía. Simplemente, cada tradición política da una preferencia jerárquica a cada uno de ellos, mientras que los otros son considerados no como derechos absolutos, sino como derivados, simples medios para realizar el registro del derecho jerárquicamente valorizado (Chanial, 2005: 87).

Teniendo en cuenta todo lo anterior, tampoco se desconoce que, en medio de las disputas ideológicas entre neoliberales y neosocialdemócratas, la relevancia de los DH para las políticas públicas es que aquéllos permiten asignarles criterios posideológicos, en el sentido de que se trata de compromisos pactados explícitamente por los Estados, siendo entonces el reto social: ¿cómo hacer cumplir a los Estados sus compromisos?

La diversa naturaleza de los derechos y su relación con las políticas

Uno de los efectos de la discusión anterior fue el diferendo sobre la distinta relación que establecen los derechos con las políticas; así, para algunos, mientras que los derechos civiles y políticos (en adelante DCP) implican en lo fundamental una abstención del gobierno (no ser arbitrario, no impedir la libre organización, circulación, votación, etc.), los económicos, sociales y culturales (en adelante DESC) implican un papel activo del Estado. Otros pensarán que esta diferenciación no es adecuada, puesto que la garantía de los DCP también implica un papel activo del Estado para prevenir la denegación de la justicia, la debida reparación del daño, etc. Otros más afirmarán que la diferencia es sólo de grado, en la medida en que la garantía de los DESC depende más de las PP (Abramovich, 2006). Lo que también resulta claro es que el cumplimiento de los DESC no sólo implica decisiones dentro de las agencias del propio gobierno, sino también que éste tenga la capacidad de propiciar acciones de los particulares concurrentes con la garantía del derecho, por ejemplo, la realización del derecho al trabajo no depende sólo de una decisión de gobierno, sino de que éste tenga la capacidad de regulación del mercado para inducir la creación de empleos.

Un elemento adicional se añade cuando consideramos el tempo que requiere la garantía de cada uno de estos diversos tipos de derechos, mientras que los DCP pueden ser restablecidos en acto, los DESC sólo se pueden garantizar progresivamente.[4] Para algunos (Barrios, 1997), la progresividad es uno de los principales obstáculos a la exigibilidad de los DESC, toda vez que su garantía difiere; para otros, como la organización Social Watch, la progresividad se convierte justamente en el reto para analizar, con un enfoque de políticas, el coeficiente de intencionalidad, a fin de establecer objetivamente hasta qué punto un gobierno utiliza “hasta el máximo los recursos de que disponga” para garantizar los DESC. Otro problema aparece cuando se considera a los sujetos obligados, dado que para la garantía de los DESC se requiere que intervengan otros actores además del Estado (empresas en relación con el empleo, como el ejemplo anterior) pero:

¿cómo implicar en el cumplimiento de los DESC a las instituciones internacionales, las empresas nacionales o transnacionales, los individuos o la sociedad en general? Sólo los Estados ratifican un instrumento internacional, pero los derechos humanos, patrimonio universal, se imponen o deberían imponerse a todos. Es, para el Comité [DESC de la ONU], un tema de preocupación permanente en el cual no se ha avanzado lo suficiente hasta ahora (Teixier, 2005: 119).

La falta de avance señalada tiene muchas vertientes, una de las cuales debe enfatizarse en el campo de las PP: las relaciones de poder contemporáneas, que rebasan a los Estados nacionales, a partir de la entrada en escena de otros actores con poder de decisión que no pueden ser controlados en el ámbito nacional, como las empresas transnacionales o los organismos financieros multilaterales, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial de Comercio (OMC), o el Banco Mundial (BM). Frente a éstos, los organismos multilaterales de carácter político, como la ONU, asumen un papel sólo normativo, sin capacidad —más allá de los consensos discursivos— de una inducción real de las PP de los gobiernos. Incluso habría que reconocer que los organismos que sí tienen esta posibilidad, como los del ámbito económico-financiero (por ejemplo, los ya citados FMI, OMC, BM) actúan en muchas ocasiones contrariamente a la realización de los DH, particularmente en lo referido a los países menos aventajados, tal y como ha sido ampliamente documentado por uno de sus directivos, que además fue premio Nobel de economía, quien atinadamente los caracterizó diciendo que de facto se han convertido en el gobierno mundial, sin que haya un Estado mundial que los rija y al cual le rindan cuentas (Stiglitz, 2002).

Lo anterior no refiere una circunstancia, sino que se relaciona con una transformación de época que, por lo mismo, desafía a la realización de los DH. La globalización pone en cuestión las características del Estado nacional, es necesario reconocer las transformaciones que éste experimenta, tanto por arriba, por las presiones globales, como por abajo, por las demandas de la ciudadanía de inclusión en las decisiones públicas (Vallespín, 2000). Los Estados tienden a ser rebasados por relaciones estructurales de interdependencia, se convierten en regulados más que en reguladores, atrapados en una red de juegos cuyo control les escapa y, por lo tanto, las decisiones corresponden al acuerdo entre múltiples actores, ninguno de los cuales puede determinarlas por sí solo, por lo que los procesos decisionales dependen del acuerdo y la interacción entre varios de ellos “que tienen intereses contradictorios, pero que son lo suficientes independientes entre sí para que ninguno pueda imponer una solución por sí sólo, y a la vez son lo suficientemente dependientes como para que todos pierdan si no se encuentra alguna solución” (Schmitter, citado por Chevalier: 207. La traducción es mía).

La transformación del Estado conduce, entonces, a que las posibilidades de transformación de la norma, en este caso los DH, ya no dependan sólo del ámbito nacional y que crecientemente haya que ubicar las estrategias para su realización también en el ámbito internacional.

La relación entre marco normativo y políticas

No hay que argumentar demasiado, desde un enfoque de políticas, para afirmar que la existencia de una norma no implica que ésta siempre será un criterio de orientación para las políticas que efectivamente se realizan. La distancia entre lo que debiera y lo que pudiera hacerse es uno de los temas más antiguos en la ciencia política en general. La relación inversa introdujo una reflexión interesante.

A partir de diversos casos de litigio estratégico, se lograron precedentes judiciales importantes en materia de vivienda, trabajo, derechos de los pueblos originarios, entre otros.[5] Sin embargo, la experiencia demostró muy pronto que los precedentes jurídicos no necesariamente se tradujeron en cambios en las políticas; no obstante las sentencias en instancias internacionales, la orientación específica de las políticas públicas continuó siendo dirigida por los organismos financieros multilaterales. Ante ello, analizar cómo las PP pueden ser instrumentos para la garantía de los derechos implica —ahora de manera evidente— rebasar el marco sólo judicial al que durante un tiempo se circunscribió la reflexión sobre la garantía de los derechos humanos, poniendo énfasis para ello en la distinción entre justiciabilidad y exigibilidad, aspectos sobre los cuales volveré en el apartado siguiente. Antes de hacerlo, conviene ver la manera en que normativa, aunque no jurídicamente, surgen los DH como criterios de las PP.

La relación de los DH con el proceso de formulación de las políticas

La ONU ha asumido la importancia de incorporar los DH en las políticas de cooperación al desarrollo. Actualmente lleva a cabo un proceso de sistematización de los principales lineamientos que se siguen de los pactos y las declaraciones de este organismo, a partir de la reforma interna que elevó de rango a la Comisión de Derechos Humanos en el Consejo de Derechos Humanos, mismo que ha denominado Enfoque de la Cooperación para el Desarrollo Basado en los Derechos Humanos (ONU) en los que se sugieren algunos elementos para incorporar en las PP el enfoque de DH. Por otra parte, ha constituido un Comité de Expertos en Administración Pública, con el fin de apoyar los procesos del Consejo Económico Social, así como del cumplimiento de los Objetivos del Milenio (ODM).

El papel de la ONU, como el de todo ente político, es bastante polémico; considero que no se pueden menospreciar sus alcances ni soslayar sus restricciones para el impulso real a los DH en las PP. Entre los primeros está la promoción de consensos discursivos, la realización de estudios, la sistematización de experiencias, los llamados de atención sobre situaciones violatorias o nugatorias de los derechos, las propuestas de alternativas de nuevos enfoques de PP, todo lo cual se puede apreciar en la enorme cantidad de documentos que produce. Entre los segundos está la falta de congruencia que algunas de sus agencias tienen con la propia concepción de interdependencia de los diversos DH, muy probablemente asociada a presiones políticas en el ámbito internacional. Un ejemplo de lo anterior sería el mismo diseño de los ODM, ya que, a pesar de ser todos de un valor indudable, las metas acordadas son sólo un pálido reflejo de éstos, toda vez que se fijaron objetivos iguales para todos los países, a la baja, sin tener en cuenta su grado relativo de desarrollo. Se ubican en la misma línea de las recomendaciones de política social que los organismos multilaterales hacen a los países rezagados, se trata del mejoramiento de algunos indicadores que permiten la superación de la pobreza extrema (o indigencia), pero que no aseguran una tendencia sostenible hacia su superación, mucho menos la necesaria reducción de la desigualdad. Lo que es más, los objetivos enfatizan algunos derechos ignorando otros, como la propia CEPAL (organismo de la ONU) argumentara en relación con el trabajo:

Los problemas de insuficiencia de empleos y de baja calidad de estos son los más apremiantes: el desempleo abierto aumentó del 6,9% en 1990 al 10% en el 2004, y el sector informal urbano y las actividades agrícolas de baja productividad absorben más de la mitad del empleo en la región. En los objetivos de desarrollo del Milenio no se destaca suficientemente este problema de primordial importancia para la región (CEPAL 2005: xx).

De lo anterior habrá que sacar una enseñanza para la ponderación adecuada de los alcances y restricciones de la ONU, su alcance es sólo prescriptivo, es un foro, pero no es un Estado mundial, su capacidad para ser contrapeso real del gobierno mundial de facto es aún bastante escaso; no sabemos incluso si su poder pueda crecer o si esté llamado a seguirlo perdiendo, como ha ocurrido en las dos últimas décadas. Lo cierto es que lo prescriptivo tiene importancia en la elaboración de PP pero de ninguna manera resulta suficiente.

En América Latina, cada vez un mayor número de organismos multilaterales incorpora entre sus propuestas de reforma a las políticas el tema de los DH, la CEPAL al proponer para Latinoamérica los contratos de cohesión social afirma:

se parte de este principio, es decir de que la titularidad de los derechos debe guiar las políticas públicas. Se trata de orientar el desarrollo conforme al marco normativo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, plasmado en acuerdos vinculantes, tanto nacionales como internacionales. Esto exige a su vez un contrato o pacto social que debe materializarse políticamente tanto en la legislación como en políticas públicas (CEPAL, 2006: 14).

Con la recomendación de la Conferencia de Viena, en el sentido de que los gobiernos establezcan programas de derechos humanos, se ha iniciado una reflexión sobre las políticas en materia de DCP, sin que parezca ser abundante la reflexión sobre PP y DCP, por lo menos no al mismo nivel en que —de manera aún embrionaria— se reflexiona sobre los DESC y las PP. En diversos países, México entre ellos, se han elaborado programas gubernamentales a partir que en la conferencia de Viena sobre DH en 1993, cuando se acordó que “la Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda que cada Estado considere la posibilidad de elaborar un plan de acción nacional en el que se determinen las medidas necesarias para que ese Estado mejore la promoción y protección de los derechos humanos”.[6] En el caso de México, los programas se orientan a la difusión a la sociedad y a los funcionarios gubernamentales de los DH, lo cual lleva a formular una pregunta fundamental ¿se trata de una política de DH, tendiente a la difusión de éstos, o de DH en las políticas, entendido como la vigencia de los DH en las políticas públicas? Por supuesto que ambas opciones no están reñidas, pero la falta de claridad en la diferenciación plantea el riesgo de la reducción de la garantía de los DH a la sola difusión de los mismos. La discusión a fondo de estos asuntos apela a la discusión sobre indicadores, estándares internacionales, criterios y componentes de los DH. Temas que ahora han proliferado en las discusiones entre los organismos multilaterales y las organizaciones civiles, con una menor participación de los ámbitos académicos, que mucho contribuirían a superar las que parecen ser tendencias dominantes de reducir los indicadores a aspectos formales, más que a aspectos sustantivos.

Ubicar los DH como orientación de las políticas públicas implica abordar la tensión entre marco normativo (los DH), los recursos para financiarlos y las estrategias para garantizarlos, así como las instituciones para procesarlos y la exigibilidad de los diversos actores sociales. Hemos visto las restricciones de los Estados nacionales y de los organismos políticos multilaterales, falta echar una mirada a las potencialidades de actuación de los diversos actores sociales. Este último aspecto nos remite a un tema político básico para abordar la “política de las políticas”, éste es: las identidades y las estrategias de los actores sociales.

Actores sociales y derechos

el enfoque basado en derechos considera que el primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos es reconocer que ellos son titulares de derechos que obligan al Estado […] se procura cambiar la lógica de los procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas (Abramovich, 2006: 36).

A la vez, el punto de partida de todo análisis de la acción política es el comportamiento de los sujetos sociales, los intereses que los mueven, los valores que los guían y las estrategias que construyen, por lo tanto analizar la política de las políticas de DH requiere establecer la relación de los derechos con las estrategias de los actores sociales.

En América Latina la difusión de los DH guarda una relación estrecha con los procesos políticos de los setenta y ochenta en los que, ante diversas formas de acción política de los sectores populares, la respuesta fue la represión violenta de los gobiernos, frente a lo cual apareció la exigencia de respeto a los DH. Ante lo avasallador del autoritarismo político y de la absolutización del mercado surgieron múltiples intentos de diversos actores sociales para modificar estas tendencias. Lo anterior condujo a la versión latinoamericana de sociedad civil, cuya teoría específica está aún por elaborarse, distinta de las vías estadounidense y europea occidental y, por supuesto, muy diferente a la vía europeo oriental, por más que algunos autores quieran poner a todas en un mismo saco;[7] en Latinoamérica, a diferencia de Europa Oriental, la categoría de sociedad civil funcionaba como elemento comprehensivo que permitía dar cuenta de la multiplicidad de actores que propugnaban el cambio político y socieconómico, incluso de las relaciones entre Estado y sociedad:

muchas organizaciones ya existentes de la sociedad civil resucitan como tales y dejan, por lo tanto, de ser cascarones conquistados por el aparato estatal. Por eso mismo, pasan a ser campos de lucha en los que se dirime quien, y en apoyo de que, hablará desde ellas, dirigiéndose al público más amplio y no ya sólo a los vericuetos de la burocracia estatal […] junto a esas viejas organizaciones emergen nuevas formas asociativas que son testimonio del dinamismo social que […] el BA (Burocratismo Autoritario) no pudo suprimir. Comités de barrio, organizaciones de autoayuda, movimientos sindicales o barriales de base, instituciones populares de la Iglesia Católica u otras confesiones, son parte de una larga lista con la que —sobre todo— el sector popular destila el aprendizaje que dejó el duro periodo anterior (O’Donell, 1985: 184).

Esta diversidad de movimientos que se cobijó en la categoría de sociedad civil se convirtió en la reivindicadora de las demandas que acompañaron el proceso latinoamericano y que le confirieron especificidad: DH, democracia, redistribución del ingreso, equidad, inclusión, entre las principales, y que hoy se convierten en una demanda de políticas públicas orientadas a partir de los DH, tanto a través de litigios estratégicos[8] como de acciones políticas. Para hacer una distinción entre ambas, conviene hacer una diferenciación previa entre justiciabilidad y exigibilidad de los derechos.

Todos coinciden en que un derecho, para que tenga eficacia en las políticas, debe ser exigible, que es lo que lleva a la definición de la justiciabilidad a partir de:

Decir que un derecho es exigible implica […] que una autoridad del Estado —o de una organización intergubernamental— es competente para recibir reclamos por violaciones y determinar las sanciones y las reparaciones correspondientes. Si esa autoridad es un juez o un tribunal entonces se habla de la justiciabilidad del derecho… (de Roux y Ramírez, 2004:16. El subrayado es mío).

La exigibilidad por su parte se puede definir como:

un proceso sociopolítico en el que a través de mecanismos diversos, uno de los cuales es el judicial, se exige a los Estados el cumplimiento de sus obligaciones para con la ciudadanía, en tanto que detentadora de derechos […] es el uso del poder político de la sociedad para exigir del Estado el cumplimiento de las obligaciones que por derecho le corresponden (Canto, 2004: 256).

Para el análisis de la política de las políticas es fundamental la dimensión del reclamo de la sociedad a las autoridades públicas. Una concepción centrada sólo en el gobierno y, por tanto, de las políticas de “arriba-abajo” considera que lo fundamental es la legislación existente, el trabajo especializado de las burocracias y las preferencias de los decisores, por lo que influir en pp se entenderá como la acción de convencerlos. Por lo contrario, una concepción como la que se ha desarrollado a partir de las experiencias latinoamericanas, que parte de la conflictividad inherente a toda vida social, de las expresiones de los intereses de los diversos sectores sociales y de las presiones que desarrollan para poder realizarlos, es decir “abajo-arriba”, pone el énfasis en las capacidades de los distintos actores sociales para influir sobre el gobierno, que tiene la virtud política de generar resultados cuya suma no sea cero. En esta perspectiva la influencia en PP pasa por el entramado de poder y por la fuerza de los sujetos de exigibilidad para que sean oídas y atendidas sus demandas.

Esta nueva situación ha sido tematizada bajo la categoría de gobernanza,[9]

que aparece como el desafío contemporáneo en el diseño de políticas eficaces y con capacidad de generar apego a la democracia, lo que implica que el gobierno no es el monopolizador de las decisiones públicas sino el centro de una tupida red de diversos actores sociales. Las experiencias que ya están en curso desde hace décadas en América Latina contribuirán sin duda, por medio de su institucionalización, al urgente rediseño del Estado.

La institucionalización de los procesos participativos contribuye a una mayor capacidad de “exigibilidad” por parte de la población al hacer “justiciables” sus demandas de intervención en las decisiones públicas. Pero la institucionalización no es remedio mágico, sino que genera nuevas contradicciones […]. Sin duda que en todo proceso de institucionalización se gana y se pierde algo, la resultante entre ambos sólo se puede medir en función de la conquista de nuevos y mayores derechos para la población. La eficacia de la participación tal vez esté más en función de los contextos políticos que en función de la bondad intrínseca de los diseños institucionales […] (Canto, 2008: 32-33).

Los alcances políticos de la participación como exigibilidad de derechos es, sin duda, el tema en el que desembocan necesariamente los argumentos anteriores. Hay una importante experiencia de organismos especializados en la promoción de derechos que, vía la presentación de informes alternativos a los informes que periódicamente tienen que presentar los gobiernos, logran la emisión de recomendaciones de los comités de DH a las omisiones que, en materia de cumplimiento de DH, incurren los diversos países. En ocasiones, estas recomendaciones dan lugar a observaciones generales con mayor alcance normativo, sin embargo no es común que las recomendaciones se conviertan en políticas, ya que la fuerza política de los organismos especializados y de sus aliados actuales aún es poca como para forzar a los gobiernos a cumplir sus compromisos.

Un punto de mayor importancia es saber si hay sectores de la sociedad, más allá de las organizaciones civiles especializadas, cuyas reivindicaciones se fundamenten en derechos. La opinión común parece incluso establecer una incompatibilidad entre las demandas de las organizaciones de clase y la reivindicación de derechos para toda la sociedad. Durante algún tiempo, los sindicatos tuvieron la capacidad para que sus demandas se incluyeran en las legislaciones, sin embargo, tanto por el autoritarismo militar de los sesenta a los ochenta, como por las reformas socieconómicas guiadas por el Consenso de Washington, los sindicatos estuvieron en franco retroceso. Hoy parecen recuperar un nivel de interlocución[10] que, si bien no es comparable al alcanzado en los años del despegue industrial, sí resulta de importancia para la vida pública (Araya et al., 2009; BID, 2006). Esto nos lleva a preguntarnos por su capacidad de convertirse en sujetos de exigibilidad de derechos; algunos responderán negativamente por suponer que por definición las demandas de clase se oponen a las demandas generales de la ciudadanía.

Boaventura de Sousa hace un interesante planteamiento sobre la relación entre demandas de clase y derechos universales cuando propone la reinvención del mundo del trabajo, señala que el movimiento sindical:

debe diseñar un nuevo abanico, más amplio y audaz, de solidaridad que responda a las nuevas condiciones de exclusión social y a las nuevas formas de opresión dentro de la producción […] un sindicalismo más político, menos sectorial y más solidario […] su acción reivindicativa debe considerar todo aquello que afecte a la vida de los trabajadores y de los ciudadanos en general” (de Sousa, 2005: 47).

¿Lo anterior qué tanto es posible que ocurra en la práctica? Para algunos, esto parecería bastante lejano, sin embargo, puede no serlo cuando vemos reivindicaciones, por poner algún ejemplo, como las del Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, cuyo largo nombre da cuenta de la diversidad de organizaciones que lo conforman: sindicales, campesinas, civiles y que en la agenda de diálogo con el gobierno mexicano solicitan “garantías sociales, para el cumplimiento de los derechos sociales universales contenidos en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (Documento Movimiento “Las organizaciones de la sociedad civil construyendo la Unidad”. 21/1106). Es probable que esto no sea una excepción en el panorama social de América Latina, indagarlo resulta urgente.

La relación de los dh con la política

Lo desarrollado en el apartado anterior es ciertamente el primer paso para el abordaje de lo político de las PP, se trata de la manera en que los diversos actores incorporan en sus estrategias, pero también en su identidad, los DH. Adicionalmente, no es sólo el asunto de demandas fundamentadas en derechos, sino el propio proceso de gestación de derechos humanos. Éstos ya no se pueden considerar como un catálogo cerrado, sino que las nuevas situaciones demandan interpretaciones novedosas de los derechos o nuevos derechos, para lo cual se combinan tradiciones intelectuales, instituciones y sujetos demandantes (San Juan, 2005). Crecientemente, los diversos actores políticos, incluso los partidarios, incorporan en sus plataformas la referencia a los DH, esto lleva a un conjunto de interrogantes, entre las que se encuentran: “¿Es posible pensar que en un marco de políticas públicas que tengan por objetivo la modificación de las tendencias a la exclusión de los DESC puedan contribuir a generar un consenso sobre la necesidad de operar reformas socieconómicas [sic] para mantener la estabilidad política, el desarrollo y la expansión de la democracia?” (Canto y Wolf, 2006: 14).

Siendo realistas, sintetizamos la respuesta a la interrogante anterior diciendo que estamos muy cerca de un consenso discursivo entre múltiples actores, que eso es un paso significativo, pero que de ninguna manera asegura que el diseño y ejecución de políticas públicas sea hecho con un enfoque de DH. Son aún múltiples las resistencias que deben superarse, sin embargo, los consensos en construcción sobre las PP y los DH requieren la referencia a los temas centrales de la ciencia política. Esto, a su vez, demanda la reconceptualización de la ciudadanía, cuya definición a partir de la titularidad de derechos ha recibido la calificación, no exenta de intención ideológica, de ciudadano pasivo, poniendo el lado activo de la ciudadanía en un conjunto de virtudes cívicas, vistas más como obligaciones que como derechos. Sin embargo, la concepción de derechos puede invocar el derecho al desarrollo para una diferente conceptualización de ciudadano activo:

El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable, en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él (Declaración sobre el derecho al desarrollo, artículo 1º, núm. 1. El subrayado es mío).

Una nueva conceptualización de ciudadanía activa, basada en derechos, podrá estar a la altura que exigen los rediseños de PP. Hay pasos significativos promisorios, pero que son más potencialidad que acto, podríamos señalar como ejemplo la redefinición que se está dando en campos específicos de las políticas públicas, como lo es uno de particular importancia en América Latina, el de la política social, la cual suele verse como sólo compensatoria de la pobreza, o como complemento del mercado; al respecto, la ONU ha señalado:

La política social es definida a menudo en términos de servicios sociales como la educación, la salud, o la seguridad social. Sin embargo, la política social incluye mucho más: distribución, protección y justicia social. La política social consiste en situar a los ciudadanos en el núcleo de las políticas públicas, ya no mediante el suministro de asistencia social residual, sino incorporando sus necesidades y voz en todos los sectores (ONU, 2007: 6).

¿Qué tanto se vuelve realidad esta nueva visión de las PP? De nueva cuenta, encontramos situaciones promisorias, más que tendencias definidas. En 2009, en la ciudad de México se aprobó oficialmente el Programa de Derechos Humanos del D.F., que pretende el diseño de PP —incluida la presupuestación— con enfoque de DH, tanto programa como políticas son elaborados con la participación de organizaciones de la sociedad civil. El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D.F. —creado en 2008—, por mandato de la Ley de Desarrollo Social del D.F., tiene como obligación la evaluación del nivel de cumplimiento de derechos sociales universales en la ciudad, y actualmente se encuentra elaborando una metodología para cumplir tal propósito. Diversas osc impulsaron y lograron en 2010 la suscripción de la “Carta por el derecho a la ciudad”. Son aún muchas las dificultades técnicas a vencer, aún no se encuentran suficientemente desarrollados los recursos metodológicos, bases de datos, series históricas, indicadores, índices, entre otros, pero dar pasos en este sentido fuerza a desarrollarlos.

En otras grandes ciudades de América Latina, se siguen procesos similares, en São Paulo, el Derecho a la ciudad forma parte ya de los criterios para discutir la reforma urbana (Saule, 2008), no es gratuito que así sea, los Estados nacionales —como ya hemos visto páginas atrás— se encuentran bastante constreñidos por el “gobierno mundial de facto” como para operar innovaciones en este sentido. Los gobiernos locales de ciudades pequeñas y medianas no cuentan con los recursos necesarios para operar PP de alcance significativo, por ello las metrópolis se han convertido en un terreno de experimentación. En éstas las diversas alianzas sociales avanzan en la tarea de generar PP eficientes y democráticas, con criterios de orientación, fundamentadas en los DH, capaces de permear su diseño, ejecución y evaluación.

Conclusiones

Ahora intentamos algunas respuestas a las interrogantes iniciales. Sobre el asunto de si los DH son sólo un criterio de orientación de las PP, o si desempeñan un papel relevante en su gestación, implementación y evaluación, habrá que responder que hasta ahora sólo se desenvuelven como criterios de orientación, no obstante, tampoco desdeñarían diversos trabajos que de manera sectorial (en educación, salud vivienda, entre los principales) parten de una formulación de derechos e intentan diseñar estrategias e instrumentos y ponderar costos de su puesta en práctica. Ciertamente que estos trabajos, de naturaleza más bien técnica y acotada a regiones específicas, aún no dan lugar a una reflexión más de conjunto que intente generalizar el análisis de los retos concretos de diseñar PP con perspectiva de DH. Sabemos de múltiples organizaciones civiles que se plantean el desarrollo concreto de metodologías de diseño de políticas para situaciones específicas, pero aún está pendiente el trabajo académico de sistematización y de crítica sobre sus alcances y restricciones. Por ahora, todos éstos son intentos promisorios.

A la interrogante sobre si los DH contribuirían a modificar el sentido y los procesos de las políticas públicas, habrá que responder que por ahora parecen ser la única alternativa para superar el estancamiento de la discusión ideológica en torno de las PP en Latinoamérica. La discusión entre neoliberales y neo-socialdemócratas se ha agotado. Cuando la CEPAL aborda el asunto de la reorientación del desarrollo latinoamericano, retoma la discusión de la Unión Europea (UE) sobre la cohesión Social, pero mientras que la fundamentación de la UE tiende a insistir en el carácter instrumental de sus políticas de cohesión, la CEPAL lleva esta discusión al pleno de los derechos del ciudadano y al sentido de pertenencia de éstos a una comunidad jurídica, ubica la discusión en el ámbito de la ciudadanía moderna que:

supone avanzar en la plena universalidad de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, lo que requiere conjugar el Estado de derecho, el respeto a las libertades, la representación política y el mayor acceso a oportunidades de bienestar, de uso productivo de capacidades y de protección social. La titularidad de los derechos sociales encarna la efectiva pertenencia a la sociedad, pues implica que todos los ciudadanos estén incluidos en la dinámica del desarrollo y gocen del bienestar que este desarrollo promueve. Supone un freno a las desigualdades económicas mediante la acción deliberada del Estado, pues tales desigualdades, más allá de cierto punto, privan a muchos miembros de la sociedad de una real pertenencia a esta. Supone además un reconocimiento de todos los miembros de la sociedad sin distinciones de género, raza, etnia, edad, grupo socioeconómico o localización geográfica (CEPAL, 2007: 23).

Cabe señalar que sigue pendiente el asunto del diseño de las PP concretas que permitan la realización de estos criterios de orientación, pero si los DH pueden serlo más allá de las disputas ideológicas contemporáneas es porque son obligaciones contraídas por los Estados; lo que haría falta para su traducción en políticas públicas es la formación de amplias coaliciones de sujetos con la capacidad política suficiente para exigir a los Estados el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Este asunto remite obviamente a la tercera interrogante sobre la contribución de los DH a la identidad y estrategia de los diversos actores sociales que pugnan por la reorientación de las políticas.

Ésta quizá sea el aporte más específico de los DH en la región y el menos valorado. Haber contribuido a la identidad de múltiples actores sociales, de esa diversidad que en algún momento, más comprehensiva que normativamente, se identificó con la categoría de sociedad civil. Además de la sistematización de este proceso, quedan pendientes diversas discusiones que surgen de éste: la relación entre DH y culturales tradicionales, más fincadas en la comunidad que en el contrato. La relación entre organizaciones de clase, que pese a todo siguen existiendo e influyendo en la vida pública, y organizaciones con identidad ciudadana que reivindican derechos generalizables. Los alcances y las perspectivas de los instrumentos para la intervención de los sujetos de exigibilidad de derechos en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

Todos estos temas, y muchos más, tendrán que retomarse al preguntar por la relación entre PP y DH, por ahora la bibliografía existente nos sugiere más preguntas que respuestas.

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[*] Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Metropolita-Xochimilco.

[1] Entre otros se puede señalar: Artigas (2003). Carlos de Roux y Juan C. Ramírez (2004). CEPAL (2006).

[2] Es sabido, aunque no está de más referirlo, que el concepto se acuñó originalmente en lengua inglesa: Public Policy, en tanto que no hay una expresión en uso en castellano que haga referencia exacta al sentido de Policy, se convino en traducirlo por políticas (en plural) para diferenciarlo de política (relaciones de poder), no obstante, en el uso habitual la distinción no se mantiene, toda vez que se utiliza la expresión en singular para referirse a políticas públicas específicas o sectoriales, por ejemplo: política social, para dar cuenta de las PP que se dirigen al desarrollo social.

[3] El énfasis en cada una de estas tres funciones dio lugar a una denominación específica del Estado, así la regulación económica, inspirada en la teoría de Keynes, llevó a hablar del Estado keynesiano, la procura del bienestar llevó a hablar del Estado de bienestar, la negociación con las formas sociales de representación, que desplazaron la centralidad del votante individual, llevaron a hablar del Estado corporativo. Quienes prefieren articular las tres funciones proponen la categoría de Estado social, que indica a la vez la ruptura de la separación rígida entre economía y política, privado y público.

[4] El mismo Pacto Internacional de los DESC (PIDESC) así lo establece, en su artículo 2º señala: “Cada uno de los Estados partes del presente Pacto se compromete a adoptar medidas […] hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente […] la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos” (PIDESC, art. 2, frac. 1).

[5] Un panorama muy amplio sobre los casos de litigios exitosos se halla en tdhf (1997), y también en Observatorio desc (2002).

[6] Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Declaración y Programa de Acción de Viena, Viena, 14 a 25 de junio de 1993.

[7] Son tres las experiencias fundantes del pensamiento contemporáneo sobre sociedad civil: 1) los movimientos sociales que contribuyeron a la ruptura del sistema socialista en Europa Oriental; 2) las experiencias de los movimientos sociales en Europa Occidental y Norteamérica tendentes a la liberalización de sus sociedades; 3) las luchas latinoamericanas por la democratización y el desarrollo de sus sociedades. Cada uno de estos procesos imprimió especificidades a sus expresiones teóricas, en las que también se libró la batalla político-ideológica. No distinguir estas diferencias lleva a serios equívocos, para poner un ejemplo: la teorización hecha en Estados Unidos sobre el proceso de transición a la democracia de Europa Oriental pretende asimilar a éste la experiencia de lo acontecido en Latinoamérica suponiendo, con poco escrúpulo sobre el dato empírico, que en ambos casos se trató de movimientos en contra de la “hipertrofia estatal autoritaria”; la especificidad de la experiencia demanda la especificidad de la teoría. En la experiencia de Europa Oriental, la reivindicación fundamental se dirigió en contra del socialismo, por lo tanto tuvo un fuerte contenido antiestatista y a favor del mercado, en un contexto internacional de las ciencias sociales en el que la crítica al Estado y la reivindicación neoliberal del mercado se convertían en dominantes. Esta situación imprimió las características de quienes teorizaron en función de esta experiencia, éstos expresaban las acciones de los diversos agregados sociales participantes como movimientos democratizadores autolimitados, que no pretenden la transformación de toda la sociedad, y que procuran volver a crear las formas de solidaridad sin obstaculizar la autorregulación económica, poniendo entonces el énfasis del sentido de la categoría sociedad civil en la dimensión normativa. En América Latina, por lo contrario, el uso del término sociedad civil apareció marcado por la relación con sus dos oponentes fundamentales, por un lado el autoritarismo estatal, recordemos que el término empieza a ser utilizado en al en los momentos de la más fuerte represión de las dictaduras militares, pero también en contra de la desigualdad, que tenía una herencia histórica pero que las dictaduras acrecentaron exorbitantemente. En consecuencia, a diferencia de la experiencia de Europa del Este, en América Latina el uso del término sociedad civil se define frente al Estado, pero también ante el mercado, al surgir este planteamiento en un contexto teórico de legitimación del mercado y deslegitimación del Estado, que llevó incluso a la cancelación de la investigación de ciencias sociales en muchas universidades latinoamericanas. El uso dado a la categoría sociedad civil tuvo que soportar el destierro a la marginalidad académica, la que sólo la reivindicó a partir de leerla con las claves heredadas de la teorización sobre Europa del Este, desestimando lo avanzado al respecto en América Latina. Por eso es que el desarrollo de las implicaciones estratégicas de la categoría sociedad civil se realizó más en el ámbito de las OSC que en el de la academia.

[8] No conozco un texto —que seguramente existe— que dé cuenta de la sistematización de la diversidad de prácticas contemporáneas de reclamo de derechos que se realizan desde la Sociedad Civil, sabemos de la cantidad de litigios ante el sistema interamericano, de informes alternativos ante los comités de la onu, si no existiera sería urgente su elaboración.

[9] Este tema lo he desarrollado de manera más amplia en Canto (2008), del cual tomé la cita siguiente.

[10] Sobre la recuperación de las organizaciones laborales un informe del BID señala “los sindicatos ahora tienen menos peso que antes en el PFP [proceso de formación de políticas], pero todavía influyen, especialmente si el partido que está en el poder es un partido de los trabajadores, si logran movilizar a los trabajadores del sector público, y si pueden forjar alianzas más amplias con los consumidores o aliados transnacionales, como los consumidores de Estados Unidos” (BID, 2006: 119-120).

Historia y derechos humanos

Silvia Dutrénit Bielous[*]

Preguntarse sobre la intersección entre historia y derechos humanos (DH), o hacerlo desde la indagación del historiador respecto a esta temática, impone ubicar unos pocos asuntos desde la disciplina. Con ello no quiero decir que sea posible encontrar un único atajo que nos lleve a una clara determinación disciplinaria y temática. Todo lo contrario. En el texto se bucea entre ciertas discusiones historiográficas en cuanto al campo de la Historia del tiempo presente (HTP) y abordajes sobre DH. El propósito es intentar determinar el quehacer de la disciplina y el papel de los historiadores en uno de sus campos específicos, aquel que centra su enfoque en las tragedias político-estatales que conllevaron violaciones de los DH, con una larga saga de delitos de lesa humanidad concentrados ejemplarmente en el siglo XX, que dejaron un saldo de miles y millones de víctimas.[1] Enfoque, por cierto, en el que coincide como nunca el interés investigativo del historiador con el profesional de otras disciplinas.

En este acotamiento de observación destaca con fuerza la presencia de la víctima, figura que aparece en contraposición a la del victimario o responsable de las violaciones. Asimismo, se observa un tránsito del historiador, de hacedor de conocimiento liso y llano, a un profesional que tiene el reto de comprometerse en su papel de científico, con su historia vivida, hasta llegar a los tribunales para testimoniar en virtud de sus competencias sobre los hechos ocurridos. Se trata de un proceso que se ha denominado judicialización de la memoria o del pasado, en el que el historiador tiende a ser el que aporta los datos verificados o verificables, en un escenario en donde las memorias están confrontadas. He aquí también uno de los puntos de interés y de desafío para la Historia, su relación de cercanía y de alejamiento con la memoria. Atenderla es pertinente, dado que “la confusión conceptual es grave porque circula en el ámbito de la política más coloquial en la que se forman convicciones, elaboran argumentos y se definen prácticas”, como afirma el historiador José Rilla (Nora, 2002: 8). Aún más, en la medida, pues, que compiten por un campo, pero desde reglas particulares a cada una, se vuelve ineludible ubicarlas desde sus especificidades. Por eso la convocatoria es en el plano de un pasado en discusión y de un presente en que se ejerce esa judicialización a sabiendas de que la historia buscará siempre superar las consecuencias del “deber de memoria” para trascenderlas con lo relativo, alcanzar la pertenencia a todos y posicionarse en lo universal (Nora, 2002: 21).

Así pues en las próximas páginas se fija la mirada sobre lo que se ha considerado una intersección recurrente cuando se trata de delimitar la relación disciplinaria/temática: HTP, memoria-historia y derechos humanos, violaciones y oficio del historiador.

Acerca de la historia del tiempo presente

El pasado próximo se impuso como protagónico en nuestro presente, lo conquista en cierta forma por su permanente estatus de espacio referencial para algunas y subsecuentes generaciones. No es cualquier pasado, es un pasado que afecta a las sociedades actuales procesándose como acontecimientos traumáticos. En Europa está signado por las grandes guerras y el Holocausto, y también por los totalitarismos, mientras que en África lo marcan el apartheid, las luchas por la liberación, los desplazamientos y las hambrunas, más recientemente el conflicto de la ex Yugoeslavia y lo sucedido en algunos países de Asia.[2] Para América Latina, en particular, un pasado plasmado en las dictaduras de seguridad nacional y el ejercicio del terror de Estado, el cruento conflicto centroamericano, cuya expresión más brutal se muestra nacionalmente en el genocidio guatemalteco.

La HTP parte del interés por ubicar y estudiar esos acontecimientos pasados que, a su vez, invaden y dominan la cotidianidad de varias generaciones coetáneas. El tiempo presente es el tiempo de la experiencia vivida, como lo definiera Francois Bédarida (1998) y que Julio Aróstegui definiese como la historia vivida (2004); es el tiempo, pues, de los testigos presenciales, donde hay una memoria viva.

Fue en algunos centros e institutos de investigación europeos en donde comenzó el trabajo historiográfico en este campo, y a finales de los años setenta del siglo XX, se creó en París el Institut d’Histoire du Temps Présent (Instituto de Historia del Tiempo Presente) dentro de las actividades del Centre National de la Reserche Scientifique (CNRS). Con su fundación, el Instituto dio impulso a la especialización que ya tenía un trecho de camino recorrido. Abonó en esta construcción historiográfica el seminario de Pierre Nora en l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) (Soto, 1999-2000; Cuesta, 1983).

El desarrollo, entonces, de la HTP se identifica con los grandes cataclismos políticos y sociales. Hasta su institucionalización, el trabajo historiográfico no traspasaba el límite del fin de la segunda guerra mundial que, a su vez, formaba parte de un arco temporal establecido entre la Revolución francesa y esa hecatombe bélica del siglo XX. Se trataba de la historia contemporánea anclada en la era de las revoluciones liberales. Lo contemporáneo, que debería entenderse como lo sincrónico, concluía para los historiadores en 1945 en adelante, los sucesos no eran parte del hacer historiográfico. “¿Cómo sostener, pues, que nosotros éramos los contemporáneos de Robespierre o de Napoleón? De ahí la sustitución del término radicalmente ambiguo de historia contemporánea por la expresión tiempo presente que se ha impuesto e institucionalizado” aunque ello no es lo único y de mayor calado, afirmaría Bédarida (1998: 21).

Esa pérdida del sentido originario del término contemporáneo y la fuerza removedora que ocasionaron las sucesivas y cercanas convulsiones históricas condujeron a promover temas de estudio vinculados tanto a las características de la represión de Estado y sus colaboradores, como a sus efectos devastadores, jerarquizando la figura de la víctima (víctima de la violaciones de los DH, en muchos casos comprendidas como delitos de lesa humanidad) y las características de la resistencia social y política. Se podría decir aún más: que la demanda historiográfica estuvo y sigue estando marcada por un consumo inmediato de la sociedad, a través de los medios de comunicación e incluso de la justicia (Mateos, 1998; Huyssen, 2002).

Se trata de un “estado” público de la necesidad de investigar la verdad y, eventualmente, de aplicar la justicia en las situaciones que tienen sustento especialmente en el sistema de justicia internacional, surgido luego de la segunda guerra mundial y fortalecido en las últimas décadas. La lista preliminar y no taxativa de delitos contiene: desapariciones forzadas, torturas, abusos sexuales, manipulación y destrucción metódica de la personalidad de los detenidos, como un objetivo adicional de las torturas y malos tratos (además de la obtención de información), ausencia de un proceso justo, detención, cárcel y ejecuciones ilegales, esclavización de los detenidos, represalias a familiares y amigos de presos y perseguidos; delitos económicos cometidos por agentes del Estado como pillaje, chantaje, extorsión (a veces extendidos a personas sin relación alguna con la política) y comercio de bienes robados, falsificación y tráfico de documentos, secuestros, toma de rehenes, apropiación y tráfico de menores, sustitución forzada de identidad y homicidios en masa. En el caso argentino, la sala penal de la Audiencia Nacional Española y, posteriormente, la magistratura argentina han estimado también la existencia del delito de genocidio, lo mismo que en la causa llevada a tribunales por la FEMOSPP respecto del 2 de octubre de 1968 y al Jueves de Corpus del 10 de junio de 1971 en México. La consumación de los delitos incluiría prácticas no siempre tangibles, como la ausencia de distintas libertades y la persistencia cotidiana del terror (Dutrénit y Varela, 2010: 75-76).

Pero es necesario señalar que la propuesta de la HTP no se refiere a un periodo histórico o a una denominación cronológica, sino que más bien es una categoría historiográfica.

no es un nuevo momento de la Historia Universal sino una exploración de una cualidad propia de todo lo histórico: la de la historicidad misma según es percibida por los sujetos que actúan en una determinada coyuntura temporal […] En definitiva, la Historia del Presente propone que cada momento histórico con unos determinados actores es en sí mismo una ‘historia presente’ según la percepción de su propios actores. La Historia del Presente equivale a la coetaneidad (Aróstegui, s.f.).

Bédarida lo señaló en su momento: “La mayor innovación la constituye la interacción entre pasado y presente”. Sostuvo asimismo que el calado sustantivo está en la temporalidad y lo argumenta:

No hay pasado ni porvenir sino a través del presente. Observemos que Reinhart Kosselleck se pronuncia en este mismo sentido cuando sitúa el acontecimiento en una tensión entre dos categorías temporales: el espacio de experiencia y el horizonte de expectativa. Si el pasado no existe ya, el porvenir permanece; si el futuro existe todavía, la expectativa del porvenir está presente. El presente es la transición entre lo que fue futuro y lo que deviene pasado (Bédarida, 1998: 21).[3]

No es posible pues que se ajuste a una definición estrictamente temporal, cronológica sino categorial, como tampoco es factible ubicarlo en la perspectiva de una estricta innovación historiográfica. Una mirada rápida a una época remota, como hace Aróstegui (2004), permite vislumbrar orígenes tan lejanos de historiar el tiempo personal como aquellos de la antigua Grecia, cuando Tucídides desempeñó su oficio en su Historia de la Guerra del Peloponeso, dedicando especial interés a los acontecimientos que eran parte de su cotidianidad.

Al volver sobre lo vivido, el énfasis de la HTP está en los acontecimientos más que en las estructuras, dando un giro en el interés que venía manifestando la Escuela de los Anales.[4] Los acontecimientos, además, están marcados (o constituidos) por la política, su determinación y análisis es lo que permite entender las continuidades y rupturas. Son aquéllos los que siguen presentes de alguna manera en la cotidianidad social, y es en los distintos espacios privados y públicos donde se va generando la demanda por su conocimiento y entendimiento. El retorno de la política a la investigación histórica, que había sido abandonada en parte por el prejuicio de no alimentar el positivismo, trae consigo un interés multidisciplinario que provoca tanto miradas diversas como trabajo en colectivo. En este sentido, sería casi imposible lograr rápidamente un recuento de los múltiples foros científicos organizados en la última década sobre la represión política en América Latina en temas de tortura, desaparición, robo de menores; o en España sobre la represión franquista, por ejemplo, en la evidencia de las ejecuciones y las fosas de la guerra civil, los campos de concentración, la apropiación de menores y los niños de la guerra. Sin duda, es difícil pensar en esta temática de investigación al margen de la acción pública y en un contexto de enfrentamientos entre las memorias:

Esta empatía con la sociedad hace hoy de esta corriente un sector dinámico, abierto a las otras disciplinas y estructuralmente multidisciplinario, participando en la renovación de las problemáticas y de las metodologías, evolucionando en una tensión continua entre investigación fundamental e investigación aplicada, realizando por lo tanto transferencias rápidas entre cultura erudita y vulgarización (Capdevila, 2009).

Se presenta así un asunto medular para el quehacer historiográfico: las fuentes. ¿Con qué fuentes se cuenta para poder desarrollar una investigación de acontecimientos próximos? ¿Cuáles son las posibles, cuáles las nuevas, prácticas del historiador?

Toda clase de investigación histórica impone un vasto manejo de fuentes y una prolija confrontación de su información. Con la marcha de la disciplina, ganó el convencimiento de que las fuentes más puras son las provenientes de los archivos, que los documentos impecables son los que están en los repositorios resguardados por los años de los años y siglo tras siglo. Y aun cuando la historiografía del siglo XX diversificó sus fuentes, pagó un alto tributo al aferramiento positivista del documento escrito. Sin embargo, el prejuicio fue contrapunteado con la valoración de que los documentos tienen limitaciones propias de la intencionalidad que prima cuando se elaboran. Y a diferencia del presente como tiempo vivencial, se carece de información abundante sobre los pormenores del contexto en que se escribió, o se elaboró. Sin obviar el rigor metodológico que debe primar en la crítica de las fuentes, en su cuidadoso cotejo, la HTP se ha ido construyendo sobre una diversidad de fuentes, muchas de éstas novedosas. Quizá sobresale la fuente oral, no como dominante en credibilidad, sí como medular en términos del aporte que hace el testigo presencial (enunciado en singular, pero que resulta en una pluralidad testimonial) como memoria viva. De tal modo que para el campo historiográfico esta fuente es novedosa, en tanto el documento de archivo oficial resulta un inconveniente temporal mientras transcurre el plazo establecido para que se levante el secreto de información. Empero,

El problema del método en la historia del presente no es sólo cuestión, claro está, de las fuentes. Afecta igualmente a las peculiaridades de su explicación, a la entidad de los procesos que es preciso comprender históricamente cuando aún son operativos, a los lenguajes y su análisis, a la acción social y sus condicionantes (Aróstegui, s.f.)

Claro está que otro de los asuntos centrales en este tipo de quehacer historiográfico es la propia experiencia vivida en la que están inmersos los historiadores, he aquí parte de la interpelación a quienes trabajan en la HTP.[5] ¿Cómo establecer la distancia necesaria para llegar a buscar la objetividad? ¿Cómo deslindarse de las pasiones y las heridas de ese pasado presente traumático?[6]

El historiador inglés E. J. Hobsbawm ha trabajado sobre esta encrucijada, es decir acerca de ¿qué significa hacer investigación histórica sobre acontecimientos que están, a la vez, en la percepción y en la memoria individual del historiador? Se ha respondido que una cosa es escribir la historia de la Antigüedad y otra la de la propia vida, porque genera problemas y posibilidades. En tal sentido, tres aspectos merecen considerarse: el de la fecha de nacimiento del historiador o de su generación, el de cómo la perspectiva con la que se mira el pasado puede cambiar a medida que avanza la vida y el cómo librarse de los supuestos de la época que se comparte con la mayoría de los coetáneos. La experiencia vital de un individuo es también compartida, sin embargo, “todo historiador o historiadora tiene en su propia vida una posición privilegiada desde la cual examina el mundo” (Hobsbawm, 1998: 231). Y en la experiencia colectiva las observaciones pueden tanto alcanzar consensos como disensos:

Mi propia posición está construida, entre otros materiales, con una infancia de la Viena en el decenio de 1920, los años de la ascensión de Hitler en Berlín, que determinaron mis ideas políticas y mi interés por la historia […] supongo que debido a estas cosas, mi ángulo visual es diferente incluso del de otros historiadores que comparten o compartían mi tipo de interpretación histórica y trabajaban en el mismo campo […] hasta cuando sacábamos las mismas conclusiones[…] [Por ello, cuando la escritura no es sobre la Antigüedad,] sino sobre tu propia vida, es inevitable que la experiencia personal de estos tiempos dé forma a la manera de verlos, e incluso a la manera de valorar los datos a los que todos debemos recurrir y luego presentar, con independencia de nuestros puntos de vista sobre los mismos problemas (Hobsbawm, 1998: 231-232).

Sin embargo, también se impone en la perspectiva del historiador el paso del tiempo mediado siempre por lo que acontece, lo que sin duda influye en la lectura de los documentos. El ejemplo que ofrece es el del derrumbe del bloque soviético, más allá de cómo se interpreten los acontecimientos:

El solo hecho de que así fuera basta para cambiar la percepción de todos los historiadores del siglo XX, porque convierte un espacio de tiempo en un periodo histórico con su propia estructura y su propia coherencia e incoherencia: “el siglo XX corto” (Hobsbawm, 1998: 236).

El problema, como señala el mismo historiador, es que la materia de estudio “tiene importantes funciones sociales y políticas. Estas funciones dependen de su trabajo —¿quién si no los historiadores descubre y toma nota del pasado?— pero al mismo tiempo están en contradicción con sus criterios profesionales” (Hobsbawm, 1998: 269).

Ahora bien, lejos de un pensamiento positivista, se debe distinguir entre la investigación histórica y la construcción individual o colectiva de la realidad. En tanto, la primera organiza los objetos encontrados para llegar a una verificación histórica, la segunda es ajena a ese propósito. Sin embargo, mientras que la construcción colectiva y socialmente compartida está enmarcada en la historicidad, puede ser objeto de cotejo e incluso formar parte del relato histórico.

En suma, este campo de la disciplina tiene una dimensión ética y moral, como afirman Marina Franco y Florencia Levín (2007). Se construye con preguntas ancladas muchas veces en circunstancias de dolor y se recurre a un cuestionamiento inicial: ¿cómo fue que fue posible? (Franco y Levín, 2007: 16). De ahí que María Rosaria Stabili retome el sentir de Luis Alberto Romero en el sentido de que

en la conciencia de cada estudioso pelean dos mitades, la del académico y la del ciudadano, muy difícil de separar cuando se enfrentan temas y problemas que involucran su experiencia, su identidad y aquélla de sus contemporáneos. Esta dificultad se refleja en la investigación académica y sobre todo en la investigación histórica y ayuda a entender por qué no son los historiadores los que priman en el análisis de los hechos recordados (Stabili, 2007: 12).

El historiador se enfrenta a una realidad marcada por la fragmentación de la sociedad en relación con el pasado. Las condiciones, entonces, de generación del conocimiento están cargadas de movilización social, debate público e intervención gubernamental. Un reto central de la comunidad de historiadores dedicados a la HTP es ganar la credibilidad de su hacer científico, en la medida que crece la tensión entre historia y memoria y la historia coexiste y, por qué no, compite con una revolución memorística que irradia múltiples discursos sobre el pasado.

Algunas claves de la memoria y su relación con la historia

Hoy proliferan los estudios y debates sobre la memoria. Nuestro tiempo, marcado por esta efervescencia, dista mucho de aquel de las primeras décadas del siglo XX, cuando el sociólogo francés Maurice Halbwachs acuñó la categoría de memoria colectiva y aún era lejano el momento de la publicación póstuma de su estudio pionero, La memoria colectiva, en 1950.

Esto constituye un desafío para el campo de la HTP, porque significa la presencia del “acto de hacer memoria” —aún cuando cualquiera sea su expresión o forma— como espacio privilegiado en las últimas décadas relativizando la narración histórica. Pero sin duda se refuerza cuando la eclosión memorística se alimenta de manera significativa de acontecimientos políticos traumáticos que concentran un universo de víctimas de las violaciones de los DH. La figura de la víctima, más que la del luchador social, político, del guerrillero, domina el espacio público. Es decir, la figura de la víctima tiende a opacar la del luchador social. Esto sin duda arriesga tapar actores y procesos sociales. Por ejemplo, en el caso de las Fosas Ardeatinas, Alessandro Portelli (1999) señala que los comunistas italianos generalizaron la victimización, y no reivindicaron la acción de sus comandos en el atentado que terminó con los fusilamientos indiscriminados. La obligación de la historia es investigar y sortear la imposición memorística de figuras principales. Además de lo dicho, está la configuración del otro universo, el de los victimarios y su memoria.

Esta condicionante de auge y de tensión memorística representa, a la vez, la posibilidad del acceso a las subjetividades, al conocimiento de las distintas y encontradas representaciones de lo social e individual sobre el pasado que no se localiza en otras fuentes. No obstante,

El historiador debe “servirse” de la memoria sin necesariamente rendirse ante ella, debe guardar el respeto por esa singularidad intransferible de la experiencia vivida, pero no puede, sin embargo, entregarse a ella completamente (Franco y Levín, 2007: 43).

Varias son las dimensiones de la discusión (hasta por momentos de una conflictiva existencia) entre memoria e historia y en lo particular entre las formas de memoria y de sus representaciones históricas, de las que han hecho consciencia las ciencias sociales y humanas. Hilda Sábato (2007: 225) señala que están quienes buscan subsumir la historia en la memoria, considerando que ésta es la única que remite a vivencias auténticas; y también están quienes buscan proteger la historia de las trampas de la memoria.[7] En todo caso, conviene precisar que tanto Historia como Memoria son dos maneras de representación del pasado y que, como define Ricoeur (2000), la primera tiene pretensión de veracidad mientras la segunda de fidelidad. Aún cuando es cierta esta distinción, no es menos cierto que en los procesos de construcción de sentido histórico se dificulta la separación aséptica en la intervención del historiador que participa con su texto de esa construcción (Gnecco y Zambrano, s.f.).

Por ello, entre la memoria como construcción subjetiva, como campo diverso y multiplicador de narraciones sobre el pasado, y la Historia como disciplina que está obligada a desmontar mitos políticos o sociales disfrazados de historia, el profesional se debe debatir con independencia de sus simpatías, al grado de “criticar su mitología”, como señala Hobsbwam (1998), “la historia de la identidad no es suficiente”.

Concurren sin duda muchas estrategias en las elaboraciones sobre el pasado, más aún cuando las perspectivas sobre el pasado desatan una enconada lucha en los escenarios presentes. El pasado no es sólo por lo que fue, es también por lo que significa y, aún más, se revisita desde el hoy. Un presente que ha sido colonizado por el pasado (Rabotnikof, 2007: 264).

Hay por parte de los actores en los diversos escenarios la intención o voluntad de presentar UNA narrativa del pasado, y las luchas son por intentar imponer SU versión del pasado como hegemónica, legítima, oficial, normal o parte del sentido común aceptado por todos. Cuando se trata de pasados de represión y de experiencias límite, lo que encontramos son intentos de cierre, de solución o sutura final de las cuentas con ese pasado. Sin embargo […] es que estos intentos serán siempre cuestionados y contestados por otros. Los procesos de construcción de memorias son siempre abiertos, y nunca acabados (Jelin, 2010: 36).

Ahora bien, memoria e historia interactúan en la medida que existen memorias fuertes que impugnan la narración histórica, desafiando su alcance como conocimiento que resulta de la investigación. También existe una distancia en cuanto a las respectivas temporalidades. La Historia necesita de un alejamiento suficiente de los hechos que le permita tener condiciones para recolectar, para acceder a distintas fuentes, para finalmente cotejar, verificar; mientras que la memoria se alimenta de la cualidad de lo recordado y de sus distintos momentos, desde aquella que duele, la del trauma, que no se verbaliza, hasta la que se implanta en el espacio público. La memoria está siempre en construcción y poco tiene que ver con la precisión del calendario. Muchos son los ejemplos que podrían ponerse, pero precisémoslo con lo ocurrido en México. El 2 de octubre de 1968 fue recreado por la memoria oficial como una acción cuyo motor era la conjura comunista. Esta memoria se alimentó con distintas expresiones que no aminoraban la idea del complot y que ocultaban la estrategia represiva puesta en práctica. Una memoria alternativa y débil en el espacio público, la del movimiento, evocaba la manifestación y la represión con el saldo de víctimas sin establecer. La apertura reciente de los archivos de la DFS y del CISEN como una de las respuestas al informe de la CNDH, en 2001, develó la existencia de testigos con documentación (Dutrénit y Varela, 2010: 231). Aún cuando la memoria oficial fue reajustada en nuevos presentes, el quehacer del historiador comenzó a tener materia prima para conocer los hechos —referidos en particular a los DH agredidos por la acción estatal— y organizarlos, procurar nuevas fuentes en las que no está ausente la memoria a través de distintos testigos y como objeto mismo de investigación, hasta construir esa escritura del pasado con oficio. Seguramente cuando ello sucede se redimensiona la fuerza de una de las memorias. En este caso, la alternativa y más débil. La fortaleza de una memoria no implica que coincida con la historización del pasado, la memoria, las memorias, se reitera, no tiene(n) pretensión de veracidad, se concibe(n) como la verdad.

Al observar lo acontecido en América Latina, se afirmaría que el debate de la memoria se instala una vez que toman forma las transiciones en el Cono Sur, para seguir luego en diferentes áreas regionales, como la de Centroamérica, la andina y hasta llegar a México. Un eje articulador centra ese debate y promueve la memoria que ubica como figura emblemática a la víctima. La pugna en el espacio público busca construir una memoria del horror, de las diferentes formas de violación de los DH, determinar la verdad sobre las víctimas, establecer justicia, ante una cimentación de olvido, ya sea como decisión personal, grupal o colectiva, o como imposición política, social o cultural, a través de muy diversas acciones y políticas. La memoria es un campo de lucha política y está, como se ha dicho siempre, en construcción (Coraza, 2003). Así, a la vez se busca desde otras tiendas mantener y afirmar la versión primigenia, ahora debilitada, de una memoria, la “memoria verdadera”. En el caso de Argentina, es aquélla que construye la figura de la víctima a partir del victimario (el militar responsable de delitos múltiples en el plano de los DH, lo mismo que determinados civiles) que resulta víctima de las nuevas circunstancias políticas.[8] La construcción memorística puede permitirse desafiar a la vez los hechos y las responsabilidades, por ejemplo, no existieron prisiones clandestinas, los desaparecidos nunca estuvieron presos, en la tortura apenas hubo algún exceso, los ejecutados se suicidaron, no hubo apropiación de menores. Es más, lo realizado respondió a una defensa a ultranza de las instituciones democráticas. Apenas unos fragmentos del presidente del Centro Militar de Uruguay, general Manuel Fernández Vergara, son ilustrativos de cómo se construye y reconstruye una memoria.

En esta fecha queremos tener un recuerdo especial para las víctimas actuales de la guerra revolucionaria en la cual seguimos inmersos, que están desterrados en Chile, en Argentina, en Italia y a los “prisioneros de guerra política” que están en Domingo Arena o en Cárcel Central o en sus domicilios, a todos ellos nuestros respetos y sepan que no los hemos olvidado; sepan que no descansaremos hasta ver que logren plenamente su libertad y sus derechos y sepan además que la suerte de ustedes es también la nuestra […] rindió homenaje a “los generales de la década de los setenta por haber conducido las operaciones contra-guerrilleras con eficiencia y haber impuesto la disciplina imprescindible para salir con bien de una guerra distinta. Ellos, sabedores de que la faz militar de la guerra solo puede generarse de dos formas: aniquilando al enemigo o imponiéndole nuestra voluntad, nos exigieron la profesionalidad necesaria para imponerle al enemigo nuestra voluntad y vencerlo, disuadiéndolo de su utopía de llegar al poder por medio de la lucha armada” (La República, 15 de abril de 2010).

Nada exige a la memoria del Centro Militar cotejarse con la documentación que ha llevado a la cárcel a unos pocos militares y civiles, que reivindica en su profesionalismo por imponer la voluntad castrense sobre el enemigo y no aniquilarlo. Al historiador se le exige en su escritura llegar a develar los hechos, acercarse para alcanzar su historización. Los documentos que se van hallando provenientes de diversos archivos, los testimonios que se van recogiendo, permiten refutar la memoria del general Fernández Vergara y, en todo caso, tomarla como objeto de la investigación histórica. Nuevamente retomando a Hobsbwam se puede afirmar que:

La existencia o inexistencia de los hornos de gas de los nazis puede determinarse atendiendo a los datos. Porque se ha determinado que existieron, quienes niegan su existencia no escriben historia, con independencia de las técnicas narrativas que empleen. Si en una novela Napoleón volviese vivo de Santa Elena, quizá sería literatura, pero no podría ser historia. Si la historia es un arte imaginativo, es un arte que no inventa, sino que organiza objets trouvés (Hobsbawm, 1998: 271).

La problemática de las memorias activas advierte sobre los abusos de la memoria y los usos y abusos del olvido, como señala Buriano (2009) retomando los trabajos de Todorov y Yerusalmi.[9] Muchos pueden ser los atajos tomados por los emprendedores de la memoria, según definió Jelin (2002) a los agentes o promotores de las memorias, que alimentan usos y abusos que distancian aún más a estas construcciones de la historia.

Retomo para ello lo expresado por Enzo Traverso:

Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que hoy existe una obsesión memorial alrededor de las víctimas de guerra y de genocidios, porque durante mucho tiempo ese pasado se ocultó, o se reprimió. Como reacción a ese largo tiempo de ocultación, ahora se produce el fenómeno contrario: una obsesión alrededor de las víctimas. Eso es problemático para la comprensión del pasado, y hablo como historiador, porque el pasado no está hecho por el enfrentamiento entre verdugos y víctimas: hay multitud de actores. Existe un riesgo de marginarlos por esa focalización de las víctimas como únicos héroes del pasado. Desde ese punto de vista hay una interferencia entre la memoria como representación del pasado que se construye en la sociedad y la historia como investigación, elucidación y discurso crítico sobre el pasado. Hay una intersección entre los dos que puede ser fructífera, pero que tiene sus peligros (Traverso, 2008).

Existe pues una tensión ético política para el historiador al tener como objeto de investigación circunstancias traumáticas relacionadas con la violación de los DH, es decir, la figura de la víctima, segregada por tanto tiempo, transgredida en sus derechos también por esta razón. Otra vez, la historia tiene pretensión de verificación, aunque por ello no deja de ser selectiva. Quizá no al extremo de la memoria-olvido que precisara Primo Levi. La víctima del Holocausto sentenció que no todo olvido es externo al comportamiento de las víctimas, tiene que ver con el “otro” porque si se hubiera recordado todo no hubiera sido posible seguir viviendo (Levi: 1989).

Los derechos humanos, sus violaciones y el oficio del historiador

La preocupación y ocupación sobre el pasado traumático no es un fenómeno singular en la Historia, no obstante en tiempos recientes ha resultado materia de debate público y labor científica. Visto de otra forma, lo ha sido en la medida que el problema de la justicia posautoritaria deviene en asunto recurrente de las democracias. Un conjunto de instrumentos en muchos coincidentes son recomendados para la construcción de una nueva institucionalidad.[10] Los DH son así eje del “estado” público en distintos sentidos, no obstante, desde la disciplina histórica ha habido, de manera creciente, un interés y una práctica en atenderlos a partir de la perspectiva de sus violaciones en el terreno de la responsabilidad estatal. Ello, como se ha dicho, conjuntamente con la jerarquización de la figura de la víctima en detrimento de la del luchador social. El debate y cambio de paradigmas ocurrido en el último cuarto del siglo pasado y el enfoque de derechos humanos, quizá como estrategia de las principales organizaciones denunciantes de las violaciones, alimentaron este reposicionamiento que pone en el centro la figura de la víctima.

Desde finales del siglo XX y lo transcurrido del XXI, tanto en América Latina como en Europa se ha desatado una ruta de judicialización del pasado.[11] Ésta cobra fuerza en la medida en que se robustece el derecho a la verdad de las víctimas.[12] Asimismo se fortalecen las acciones oficiales y de la sociedad tendientes a constituir “lugares de la memoria” en el sentido de Pierre Nora (1984, 1987, 1992). En este contexto, al quehacer del historiador se le incluye otra tarea: la de testigo. La judicialización del pasado impone el llamado a tribunales del historiador. Tarea que implica un desafío, porque se trata de una convocatoria al profesional que es, a la vez, un protagonista de su tiempo.

[Numerosos procesos han ocurrido y siguen ocurriendo en tribunales latinoamericanos y europeos en contra de indiciados por delitos de lesa humanidad y, más en general, diversas violaciones de derechos humanos] durante esos procesos, algunos historiadores han sido convocados para ”testimoniar”, es decir, para esclarecer, gracias a sus competencias, el contexto histórico de los hechos en cuestión. Ante la corte, prestaron juramento declarando, siempre como testigos: “Juro decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad” [el autor refiere a Baruch (1998)]. Ese “testimonio” sui generis, al cual algunos se han sustraído, implica desde luego cuestiones de orden ético, pero renovaba también interrogantes más antiguas de orden epistemológico concernientes a la relación del juez y el historiador, sus modalidades respectivas del tratamiento de la pruebas y estatus diferente de la verdad producida por la investigación histórica o enunciada por el veredicto de un tribunal”. (Traverso, 2007: 89-90)

El profesional de la historia cobra en este escenario un papel sustantivo, ya que tiene como principal propósito alcanzar el conocimiento de la verdad en contraposición a verdades impuestas en otros tiempos. Se produce un cambio muy importante al fijar la mirada en las violaciones de DH en ese pasado. Se conjuga en esta mirada el interés profesional y la demanda social de una inmediata vinculación del profesional de la historia con las distintas fuentes. Se trata de un contexto de democratización en el que el acceso a los archivos se convierte en una realidad posible, aun cuando sea parcial la consulta (los casos de México y Uruguay son ejemplo de esta situación). Por otro lado, el acceso también está dado a otras fuentes no necesariamente documentales, como las instalaciones donde se produjo en parte la acción delictiva de los servicios represivos estatales (como es el caso de los centros clandestinos de represión en Argentina y en Chile, la ESMA y Villa Grimaldi, respectivamente).

Gerardo Caetano, uno de los académicos encargados de la investigación sobre terrorismo de Estado en Uruguay, reflexiona sobre su experiencia como historiador y como ciudadano:

Se nos ha agraviado a quienes asumimos la tarea de trabajar en una investigación que buscara un mayor esclarecimiento, tanto tiempo postergado, del destino de los detenidos desaparecidos y de los niños secuestrados durante la dictadura, adjudicándonos —antes siquiera de leer un renglón del estudio a publicarse— el calificativo de “historiadores oficiales”. Nada más lejano a la verdad. Quien se anime a leer con radicalidad cívica y republicana (esa que trasciende cualquier frontera político-partidaria o filiación ideológica) la obra que se ha hecho pública desde junio de 2007 bajo el título ‘Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos. En cumplimiento del Artículo 4º de la Ley 15.848’, podrá confirmarlo. Ha sido desde la primera magistratura de la República —no desde el liderazgo de una fuerza política o desde los intereses del gobierno de turno— desde donde el Presidente Tabaré Vázquez nos encomendó a José Pedro Barrán, Alvaro Rico y al suscrito dicha tarea el día 30 de mayo de 2005. La hubiéramos aceptado con el mismo sentido de compromiso cívico ante la solicitud de todo Presidente democrático, sin que importara su signo partidario o ideológico […] Al país le hubiera hecho mucho bien no cargar durante tantos años con la lápida de la desmemoria y del olvido impuestos, base de la impunidad […] aspiramos a que el mayor valor de nuestro trabajo sea el de impulsar una fuerte apertura para nuevas y numerosas investigaciones que echen más preguntas y documentos sobre este objeto de estudio crucial (Caetano, 2008: 165-167).

El tiempo de los DH como centro de atención en el trabajo histórico, a sabiendas de que no todo el pasado reciente está colmado de violencia produce, si es posible decirlo así, hasta un cambio cultural en el que se gira en torno a la víctima e insisto, en detrimento del luchador social (Eliacheff y Larivière, 2007).[13]

Ese pasado es un presente, se esfuerza por permanecer a tal punto que el presente se piensa desde aquél. Por eso las preguntas a veces rebasan el papel del historiador y de la comunidad académica. ¿Qué se hace para resarcir la memoria de las víctimas? ¿Cómo se cumple con su demanda de verdad y justicia? ¿Cómo establece el Estado una narración que comprenda lo olvidado, que dignifique a las víctimas? ¿Cómo se construye un “nunca más”?

Desde ese pasado traumático y desde este presente que lo tiene como referencial, los historiadores han dejado de ostentar el pasado como terreno exclusivo (o casi exclusivo) de conocimiento y reflexión de la disciplina. Quizá pueda decirse que los historiadores del campo de la HTP han tomado un reto enriquecedor: converger en un problema de investigación y reflexión compartido por distintas disciplinas y aprender a desarrollarlo en sintonía, o no, con los discursos y las demandas de grupos sociales y políticos, con la presencia de memorias que pelean por su hegemonía.

En este sentido es factible preguntarse acerca de la utilidad social de la historia, al mismo tiempo que constatar que el momento es rico en posibilidades para el trabajo histórico:

Hoy en la región, la promoción de la verdad sobre el pasado y la conservación de su memoria están íntimamente ligadas a la defensa de los derechos humanos y al fortalecimiento de una democracia recuperada. Esta política se plasma en dos hechos de mucha relevancia para la disciplina histórica en tanto aportan explicaciones y pruebas acerca del pasado reciente. [la comisión de la verdad y la actividad de la justicia penal contra los culpables de violaciones de los derechos humanos]… (Pérotin-Dumon, 2007).

De ahí que el oficio del historiador esté marcado por cuatro principales actividades en el terreno de los derechos humanos.

1. La labor investigativa de responder a la pregunta ¿cómo fue que pasó?, que ha generado estudios sobre el terrorismo de Estado.

——————————por conocer y explicar la evolución zigzagueante de las decisiones gubernamentales sobre el legado de las violaciones y acerca de la construcción de un “nunca más” (considerado en algunas experiencias nacionales como construcción de un marco de justicia transicional).

——————————para discernir cómo se generan las demandas por las violaciones de los derechos humanos, en particular de los novedosos actores que la promueven.

Esta labor toma forma en la historización de los acontecimientos mediante distintos formatos que compendian los resultados. Una sostenida pero aún incipiente producción de libros, artículos y documentales de carácter científico y de divulgación, constituyen la obra en la que los historiadores del Tiempo Presente están involucrados en el diálogo y el trabajo conjunto con los hacedores de otras disciplinas.[14]

2. La participación directa o indirecta en las instancias de investigación (de la sociedad civil, gubernamental o de organismos internacionales) para el esclarecimiento de lo ocurrido bajo distintas modalidades metodológicas; entre ellas, el trabajo en las comisiones de esclarecimiento y en los archivos de las inteligencias militares, policiales, así como de las cancillerías con la documentación que se ha ido desclasificando.

En este sentido es notoria la actividad de los historiadores, por ejemplo en los casos latinoamericanos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico en Guatemala y en la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos en Uruguay (Caetano, 2008; Taracena, 2007).

3. El acompañamiento a las instituciones judiciales en los encausamientos mediante la aportación de los resultados (hallazgos) de las investigaciones realizadas por los historiadores y del conocimiento alcanzado.

Es decir, la presencia activa de los historiadores convocados, como testigos o como conocedores de los hechos encausados, en virtud de la documentación hallada. Sabiendo que en esta convocatoria, como señala Traverso, “Comparada con la verdad judicial, la del historiador no es solamente provisoria y precaria, sino que es también más problemática (Traverso, 2007: 91). En Europa y en Francia en particular, los historiadores han sido convocados en los juicios, por ejemplo, de Touvier y Papon, responsables de crímenes de lesa humanidad, más concretamente de lo que fue el genocidio nazi. Pero también en Europa, para un caso íntimamente vinculado con América Latina, el de Augusto Pinochet, se ha dado la participación activa de los historiadores.

Joan del Alcàzar, Perito en la Audiencia Nacional para el caso Pinochet lo señala claramente:

me permitió realizar un ejercicio que no es frecuente entre quienes nos dedicamos profesionalmente a la historia: hacer lo que llamaríamos historia aplicada. Como sabemos, grosso modo, la investigación se divide en básica y aplicada. Eso nos lo pueden explicar con mucha claridad los físicos, los matemáticos, los médicos o los biólogos. Y todos ellos podrían decirnos que sin investigación básica no es posible la investigación aplicada […] Pues bien, también la historia tiene una vertiente aplicada, como pude corroborar a raíz de mi participación en el caso Pinochet (Alcàzar, 2007).

4. La intervención directa en la construcción y organización de archivos orales y documentales, que representan a la vez lugares de memoria y fortalecen, estos últimos, las medidas tendientes a preservar las pruebas de las violaciones cometidas.

Es sabido que en los regímenes en los que se produjeron los delitos aquí mencionados no siempre se registraron las acciones violatorias de los DH, sin embargo, se ha comprobado que ello no significó la ausencia de redacción de informes, organización de prontuarios, archivo de la extensa documentación que se iba produciendo. O sea, un sistemático trabajo burocrático acompañó al accionar delictivo. Con el tiempo, dejados atrás estos regímenes y a partir de una por lo general diferida voluntad estatal de conocer lo que conservaba la memoria, al mismo tiempo que la evidencia de las atrocidades gubernamentales, los profesionales de la historia comenzaron a cumplir con su tarea de ordenamiento y construcción de repositorios, tanto para la memoria como para un pasado presente judicializado y para la historia. Pero también esta tarea se extiende a los archivos que fueron construyendo, de manera clandestina, distintas organizaciones de DH y políticas. Una de las primeras experiencias en América Latina fue el Archivo de la DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires) que contiene un “riquísimo” registro del espionaje político-ideológico. En 2007, la UNESCO le otorgó el certificado de “Memory of the World” reforzando su valor histórico (da Silva Catela, 2002; Alberdi, 2008; Markarian y Wschebor, 2009; y <http://www.comisionporlamemoria.org/archivo/>).

Pese a lo señalado, en opinión de Coraza, se debe anotar que existe un rezago de la comunidad de historiadores.

La historia, si bien se ha ocupado de la Historia del Presente, ha sido un poco lenta a la hora de abordar los acontecimientos más recientes, con diferente grado de investigación…Esto tiene que ver con las propias reticencias de la historia, de la corporación histórica que sigue anclada, en muchos casos, y en las academias, a una visión en cierta medida positivista y se resiste a la incorporación de ciertos análisis y ciertas fuentes. Desde la propia negación del pasado reciente como materia de la Historia, hasta la discusión, aún hoy, de la historia oral como fuente (Coraza, 2003).

Un punto central, apuntaría para concluir, es que en los relatos que se han ido generando hay verdades desde distintos puntos de vista, y el historiador aún mantiene la deuda de trabajar con mayor ahínco para establecer una verdad histórica, un relato de verdad en el terreno de los derechos humanos y sus violaciones.

Para concluir

Ante el tema crucial del quebrantamiento de los DH en un pasado presente desde la disciplina histórica, se ha asumido el reto de interpelar el propio tiempo del historiador. De esta forma, se ha decidido hurgar en las pistas documentales que se van poniendo a disposición en contextos democratizadores, con un sentido científico y con la convicción de alcanzar ese conocimiento cierto que permite historizar. Tal decisión tiene un leitmotiv compartido: el del historiador pero es también el del ciudadano. El profesional asume en este recorrido que “las sociedades tienen ‘derecho a su pasado’ y ello no sólo supone construir memoria y habilitar al conocimiento público la información disponible, sino también pasar de la memoria al campo de la historia, desde las reglas sabias y modestas de un oficio milenario” (Caetano, 2008: 213).

Pierre Sauvage lo definió respecto de Bédarida: “es la gestión de un historiador implicado en el espíritu de su tiempo, que ha de hacer frente a una documentación a la vez abundante y llena de lagunas, y que se siente obligado a situarse en relación con los actores de la historia, y en permanente confrontación con algunos mecanismos de memoria” (Sauvage, 1998: 2).

En este crucero, el universo investigativo de los DH colocó al historiador en un mundo de cambio cultural, en tanto traslado de los diversos protagonistas del pasado a un relativo margen para potenciar la figura de la víctima (ya no el luchador social ni el revolucionario), y de incorporación de nuevos papeles en la medida que el pasado se ha judicializado y es convocado como testigo a los tribunales. Y lo ubicó a su vez en una posición de ardua competencia con distintas memorias que riñen por la hegemonía. Aún más, hizo de su objeto de estudio un asunto compartido y disputado en cuanto a la verdad reclamada y alcanzada.

Fuentes

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[*] Profesora-investigadora titular en el Instituto de Investigaciones “Dr. José Ma. Luis Mora”, <sdutrenit@hotmail.com>.

[1]Utilizo el género masculino de los nombres a efectos de referirme a toda la especie humana y no especialmente a quienes son de sexo masculino.

[2] Véase <http://www.ictj.org/es/where/region3.html>.

[3] R. Kosselleck, citado por Bédarida (1998).

[4] El siglo XX está pautado por cambios importantes en la Historia como disciplina. A partir del positivismo del siglo XIX se imponen los paradigmas del materialismo histórico y de la escuela de los Annales que van a dominar la escena hasta pasada la mitad del siglo XX. En ambos paradigmas priva la preocupación por las explicaciones basadas en las estructuras y las tendencias de largo plazo. Al mediar el siglo xx, se produce el giro lingüístico, el pensamiento posmoderno y las investigaciones de segundo orden ponen en cuestión los viejos paradigmas retomando campos como los de la historia política, la biografía histórica y la historia relato o narración histórica. Este panorama que orilla al historiador François Dosse a que hable de la “crisis de la Historia” constituye los antecedentes de la vuelta del protagonismo del individuo, el relato y la irrupción del presente en la disciplina.

[5] Este pasado, que se ha ido convirtiendo en fructífero semillero de investigaciones, ha dado lugar a una no siempre coincidente denominación del campo historiográfico desde el que se realiza, y esta disonancia, a veces, corresponde sólo a la forma de llamarlo y otras responde a una discusión de fondo. En el texto no se da cuenta del debate, se establece como denominación la de HTP y sólo se da cuenta de que también sería factible recurrir a las de historia reciente, historia del presente, historia actual, historia vivida.

[6] Algunos aspectos del reto se discuten en Dutrénit (2007).

[7] Como diría Jelin (2002), se trata de versiones de subjetivismo y positivismo extremos.

[8] Por ejemplo, <http://www.taringa.net/posts/info/3660865/Olvido-presidencial,-memoria-verdadera:-Muertos-por-la-subve.html>.

[9] Claro que la preocupación en cuanto al abuso de Todorov es el exceso de pasado y propone la judicialización para generar una memoria ejemplar; en tanto que Yerushalmi considera que el abuso es el olvido. Hay una lucha respecto a la universalización del Holocausto como todo el horror posible, y la transferencia de la condición de víctima en el pasado que recibe da una carta de crédito para que se convierta en victimario justificado del futuro, contra otros que no son los mismos victimarios del ayer. Aquí se presenta una controversia, no explícita, entre los autores que parece centrada en torno al conflicto palestino–israelí.

[10] Se observa y se debate en torno a este problema que, dicho de otra forma, se advierte en varios países como el problema de la justicia transicional. En América Latina no se ha utilizado como enfoque de manera recurrente, Guatemala y Colombia serían algunos de los pocos ejemplos que lo refieren en sus más cercanos trabajos para alcanzar justicia y paz, pero sí cobró fuerza en casos africanos, como Ruanda, y europeos, como la ex Yugoslavia (<http://www.ictj.org/es/tj/>).

[11] Traverso señala retomando a Rousso que de lo que se ha hablado es de una “judicialización de la memoria” como vieja cuestión, hoy puesta en práctica mediante los distintos procesos que llevan al historiador a ser convocado como testigo (Traverso, 2007: 89).

[12] “En España, la imposibilidad política de obtener un consenso sobre el pasado reciente condujo las autoridades públicas a formular el concepto de “derecho individual a la memoria personal y familiar…” (Capdevila, 2009: 23).

[13] “En un libro reciente, la psicoanalista Caroline Eliacheff y el jurista Daniel Soulez Larivière (2007) observan el desarrollo de lo que llaman un “unanimismo de compasión”, que conduciría a sustituir progresivamente en el imaginario occidental al héroe por la víctima... Ponen en relación la aparición de este movimiento en la década de 1980, con el proceso global de democratización y de individualización de la sociedad, con el ideal igualitarista, la figura de la víctima siendo accesibles a todos, a diferencia de la del héroe que sigue siendo elitista. La relación que deducen, entre la empatía de la gente con las víctimas y la democratización de la sociedad es una idea fuerte. Se trata más de inscribir en el espacio conmemorativo lugares de memoria que recuerdan los desgarramientos del tejido nacional: sin perdonar ni celebrar un partido contra otro en el caso peruano; para no olvidar que la dictadura precedió la democracia, en el caso español; para seguir siendo vigilante en el caso de Argentina; para no olvidar lo que hizo la dictadura en Chile; y en todos los casos para rendir homenaje a los represaliados de la dictadura; en fin, para trabajar por la consolidación de la democracia a través de la defensa de los derechos humanos, sobre los cuales se construye el consenso” (Capdevila, 2009: 22).

[14]Una rápida ejemplificación de la actividad aludida se observa en las obras referidas en estas páginas como son las de Pérotin- Dumon, Traverso, Stabili, Groppo y Flier, Portelli, Franco y Levín, Dutrénit y Varela.

Los derechos humanos en la sociología política contemporánea

Ariadna Estévez López[*]

La sociología política contemporánea examina lo que se denomina la política de las identidades, es decir, la contestación y transformación de las identidades de los sujetos en su interacción con las instancias de poder estatal y global.[1] Antes del giro constructivista en las ciencias sociales, la subdisciplina sociopolítica se centraba en el estudio de las relaciones entre Estado y sociedad —aspectos relacionados con el movimiento obrero y la ciudadanía, fundamentalmente—, pero desde una perspectiva estructural.[2] Sin embargo, el giro constructivista ha quitado el énfasis analítico en las estructuras y lo ha colocado en los sujetos sociales. Este desplazamiento metodológico ha favorecido el estudio de los derechos humanos, porque coincide con un contexto histórico en el que los sujetos sociales buscan discursos para organizarse colectivamente y reivindicar intereses frente al Estado nación y los sitios de poder supranacionales, de forma más incluyente y a nivel transnacional e internacional. Sin ser un elemento central de la subdisciplina, los derechos humanos se han vuelto un objeto de estudio sociopolítico importante que genera una cantidad considerable de trabajo académico, por lo menos en el mundo anglosajón y europeo, y en menor medida en el latinoamericano, como se verá más adelante.

Freeman asegura que la sociología política de los derechos humanos estudia la acción social en torno a la defensa y la promoción de los derechos humanos, y la forma en que los movimientos sociales ayudan a entender las variaciones en la implementación de la legislación (Freeman, 2002). Yo agregaría otra característica: dados los intereses epistemológicos y ontológicos de la investigación constructivista, la sociología política contemporánea también ubica los derechos humanos como un discurso político que se construye a través de la acción colectiva que lo articula, con efectos de verdad que a su vez construye sujetos empoderados o desempoderados.

Así definida la investigación sociopolítica de los derechos humanos, su agenda gira en torno a las siguientes preguntas: ¿cómo median los derechos humanos en la construcción de las identidades y la acción colectiva? ¿Cómo participan los sujetos sociales en la construcción del discurso de derechos humanos? ¿Cuáles son los entramados de poder en estas construcciones? ¿Cómo empodera o desempodera el discurso de derechos humanos a los sujetos sociales? La agenda se agrupa en tres grandes ejes:

a) Los derechos humanos como el eje articulador de movimientos sociales, para hacer cambios normativos o legitimar demandas que pueden constituir nuevos derechos, o derechos de grupos, que no se encuentran aún protegidos por el sistema jurídico nacional o internacional (por ejemplo, migrantes, consumidores, etc.).

b) El papel de los sujetos sociales en la construcción y la performatividad del discurso de derechos humanos, entendido como una edificación social e histórica en la que los sujetos sociales se disputan la posesión de significados frente a entidades de poder institucionalizadas.

c) Los derechos humanos como el medio para replantear el concepto de ciudadanía, con el fin de dar una dimensión global a las garantías jurídicas que, de otra forma, estarían restringidas por el territorio nacional.[3]

Los derechos humanos como eje articulador y movilizador en la acción colectiva

La incidencia de fenómenos sociales, ambientales, económicos, culturales y políticos relacionados con la globalización ha convertido la universalidad de la doctrina de derechos humanos —universalidad en la posibilidad de demanda, no en su pretensión filosófica ni mucho menos en su aplicación unilateral— en un elemento ideal para articular la acción colectiva. Diferentes movimientos sociales nacionales, internacionales y trasnacionales usan el discurso de los derechos humanos para articularse y movilizarse políticamente en torno a demandas e intereses que coinciden en el paraguas discursivo de los derechos humanos. Por ello son objeto de análisis empírico desde las teorías europeas y estadounidenses de los movimientos sociales.[4]

En la escuela europea destacan los análisis neomarxistas (gramscianos), que examinan cómo el discurso de derechos humanos funciona como una ideología que permite articularse a los movimientos sociales y dar legitimidad a sus demandas en un mundo dominado por la ideología liberal (Hunt, 1990). Los estudios posmarxistas se enfocan también en el conflicto no económico en la acción colectiva, pero consideran que la ideología es una construcción social y que la democracia es un elemento fundamental y no contrario a la identidad, por lo que dejan de ver la identidad de clase como única y reconocen la importancia de la diversidad identitaria. Desde el posmarxismo discursivo de Laclau y Mouffe,[5] la autora de este capítulo analiza cómo en el caso mexicano los activistas de movimientos tan disímiles como el del medio ambiente, el obrero, el de derechos humanos y el campesino, lograron articularse frente a la firma de acuerdos de libre comercio (Estévez, 2008a). Esto se debe a que el discurso de derechos humanos en México tiene características específicas, las cuales se rastrean con un análisis genealógico. Este estudio demuestra cómo la argumentación de derechos humanos mexicana surgió como un discurso fundamentalmente político y orientado a lo social, pero con el tiempo se volvió jurídico y orientado a lo jurídico. No obstante, en el contexto de las crisis económicas de la década de 1990, se reincorporaron temas más socioeconómicos, como el libre comercio. Señalo que son las élites de las organizaciones, más que las bases de los movimientos sociales, los que logran construir efectivamente posiciones subjetivas de derechos humanos. Asimismo, encuentro que una serie de derechos humanos específicos —al desarrollo, a la alimentación, de las mujeres— apelan más a la identificación de los sujetos que otros. La efectividad de la articulación en torno a los derechos humanos es distinta en los diferentes casos analizados: las negociaciones de la fallida Área de Libre Comercio de las Américas y el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. El cambio normativo a raíz de la articulación con el discurso de derechos humanos no se evalúa en este trabajo, porque el objeto de análisis es el potencial sociopolítico del discurso de derechos humanos, no su influencia en el cambio normativo (Estévez, 2008a).

Sin embargo, el cambio normativo sí es el enfoque de las teorías e investigaciones derivadas de la escuela estadounidense, especialmente las desarrolladas en la disciplina de las relaciones internacionales. Los internacionalistas han elaborado un andamiaje teórico muy sofisticado para analizar la movilización de recursos, las oportunidades políticas y los marcos en torno a las así llamadas redes transnacionales de activistas de derechos humanos (véase el ensayo de Anaya en este volumen). Esta corriente de análisis examina cómo los movimientos sociales transnacionales han influido en el cambio normativo de derechos humanos a nivel nacional e internacional. En México, hay una literatura cada vez más abundante en esta materia, que analiza cómo los movimientos sociales han logrado que el gobierno mexicano firme instrumentos nacionales, pero sin un cambio sustancial interno (Anaya, 2009; Maza Calviño, 2009).

La teoría estadounidense de la acción colectiva es popular en la literatura mexicana sobre movimientos sociales, pero en el caso de los estudios que abordan el tema de los derechos humanos, hay una tendencia a subsumirlos como un elemento más del análisis de la lucha por la transición a la democracia (Garretón, 2002). Sin embargo, una excepción interesante es el reciente estudio coordinado por Santamaría y Vecchioli (2008), el cual retoma el marco teórico desarrollado por Dezalay y Garth (2002), quienes a su vez combinan el marco de redes trasnacionales con el constructivismo estructuralista de P. Bordieu para analizar el “proceso de internacionalización del campo de la expertise en derechos humanos” en América Latina. Las autoras concluyen el estudio —que abarca casos empíricos de Argentina, Chile y Brasil— diciendo que en el continente se ha consolidado un “espacio jurídico internacional de los derechos humanos”, a través de la práctica internacional de derechos humanos de las redes de activistas involucradas en asuntos tan disímiles como las desapariciones forzadas, las causas de las mujeres, los indígenas y los “sin tierra” (Santamaría y Vecchioli, 2008).

El marco teórico de redes transnacionales se ha utilizado también para establecer por qué algunas causas enarboladas por los activistas logran convertirse en “nuevos” derechos humanos y otros no, y cómo los activistas logran transformar causas locales en demandas de derechos universales, así como cuándo y por qué las organizaciones de derechos humanos acuñan nuevos derechos (Alfredson, 2009; Bob, 2009; Ferree y Tripp, 2006), pero sobre todo para legitimar nuevas luchas, como la que se hace contra la privatización del agua (Camiller y Wuppertal Institut für Klima Umwelt und Energie, 2007; Picolotti y Taillant, 2003).

Aunque popular en la academia anglosajona y cada vez más conocido en México, este enfoque presenta el problema de no dar cuenta de los aspectos estructurales —de política económica y de asimetría de poder político entre naciones— que facilitan o impiden que algunas demandas se transformen en nuevos derechos, o que lleven al cambio normativo de derechos humanos. De la misma forma, no cuestiona el estatus quo que da a los activistas de las naciones ricas (por ejemplo, los activistas de Amnistía Internacional) un lugar privilegiado en las negociaciones de poder, o no cuestiona el tipo de discurso de derechos humanos que está en juego (por ejemplo, ¿al promover tal o cual reforma no se fortalece a las empresas trasnacionales o se excluye a ciertos grupos?). La excepción, otra vez, es el estudio de Santamaría y Vecchioli, el cual, gracias al análisis estructural que le proporciona la combinación de un estructuralismo constructivista y el análisis de redes, permite el acceso a “una mejor comprensión de las complejas transformaciones de las relaciones de poder, tanto en el espacio nacional como en el internacional” (Santamaría y Vecchioli, 2008).

Cuadro 1. Acercamientos teóricos de Relaciones Internacionales

Nociones explicativas centrales

Principales actores

Realismo

Interés nacional definido en términos de poder relativo

Distribución de poder

Estados (autointeresados y racionales)

Institucionalismo

Interés definido en términos de la generación de bienes comunes

Funciones de los regímenes internacionales

Estados (autointeresados y racionales)

Órganos de los regímenes internacionales

Teoría liberal de las preferencias

Intereses e ideas de individuos y grupos societales

Esquemas de representación política

Individuos y grupos societales

Estados (autointeresados y racionales)

Constructivismo

Identidad estatal

Normas internacionales

Existencia de emprendedores de normas

Estados (seguidores de roles)

Actores no estatales

Fuente: elaboración propia.

Los sujetos sociales como objeto y sujeto de la construcción del discurso de derechos humanos

Un debate sociopolítico importante es el del papel de los sujetos en la construcción y la performatividad del discurso de derechos humanos. Aquí los derechos humanos se consideran una construcción social e histórica, en la que los sujetos sociales son fundamentales y donde se disputan —frente a entidades de poder institucionalizado— la posesión de significados tales como libertad, democracia y justicia social.[6] Este análisis puede dividirse en dos campos: 1) el papel histórico de los sujetos sociales en la construcción del discurso de derechos humanos, y 2) los aspectos de dominación y emancipación del discurso de derechos humanos que construye sujetos sociales desempoderados o empoderados.

En primer lugar, sobre el papel de los movimientos sociales en la construcción del discurso de derechos humanos, se encuentra el estudio constructivista de Stammers (2009), quien destaca cómo los movimientos sociales inspiraron a los filósofos de la Ilustración para hablar de derechos naturales y del ciudadano, y cómo en esta interacción los movimientos sociales han usado, a lo largo de la historia, discursos de derechos para oponerse al poder. Esto, dice, es una paradoja porque en la medida en que las luchas sociales logran institucionalizar los discursos de derechos humanos, éstos se van volviendo obstáculos para nuevas luchas, como sucedió con el discurso de derechos naturales, el cual se transformó en una argumentación que sostuvo a la burguesía frente a los obreros, quienes, a su vez, construyeron discursos de derechos sociales que eventualmente se opusieron a los derechos de las minorías (Stammers, 1999; Stammers, 2009).

Asimismo está el trabajo de Fields (2001), quien dice que la resistencia y la rebelión contra la opresión toman la forma de luchas por nuevas estructuras, instituciones y prácticas que abren posibilidades de desarrollo para los oprimidos. Los derechos humanos pueden ser usados como un principio de validación para esas luchas en dos contextos. Primero, pueden ser utilizados dentro de los sistemas políticos en contra de la opresión de estructuras, instituciones y prácticas tradicionales que limitan el desarrollo de posibilidades y aspiraciones. Segundo, pueden ser usados contra poderes externos que retóricamente aseguran reconocer los derechos humanos, pero que en los hechos no lo hacen. Un ejemplo fue Gandhi, quien cuestionó el hinduismo y el Imperio británico en el nombre de los mismos principios que ambos usaban para oprimir al pueblo indio.

En las luchas contra la opresión casi siempre hay actos de ilegalidad, porque en cualquier momento la ley puede legitimar la opresión de alguna forma; la desobediencia civil ha sido siempre clave en el desarrollo de los derechos humanos. Sin embargo, las formas emergentes de lucha contra la opresión pueden ser también opresivas, y ha habido momentos en la historia en los que los derechos humanos se convirtieron en herramientas para la opresión —por ejemplo, la liberación de los señores feudales en Europa fue la base para la opresión de clase en las fábricas (Fields, 2001).

Stammers y Fields problematizan directamente el papel de los sujetos sociales en la construcción de discursos de derechos humanos, los cuales fueron condicionados por el contexto histórico y plantearon cómo su carácter emancipador se transformó en opresor. Sin embargo, estos enfoques no cuestionan la posibilidad de que este discurso construido socialmente en Europa por movimientos europeos no sea necesariamente el mismo que inspira a sujetos sociales en otros lugares del mundo. Este aspecto lo abordo directamente en Estévez (2008b), en el que propongo una conceptualización discursiva y sociopolítica de los derechos humanos, es decir, una que se fundamente en el desarrollo histórico y local (nacional, regional) en vez de global de los derechos humanos. A diferencia de esos estudios, éste no se enfoca en la influencia histórica de los movimientos sociales europeos en los discursos liberales de derechos humanos, sino en la influencia de los movimientos sociales latinoamericanos que, inspirados en dos tipos de pensamiento aparentemente contradictorios —la filosofía de la praxis y las teorías de la transición a la democracia—, dieron forma a un discurso de derechos humanos propiamente latinoamericano que ha tenido fuerte influencia en la construcción de la legislación universal, como la tipificación de la desaparición forzada, o la insistencia política en la integralidad entre los diversos tipos de derechos humanos. Con la ayuda de la metodología genealógica, rastreo cómo en América Latina los derechos humanos se han construido con base en una combinación ecléctica de los intereses instrumentales de la teoría de la transición a la democracia (defensa de derechos y libertades universales) y el pensamiento de la liberación (liberación de los oprimidos a través de la toma de conciencia de sus propios derechos) (Estévez, 2008b). Este discurso propiamente latinoamericano explica por qué el discurso de derechos humanos agrupa a los movimientos sociales en el hemisferio pero no en Europa, donde los activistas se aglutinan mejor en torno a discursos “no liberales”, e identificaron en el discurso de derechos humanos los elementos de opresión señalados por Fields y Stammers.

En una lógica más institucional que pone de relieve los aspectos negativos de la disputa de poder entre los Estados nación (analizados como sujetos sociales) para la construcción de la legislación de derechos humanos, se encuentra el trabajo de Woodiwiss (2002; 2005), quien ha elaborado una genealogía de la emergencia y desarrollo del discurso universal de los derechos humanos, aquel que emerge de la doctrina de derechos humanos de la ONU. En su examen, Woodiwiss problematiza la negligencia gubernamental que ha devenido en el subdesarrollo institucional para la exigibilidad internacional de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Woodiwiss analiza las acciones intencionales y accidentales que han impedido que los gobiernos rindan cuentas sobre las acciones que violan los DESC. Éstas incluyen maniobras geopolíticas para desplazar la teoría política y privilegiar el derecho como el modo de enunciación privilegiado de los derechos humanos, es decir, como fuente fundamental del lenguaje de derechos humanos. Woodiwiss ubica la doctrina de la “justiciabilidad de los derechos humanos” (el argumento de que solamente los derechos civiles y políticos son realizables) como el momento clave en el que los DESC fueron relegados a una posición de derechos de segunda clase (Woodiwiss, 2002; 2005).[7]

En segundo lugar, la dominación y la liberación de sujetos sociales generadas por los efectos de realidad del discurso de derechos humanos han sido objeto de interesantes análisis. Por un lado, sobre la dominación, se encuentra el estudio editado por Bhambra y Shilliam (2009), quienes a partir del concepto “silencios” abordan la naturaleza polémica de lo que denominan el proyecto de derechos humanos. Los silencios no son una simple referencia a las ausencias, sino un elemento constitutivo de los discursos y las prácticas. Los silencios tienen que ver con las voces, la representación y la responsabilidad, así como los problemas de inclusión, exclusión y participación que se asocian con ellos. El argumento central en torno al cual se discute a lo largo del libro es que existe una relación entre el “silencio” así entendido y el efecto político que produce el discurso de derechos humanos en los sujetos sociales (Bhambra y Shilliam, 2009).

El capítulo de Rodríguez-Salgado es particularmente interesante al revelar los silencios de Fray Bartolomé de las Casas en su defensa de los pueblos originarios de América. Frente a la creciente tendencia a enraizar la tradición de derechos humanos latinoamericana en el pensamiento escolástico, el autor demuestra que la de De las Casas no fue una posición particularmente solidaria, sino una comprometida con la Iglesia católica. Rodríguez-Salgado cuestiona la posición ética de De las Casas, toda vez que no defendió la humanidad de la población de ascendencia africana, a cuyos miembros consideraba esclavos naturales. De Las Casas estaba más interesado en defender la humanidad de la población indígena que la de los esclavos negros, porque cientos de españoles estaban formando familias con mujeres indígenas, y sabía que la Iglesia católica no aprobaría matrimonios entre “individuos libres” y “no humanos”. No era la persona y la individualidad de los indígenas, sino el futuro de la Iglesia española en la colonia, lo que le importaba a De las Casas (Rodríguez-Salgado, 2009). Al final, este silencio jugó un papel liberador para los indígenas, pero dominador para las poblaciones de origen africano.

Asimismo, está el trabajo del indio U. Baxi (2002), quien ubica en la doctrina liberal los aspectos dominantes del discurso de derechos humanos que dan origen a lo que él denomina la concepción moderna de derechos humanos, la cual se distingue de la concepción contemporánea, misma que no excluye, pero sí trasciende, a la doctrina liberal, porque se refiere al discurso establecido a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos (dudh), que fue producto de la negociación diplomática y el concurso de la sociedad civil internacional. La incorporación de distintas cosmovisiones y formas de pensamiento a través de este proceso político, no sólo refuta los argumentos de quienes atribuyen la autoría del discurso de derechos humanos a los pensadores liberales europeos y nos hacen suponer que los derechos humanos son “un regalo del Occidente para el resto”, sino que marca claramente una diferencia fundamental entre el discurso “moderno” y el “contemporáneo”: mientras la concepción moderna de derechos humanos fue eurocéntrica y construida sobre el derecho a la propiedad que excluía al pobre y al colonizado, la versión contemporánea está definida por los movimientos de resistencia frente a los supuestos teóricos de la concepción moderna de derechos humanos, y las formas contemporáneas de explotación que han llevado a la construcción de nuevos derechos (Baxi, 2002).

Por otro lado, sobre el papel liberador de la doctrina de los derechos humanos, destaca el trabajo de la Critical Legal Studies, la cual propone un enfoque ético a la teoría legal para incluir nociones de justicia y reconocer el sufrimiento de las personas que se convierten en sujetos legales. Para algunos de ellos, los derechos humanos son la mejor forma de lograr esta meta, como en el caso del propio Baxi y del sociólogo legal griego-inglés C. Douzinas, quienes, además de criticar los efectos de dominación del derecho, llaman la atención del potencial uso emancipador de los derechos humanos (Baxi, 2002; 2007; Douzinas, 1996; 2000). Baxi explica que es la versión contemporánea, y no la moderna, del discurso de derechos humanos la que tiene potencial emancipador, porque se pueden convertir en una “práctica insurrecta”, misma que él define así: “A través de una variedad de luchas y movimientos en todo el mundo, los ‘derechos humanos’ se convierten en un campo de transformación política que desorienta, desestabiliza, y a veces ayuda a destruir concentraciones de poder político, social, económico y tecnológico profundamente injustas” (Baxi, 2002:10. La traducción es mía). Los ejemplos que da Baxi son los movimientos por la descolonización, la ecología y por los derechos de las mujeres.

Por su parte, Douzinas asegura que los derechos humanos han ganado la batalla ideológica de la modernidad que enfrentaba al pensamiento marxista con el liberal, y se han convertido en la ideología del “fin de la historia” que proclamó Francis Fukuyama, a pesar de que las violaciones a los derechos humanos ocurren sistemáticamente en todas partes del mundo. Son justamente estas contradicciones las que los pueden convertir en “la formulación posmoderna del principio de justicia” (Douzinas, 1996: 117), pues el discurso de derechos humanos tiene dos características que lo hacen ideal para ocupar esta idea: su proclamación lingüística y la construcción del sujeto a través del lenguaje. Primero, la esencia de los derechos humanos descansa en el acto de proclamarlos, de reivindicarlos lingüísticamente, ya que el acto de proclamación de las declaraciones reconoce el poder de construcción de realidad que tiene el lenguaje, y explora un sistema político basado en las posibilidades lingüísticas y de autorreferencia de la libertad moderna. El elemento liberador de las declaraciones es el acto de proclamación política con la que se crean los derechos humanos (Douzinas, 1996: 122).

Segundo, el “humano” en la referencia al sujeto legal del discurso de derechos humanos es un “recipiente vacío”, un atributo de la identidad humana que está siempre presente, pero indiferenciado y a la espera de que se le asignen características y un tiempo y un lugar. El humano de los derechos humanos es un “significante vacío”, es decir, un elemento discursivo que no está ni automática ni necesariamente vinculado a ningún significado en particular, está vacío de cualquier concepto y puede ser adjuntado a un sinnúmero de significantes de forma indeterminada y contingente. Un derecho humano se reconoce si fija un significado a un significante flotante, es decir, los derechos humanos se fragmentan y se dividen en los derechos de diferentes tipos de sujetos, y eso tiene lugar en diversas batallas políticas, ideológicas e institucionales. La emancipación depende del uso imaginativo de la transferencia retórica y metafórica de significado (Douzinas, 1996).

Entre los derechos humanos y los derechos ciudadanos: los retos de la migración internacional

La ciudadanía es un campo de estudio típico de la sociología política. Por la recurrencia de fenómenos sociales globales como la migración, el ya añejo cuestionamiento a los efectos de exclusión del concepto de ciudadanía ha enfatizado, por su nacionalismo ontológico, los posibles beneficios que traería a su epistemología una tradición similar, pero que siempre ha tenido proyección internacional: la de los derechos humanos. Mientras que la ciudadanía nacional se entiende como un marco legal y social amplio para la adscripción en una polis delimitada por un territorio, la doctrina de derechos humanos proyecta este marco legal más allá de los territorios y las soberanías nacionales. Ése es el gran atractivo de los derechos humanos frente a la función excluyente de la ciudadanía, en un mundo en el que las oportunidades y la prosperidad están distribuidas de manera desigual entre las naciones.

La teoría dominante de ciudadanía en la sociología política es la del inglés T. H. Marshall, quien estableció que ésta consiste en asegurar dentro de un Estado benefactor liberal-democrático, que todos los miembros de una comunidad sean tratados como iguales a través de la adjudicación de derechos. Marshall señala que no hay un principio universal para el establecimiento de esos derechos, pero elaboró una tipología ya clásica que incluye derechos políticos, civiles y sociales que han sido históricamente definidos y adjudicados a diferentes sujetos sociales. El Estado se asegura de que con la garantía de estos tres tipos de derechos cada ciudadano se sienta parte igual de la comunidad, con ánimo de participar en ella (Marshall y Bottomore, 1992). Esta conceptualización de ciudadanía ha sido la dominante aun en países como México, donde el Estado benefactor no necesariamente distribuía bienes y servicios de acuerdo con los derechos ciudadanos, sino de acuerdo con el corporativismo y el clientelismo político (Estévez, 2008b).

Un problema con esta concepción de ciudadanía —además de los expuestos en su momento por los pluralistas culturales y las feministas, en el sentido de que la ciudadanía de Marshall no enfatiza lo suficiente la identidad, la participación y los deberes—[8] es la cuestión de la membresía o ciudadanía nominal conocida también como nacionalidad, misma que se encuentra simbolizada por la posesión de un pasaporte, y categoriza a los individuos de acuerdo con el nombre del Estado al que pertenecen. En la actualidad, la ciudadanía nominal está siendo seriamente cuestionada por ser fundamentalmente Estado-céntrica en un mundo donde esto es cada vez más difuso.

Cuadro 2. La visión realista sobre los regímenes internacionales de derechos humanos

Realismo

Causas de su creación

Impacto esperado en el comportamiento de los Estados

Intereses de las potencias (definidos en términos de poder relativo)

Muy limitado, pues el cumplimiento de las normas de derechos humanos rara vez tiene una relación directa con la maximización del poder relativo de las potencias

Fuente: elaboración propia.

En una interpretación crítica de la ciudadanía de Marshall, ésta es una construcción político-teórica en la que la exclusión y la inclusión no son sino elementos constitutivos. Esta característica hace que la ciudadanía sea una lucha constante por el reconocimiento (Lister, 2007). Las fronteras que separan a quienes son ciudadanos de los que no lo son, sirven para incluir y excluir simultáneamente, aunque el énfasis se ponga en el Estado nación o la comunidad. Estas fronteras operan como límites físicos y como barreras estructurales y simbólicas menos tangibles. Los patrones de inclusión/exclusión que crean estas fronteras, se encuentran atravesados por el género y la raza, aunque en formas que reflejan los contextos nacionales, culturales e históricos específicos. La ciudadanía como una forma de inclusión/exclusión en la que los migrantes son simultáneamente excluidos de la adjudicación de derechos, el reconocimiento cultural y la participación política (Lister, 2007), es la que hace atractiva la idea de derechos humanos.

Brysk y Shafir (2004) señalan que ante los efectos excluyentes de la ciudadanía en la globalización, los derechos humanos se presentan como una alternativa para la lucha por el reconocimiento. Para ellos la globalización ha creado un contexto en el que muchos fenómenos sociales están fuera del alcance de los Estados, creando simultáneamente condiciones de violaciones a los derechos humanos y diversos niveles de oportunidades para reclamarlos. Se crea un “hueco de ciudadanía” en el que los no ciudadanos (los migrantes) y los ciudadanos de segunda clase (los ciudadanos marginados y los discriminados) están en riesgo permanente, pero simultáneamente encuentran en los derechos humanos una herramienta de lucha (Brysk y Shafir, 2004). Esto es porque los derechos humanos se han convertido en una cultura política global, un orden internacional simbólico y un andamiaje institucional y normativo global que orienta y constriñe a los Estados (Basok et al., 2006).

En el caso específico de los migrantes, algunos autores sostienen que, en los hechos, el alcance normativo del discurso de derechos humanos ha rebasado ya la ciudadanía nacional, de tal forma que los inmigrantes documentados e incluso indocumentados se han beneficiado de una serie de derechos civiles y sociales —especialmente la libertad de expresión, de asociación y de reunión; así como los derechos a la educación, y a la salud, y el voto en el ámbito municipal— porque los países en cuestión tienen diversos compromisos con la legislación internacional de los derechos humanos (Sassen, 1996; Soysal, 1994). Dunn, sin embargo, cree que estas visiones sobreestiman el alcance del discurso de los derechos humanos, pues desafortunadamente sigue prevaleciendo lo que él denomina la ciudadanía nacionalista. No obstante, dice, debe reconocerse que los mecanismos que ofrecen los sistemas universal e interamericano de derechos son útiles para que los migrantes demanden derechos (Dunn, 2005).

Desde una perspectiva moderada (Dunn) o abiertamente optimista (Brysk y Shafir) de la potencialidad política del discurso de derechos humanos para ampliar el concepto de ciudadanía, se considera que los DH —los cuales se otorgan en razón de poseer humanidad y no una nacionalidad— pueden ser una respuesta a la vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes, documentados e indocumentados, que no poseen los derechos que garanticen su autonomía social, económica, política y jurídica. Los derechos humanos se ven como un marco legal que protege a personas que decidieron migrar, o que se vieron forzadas a hacerlo porque el azar las colocó en una nación que nunca tuvo, o ha perdido, la capacidad de generar oportunidades para la vida.

Partiendo de algunas de las coincidencias epistemológicas entre ciudadanía y derechos humanos (derechos naturales inalienables en los ámbitos civil, político y social, y más recientemente en el cultural) frente a la migración internacional, el discurso de derechos humanos ha inspirado cuatro tipos de reformulación del concepto de ciudadanía: 1) las propuestas que se preocupan por el reconocimiento de derechos laborales y sus derechos relacionados; 2) las propuestas que se enfocan a la incorporación cultural de los migrantes en las sociedades receptoras, y enfatizan la extensión de derechos políticos que les permitan participar y maximizar su contribución económica en el país de origen; 3) las propuestas que justifican la adquisición gradual o inmediata de una gama de derechos más amplia dentro del país de destino y 4) las propuestas de “postciudadanía”, más conocidas como de “migración sin fronteras” o de “fronteras abiertas”, las cuales renuncian a la tarea de adjetivar la ciudadanía y sugieren el reconocimiento del derecho de todos los seres humanos a migrar/emigrar, y a gozar de todos los derechos humanos independientemente de dónde se encuentren.

En el primer grupo de propuestas se encuentran la ciudadanía laboral trasnacional (CLT) (Gordon, 2009) y la ciudadanía flexible (Ong, 2004). Por una parte, Gordon propone la CLT como un nuevo estatus migratorio que da libre tránsito a todos los trabajadores, sin restricción alguna. Esto quiere decir que las visas laborales no se otorgarían por los gobiernos nacionales a través de la intermediación de empleadores (como ocurre con las visas de trabajo temporal, por ejemplo), sino a través del movimiento obrero organizado transnacionalmente. Es decir, los sindicatos y otras centrales obreras en un país trabajarían organizadamente con las de otras naciones, con el fin de dar CLT a quienes la soliciten, vigilando que los empleadores y los Estados respeten los derechos laborales y sociales de los migrantes. Esta propuesta no es simplemente normativa, tiene su base empírica en el apoyo que han brindado los sindicatos europeos a los trabajadores indocumentados de compañías de limpieza subcontratadas (Gordon, 2009).

Por su parte, Ong hace una reconceptualización neoliberal de la ciudadanía a partir del ejercicio del derecho humano al trabajo como lo ejercen los migrantes de élite (empleados de corporaciones y hombres y mujeres de negocios, básicamente), y destaca el ejercicio instrumental de derechos relacionados que pueden hacer los migrantes privilegiados. La ciudadanía flexible que propone Ong resalta el cúmulo de prácticas transnacionales que tienen los migrantes de élite para acceder a dos tipos de ventajas que ofrece la globalización económica: a) los diferentes beneficios globales, tales como subsidios empresariales, bienes raíces, inscripción a las universidades del Ivy League global, e incluso seguridad social para las familias y b) la movilización versátil de bienes empresariales, legales y sociales que facilitan un alto grado de movilidad (Ong, 2004). Por ejemplo, un ciudadano japonés puede aprovechar el liberalismo inglés para invertir en Hong Kong, al tiempo que tiene a su esposa e hijos pequeños viviendo en Estados Unidos, mientras que a sus hijos mayores puede enviarlos a estudiar a Oxford. En todo este tiempo, los hijos pueden aprovechar la gratuidad de los servicios de salud británicos y su esposa los servicios culturales que ofrece una ciudad como Nueva York. Aunque de derecha, la ciudadanía flexible da cuenta de los derechos a los que —en un mundo ideal— deberían aspirar todos los migrantes internacionales.

En el segundo grupo de propuestas, las que se ocupan de los derechos culturales en las sociedades receptoras y los derechos políticos en el país de origen, se encuentran la ciudadanía trasnacional (Bauböck, 1994; Castles y Davidson, 2000), y la ciudadanía externa (Barry, 2006). Por un lado, la ciudadanía transnacional se basa en la idea de que la globalización produce identidades culturales y sociales que trascienden las fronteras nacionales, por lo que se producen múltiples y diferenciadas formas de pertenencia. La sobrevivencia de la democracia depende de encontrar formas adecuadas para incluir a las personas y sus múltiples identidades en una amplia gama de comunidades políticas, por arriba y debajo del Estado Nación. Al mismo tiempo, se debe asegurar la participación ciudadana en nuevos puntos de poder, ya sean supra o subnacionales, públicos o privados (Castles y Davidson, 2000).

Baubock dice que en consideración a los nuevos fenómenos sociales que presenta la globalización de la migración, se debe considerar la ampliación de derechos políticos para la participación simultánea en el país de origen y en el de residencia; la inclusión amplia de derechos culturales que consideren la importancia de factores como la preservación de su lengua, las costumbres, las tradiciones, la religión, etc., y la consideración del ejercicio colectivo de éstos y los derechos sociales. Este enfoque rechaza la idea de que la implementación de derechos y la membrecía deben rebasar al Estado nación y ser implementados por un Estado Global. Se ve al Estado nación como al encargado de implementar los contenidos formales y sustantivos de la ciudadanía, pero de acuerdo con los criterios y contenidos de la legislación internacional de derechos humanos (Bauböck, 1994).

Por otro lado, la ciudadanía externa se enfoca en el ejercicio y goce de derechos que tienen los migrantes en sus países de origen, en vez de en los países que los reciben. Barry destaca el creciente reconocimiento que hacen los países emisores de migrantes a sus ciudadanos que viven en el extranjero, debido a la contribución económica y al liderazgo político y cultural que asumen en sus comunidades. A partir de este reconocimiento, los gobiernos han negociado con sus migrantes diversas formas de incorporación que reconfiguran la ciudadanía nacional y le dan una dimensión externa. La incorporación se hace en tres áreas claves de derechos: a) la incorporación económica vía las remesas y los flujos de capitales; b) la incorporación legal a través de reconocer que una persona puede ser poseedora de dos o más ciudadanías y c) la incorporación política vía el voto en el extranjero (Barry, 2006). Esta ciudadanía ha sido ampliamente estudiada en México con el nombre de doble ciudadanía y voto en el extranjero (Calderón Chelius y Martínez Saldaña, 2002).

En tercer lugar, entre las reformulaciones que sugieren la adquisición gradual o inmediata de todos los derechos se encuentran la ciudadanía cívica (De Lucas Martín, 2006), la ciudadanía postnacional (Soysal, 1994) y la ciudadanía cosmopolita o global (Carter, 2001; Dower, 2003). Primero, la ciudadanía cívica, que ya se está implementando en algunos países de la Unión Europea, garantiza ciertos derechos y obligaciones básicas que los inmigrantes residentes y documentados pueden adquirir gradualmente, de tal manera que sean tratados de la misma forma que los nacionales de su Estado anfitrión, incluso si no han adquirido la ciudadanía nacional. Estos derechos son la libre circulación y residencia; trabajo; establecerse y proveer servicios; votar y ser votados en elecciones del Parlamento europeo y del municipio en el que vivan; protección diplomática y consular; petición e información, y a la no discriminación por razones de nacionalidad. Esta es una forma de “desnacionalizar” la ciudadanía, en opinión de sus promotores (de Lucas Martín, 2006).

Segundo, la influyente propuesta de ciudadanía posnacional de J. Soysal (1994) sugiere el reconocimiento inmediato de los derechos humanos ejercidos de facto por los migrantes que no tienen ciudadanía nacional, pero participan en la comunidad política y los reclaman como derechos humanos y no solamente ciudadanos. Ella dice que: “La ciudadanía posnacional confiere a cada persona el derecho y la obligación de participar en la estructura de autoridad y la vida pública de una polis, sin importar sus lazos históricos o culturales con esa comunidad” (Soysal, 1994. La traducción es mía). Soysal justifica esta propuesta en el socavamiento de la soberanía nacional y la creciente importancia de los regímenes internacionales de derechos humanos, que hacen que la ciudadanía traspase la idea de la identidad nacional y asigne derechos en función del estatus de “ser humano” (Soysal, 1994).

Tercero, la ciudadanía global o cosmopolita se inserta en el marco normativo del cosmopolitismo, el cual se refiere a un modelo de política global en el que las relaciones entre individuos trascienden el Estado nación y están cada vez más reguladas por instituciones y regímenes legales globales incluyendo, de forma importante, al régimen de derechos humanos (Carter, 2001). La idea de un Estado Global y de su democratización es fundamental en el cosmopolitismo. En relación con la migración, el cosmopolitismo sugiere que debe haber una distinción entre derechos ciudadanos y nacionalidad, y que las personas deberían disfrutar de derechos civiles, sociales y hasta políticos en más de un solo país, lo que constituiría el derecho a ser tratado con igualdad (Dower, 2003). La ciudadanía cosmopolita retoma todos estos valores, y además incorpora como factor central el activismo en movimientos sociales trasnacionales, cuyo objetivo fundamental es defender los derechos humanos y democratizar las instituciones supranacionales, con el fin de construir un Estado global verdaderamente democrático (Carter, 2001).

En la literatura sobre el tema es frecuente que los términos de ciudadanía cosmopolita y ciudadanía global se utilicen indistintamente, pero Isin las diferencia diciendo que la cosmopolita no necesariamente pasa por un Estado Global, mientras que la global sí (Isin, 2007). La ciudadanía cosmopolita busca la forma para que nuevos derechos y obligaciones puedan ser institucionalizados sin necesidad de apelar a un Estado Global. Asimismo, busca institucionalizar los derechos a la movilidad y a la transacción, que incluyen el derecho de los migrantes al trabajo, a tener un pasaporte, a entrar a un país, al asilo, al refugio, a contraer matrimonio fuera del propio Estado y el derecho a tener propiedad, bienes, servicios o inversiones a través de varios Estados. Estos derechos deben ir acompañados de las obligaciones relevantes, específicamente un impuesto a la movilidad y a la transacción que pueda solventar los costos de las demandas de los migrantes en cualquier Estado del mundo (Isin y Turner, 2007).

En cuarto y último lugar, entre las propuestas de postciudadanía se encuentran el derecho a la movilidad (Pécoud y de Guchteneire, 2006) y el Ius migrandi (Vitale, 2006). Por un lado, Pécoud y de Guchteneire proponen que se reconozca el derecho a la movilidad como una reinterpretación contemporánea de los artículos 13 y 14 de la DUDH, los cuales establecen el derecho de circulación de un país a otro (derecho a emigrar) y el derecho de asilo (derecho a inmigrar). Ambos derechos fueron formulados e interpretados en el contexto del Holocausto y la guerra fría, y hoy tendrían que ser reinterpretados a la luz de las consecuencias socioeconómicas y ambientales de la globalización. En este contexto, el derecho a la movilidad es a su vez una reinterpretación del derecho a elegir libremente un trabajo y a un nivel de vida adecuado, los cuales se encuentran reconocidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos —artículos 23 y 25 de la DUDH; y 6, 7, 8 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pécoud y de Guchteneire, 2006).

Cuadro 3. La visión institucionalista sobre los regímenes internacionales de derechos humanos

Institucionalismo

Causas de su creación

Impacto esperado en el comportamiento de los Estados

Interés de los Estados por generar bienes comunes

No hay impacto, pues no se generan costos de reputación

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, la propuesta del Ius migrandi de Vitale (2006), en vez de reconceptualizar la ciudadanía, justifica la existencia de un derecho a migrar que rebasa el anclaje nacionalista inherente al concepto de ciudadanía, el cual permanece, aunque se cuestione y reconfigure. El trabajo de Vitale es en gran medida una respuesta al derecho de fuga propuesto por Mezzadra (2005), quien se basa en el trabajo de Weber sobre el éxodo de trabajadores polacos a Prusia en el siglo XIX, cuando el gobierno abrió temporalmente sus fronteras debido a la falta de mano de obra. Para Mezzadra, hablar de derecho de fuga, y no de derechos humanos o ciudadanos, evita las pretensiones universalistas de éstos, y caer en el reduccionismo de la pluralidad que, en su opinión, produce el análisis multiculturalista. Lo que interesa a Mezzadra es rescatar la subjetividad que hay en el acto de migrar, la particularidad de las historias migratorias:

La categoría de fuga pretende ante todo remarcar la dimensión subjetiva de los procesos migratorios. Es decir, aquella dimensión que haciendo resaltar su naturaleza específica de movimiento social, impide su reducción […] a procesos de tipo “natural”, automáticamente determinados por causas ”objetivas” de naturaleza económica o demográfica (Mezzadra, 2005: 44-45).

Vitale critica a Mezzadra diciendo que el derecho de fuga implica que los migrantes son de alguna forma culpables de la situación que los empuja a migrar, criminales a los que se les concede esta gracia. Por ello responde al derecho de fuga con un argumento cosmopolita que justifica un derecho de migrar, un Ius migrandi que se debe garantizar en un derecho positivo internacional de derechos humanos. Solamente reivindicando un derecho a migrar se puede superar el nacionalismo que conlleva la idea de ciudadanía y reclamar el carácter revolucionario no criminal de la migración (Vitale, 2006). En palabras de Vitale:

He aquí por qué reivindicar el derecho a la migración representa una perspectiva revolucionaria. Proteger y garantizar totalmente la libertad personal y […] considerar seriamente la libertad de circulación como derecho fundamental del individuo, significará afianzar, de un modo universal, el ius migrandi que los mismos conquistadores españoles, y sus herederos ideales, se reservaban para sí mismos, y, […] provocar la caída del último privilegio de estatus vinculado a la nacionalidad de los países más ricos, obligándoles, finalmente, a esforzarse de verdad en reducir […] las asombrosas desigualdades mundiales que nunca como hoy han sido tan abismales y evidentes (Vitale, 2006: 259-260).

Conclusiones

Este ensayo estableció cómo dos elementos favorecieron el estudio académico de los derechos humanos en la sociología política. Por un lado, el giro constructivista en las ciencias sociales, el cual desplazó el énfasis en el análisis de las estructuras favoreciendo el estudio de los sujetos sociales. Por otro lado, la coincidencia temporal entre este cambio metodológico en la subdisciplina y las luchas nacionales y trasnacionales por los derechos humanos. Con base en esta ubicación metodológica, se identificaron las principales preguntas de investigación en el estudio sociopolítico de los derechos humanos, y se hizo una revisión de literatura de los tres grandes campos de investigación sociopolítica que pretenden responderlas: los derechos humanos como eje articulador de la acción colectiva; la participación de los sujetos en la construcción del discurso y los efectos de dominación y emancipación de esta construcción, y las transformaciones de la categoría de ciudadanía a partir de los retos de las migraciones globales.

Este ejercicio de síntesis tiene el sesgo inevitable de la literatura revisada por la autora —fundamentalmente anglosajona y mexicana, y en el caso de la ciudadanía, literatura española e italiana— y deja fuera las referencias producidas en el mundo francófono, portugués y español latinoamericano. En este último caso es fundamental el trabajo producido en Colombia, Argentina y Brasil, países que tienen ya un largo camino andado en la investigación sociopolítica de derechos humanos. No obstante este sesgo, el ensayo señaló el poco trabajo sociopolítico que se realiza en México en torno a los derechos humanos, a pesar del enorme laboratorio social que posee, y que urge a desentrañar los entramados de poder en las luchas por los derechos humanos de diversos grupos sociales. Entre los temas de derechos humanos a investigar desde la sociología política, en el contexto específico de México destacan: los movimientos por el derecho al agua y en contra de los feminicidios; la construcción del discurso de derechos humanos desde las organizaciones de derechos humanos y la interpelación que ha hecho la migración a nuestro sistema de adjudicación de derechos.

Es importante mencionar que los estudiantes de los posgrados en derechos humanos, sociología, ciencia política y relaciones internacionales en México sí se interesan en estos asuntos, y ello se refleja en la elección de sus temas de tesis.[9] Sin embargo, casi ninguno de estos estudios se publica. Finalmente, hay que señalar dos líneas de investigación de derechos humanos desde la sociología política que han sido poco o nada examinadas: 1) los movimientos en torno a los derechos de los consumidores y el consumo ético que apela a los derechos humanos, y 2) los efectos negativos de la apropiación del discurso de derechos humanos por parte de grupos fundamentalistas como los provida, los de legalización de las armas y los que reclaman derechos humanos de las empresas transnacionales.

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[*] Investigadora en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), <aestevez@servidor.unam.mx>.

[1] Investigadora en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), <aestevez@servidor.unam.mx>.

La autora agradece a Jessica Argüello Castañón, alumna destacada de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Flacso, por su entusiasta colaboración en la elaboración de los cuadros que se incluyen en este capítulo.

[2] En la década de 1960 surgió un movimiento crítico de las pretensiones universalistas y de objetividad de las ciencias sociales, las cuales estaban dominadas por el positivismo y una tendencia al determinismo estructural (marxismo y funcionalismo). Estas corrientes invisibilizaban la potencialidad, la agencia y la diversidad de los sujetos sociales. Entre las nuevas corrientes que cuestionaron las bases epistemológicas (los supuestos sobre los cuales se construye el conocimiento) y ontológicas (los supuestos sobre los que se construye el objeto sobre el cual se produce conocimiento) de las ciencias sociales destacan el constructivismo social y el así llamado giro discursivo, el mismo que comprende los enfoques posmodernistas y postestructuralistas. El giro constructivista en la sociología política, que hoy se denomina sociología política contemporánea, se expresa en un interés por los aspectos subjetivos de los movimientos sociales y la ciudadanía, así como en el carácter discursivo de las ideologías que construyen las relaciones estructurales. Este ensayo se enfoca exclusivamente en la sociología política contemporánea, porque ha sido la que ha dado relevancia al estudio de los derechos humanos. Sobre sociología política contemporánea en general (véanse Cohen y Kennedy, 2007: 584; Nash, 1999; Taylor, 2010: 234).

[3] En este ensayo, el debate se ubica en el contexto de la migración global, aunque la discusión se ha dado también en el ámbito de la participación.

[4] La escuela europea o de los nuevos movimientos sociales y la escuela estadounidense de la acción colectiva son las perspectivas más importantes en el análisis de los movimientos sociales. La primera es una crítica al análisis marxista (estructuralista) que se enfoca en el movimiento obrero y las relaciones de producción como la fuente del conflicto social. Sin descuidar los aspectos estructurales de la acción colectiva, la escuela europea se enfoca en la acción simbólica, la esfera cultural, la política de las identidades y la ideología que facilitan la movilización (Melucci, 1980; Touraine, 1985). La segunda se enfoca en los contextos coyunturales que facilitan la movilización colectiva, la cual se considera un proceso que los actores colectivos racionales usan instrumentalmente para controlar los recursos que encuentran disponibles, y así obtener bienes colectivos o lograr intereses comunes. Hay tres modelos teóricos en esta escuela: de la movilización empresarial, del proceso político y de los marcos (framing). Éstos son importantes para este ensayo porque estudian cómo la ideología —que pueden ser los derechos humanos— media estratégicamente en la política que hacen los movimientos y sirven para dar énfasis a ciertos aspectos de las ideas y demandas de los activistas (McAdam, McCarthy y Zald, 1996; Tarrow, 1992).

[5] Seguros de haber trascendido el determinismo material del marxismo, Laclau y Mouffe ven los movimientos sociales como parte constitutiva de los discursos que utilizan para articularse. Esto se debe a que los sujetos no tienen identidades fijas, sino que adquieren tantas identidades como discursos con los que se identifican. Ellos llaman a esta construcción de identidad “posiciones del sujeto” (Laclau, 2005; Laclau y Mouffe, 2001).

[6] En este análisis, el constructivismo y las corrientes agrupadas en la categoría del giro discursivo —posestructuralismo y posmodernismo— son claves: 1) el constructivismo señala que la realidad no es objetiva, es una construcción social en la que el sujeto no es un elemento externo al objeto de estudio y no puede observarlo como una entidad neutra, tiene que considerar la participación del sujeto en su construcción; 2) el posmodernismo es una crítica a los preceptos básicos de la filosofía de la Ilustración, rechaza los conceptos de objetividad y neutralidad, y propone que el conocimiento y el sujeto social son construcciones discursivas, y 3) el posestructuralismo se refiere a la radicalización del trabajo del lingüista Ferdinand de Sassure, quien estableció que los componentes del signo —el significado (concepto) y el significante (el nombre que describe ese concepto)— no son intrínsecos a lo que ocurre en el mundo real. Esto quiere decir que las cosas no tienen un significado esencial, sino que éste es asignado a través del lenguaje, el cual funciona como un sistema relacional en el que cada elemento adquiere un significado en relación con los otros componentes del sistema. Los teóricos posestructuralistas —Jacques Derrida (deconstrucción), Michel Foucault (genealogía), Jacques Lacan (teoría del sujeto) y Julia Kristeva (intertextualidad)— vieron un enorme potencial analítico en la separación de lo real y el lenguaje, para descubrir los efectos de verdad que producen los discursos modernos basados en composiciones binarias y los sujetos sistemáticamente subordinados, así como en el papel del lenguaje en la construcción de la identidad.

[7] Sobre la polémica en torno a la legalización del discurso de derechos humanos, véase el interesantísimo volumen de Meckled-García y Cali (2006) .

[8] En “El retorno del ciudadano. Una revisión de la producción reciente de la teoría de la ciudadanía“ (Kymlicka y Norman, 1997), encontramos una excelente revisión de la crítica a la ciudadanía social de Marshall.

[9] Estos son algunos temas de las tesis que dirigí y me encuentro dirigiendo en la Maestría en Relaciones Internacionales y el Doctorado en Sociología (UNAM) y la Maestría en Derechos Humanos y Democracia (Flacso): los derechos humanos de los migrantes en las estaciones migratorias mexicanas; las violaciones a los DH de los trabajadores temporales en Estados Unidos como condiciones equiparables a la trata de personas; la desmovilización de las organizaciones de derechos humanos mexicanas en torno a los derechos de los migrantes por el corporativismo y la delincuencia organizada, entre otros factores; la influencia de los movimientos sociales en la formulación del derecho al agua; la construcción conservadora de los derechos humanos a través del discurso internacional de securitización; la simulación detrás de la política internacional de derechos humanos en el gobierno de Vicente Fox; la situación de la protección a los defensores de DH en México y la justificación a los DH de los consumidores.

Feminismo y derechos humanos[1]

Richard Miskolci[*]

Los derechos humanos y el feminismo tienen historias que se entrelazan, muchas veces por aproximación, otras por distanciamiento. Reflexionar sobre ambos articuladamente permite ver cómo muchos de sus cuestionamientos —a los cuales algunos prefieren llamar paradojas— tienen origen en un diálogo no siempre visible ni suficientemente profundo.

En la mayor parte del mundo, el feminismo o los estudios de género no constituyen un área de investigación institucionalizada ni tampoco disciplinar. A pesar de su gran amplitud, un rasgo común de sus vertientes es un diálogo con los movimientos sociales y sus demandas. Actualmente, en la amplia y diversa producción feminista, los derechos humanos figuran como un tema relevante y destacan, dentro de sus numerosos enfoques, los debates que buscan insertar la cuestión de las diferencias dentro del lenguaje universalista de los derechos universales por medio de discusiones de teoría política o de investigaciones más empíricas. Dada la relevancia histórica del debate universalidad-diferencia, cualquier entendimiento de la relación entre feminismo y derechos humanos debe retomar la tensión entre el universalismo de las declaraciones de derechos humanos y la perspectiva de diferencia que ha implicado el pensamiento feminista desde finales del siglo XVIII.[2]

De la misma forma en que no existe un consenso sobre lo que son o en qué se fundamentan los derechos humanos, tampoco lo hay sobre el feminismo en sus diferentes vertientes históricas y variaciones locales. De diferentes maneras, tanto el pensamiento político liberal de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, como el feminismo emergente fueron el resultado del pensamiento de la Ilustración, de la desacralización del orden social y de la transición a un nuevo régimen. El liberalismo se volvió hegemónico y constituyó todo un andamiaje legal, institucional y de valores, en el que se asentó la sociedad burguesa occidental desde finales del siglo XVIII, por lo que el feminismo se convirtió, con sus matices, en un discurso crítico de sus presupuestos filosóficos.

Inicio este ensayo con una breve introducción histórica del feminismo, su origen moderno vinculado al pensamiento que fundamentó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y su lucha inicial basada en el derecho al voto y la educación para las mujeres. Después de este preámbulo histórico y teórico, dirigiré la atención hacia la relación de aproximación y crítica entre el escenario inaugurado por la DUDH y el feminismo contemporáneo. El surgimiento de un nuevo movimiento social enfocado en las problemáticas relacionadas con los derechos sobre el propio cuerpo, así como la liberación y la revolución sexual, contribuyó a una mayor presencia feminista en la academia, la vida política y la esfera pública en general.

Consciente de las limitaciones de esta reflexión introductoria y panorámica, pretendo ofrecer algunas guías históricas, políticas y teóricas para futuros estudios que profundicen la discusión en detalle, con más precisión y atención a las divergencias que siempre forman parte de la historia.

Breve historia de la relación entre el feminismo y la emergencia de los derechos humanos

No es casualidad que el feminismo como lo conocemos hoy en día haya surgido a finales del siglo XVIII, porque es la misma época de efervescencia política que dio origen a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. También en ese siglo surgieron buena parte de las reflexiones que marcarían nuestro presente, parte de nuestro marco institucional, de nuestro horizonte político, incluso de los cambios en la apreciación, la percepción colectiva, sobre lo que nos une como seres humanos.

En La invención de los derechos humanos, Lynn Hunt afirma que “Los derechos humanos son difíciles de definir porque su definición, y en realidad su mera existencia, depende tanto de emociones como de razones” (2009: 24. La traducción del portugués es mía). Como construcción histórica, los derechos humanos solamente pudieron surgir a partir de la emergencia de una nueva percepción relacional entre las personas como seres humanos, es decir, como poseedores de un elemento en común, complejo y poco claro, al que denominamos humanidad. Según la historiadora, más que constituirse en oposición a lo divino o a los animales, los derechos humanos se establecieron vis-à-vis otros seres humanos.

El presupuesto para ser poseedor de derechos humanos para los grandes fundamentos del pensamiento de la Ilustración, es decir, la idea de autonomía moral, la capacidad de razón y la independencia para decidir por uno mismo. Esta noción de autonomía se popularizó por medio de la literatura, en especial a través de la romántica. Este género literario atraía muchos lectores, porque se basaba en la idea de que todas las personas son parecidas entre sí por sus deseos más íntimos, entre los que destacaba el deseo de autonomía:

De esa forma, la literatura romántica creaba un sentido de igualdad y empatía a través de la aventura apasionada como narrativa. ¿Sería coincidencia que los tres mayores romances de identificación psicológica del siglo XVIII —Pamela (1740) y Clarissa (1747-1748) de Richardson, y Julia (1761) de Rousseau— hayan sido publicados en el periodo que precedió inmediatamente el surgimiento del concepto de “derechos del hombre”? (Hunt, 2009: 24).

Asimismo, no es mera casualidad el hecho de que la mayoría de las novelas románticas, por lo menos las mejor conocidas, trataran de la búsqueda de autonomía femenina. Así, el proceso de aceptación, deseo, e incluso de atracción hacia la independencia individual en el siglo XVIII, se relaciona con la constitución social y simbólica de una nueva subjetividad femenina, aun cuando ésta era percibida sólo por algunos hombres y un número todavía menor de mujeres letradas que tenían acceso a esas lecturas.

Es en este contexto que el primer feminismo toma forma y fuerza como una vertiente de pensamiento, que simultáneamente daba origen y criticaba la Ilustración. Según Amelia Valcárcel (2000), en el desarrollo de la filosofía política moderna, el feminismo surge como una corrección mayor y más profunda de la democracia primitiva, y tiene su obra fundamental en la Vindicación de los derechos de la mujer (1792) de Mary Wollstonecraft. Vindicación… es un resumen pormenorizado de la exclusión de las mujeres en la teoría política de Rousseau, particularmente en el campo de los bienes y los derechos, que presenta una democracia excluyente en la que la igualdad entre los hombres se fundamenta en el dominio sobre las mujeres. El Estado ideal rousseauniano es una República en la que cada hombre es jefe de familia y ciudadano.

Wollstonecraft, con su Vindicación..., creó el primer clásico del feminismo, partiendo del debate sobre la igualdad y la diferencia entre los sexos, y ayudó a establecer un nuevo discurso crítico que utilizaba las categorías universales de la filosofía política de la época, no para comparar a hombres y mujeres en sus diferencias o ventajas, sino para señalar cómo las declaraciones universales privaban a las mujeres de bienes y derechos.

Joan W. Scott afirma que esta novedad fue —y para algunos todavía es— la paradoja fundacional del feminismo: afirmar que las diferencias de género no indican una mayor o menor capacidad social, intelectual o política, bajo la misma perspectiva de diferencia (femenina), cuya existencia trató de negar (2002: 18). Esta paradoja desafió las bases del universalismo emergente, no tanto por llevar al dilema de la igualdad frente a la diferencia a un supuesto callejón sin salida, sino más bien porque fue enunciado en los términos ya existentes en los que individuo era sinónimo de masculinidad.

A pesar de provenir del democratismo de la Ilustración, este ejemplo teórico del primer feminismo se cristaliza en el contraste que hay con las prácticas políticas, las declaraciones de derechos estadounidense y francesa, y las teorías políticas que le servían de fundamento. Wollstonecraft, como demócrata rousseuniana, también demandaba un Estado legítimo y una educación apropiada para la nueva ciudadanía, pero no admitía la exclusión de las mujeres de esa nueva realidad.

Curiosamente, lo que llevó a Mary Wollstonecraft a escribir fue el deseo de confrontar la posición reaccionaria de Edmund Burke hacia la Revolución francesa, posición que lo llevó a escribir su Vindicación de los Derechos del Hombre (1790). Fue esta controversia con Burke la que hizo que se encontrase con la cuestión de los derechos de las mujeres, lo cual daría origen al trabajo que la haría más conocida. El ejemplo de Wollstonecraft se inserta, e ilustra, en la inflexión histórica señalada por Lynn Hunt de que las mujeres “simplemente no constituían una categoría separada y distinguible antes de la Revolución” (2009: 170). Esto es evidente en la lista de demandas de Jean Caritat, Marqués de Condorcet. En 1781, Caritat publicó un panfleto exigiendo el fin de la esclavitud y muchos otros cambios profundos de orden social, pero —hecho que merece señalarse— sin ninguna mención a las mujeres. Un año después de la revolución publicaría un artículo periodístico titulado Sobre la admisión de las mujeres a los derechos de la ciudadanía.

El más abierto defensor masculino de los derechos de las mujeres durante la Revolución, Condorcet sorprendió a sus lectores al afirmar que tanto hombres como mujeres eran iguales poseedores de razón, sensibilidad e ideas morales, hecho que hacía absurdo que en ninguna constitución las mujeres tuvieran sus derechos ciudadanos garantizados. Y añadió audazmente: “O ningún individuo en la humanidad tiene derechos verdaderos, o todos tienen los mismos; el que vota contra el derecho de otro, cualquiera que sea su religión, color o sexo, renuncia en ese momento a sus propios derechos” (Condorcet, 2009).

Los textos feministas —por lo menos los escritos de las pocas mujeres que habían conseguido acceder a un alto grado de cultura— no encontraban lectores más allá de círculos muy cerrados. Su público eran las élites políticas y de pensamiento, las cuales no siempre mostraban interés en conocer sus textos y mucho menos en aceptarlos. Está, por ejemplo, la recepción negativa que tuvo la más bien corta Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana (1791) de Olympe de Gouges, la cual le valió, dos años después, la condena a la guillotina (Scott, 2005: 11).[3] A su vez, la larga y más densa Vindicación… de Mary Wollstonecraft, publicada un año más tarde en Inglaterra, fue motivo de difamaciones y sarcasmo. Es sintomático el hecho de que, al mismo tiempo que corría esta fría “acogida” de los escritos feministas, uno de los grupos más radicales de la escena revolucionaria exigía la prohibición de la alfabetización de las mujeres.

Es en este nuevo orden político que el discurso igualitario y democrático instituye la división entre lo público y lo privado como una forma de reservar lo público a la política y a los hombres, y restringir a las mujeres al ámbito privado, formando una masa precívica cuyo papel era reproducir el orden natural dentro del Estado. La existencia de ambas esferas tampoco significaba el reconocimiento de dos fuentes de autoridad, pues en el Estado solamente los hombres tenían la capacidad para la igualdad y la libertad, lo cual implicaba también su autoridad en el ámbito privado. Se consolidaba así una jerarquía supuestamente legítima entre hombres y mujeres.

Wollstonecraft inauguró la crítica de la condición femenina al afirmar que los rasgos de conducta y temperamento considerados propios de las mujeres eran, en realidad, resultado de la falta de recursos y libertad. De forma perspicaz, la feminista inglesa afirmó que la jerarquía masculina era un privilegio injusto basado en prejuicios heredados del Antiguo Régimen. Según sus propias palabras, las denominaciones de clase y sexo son ambas políticas y —consecuentemente— no se puede estar en contra de una sin estar también en contra de la otra. En el fondo, como lo afirma Joan W. Scott, el universalismo de “todos iguales frente a la ley” tenía un presupuesto de diferencia:

el individuo universal que ejercía los derechos políticos del “hombre” era al mismo tiempo abstracto y concreto; su diferencia en relación a la mujer (en términos de deseo o función reproductiva) aseguraba que su condición genérica de hombre constituyera los límites mismos de su individualidad. La individualidad no era solamente una prerrogativa masculina; era definida también en términos de raza (Scott, 2002: 37).

Surge aquí la novedad teórica radical del primer feminismo, el cual, incluso empleando los conceptos y discursos de su tiempo, superaba los usos para los cuales éstos habían sido diseñados, y amenazaba los pilares de la deseada respetabilidad burguesa, ya que implicaba la subversión de elementos de orden jerárquico: lo mismo el esclavismo que la nueva familia, dentro de la cual ensayaba redefinir nuevos papeles masculinos y femeninos.

Por lo menos desde la Revolución Francesa, el individuo político fue considerado al mismo tiempo universal y masculino. Desde entonces, el tipo de individualidad que concedía la ciudadanía a las personas era la de la diferencia sexual, un hecho que fue corroborado por la abolición de la esclavitud y la paralela concesión de la ciudadanía a los antiguos esclavos hombres (Scott, 2002: 34). Se observa entonces que la “paradoja” no era un atributo exclusivo o principalmente del feminismo, sino también (y de forma previa) de la propia noción contemporánea de individuo que el feminismo había criticado como definida de forma supuestamente universal, pero materializada en el hombre blanco.

Las feministas comenzaron a desarrollar una línea de reflexión crítica que desnudaba las paradojas, incoherencias y ambigüedades de los sistemas político-ideológicos que fundamentaban su aceptación en una presunta universalidad, que en realidad escondía formas más o menos sutiles de diferenciación y exclusión. La crítica a los patrones de exclusión exhibía el carácter insoluble de una relación en constante conflicto con el pensamiento hegemónico, en particular las contradicciones del liberalismo. La teoría política en la que se basa el primer liberalismo consiguió amalgamar los principios abstractos del rousseaunismo con las elaboraciones de teoría del Estado de Benjamin Constant, de tal forma que se consolidaba la separación entre las esferas pública y privada, entre la familia y el Estado, y la institución del ciudadano como “paterfamilias”.

Desafortunadamente, la crítica feminista no logró interferir en los cambios sociales e históricos resultantes de la sociedad de la posrevolución burguesa, el nuevo orden comenzó a institucionalizar una democracia excluyente con una nueva legislación civil y penal napoleónica, y el modelo educativo que excluía a las mujeres. El llamado “Código napoleónico” se estableció en las nuevas formas de derecho positivo que sustituían a las antiguas, basadas en la ley de castas, los oficios y los títulos nobiliarios, a fin de enfocarse en la universalidad como principio, tomar el derecho romano como modelo, e instituir un derecho civil homogéneo y uno penal suavizado por los principios de la Ilustración. En el nuevo código civil se consagró la minoría de edad perpetua para las mujeres, lo que las dejaba en poder de sus padres, esposos e hijos varones.

Las mujeres no tenían derecho a administrar propiedades, ni a fijar o abandonar su domicilio, a tener una profesión o prestar sus servicios sin el permiso de otros, ni tampoco a rechazar a un padre o a un marido violentos. Los deberes propios de las mujeres eran los de la abnegación, la obediencia y el respeto a la tutela masculina, así como el de asegurarse de no cometer delitos tales como el adulterio o el aborto. Así, la nueva legislación no les garantizaba ciudadanía y, en el siglo XIX, la lucha por el derecho al voto y el acceso a la educación se convertirían en los pilares del movimiento feminista que entraría a la historia como el movimiento sufragista.

En 1848, Europa experimentó un nuevo proceso revolucionario que se hizo visible en la producción de manifiestos, entre los cuales destaca El Manifiesto Comunista de Marx y Engels. En el mismo año, en Estados Unidos, durante la primera Convención de los Derechos de la Mujer, la cual tuvo lugar en Senica Falls, Nueva York, setenta mujeres y treinta hombres de diversos movimientos y asociaciones políticas firmaron un documento intitulado Declaración de Sentimientos. Provenientes básicamente de círculos abolicionistas, estas mujeres y hombres que se habían dedicado a la causa de la abolición de la esclavitud, consideraban que había más de un paralelismo entre la condición de los negros esclavizados y la de las mujeres, sólo formalmente libres, en la sociedad estadounidense.

Inspirados en la Declaración de Independencia, hicieron una lista de demandas con doce puntos en los que demandaban ciudadanía civil para las mujeres y la modificación de las costumbres y la moral. Entre los miembros destacaban las mujeres que vendrían a dirigir el movimiento sufragista estadounidense, un ala de este movimiento de agitación internacional que estuvo presente en todas las sociedades industrializadas y que tenía dos metas principales: el derecho al voto y a la educación.

El sufragismo marca la transformación del feminismo, de un discurso o filosofía a un movimiento, más o menos organizado, de cobertura internacional y que contribuía a ampliar el léxico de lucha política más allá de las barricadas, los incendios y otras formas de manifestación violentas. El movimiento sufragista optó por las manifestaciones pacíficas, tales como la interrupción de oradores por medio de cuestionamientos sistemáticos, las huelgas de hambre, el autoencadenamiento, la distribución de panfletos reivindicatorios, y sus famosas marchas en las que, vestidas con togas académicas y con diplomas en las manos, empuñaban estandartes demandando el derecho al voto.

En su influyente tratado La sujeción de las mujeres (1869), John Stuart Mill criticó la subordinación legal de las mujeres y reformó el primer liberalismo con una renovación del iusnaturalismo, el cual incluía ahora una ontología individualista articulada en torno a la noción del interés común, en lugar del interés general. Con base en la doctrina de este segundo liberalismo, el sufragismo pudo demandar y alcanzar los derechos al voto y a la educación en la primera mitad del siglo XX. Obtenidos estos derechos, el contexto social cambiaría más que el político, pues a pesar de la tendencia hegemónica entre las sufragistas a afirmar que esas conquistas no alterarían la familia o la división tradicional público-privado sobre las cuales se había asentado el orden social por siglo y medio, la realidad cotidiana probaba lo contrario.

La conquista del derecho a la educación, la entrada al mercado de trabajo y la lenta pero gradual obtención de derechos como el derecho al voto abrirían, pausada pero progresivamente, el espacio público y hasta el escenario político para algunas mujeres, y muchas de sus reivindicaciones. Durante la segunda guerra mundial, con el envío de los hombres a los campos de batalla, en los países industrializados se volvió necesario —y por lo tanto socialmente aceptable— que las mujeres ocupasen puestos de trabajo antes reservados para ellos. Así, paulatinamente, —y no sin resistencia— se reconfiguraba la posición de las mujeres en la sociedad.

Un contexto de cambios acelerados sobrevino a partir de la Posguerra, siguiendo a la revelación del Holocausto y el inicio de la descolonización y la independencia de India y Paquistán en 1947. La tradición humanista occidental sufrió su mayor conmoción y, en medio de la incertidumbre y el miedo a la decadencia de los ideales humanísticos, una comisión de la recién creada ONU redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Al hacer hincapié en el término universal y sustituir “derechos del hombre y del ciudadano” por derechos humanos, la ONU incorporó, al menos en parte, la crítica feminista a la supuesta neutralidad de género en el ámbito legal.[4]

El feminismo contemporáneo y la lucha por los derechos humanos

Después de la conquista del derecho al voto y la educación, el feminismo pasó por muchos cambios profundos, tanto a nivel de fundamentación teórica como de organización y acción política. Mientras que la articulación de estos cambios reforzaba nuevas demandas de igualdad, al mismo tiempo, la perspectiva crítica se extendía al mundo académico institucionalizado, en especial a partir de la segunda mitad del siglo XX.

En 1949, Simone de Beauvoir publicó El segundo sexo, un texto clave del feminismo, entre otras razones, porque iniciaba un proceso de refutación a los argumentos biológicos o naturalizantes que —desde finales del siglo XVIII— justificaban las jerarquías entre hombres y mujeres. Así, progresivamente, el feminismo, más allá de su sesgo político, adquirió relevancia como pensamiento crítico de la ciencia, sacando a la luz las bases masculinistas en las que se asentaba su epistemología y, principalmente, las consecuencias de este sesgo: teorías que tendían a reforzar o a justificar las desigualdades sociales más diversas. Más aún, el carácter hegemónico de esta ciencia derivaría de su compromiso político con el statu quo.

Al mismo tiempo, en las décadas de 1950 y 1960, las transformaciones históricas y culturales harían posible la rearticulación del feminismo como nuevo movimiento social vinculado a las problemáticas de la época, tales como la contracultura, el pacifismo y la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. Dentro de las contribuciones del feminismo a los nuevos movimientos sociales destaca el cuestionamiento a la división público-privado expresado en el eslogan “lo personal es político”; y sus consecuencias como la liberación sexual y la lucha por la autonomía corporal, expresadas en la demanda por el derecho a la contracepción y al aborto (derechos reproductivos). Miriam Adelman (2009) señala que estas demandas provenientes “desde abajo” y desde adentro de la sociedad civil (la cual se reorganizaba a partir de los valores posmateriales) sirvieron como base para los cambios más importantes en el pensamiento social de las décadas siguientes.

En la academia, el emergente concepto de género permitió cuestionar posiciones teóricas ya establecidas. Diferenciándose del término sexo, el cual pasó a ser visto como un apoyo biológico en las distinciones culturales y políticas, el concepto de género permitía criticar y deslegitimar supuestos paralelismos entre las diferencias biológicas y las sociales. El sistema sexo/género, consolidado teóricamente a partir del artículo de Gayle Rubin El intercambio de mujeres: notas sobre la economía política del sexo (1975), representó un avance ineludible en las discusiones feministas. Según la antropóloga, el género era un imperativo de la cultura que opone a hombres y mujeres por medio del parentesco.[5] Aunque posteriormente fue criticado por sostener la composición binaria naturaleza/cultura, el sistema sexo/género fue el primer paso para superar esta dicotomía. Esto se daría quince años más tarde por medio de una radicalización de la propia noción de género y su comprensión como algo anterior y, por lo tanto, determinante incluso de nuestro entendimiento del sexo.[6]

El concepto de género llevó a una reformulación de los presupuestos tanto teóricos como políticos del feminismo, dentro de los cuales destaca el cuestionamiento de Judith Butler (1990) sobre si las mujeres debían ser el sujeto del feminismo. Desde su perspectiva, posible gracias a la percepción de que el binarismo de género es un imperativo jerarquizante en el cual se basa nuestra inteligibilidad social y política, el sujeto del feminismo debía ser ampliado para incluir diferencias de otro orden, en especial en lo que se refiere a las sexualidades disidentes.[7]

La discusión de Butler se inserta en un marco más amplio, que también incluye el tema de las entonces denominadas minorías étnico-raciales y religiosas dentro de las naciones europeas y norteamericanas. En conjunto, ellos trajeron a la esfera pública nuevas discusiones sobre derechos que imponían el reto de considerar las políticas de identidad dentro de la tradición universalista de Occidente.

El desafío de insertar la singularidad cultural dentro de las políticas universalistas motivó la reflexión del filósofo Charles Taylor, sintetizada en su influyente artículo La política del reconocimiento (1990). Taylor parte del carácter dialógico de la vida como resultado de la socialización, y se apoya en George Herbert Mead para mostrar cómo la identidad siempre se construye dialógicamente con otros a los que consideramos importantes (significant others). De esta forma, su argumento central conecta la construcción relacional de las identidades con la reflexión política de que éstas demandan reconocimiento en sociedades democráticas no jerárquicas. Si bien las identidades siempre se construyen en un diálogo en la vida social, esto no suele ocurrir en un contexto igualitario, de allí que la demanda por el reconocimiento venga de los subordinados, de aquellos que saben que el opuesto del reconocimiento es una imagen despectiva o estereotípica.

Taylor explica cómo la búsqueda por el reconocimiento es el producto histórico del colapso de las jerarquías sociales basadas en el honor, como las que fundaron el Antiguo Régimen, y el surgimiento de la noción contemporánea de dignidad. Es este cambio el que establece las bases de lo que occidente entiende como universalismo, y que debería tener como objetivo evitar la formación de clases distintas y jerarquizadas de ciudadanía. En su opinión y la de otros teóricos de la política liberal, las demandas actuales por el reconocimiento imponen el reto de vincular las identidades con la tradición universalista a través de la política del multiculturalismo.

El multiculturalismo viene de la misma perspectiva que busca acoger o estudiar la diversidad, así que reconoce el contenido y las convenciones culturales preexistentes mantenidas en un marco de tiempo relativista. En un artículo publicado en 1992, Homi Bhabha diagnosticó sabiamente que: “La diversidad cultural también es la representación de una retórica radical de la separación de culturas cerradas que permanecen intactas a la intertextualidad de sus sitios históricos, protegidas en la utopía de una memoria mítica de una identidad colectiva única” (Bhabha, 2005: 63).

En la misma época que el artículo de Taylor, los principios de la década de 1990, surgió una vertiente culturalizada del feminismo que rechazaba la retórica supuestamente democrática de la diversidad y el multiculturalismo, dando prioridad a la diferencia como espacio de enunciación de la cultura, como un campo de disputa donde lo hegemónico puede ser desafiado y corroído desde sus cimientos. Surgía la teoría queer.

La crítica de la división público-privado, articulada a los avances teóricos y el desarrollo del concepto de género, permitieron reconocer la centralidad de los aparatos sociales de construcción de los cuerpos y de las subjetividades. En este sentido, la historia del feminismo contemporáneo retoma, bajo una nueva perspectiva, la lucha histórica contra la tortura que marcó el desarrollo de los derechos humanos. Los llamados teóricos queer hicieron visibles las normas sexuales de carácter obligatorio que se imponen socialmente sin que generalmente se reconozca su carácter violento. Entre los estudios queer destacan el estimulante análisis de Eve Kosofsky Sedgwick (1990) sobre el régimen de control de la sexualidad de gays y lesbianas conocido como “clóset”, y la crítica de Judith Butler (1990) a la matriz heterosexual.

El clóset es una forma de regulación de la vida social de las personas que se relacionan con otras de su mismo sexo, pero temen las consecuencias en las esferas familiar y pública. Al contrario de lo que pueda parecer, el clóset no sólo atañe a las personas que se relacionan con otras del mismo sexo, sino que es el medio de regulación que garantiza privilegios a las personas que se relacionan con otras del sexo opuesto y mantiene un orden heterosexual con sus instituciones (como el matrimonio y la familia tradicionales) y sus valores (como la asimetría entre los géneros). En resumen, el clóset no sólo se refiere quienes viven sus vidas amorosas en secreto, sino también a los que gozan el privilegio de vivirlas abiertamente.

Respecto de la matriz heterosexual, Butler analiza cómo hay una prescripción social que asocia de forma lineal (y obligatoria) sexo, género, deseo y prácticas, de tal manera que —por ejemplo— alguien con pene sea obligado a ser masculino en vivencias y expectativas, y se le incentive a expresar deseo por las personas del sexo-género “opuestos” y a desarrollar prácticas sexuales “activas”. No hay nada de natural en esta matriz y, en la práctica, esta linealidad o “coherencia” es a menudo interrumpida por un número incalculable de personas que, de diversas maneras, viven en conflicto con el orden sexual vigente.

Además de ser innovadora en el análisis del poder en la esfera de la sexualidad y el género, la teoría queer se volvió visible por su posición crítica frente a los movimientos sociales guiados por las políticas de identidad —como los movimientos feministas, gays y lésbicos tradicionales—, y frente a los estudios sociológicos sobre minorías sexuales, los cuales tendían —a pesar de su aparente compromiso con los marginados— a reiterar la visión común de la heterosexualidad como algo natural y universal. En resumen, la teoría queer reemplazó la lucha por el reconocimiento de las identidades con una crítica de las normas y los aparatos que las crean y mantienen a través de mecanismos obligatorios. La elección de un insulto (queer),[8] que denota anormalidad y desvío, hace explícitos el rechazo a la política de asimilación y el énfasis académico en una crítica de carácter normativo al orden sexual actual.

Desde el inicio, entre los queer prevaleció una crítica radical a cualquier privilegio identitario, de allí la visión de que el multiculturalismo era una forma renovada del universalismo eurocéntrico, el cual afirmaba una fantasía de identidades que serían representadas gráficamente en paralelo, una traducción de un deseo político etnicizante que algunos teóricos queer llamaron con ironía la teoría del arco iris. Mientras que el multiculturalismo esencializaba las identidades, las reflexiones queer evidenciaban su carácter eminentemente histórico y cultural. Los queer optaron por traer a la mesa de debate una forma de represión que vinculaba a la homofobia con el orden masculino denunciado por el feminismo.[9]

En términos más específicos, la teoría queer surgió a partir de una vertiente no heterocéntrica del feminismo estadounidense que, en sintonía con Foucault, entendió la sexualidad como un dispositivo histórico del poder y, en consecuencia, como un conjunto heterogéneo de discursos y prácticas sociales que forman una verdadera red entre elementos tan diversos como la literatura, los enunciados científicos, las instituciones y las proposiciones morales. Los queer buscan deconstruir críticamente esta red, poniendo en jaque el aparato de sexualidad como medio de control que funciona mediante la inserción de formas de regulación social del sexo. Bajo esta perspectiva, el orden social contemporáneo no difiere de un orden sexual estructurado en torno al dualismo hetero/homo, sólo que da prioridad a la heterosexualidad a través de un dispositivo que la naturaliza y, al mismo tiempo, la hace obligatoria.

En los fundamentos del orden social-sexual se encuentran la misoginia y la homofobia, es decir, la dominación de las mujeres y el rechazo social a las relaciones amorosas entre personas del mismo sexo. Esta conexión se denomina heteronormatividad, es decir, las expectativas y las obligaciones derivadas del presupuesto de que la heterosexualidad es natural y fundamento de la sociedad. Mucho más que el aperçu[10] de que la heterosexualidad es obligatoria, la heteronormatividad es un conjunto de prescripciones que fundamentan procesos sociales de regulación y control, incluso de quienes no se relacionan con personas del sexo opuesto. Por lo tanto, ésta no se refiere sólo a los sujetos legítimos y normalizados, es más bien una denominación contemporánea para el dispositivo histórico de la sexualidad que evidencia su objetivo: formar a todos para ser heterosexuales u organizar sus vidas a partir del modelo supuestamente coherente y universal de la heterosexualidad.[11]

Desde entonces, la llamada Nueva política de género, la cual incorpora las demandas de los disidentes de género o sexuales, refuta al feminismo heterocentrado al mismo tiempo que la teoría queer gana relevancia en las discusiones sobre derechos humanos.[12] Particularmente, al introducir la reflexión sobre los límites del humano impuestos por normas y patrones sociales antes vistos como naturales y/o irrefutables. Al centrarse en las condiciones de los gays, lesbianas, transexuales, travestis y personas intersexuales, la teoría queer llama la atención sobre la experiencia social de la abyección como resultado de una concepción limitadora e injusta de lo que es el humano.

Lo abyecto es algo por lo que alguien siente horror o repulsión como si fuera contaminante o impuro, al grado de que el contacto con él es temido como contaminador y nauseabundo. En nuestra sociedad, ese carácter abyecto se atribuye al deseo por las personas del mismo sexo, ya que incluso ser llamado homosexual (que casi siempre equivale a ser insultado) es una invitación a entenderse a sí mismo y, al mismo tiempo, a constatar la condena social de que se es. La experiencia de la abyección deriva del juicio negativo del deseo homoerótico y sus expresiones, las cuales pueden implicar un rompimiento con patrones normativos de género.

Las manifestaciones de homofobia se dirigen —principalmente— a aquellos(as) cuyos cuerpos y comportamientos se apartan de las prescripciones que asocian a los hombres con lo masculino y a las mujeres con lo femenino. Entendidas de esta manera, estas manifestaciones fóbicas imprimen diversas formas de violencia a los cuerpos, pero sobre todo a la subjetividad de esas personas, lo cual está directamente relacionado con el intento de mantener y reforzar las concepciones hegemónicas, tradicionales e injustas, de lo que es correcto y normal.

En sintonía con esta problemática, Judith Butler matizó la discusión sobre la política del reconocimiento al afirmar que:

La tradición hegeliana enlaza el deseo con el reconocimiento: afirma que el deseo es siempre un deseo de reconocimiento y que cualquiera de nosotros se constituye como ser social viable únicamente a través de la experiencia del reconocimiento. Dicha visión tiene su atractivo y su verdad, pero también descuida un par de puntos importantes. Los términos que nos permiten ser reconocidos como humanos son articulados socialmente y son variables. Y, en ocasiones, los mismos términos que nos confieren la cualidad de “humanos” a ciertos individuos son aquellos que privan a otros de la posibilidad de conseguir dicho estatus, produciendo así un diferencial entre lo humano y lo menos humano. Estas normas tienen consecuencias de largo alcance sobre nuestra concepción del modelo de humano con derechos o del humano al que se incluye en la esfera de participación de la deliberación política (Butler, 2006: 14).

Butler señala que más allá de esta escala de humanidad que construye lo que es menos humano, algunas veces construye a quienes tampoco son reconocidos en su humanidad. De allí que haya una gradación en la que la “raza” modula categorías de ciudadanía, pero la sexualidad no normativa coloca a muchos incluso fuera de la esfera de reconocimiento, o sea, los relega a la no humanidad. Esta reflexión matizada sobre el reconocimiento, se convierte en un proceso de “rehacer al ser humano” (Butler, 2006: 17) en el que se imaginan condiciones más incluyentes que conserven la vida que se resiste a los modelos de asimilación.

De esta forma, las reflexiones queer proponen una alternativa y un desafío al discurso de los derechos humanos: la revisión de sus bases en vez de la retórica hegemónica sobre su necesaria expansión en los términos existentes. Con frecuencia, los defensores de la mera expansión de los derechos humanos son aquellos que, históricamente, han tenido su humanidad y derechos garantizados por un origen occidental, blanco y heterosexual; y, muy posiblemente, a los que se busca extender estos derechos fueron construidos, dentro de los mismos procesos históricos y sociales, como sus Otros, no occidentales, no blancos, no heterosexuales, en suma, menos humanos. Al situar el debate en la perspectiva que defiende sólo la extensión de derechos, lo que se busca es expandir la concepción actual de humanidad, en vez de nivelar las diferencias dentro de la fórmula universalista que define al Occidente blanco, masculino, heterosexual y cristiano como la propia medida de lo humano.

En este sentido, es saludable la reflexión de Marcia Ochoa (2004) sobre una nueva forma de ciudadanía construida a partir de un posicionamiento local y no normativo en las discusiones sobre globalización, que tienden a reforzar patrones sociales hegemónicos. La teórica queer cuestiona el ideal de ciudadanía diseñado a partir de un modelo liberal-burgués porque, en la búsqueda de la igualdad, tiende a disciplinar y cohibir las diferencias. La ciudadanía orientada por ese modelo de individuo ajustado a las normas sociales tiende a ser disciplinadora y, en un contexto de extrema desigualdad como el latinoamericano, crea lo que ella denomina la ciudadanía perversa.

Ochoa parte de la experiencia social de aquellos(as) fuera de las normas sociales, particularmente en lo que respecta a la sexualidad, para cuestionar los términos de igualdad en los que se puede guiar el proceso de reconocimiento y acceder a los derechos. De allí afirma que:

Hay dos tipos de igualdad: una en la que yo soy igual a ti, la otra en la que tú eres igual a mí. Desde una posición de abyección, o de absoluto rechazo social, esta diferencia implica estrategias diferentes —si yo soy igual a ti, yo me conformo a tu estética para hacerme sujeto de derechos; si tú eres igual a mí, y yo soy una persona rechazada en la sociedad, entonces tú también, en el momento que me equivalgo contigo, te ensucias (Ochoa, 2004: 246).

A partir de la distinción que hace Nancy Frazer entre la redistribución afirmativa y la redistribución transformadora, la propuesta de Ochoa apunta el potencial de cambio social presente en las formas de manifestación de demanda de igualdad por parte de las travestis latinoamericanas. Se trata de una igualdad construida no a partir de la conformación de las normas de género, sexualidad y “raza” hegemónicas, sino por medio de la experiencia subordinada y rechazada históricamente como vidas menos humanas.[13]

Conclusiones

La relación entre el feminismo y los derechos humanos se remonta a sus orígenes, pero permanece vigente de tal manera que ya constituye un diálogo consolidado, incluso si no hay consenso. Sus afinidades y diferencias se fundan en un diálogo crítico que se mantiene y se revela —todos los días— más prometedor. Al centro de este diálogo existe una tensión entre universalismo y diferencia,[14] la cual da como resultado —en términos teóricos y prácticos— algo provechoso y creativo, como lo comprueba el hecho de que el lenguaje universalista de los derechos humanos contribuyera al surgimiento y al fortalecimiento de las redes de activistas trasnacionales, movimientos sociales y organizaciones que desempeñan un papel crítico y de resistencia en la política contemporánea.

En las últimas décadas, el movimiento feminista —en sus diversas vertientes y variaciones nacionales que lo caracterizan— ha logrado imponer sus problemáticas en los foros de discusión internacionales mientras que, en el plano teórico, la emergencia y consolidación de los estudios de género ampliaron su agenda más allá de los estudios sobre las mujeres. Actualmente, la Nueva política de género y la teoría queer marcan un nuevo momento de las relaciones entre feminismo y los derechos humanos, en especial para la propuesta de reinvención y ampliación de los límites de lo humano, ahora entendido de forma completamente “desnaturalizada”.

En una perspectiva feminista queer, es posible afirmar que, a pesar de los intentos siempre repetidos de asociar los derechos humanos a la “naturaleza” o a la “verdad”, persiste un debate político acalorado que permite reflexionar sobre la forma en que las leyes sustituyen a la verdad (que no puede ser probada de forma natural o evidente). La insistencia en la afirmación de que lo humano se fundamenta en la naturaleza permitió, en otros discursos legales, oscurecer su influencia en la percepción de lo que es natural. La propia humanidad es efecto de las leyes y de las acciones políticas. Los derechos humanos tienen el poder de construir sujetos portadores de derechos, así que, a falta de un referente natural o verdadero que le confiera la fundamentación “clásica” del derecho, también es más susceptible a la crítica feminista sobre un universalismo fundamentado en exclusiones.

Los diversos feminismos muestran que no se trata de optar por uno de los dos polos de la discusión sobre igualdad y diferencia, sino de abordarla como la base, y quizá como algo indispensable, para esta esfera de derechos propiamente contemporánea. No hay contradicción entre igualdad y diferencia, entre acceso a la ciudadanía y reconocimiento, pues es posible redefinir los términos de la convivencia en una sociedad democrática. Esto marca parte de la actual producción feminista sobre derechos humanos, particularmente en el contexto brasileño.

No es fácil evaluar la importancia de los derechos humanos en una zona de carácter interdisciplinario, y más aún debido al amplio espectro de temas que aborda. Una revisión de los artículos publicados en las principales revistas de género brasileñas y los simposios temáticos del Seminario Internacional Haciendo Género, el más grande y antiguo foro de discusión sobre investigaciones en el área de género y sexualidad en América Latina, apunta hacia el predominio de un diálogo con los derechos humanos a través de temáticas específicas dirigidas, por ejemplo, a la educación, la salud, los pueblos indígenas, y —hecho importante— a las cada vez más visibles demandas y problemáticas de las sexualidades no normativas.[15]

Espero que esta breve introducción de la relación entre feminismo y derechos humanos contribuya a la percepción de que la universalidad es contingente, construida a partir de una problemática cultural e histórica en constante cambio y que se renegocia de tal forma que siempre adquiere nuevos contornos. La humanidad es histórica y susceptible al cambio y al debate, dentro del derecho, sobre la pretensión universal de la validez de las normas, ya que —como lo afirman los teóricos queer— la humanidad y la propia universalidad son proyectos abiertos.

Referencias

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[1] La traducción del portugués al castellano es de Ariadna Estévez López.

[*] Departamento de Sociologia-Universidade Federal de São Carlos, Brasil. Correo electrónico: <ufscar7@gmail.com>.

[2] Joan W. Scott (2002) advierte que, de hecho, las preocupaciones del feminismo no han sido siempre las mismas. Aunque la crítica a los patrones de exclusión siempre ha sido recurrente, históricamente las temáticas relacionadas con esos patrones han variado. Por ejemplo, en algunos contextos el patrón de exclusión fundamentado en la diferenciación de género incluye también la raza y, más recientemente, la orientación sexual. De esta forma, la historia del feminismo está lejos de ser lineal, homogénea o unificada en un proyecto político victorioso; de hecho la historia de las mujeres (y algunos hombres) feministas ha tenido que enfrentar constantemente la dificultad de resolver los dilemas propios de su época.

[3] Para una discusión histórica de las feministas en relación con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, véase también Scott (2002).

[4] La elección del término “humano”, en lugar del término “hombre”, se debió a la participación de las mujeres que formaban parte de la comisión que redactó el documento, especialmente una representante de América Latina y otra de India. Se dice que hubo que convencer a Eleonor Roosevelt de la pertinencia del cuidado del lenguaje como vehículo importante de diferencial político.

[5] Rubin, en el artículo citado, ya señalaba cómo las teorías de las ciencias humanas y psicológicas se basaban en el presupuesto cuestionable de la heterosexualidad como algo dado naturalmente.

[6] Desde la perspectiva de una historia de la ciencia basada en el feminismo y la obra de Michel Foucault, el investigador estadounidense Thomas Laqueur esboza la presunta invención de la diferencia inconmensurable entre hombres y mujeres, en Inventando el sexo (2001). En esta obra, Laqueur expone cómo antes de la inflexión igualitarista que marcó el siglo XVIII, un imperativo político jerárquico y reaccionario impulsó el desarrollo de las teorías científicas, especialmente médico-anatómicas y psicoanalíticas, que crearon una visión hegemónica de la supuesta superioridad masculina.

[7] La revisión del concepto de género se ha profundizado y sobrepasado. La bióloga feminista Donna Haraway, por ejemplo, confirma el potencial desnaturalizante del concepto, ya que contribuye a historizar otras categorías, como cuerpo, raza, biología e incluso naturaleza. Para ser más preciso, la propuesta de Haraway es un refinamiento del concepto de género a través de su sustitución con el concepto de “aparato de producción corporal” (apparatus of bodily production). Para una discusión más profunda sobre el tema, véase Piscitelli (1997).

[8] En sus orígenes, la palabra queer en inglés se utilizaba para referirse a algo que es “raro”. Luego se empezó a usar como un insulto fuerte y violento que implica que alguien se encuentra fuera de la “normalidad” sexual. Un equivalente en español mexicano sería, para hombres, joto, y para mujeres, marimacho. Al ser retomado por el movimiento gay, se hizo una apropiación del término negativo buscando su resignificación positiva para nombrar una corriente teórica que propone analizar críticamente las normas sociales bajo una perspectiva no asimilacionista.

[9] Según Rogério Diniz Junqueira, la homofobia es una noción polisémica y abierta que adquiere diferentes significados en la esfera de la psicología, la universidad o los movimientos sociales. Su uso común suele expresar una reacción social violenta a formas de inconformidad de género, o sea, violencia simbólica o física contra personas que desafían las visiones tradicionales sobre lo masculino y lo femenino. De allí que sean más comunes las agresiones contra travestis, transexuales, gays “afeminados” y lesbianas “masculinizadas”, que contra gays y lesbianas que se adhieren a una estética hegemónica y conformista.

[10] Nota de la traductora: aperçu se utiliza en discusiones de teoría crítica para referirse a un resumen esquemático de los principales puntos de un argumento o una teoría.

[11] Para un análisis más detallado de la Teoría Queer y su relación con las ciencias sociales, véase Miskolci (2009).

[12] Judith Butler resalta que ambas, la Nueva Política de Género y la Teoría Queer, se insertan en la historia del feminismo y que es peligroso entenderlas como una superación de éste, pues diversas vertientes siempre conviven dentro de él: “sería un error suscribir una noción progresiva de la historia por la cual se entiende que diferentes marcos van sucediéndose y suplantando unos a otros. No se puede narrar una historia sobre como uno se desplaza del feminismo al queer y al trans” (2006: 17).

[13] Sobre la estrategia del escándalo y otras características de las travestis brasileñas véase el iluminador y novedoso libro de Larissa Pelúcio (2009).

[14] Al contrario de lo expuesto sobre la relación entre feminismo y derechos humanos, la crítica a este último como la imposición de una perspectiva occidental como patrón universalizante ha sido puesta en jaque por nuevas investigaciones históricas. Éstas muestran cómo, en la propia confección de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fueron fundamentales las contribuciones latinoamericanas y no occidentales (Carozza, 2003; Glendon, 2003). Esto permite repensar la crítica a los derechos humanos como un discurso inherentemente imperialista y a discernir su potencial porosidad en las discusiones sobre diferenciación y exclusión.

[15] El Seminario Internacional Haciendo Género, organizado por el Instituto de Estudios de Género de la Universidad Federal de Santa Catarina, tiene lugar cada dos años en la ciudad de Florianópolis, Sul do Brasil. Este año (2010) llega a su novena edición, por lo que cumple dieciocho años de existencia, tiempo en el cual ha reunido a más de dos mil investigadores(as) provenientes de Brasil, Argentina y muchos otros países, en cerca de setenta grupos temáticos, mesas y conferencias. Las más antiguas y principales publicaciones en el área de género y sexualidad en Brasil son las revistas y cuadernos Pagu y la Revista Estudos Feministas. Ambas con más de quince años, tienen ediciones impresas y también electrónicas disponibles en la Science Library Online, <www.scielo.br>.

La antropología frente a los derechos humanos y los derechos indígenas

Rachel Sieder[*]

Más que una disciplina centrada en el análisis de relaciones causales, la antropología tiene un enfoque constructivista y, por lo tanto, más inductivo frente a los fenómenos sociales. En muchos sentidos, ha sido el compromiso político con los derechos humanos de un grupo numeroso de antropólogos lo que ha creado nuevas agendas y enfoques de investigación frente a aquéllos. En este ensayo abordo una serie de preguntas: ¿cuál ha sido la relación entre la antropología y los derechos humanos? ¿Cómo han cambiado las perspectivas de la disciplina frente a éstos? Y ¿qué implicaciones tienen estos cambios para la relación entre la antropología y su sujeto histórico privilegiado, los pueblos indígenas, particularmente en México? Históricamente, la relación entre la antropología y los pueblos indígenas, marcada por un legado fuerte de prácticas y mentalités coloniales, ha sido compleja, aunque también es cierto que una parte significativa del gremio se ha dedicado desde hace años a su defensa y a desarrollar una antropología activamente comprometida con sus luchas. En los últimos años han surgido nuevas tendencias teórico-metodológicas en la antropología y, sobre todo, en el subcampo de la antropología jurídica ante fenómenos transnacionales y globales como los derechos humanos. En México, donde la relación entre la antropología nacional, los pueblos indígenas y el Estado ha sido particularmente compleja, estos nuevos abordajes disciplinarios a los derechos humanos, combinados con cambios políticos recientes, han abierto campo para una nueva práctica antropológica, crítica a favor de los derechos colectivos de los pueblos.

En este ensayo analizo las relaciones entre la antropología —específicamente la subdisciplina de la antropología jurídica—, los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. En la primera parte abordaré los orígenes de la antropología y la antropología jurídica, señalando algunas de las paradojas fundacionales de la disciplina, esbozando las principales tendencias metodológico-teóricas en el desarrollo de la antropología jurídica, la subdisciplina que más se ha ocupado de los derechos humanos en los últimos años. En el segundo apartado, examino la historia de las relaciones entre la antropología y el concepto de derechos humanos universales desde mediados del siglo XX, apuntando a algunas de las nuevas tendencias teóricas y metodológicas de la antropología frente a los derechos humanos. En la tercera parte, señalo muy brevemente el desarrollo de la antropología jurídica en México, apuntando al boom en los estudios en este campo a partir de la década de 1990, y los nuevos aportes de la antropología jurídica a los debates y la praxis de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.

La antropología (jurídica) y el colonialismo/neocolonialismo

La antropología como disciplina no acepta la universalidad de la condición humana, más bien enfatiza la diferencia. Pero una de sus características centrales es que está fundada en relaciones de poder profundamente desiguales y en una relación bastante ambivalente con su objeto/sujeto de estudio. Esto se debe a que la razón de ser primordial de la antropología ha sido el estudio de la alteridad o de la “otredad cultural”, y esto lógicamente implica una relación compleja y normalmente desigual de poder entre el antropólogo y el grupo social o sujeto que pretende estudiar. La pregunta entonces no es sólo ¿cómo estudiar al “otro cultural”? sino “¿quién tiene el poder de definir y estudiar al “otro cultural”?

En los países europeos, existía una relación estrecha entre los inicios de la antropología y las políticas estatales: los primeros antropólogos británicos, como Evans Pritchard y Radcliffe Brown, trabajaron muy de cerca con el poder colonial.[1] Aunque no todo esfuerzo antropológico estaba directamente al servicio del poder, la investigación no sólo ayudaba a conocer epistemologías o visiones del mundo distintas al occidental, sino que a menudo este conocimiento fue utilizado para ejercer dominio sobre el otro.[2]

La subdisciplina de la antropología jurídica tuvo sus orígenes en el estudio de los sistemas político-jurídicos —o el llamado “derecho consuetudinario”— de los grupos subordinados bajo el colonialismo. Tanto en África como en India, los británicos utilizaron el derecho consuetudinario para dirigir y explotar a sus sujetos coloniales con más eficacia. Los poderes coloniales no tenían suficientes recursos humanos y financieros para manejar un sistema político-administrativo completamente nuevo. En este contexto, el uso de las costumbres de las poblaciones indígenas se convirtió en un componente básico de la administración colonial (el sistema de gobierno indirecto, o indirect rule, en inglés).

Me gustaría insistir en la gran necesidad que hay de más teoría en la jurisprudencia antropológica, especialmente de teoría nacida del real contacto con los salvajes. Esta tarea no sólo es de una alta importancia científica y cultural, sino que además no está desprovista de un valor práctico considerable, en el sentido de que puede ayudar al hombre blanco a gobernar, explotar y “mejorar” al nativo con resultados menos perjudiciales para este último (Malinowski, 1926: 10, 12).

Las primeras monografías sobre el derecho consuetudinario fueron dominadas por el marco teórico estructural-funcionalista (Gluckmann, 1955; Bohannan, 1957), que hizo énfasis en el orden social y la forma en que la estructura social contribuía a su mantenimiento. Por lo tanto, la tarea del antropólogo era estudiar los conceptos, normas, prácticas e instituciones —como el parentesco, la familia, el ordenamiento de propiedad, etc.— que regían a las sociedades de los “otros culturales” y así de descifrar las lógicas culturales internas que supuestamente aseguraba el buen funcionamiento de sus relaciones sociales, económicas y políticas. Dentro del marco estructural-funcionalista, el derecho consuetudinario era entendido como un mecanismo homeostático para manejar conflictos, y mantener la armonía y el orden. Esta era una perspectiva esencialmente conservadora que tendía a romantizar a las sociedades “tribales”, que solían ser vistas como intrínsecamente armoniosas. No se analizaban los conflictos de poder que existían dentro de estos supuestos “sistemas culturales”, como, por ejemplo, entre castas y generaciones, o conflictos de género, y se concebía a estas sociedades como esencialmente estáticas.

El funcionalismo estructural fue, en esencia, un análisis a-histórico. Se concebía a los órdenes legales “tradicionales” de los “otros culturales” como sistemas cerrados y holísticos, casi fuera del tiempo. Tal y como señala Laura Nader (1990: xvii) los primeros antropólogos jurídicos “examinaron a las comunidades [y sus órdenes legales] como microcosmos de actividad social interconectada como que si fueran autónomas y desconectadas de las redes globales”. El contexto histórico y estructural del colonialismo dentro del que operaba el derecho consuetudinario de los pueblos, rara vez fue mencionado como un elemento que afectaba estas formas de derecho.

Además, la mayoría de los primeros antropólogos jurídicos tendían a apoyarse —explícita o implícitamente— en las concepciones occidentales cuando analizaban otros tipos de derecho (de hecho, esta es una tendencia que sigue pesando en la antropología jurídica).[3] El trabajo antropológico-jurídico consistía entonces en revelar la naturaleza de este “derecho propio” de los otros culturales. A menudo, este derecho consuetudinario fue registrado y escrito por los mismos antropólogos o por abogados, abstrayéndolo de su contexto social e ignorando su naturaleza dinámica y oral.[4] Estos registros escritos fueron utilizados por los poderes coloniales, particularmente por el británico, como una herramienta en el ejercicio de dominio. Después de la independencia y descolonización en África e India, este tipo de conocimiento antropológico fue utilizado por los grupos dominantes en los Estados poscoloniales para gobernar a sus “otros internos”. Como veremos más adelante, en México se observan tendencias similares.

La predisposición a entender al derecho consuetudinario como algo completamente distinto y separado del derecho dominante (sea éste el colonial o el de Estados independientes) se reflejó en los primeros esbozos del fenómeno conocido como el pluralismo legal. John Griffiths (1986: 1) describe al pluralismo legal como “la presencia en un campo social de más de un orden legal”, mientras que Hooker (1975: 2) lo concibe como la existencia de “sistemas múltiples de obligación legal [...] dentro de los límites del Estado”. Sin embargo, cualquier noción de sistemas legales duales o plurales que implique una igualdad de éstos es errónea, así como los enfoques que entienden estos sistemas como herméticamente separados. Como señalaron Starr y Collier (1989), es preferible entender el pluralismo legal como una relación de dominación y de resistencia: el derecho estatal a menudo (aunque no siempre) establece los parámetros de lo que las comunidades locales pueden o no definir como el “derecho y la práctica local”.

A diferencia de los estructural-funcionalistas, los estudios críticos en la antropología jurídica de la década de 1980 enfatizaron la cultura, el poder, la dominación y la historia, haciendo hincapié en cómo se crean y recrean los sistemas normativos a través del tiempo, en contextos sociales e históricos específicos (Chenaut y Sierra, 2002). De esta manera, entienden toda forma de derecho como una construcción social, que radica en contextos históricos específicos. Un enfoque en el poder, la dominación y la resistencia (o, en términos gramscianos, en la hegemonía y la contrahegemonía) deja claro que los “otros culturales” subordinados, como las comunidades indígenas, no son entidades “corporativas y cerradas”. Por el contrario, su estructura y práctica han evolucionado como consecuencia de las relaciones de poder socioeconómicas, políticas y culturales que imbrican lo local, lo nacional y lo internacional.

Este tipo de enfoque gramsciano también sugiere que la imposición por parte del Estado de estructuras legales nunca es algo completamente hegemónico; los modelos impuestos a pueblos o grupos dominados pueden establecer ciertos tipos o estructuras de autoridad pero, en la práctica, no les resulta imposible controlar totalmente sus funciones.[5] En la mayoría de los casos, éstas tienden a ajustarse a las prácticas preexistentes. Identificar cuándo y cómo los acontecimientos locales o de pequeña escala son más (o menos) influenciados por fuerzas hegemónicas mayores es una obligación analítica central para cualquier estudioso de otras formas de derecho (como los indígenas o comunitarios).[6]

Tal perspectiva teórica fue desarrollada por Sally Falk Moore (1978), cuya concepción de órdenes legales plurales ha sido una de las más influyentes y duraderas en la antropología jurídica. Moore desarrolló el concepto del “campo social semiautónomo”; la idea de que un campo social pequeño, como una comunidad, “puede generar reglas, costumbres y símbolos internamente, pero también es vulnerable a las reglas, decisiones y otras fuerzas emanadas del mundo más grande que lo rodea” (1978: 55). El anterior concepto conduce a la idea de que no existe un monopolio estatal a priori sobre la producción de normas y prácticas legales, y también sugiere que los grupos subordinados pueden desarrollar mecanismos alternativos. Tal como señala Sally Merry, “el sistema legal exterior penetra el campo social, pero no siempre lo domina; hay espacios para la resistencia y la autonomía” (1988: 878).

En su trabajo etnohistórico sobre el derecho consuetudinario y el colonialismo en Tanzania, Moore (1986) demuestra la naturaleza dinámica y la creación constante de las costumbres, al igual que la manera en que el “derecho consuetudinario” fue una elaboración propia del contexto colonial. También evidencia cómo las costumbres son permanentemente disputadas y negociadas por el poder dentro de las mismas comunidades. La resistencia, entonces, ocurre en muchos niveles distintos y registros: no podemos reducirlo a “pueblos indígenas” contra “Estado”. Como señalan Chenaut y Sierra: “Las relaciones de oposición y resistencia dan forma y se encuentran moldeadas por jerarquías de género, clase, raza, etnicidad y religión, lo que significa la multidireccionalidad de los poderes” (2002: 150-151).

Hoy en día, las concepciones sobre el pluralismo legal son muy distintas a las de hace cincuenta años, cuando el enfoque principal se centraba en la relación entre el derecho indígena y el estatal en las sociedades coloniales y postcoloniales.[7] Como ha señalado Chris Fuller (1994: 10) el enfoque de Merry en la interacción entre el derecho estatal y el no-estatal, o más precisamente “la relación dialéctica, mutuamente constitutiva entre el derecho estatal y otros órdenes normativos” (Merry, 1988: 880) logró definir mejor la preocupación de la investigación por el pluralismo legal de los ochenta y noventa. La forma en que el derecho estatal penetra y reestructura otros órdenes normativos, y la manera en la que dichos órdenes resisten y se ajustan a esta penetración, se convirtió en uno de los enfoques principales de la antropología jurídica.

Cuadro 1. Acercamientos teóricos de Relaciones Internacionales

Nociones explicativas centrales

Principales actores

Realismo

Interés nacional definido en términos de poder relativo

Distribución de poder

Estados (autointeresados y racionales)

Institucionalismo

Interés definido en términos de la generación de bienes comunes

Funciones de los regímenes internacionales

Estados (autointeresados y racionales)

Órganos de los regímenes internacionales

Teoría liberal de las preferencias

Intereses e ideas de individuos y grupos societales

Esquemas de representación política

Individuos y grupos societales

Estados (autointeresados y racionales)

Constructivismo

Identidad estatal

Normas internacionales

Existencia de emprendedores de normas

Estados (seguidores de roles)

Actores no estatales

Fuente: elaboración propia.

Actualmente, la antropología jurídica y los debates metodológico-teóricos sobre el pluralismo legal se enfocan en la globalización y el transnacionalismo, lo cual también ha llevado a una revitalización de la subdisciplina. La conceptualización predominante del pluralismo jurídico abarca mucho más que las relaciones entre el derecho estatal y los subnacionales subordinados. Hoy se preocupa por estudiar las dinámicas y relaciones entre estos derechos y los diferentes órdenes normativos transnacionales, como los derechos humanos, la justicia transicional, o los nuevos marcos de regulación relacionados con la globalización económica. Los estudios etnográficos de los derechos humanos también van mucho más allá de “la comunidad” o de “lo local”:[8] ahora la etnografía multisituada y transnacional es una tendencia marcada en la disciplina (Marcus, 2001; Besserer, 2007). Este tipo de etnografías revelan las múltiples y complejas maneras en que los derechos humanos u otras ideologías globales se transmiten y transforman a través de redes reales y virtuales de individuos, organizaciones e instituciones, por un lado, y a través de los imaginarios éticos y morales de los actores sociales, por otro. Los nuevos estudios de antropología legal analizan los encuentros complejos y poco previsibles entre las normas legales internacionales, las agendas nacionales, y las prioridades y prácticas locales. Por ejemplo, el trabajo pionero de Sally E. Merry ha analizado cómo las normas internacionales de derechos humanos sobre los derechos de las mujeres a vivir una vida sin violencia, son entendidas, apropiadas y problematizadas en distintos lugares del mundo. A través de la investigación etnográfica en distintos contextos, Merry insiste en la importancia de las culturas locales, aunque rechaza cualquier inferencia de que éstas sean cerradas o inmutables. Más bien apunta a la complejidad de la relación entre el régimen internacional de derechos humanos y lo local (Merry, 2006). Una colección reciente, editada por Rosalind Shaw y otros, presenta una serie de estudios etnográficos que analizan de forma crítica la manera en que ciertas técnicas e instrumentos de la “justicia transicional”, promovidas por agentes transnacionales —como las comisiones de verdad, las reparaciones, o juicios por crímenes de guerra— son entendidas y vividas por actores sociales en diferentes contextos. Demuestran cómo las respuestas locales a las técnicas de justicia transicional desestabilizan los supuestos de que estas intervenciones lograrán la reconciliación y la paz, apuntando así a la brecha entre las normas internacionales y las prioridades de los sobrevivientes de abusos masivos de derechos humanos (Shaw et al., 2010; Wilson, 2001; Ross, 2003, estos dos últimos sobre la Comisión de la Verdad en Sudáfrica). Y en su investigación etnográfica multisituada, Aiwha Ong demostró la maleabilidad y variedad de estrategias de “gobierno neoliberal”, su impacto sobre distintas poblaciones en Asia vinculadas por la economía global, y los entendimientos o construcciones culturales que acompañan y facilitan esta acelerada transnacionalización de capital (Ong, 1999). En todos estos estudios persiste un enfoque en las relaciones dialécticas de dominación y resistencia, pero ya con una preocupación por entender las interacciones entre las diferentes esferas y órdenes jurídicos desde lo comunitario hasta lo internacional (Sousa Santos, 1995, 1998; 2002; Twining, 2000; Merry, 2006; Goodale y Merry, 2007). Existe un énfasis en la interlegalidad (Santos, 2002) es decir: la mezcla constante de distintos órdenes, lenguajes, percepciones, normas y prácticas legales, y las relaciones de poder implícitas y explícitas en estas dinámicas.

La antropología y los derechos humanos: enfoques históricos y contemporáneos

En 1947, la ONU pidió una opinión a la Asociación Antropológica Americana (AAA), el gremio de los antropólogos estadounidenses, sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su carta de respuesta, la comisión especial nombrada por la AAA rehusó pronunciarse sobre la declaración y planteó cuestionamientos de fondo sobre la supuesta universalidad de los derechos humanos.[9] La tendencia dominante en la antropología anglosajona de ese tiempo era el relativismo cultural: veían a “las culturas” preindustriales (que eran su objeto de estudio) como sistemas holísticos con diferentes creencias, valores, símbolos y prácticas propias. Por lo tanto, cuestionaron los supuestos de la Declaración Universal de Derechos Humanos —basados en nociones de la universalidad de la condición humana y en concepciones del individuo como sujeto de derechos derivadas del pensamiento de la Ilustración—. Para la AAA, la gran diversidad de culturas en el mundo —revelada por los antropólogos mediante investigaciones etnográficas profundas— no apoyaba nociones de universalismo, más bien la antropología había comprobado que todas las culturas eran distintas. Los estudios etnográficos tampoco respaldaban el concepto del individuo como la unidad social más importante en toda sociedad: en muchas culturas los “derechos” y obligaciones radicaban en la pertenencia a grupos familiares, clanes o estructuras similares. En vez de apoyar nociones de universalismo, la AAA argumentaba que la diversidad de culturas en el mundo, y su carácter no equiparable, deberían promover una filosofía de la tolerancia (de la Peña 2007). Por otra parte, la AAA también puso en duda la supuesta “neutralidad” o universalidad de la Declaración, señalándola como una expresión de la voluntad de los poderes dominantes en la política internacional del momento (Goodale, 2009).

En décadas posteriores, las posiciones en la Antropología frente a la cultura y a los derechos humanos cambiaron. Esto se debió a evoluciones de corte teórico-metodológicos en la disciplina, pero también a tendencias emergentes en la normatividad internacional de los derechos humanos, posterior a la elaboración de la Declaración Universal en la década de 1940, y a los procesos de descolonización que se dieron en la posguerra. Aunque los antropólogos siguen estudiando las identidades y diferencias culturales, ya no perciben a las culturas como sistemas o entidades cerrados y holísticos. En el presente, la concepción dominante de “cultura” en la disciplina es que se trata de un fenómeno dinámico, híbrido, en constante desarrollo y cambio, caracterizado por la diversidad y conflictividad interna. Tampoco la cultura es concebida como algo que existe aisladamente, sino que es entendida como un producto de los macrosistemas económicos y políticos en los cuales está inserta (el colonialismo, el poscolonialismo, el capitalismo, etc.) y de las relaciones de poder y dominación que éstos conllevan. Dichas conceptualizaciones de la cultura, influidas por el neomarxismo (particularmente por las ideas gramscianas sobre los procesos de construcción cultural hegemónicos y contrahegemónicos) afectan a la mayoría de los abordajes antropológicos sobre los derechos humanos del presente.

También es importante subrayar que los derechos humanos han cambiado desde los días de la Declaración Universal. En los años sesenta se agregaron los derechos sociales, económicos y culturales al catálogo de derechos humanos; y en los ochenta, noventa y dos mil los derechos de las mujeres, de los niños y de los migrantes, para dar sólo algunos ejemplos, mismos que han sido codificados en el derecho internacional mediante convenios internacionales específicos. Los derechos colectivos de los pueblos indígenas también forman parte del acervo de los derechos humanos, a través del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, y posteriormente mediante la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General en septiembre de 2007. La diversidad cultural, algo que los antropólogos han defendido siempre, ha quedado establecida como un derecho universal —el derecho a la diferencia y a la cultura propia— y como una riqueza de toda la humanidad que debe ser protegida. En este sentido, las defensas antropológicas de lo culturalmente específico de grupos indígenas y otros colectivos culturales, se han convertido en parte de la normativa internacional de los derechos humanos. La nueva declaración de la AAA sobre los derechos humanos, aprobada por la asociación en junio de 1999, enfatiza la obligación ética de la disciplina de promover los derechos humanos (concebidos como “el derecho a la cultura y a la diferencia”). Por último, señala que la antropología —al aumentar los conocimientos sobre la condición humana— contribuye a desarrollar nuevos entendimientos de los derechos humanos, sin limitarse a lo establecido en las normas internacionales.[10] Tanto éstos, como la cultura en general, son entendidos como algo dinámico y dependiente de contextos específicos, no como algo prístino que debe ser preservado a toda costa.

A partir de los noventa, los derechos humanos se han convertido en un tema principal de investigación para todas las ciencias sociales, incluyendo a la Antropología. Esto ha abierto campo a un nuevo diálogo entre esta última y los derechos humanos, y su estudio se ha convertido en uno de los ejes centrales de la Antropología, tanto en términos de debates teóricos como metodológicos (Wilson, 1997; Cowan et al., 2001; Merry, 2006; Goodale , 2006, 2009; Speed y Collier, 2001; Speed, 2007; Leyva, Burguete y Speed, 2008). Como señala Goodale en 2008, “la relación entre la antropología y los derechos humanos ha sido transformada tan fundamentalmente en términos teóricos, políticos y metodológicos, que podemos decir que se ha convertido en un área central de investigación crítica y de interlocución política novedosa” (2009: 2. La traducción es mía).

Este giro ha sido motivado, en parte, por una fuerte y larga tradición de antropólogos activistas, quienes han luchado por defender las formas de vida, la autonomía y los derechos colectivos de los grupos con quienes trabajan. Sin embargo, después de la guerra fría, los derechos humanos se convirtieron en parte de la lógica de resistencia política y social en muchas partes del mundo, aparentemente ofreciendo una especie de lenguaje universal de contención. Esto abrió el campo a nuevos enfoques, preguntas y abordajes. En las últimas dos décadas, los antropólogos han estudiado, mediante el método etnográfico, la manera en que las normas, ideas y discursos globales de derechos humanos son entendidos, apropiados, negociados, significados y re-significados, o constituidos en la práctica, por distintos actores sociales en contextos concretos. En este sentido, han hecho aportes claves al estudio contextualizado en el terreno de los derechos humanos (grounded o place-based analyses), analizando la relación entre la epistemología de los derechos humanos y las ontologías sociales en las cuales están incluidos. Como señala Mark Goodale, “la práctica de los derechos humanos siempre está inserta en relaciones preexistentes de significados y producción” (2007: 24. La traducción es mía).

El abordaje antropológico de los derechos humanos abarca una serie de ámbitos y temas de estudio, que no son exclusivos de la antropología: ¿cómo trabajan los movimientos sociales y los de derechos humanos? ¿Cómo se transnacionalizan las normas o las prácticas de justicia? ¿Qué impactos tienen las leyes o normas internacionales en los imaginarios sociales, cálculos políticos, y prácticas cotidianas? ¿Y qué efecto tienen las doctrinas de derechos humanos en la identidad y en las nociones del ser (personhood), en los conceptos o imaginarios de familia o de comunidad y en las relaciones de género? Sin embargo, el enfoque etnográfico de la antropología, que privilegia la perspectiva de los actores y sus comunidades (reales, virtuales o imaginarias), ha enriquecido enormemente nuestra apreciación de cómo los derechos humanos son socialmente constituidos en la práctica, más allá del análisis institucional, normativo o discursivo que enfatizan otras disciplinas. Además, plantear la necesidad de entender las percepciones y construcciones culturales de los actores, nos impulsa a cuestionar presunciones fáciles de la “universalidad” de los conceptos y lenguaje asociados con los derechos humanos.

La antropología también ha mantenido una perspectiva crítica frente a las dinámicas de poder implícitas en estos procesos de apropiación y reapropiación. Al exigir un análisis situado y contextual de los derechos humanos, posibilita una visión crítica de los mismos, y de sus usos y abusos. Desde esta perspectiva, los derechos humanos no son a priori algo emancipatorio o democrático; más bien es preciso enfocarse en los contextos, prácticas y relaciones de poder en las que estas normas son invocadas. Hoy en día, la antropología en general, y en México particular, pregunta: ¿quién utiliza los discursos de derechos humanos y para qué? Por ejemplo, ¿por qué ciertos académicos o políticos se apresuraron en defender el derecho de la indígena zapoteca Eufrosina Cruz Mendoza, en Oaxaca, a ser electa a un cargo comunitario, pero no defienden los derechos establecidos a la participación política, la autonomía y la libre determinación de las mujeres indígenas en comunidades zapatistas?[11] ¿Y por qué los abogados del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) apelaron por fallas en el debido proceso en el caso contra los acusados de la masacre de Acteal,[12] pero no se preocuparon por otros, como el de Jacinta Francisca Marcial, mujer otomí encarcelada en agosto de 2006 y sentenciada a 21 años de cárcel, supuestamente por secuestrar a seis miembros de la AFI?[13]

La exploración etnográfica de los significados y construcciones culturales de derechos humanos elaborados por actores sociales, en contextos específicos, contrasta con el estudio de las normas y debates filosóficos de los derechos humanos relacionados con el derecho y la filosofía política, o con las instituciones, actores sociales y procesos político-legales, que tienen que ver con la garantía o violación de los derechos humanos (siendo estos últimos la preocupación de la ciencia política o de la sociología política). La antropología también señala otras preocupaciones de fondo: la expansión global de las ideas y discursos de derechos humanos produce ciertos tipos de conocimiento y subjetividades (las de “individuos” o “grupos” con “derechos”) pero, al mismo tiempo, puede excluir otras epistemologías o formas de ser que no se articulan en estos términos. De cierta manera, la antropología como disciplina mantiene una posición crítica frente a los derechos humanos. Aunque no cuestiona su razón de ser, como lo hizo la AAA en 1947, debate algunas de sus presunciones universales implícitas.

La contribución fundamental de la etnografía a lo largo de la historia de la antropología ha sido la de tratar de revelar formas distintas de entender el mundo y diferentes visiones epistemológicas del “buen vivir”. Ahora los antropólogos, junto con profesionales de otras disciplinas, como la sociología y la filosofía política, enfatizan la necesidad y la posibilidad de diálogos interculturales sobre los derechos humanos en los distintos sistemas morales, legales y religiosos del mundo, lo que Boaventura de Sousa Santos ha llamado una teoría multicultural de los derechos humanos (Sousa Santos, 1998).[14] De alguna manera, tales posiciones constituyen un contrapeso y una crítica ante a los riesgos de que los derechos humanos se conviertan en una ideología colonial y globalizante de sectores dominantes (como en el caso de las guerras en Irak o Afganistán). Al insistir en que una concepción y práctica incluyente de los derechos humanos debe incorporar distintas visiones del bien común, la antropología ha señalado que los derechos humanos se construyen a través del diálogo entre diferentes actores. Éste debe construirse de tal forma que reconozca las desigualdades de poder actual e histórico (como la discriminación racial, de género, etc.). También necesariamente debe abordar el balance entre los derechos individuales y los colectivos y las relaciones entre las distintas categorías de derechos humanos.

Antropología y antropología jurídica en México

En México, en la época posrevolucionaria, la antropología se enfocaba en el problema del indio, el “otro interior” del país, como lo llama Esteban Krotz (2008), y en el estudio de la alteridad de los grupos o pueblos indígenas. A partir de la época cardenista, la antropología nacional estuvo al servicio del paradigma del indigenismo, que planteaba la construcción de la identidad mexicana mestiza como una parte fundamental del proyecto nacionalista del Estado-nación. Mediante el indigenismo, la antropología tenía una relación muy estrecha con las políticas estatales que, de alguna forma, influían en las preocupaciones y los enfoques principales de la disciplina en el país. De hecho, el indigenismo vino a definir a la antropología mexicana entre los treinta y setenta, y de alguna manera sus huellas siguen siendo un factor que impacta su desarrollo hoy. En términos de recursos y acceso a las esferas de decisión y políticas públicas, la antropología mexicana gozó de una posición muy privilegiada, comparada con otras “antropologías del Sur” hasta los noventa.[15]

Debido, en parte, al enfoque en el indio, en función de las políticas indigenistas y en la creación de una cultura nacional compartida (la nación mestiza), la antropología jurídica no cumplía un papel central en la antropología mexicana a mediados del siglo XX. La misión central de la antropología indigenista no era constituir una especie de indirect rule, como sucedió en la colonia británica, sino la de promover lo que Gonzalo Aguirre Beltrán definía como una “aculturación inducida” (o lo que Guillermo Bonfil Batalla llamaba la “desindianización”), acercando el indígena a la “cultura nacional”.[16] Por eso se dedicó al conocimiento de la cultura de los grupos indígenas y de sus condiciones de vida, y no se enfocó tanto en sus sistemas de autoridad o sus normas y prácticas de ley.[17] La óptica estatal frente al indígena era esencialmente asistencialista, asimilacionista y modernizante; se argumentaba que al asegurar la educación y el acceso a la tierra para los grupos indígenas, éstos se harían parte de la nación mestiza. Aunque tal perspectiva tenía fuertes tintes neocoloniales (eran profesionales no indígenas quienes nombraron y estudiaron a los indígenas, y definieron las políticas públicas hacia ellos),[18] la misión de la antropología mexicana en su fase indigenista fue la de ayudar a la construcción de una nación en la que, supuestamente, todos cabían y donde las diferencias culturales no eran un factor principal en el ordenamiento político-jurídico.

A partir de los setenta, surgieron fuertes críticas contra la antropología indigenista. Intelectuales indígenas empezaron a exigir la autodeterminación y nuevas relaciones con el Estado, rechazando las políticas asistencialistas del viejo paradigma. Estos líderes indígenas construyeron alianzas duraderas con algunos antropólogos, quienes se convirtieron en defensores de las demandas de sus movimientos organizados emergentes. Sin embargo, en términos de marcos teórico-metodológicos, en los años setenta las corrientes marxistas y campesinistas vinieron a dominar a la antropología en México. En una reacción contra el culturalismo estadounidense, ya no se estudiaba a las “culturas indígenas”. Si se investigaba a las culturas subalternas se trataba, más bien de “culturas campesinas” dentro de los marcos más globales de la economía política.[19] La mayoría de los movimientos campesinos del país estaban compuestos por indígenas y, por lo tanto la “cultura política” de los grupos indígenas incluían demandas tales como el acceso a la tierra, un alto a la violencia de los caciques, y mejores condiciones de vida para los sectores marginados y pobres del campo (Valdivia, 1992). Pero la mayoría de los antropólogos ya no estudiaban a las “culturas indígenas” como tales, y mucho menos el derecho indígena.

Es cierto que al estudiar temas como el derecho agrario y los usos y costumbres de las comunidades campesinas, en zonas indígenas del país, algunas de las investigaciones campesinistas contribuyeron al acervo del conocimiento de los sistemas jurídicos indígenas, pero nada de esto se consideró “antropología jurídica.” Lo mismo pasaba con el estudio de los sistemas de cargos —tema de la antropología mesoamericana—[20] y aunque a lo largo de los años estas investigaciones aportaron una gran riqueza de datos etnográficos sobre las formas de organización, normas y prácticas en las comunidades indígenas, no se insertan en los debates sobre la antropología jurídica, o en el estudio del derecho como tal. En términos generales, en México hubo relativamente poca interacción entre los distintos campos de estudio antropológicos y las preocupaciones teórico-metodológicas de la antropología jurídica en los países anglosajones. A pesar de las contribuciones de algunos autores —como Stavenhagen e Iturralde, quienes a fines de los ochenta reunieron un grupo de notables antropólogos y antropólogas dedicados al estudio del derecho indígena (Stavenhagen e Iturralde, 1990),[21] el de la antropóloga estadounidense Jane Collier en Zinacantán (1973; 1975), o los trabajos de María Teresa Sierra y Victoria Chenaut (Sierra, 1995; Chenaut y Sierra, 1995; 2002), por mencionar sólo algunos— en México, la antropología jurídica fue, hasta hace poco, un campo marginal en su disciplina.

Sin embargo, a partir de los noventa, en México hubo un auge notable en la antropología jurídica. Este fenómeno es producto de un cambio profundo en la relación entre la antropología mexicana y el Estado, algo que, por un lado, es una consecuencia de la reforma del Estado a partir de los ochenta y, por el otro, de las transformaciones dentro de la antropología en México y el mundo. Con su giro neoliberal, el Estado mexicano ha reconfigurado la realidad social del país. El fin de los derechos sociales agrarios, consagrados en la Constitución de 1917 hasta 1994, ha reestructurado el campo, un área de estudio tradicional por excelencia dentro de la antropología nacional, aumentando la desigualdad socioeconómica, la pobreza y la migración. El abandono del modelo posrevolucionario de construcción nacional ha significado el fin definitivo de la antropología indigenista al servicio del Estado, y a la burocracia indigenista se le adjudica un presupuesto cada vez más bajo. Desde los años setenta, la antropología mexicana se enfocó en otros temas, no sólo en el de la “cultura indígena” (Krotz, 2008: 128). Sin embargo, en los noventa, la antropología nacional volvió a considerar a los pueblos indígenas, sólo que bajo otros supuestos metodológicos, teóricos y políticos.

Estos giros en la disciplina —y particularmente la revitalización del subcampo de la antropología jurídica— tienen que ver con tres fenómenos: primero, el reconocimiento de los derechos indígenas en la normatividad internacional, y específicamente en la ratificación del Convenio 169 de la OIT por México en 1990, que comprometió al Estado mexicano a reconocer el derecho indígena y los derechos colectivos. Segundo, la rebelión zapatista y las demandas políticas de autonomía de los pueblos indígenas organizados que cobraron fuerza durante la década y, tercero, las reformas multiculturales en el campo de la justicia, impulsadas por los Estados mexicanos, después de las reformas constitucionales multiculturales de 1992 y 2001. Ahora el derecho indígena —antes “costumbre”— se ha convertido en un elemento central en las reivindicaciones políticas de autonomía por parte de los pueblos indígenas.[22] Por lo tanto, los antropólogos que se han identificado con esas luchas han profundizado sus investigaciones sobre el tema, enfatizando la necesidad de la etnografía para documentar cómo opera la autonomía, o autogobierno indígena, en la práctica, y en casos tan diversos como la policía comunitaria de Guerrero (Sierra, 2005; 2007; 2009; Mercado, 2009), los pueblos mixes de Oaxaca (Valdivia, 2007a; 2007b;) o los municipios autónomos zapatistas en Chiapas (Mora Bayo, 2008; Cerda, 2005).[23] Otra preocupación central es documentar la manera en que los instrumentos de derechos humanos internacionales, como el Convenio 169 o la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, están siendo apropiados, usados y resignificados como parte del imaginario y de la caja de herramientas del derecho indígena en distintos contextos a lo largo de la república. Además, las reformas al sistema de justicia impulsadas por los gobiernos de los diferentes estados del país, a partir de las enmiendas constitucionales, que crearon nuevos mecanismos indigenistas en el campo de la justicia, como los juzgados indígenas, abrieron campo a una nueva generación de estudios regionales y locales que buscaron documentar etnográficamente el impacto de estas reformas en los distintos Estados, en la organización indígena, y en el propio derecho indígena (Martínez, 2004; Terven, 2009; Chávez, 2008; Buenrostro, 2009; Burguete y Gómez, 2008).

La antropología política y la jurídica se han acercado para el estudio de estas problemáticas. A la vez, desde la disciplina se han hecho aportes importantes a los debates nacionales sobre los derechos humanos, enfocándose principalmente en la situación de los pueblos indígenas, sus luchas y movimientos políticos, sus relaciones con el Estado y, especialmente, con el “Estado multicultural” (Sierra, 2004b; Stavenhagen y de la Peña; Leyva, Bueguete y Speed, 2008). Ha habido aportes muy enriquecedores al debate sobre los conflictos y tensiones entre los derechos colectivos de los pueblos, o comunidades indígenas, y los derechos individuales, lo que constituye un eje central de debate y de políticas públicas en Latinoamérica (de la Peña, citado en Sieder, 2002; Sierra, 2004b; Speed y Collier, 2001; Pitarch et al., 2008).

En estos nuevos contextos políticos, el enfoque en la cultura y el poder ha abierto una abundante veta de estudios sobre género y derecho en la antropología mexicana, y la manera en que el derecho indígena —o “la costumbre”— se modifica, reflejando tensiones, cambios y demandas de género (Hernández, 2000; Hernández y Figueroa, 1994; Hernández y Garza, 1995; Desacatos, 2009). De hecho, antropólogas mexicanas han sido pioneras en teorizar, desde la práctica, los nuevos “feminismos indígenas”, examinando la manera en que las teorías y normas sobre igualdad de género son reapropiadas y reelaboradas por mujeres indígenas y cómo el derecho indígena está cambiando en este sentido (Hernández, 2008; Hernández y Sierra, 2005; Sierra, 2004a; 2004b; 2009). Más recientemente, los estudios de la migración también han fomentado nuevos estudios en la antropología jurídica en México, por ejemplo, analizando el impacto de la migración transnacional en los sistemas políticos comunitarios en regiones indígenas de Oaxaca (Castro, 2009).

Estos aportes pertenecen a un rico campo de estudios antropológicos sobre los pueblos indígenas en América Latina, muchos se consideran parte de una escuela (auto)-denominada “antropología colaborativa” (Leyva et al., 2008; Hale, 2008; Rappaport, 2005). De hecho, algunos de los debates nuevos sobre la relación entre la antropología y los derechos humanos (y por su relación con éstos, los derechos de los pueblos indígenas) tienen que ver con los debates en la disciplina en general, y en la antropología mexicana en particular, acerca de cómo descolonizar la antropología como disciplina y la producción de conocimiento (Leyva, 2007; Leyva et al., 2008).

Indudablemente, podríamos enumerar abundantes contribuciones de la antropología mexicana que se han relacionado con los debates acerca de los derechos humanos, pero considero que los que estudian tales derechos en la práctica se encuentran entre los más novedosos: ¿son apropiadas las normas e ideas legales en las prácticas cotidianas? ¿Cuál es la relación entre los cambios en las políticas públicas —específicamente el reconocimiento multicultural de los derechos o pueblos indígenas— y las prácticas sociales en las organizaciones, comunidades, familias, etc.? ¿Cómo se apropian las personas del derecho y de qué manera lo utilizan estratégicamente? ¿Cuál es la relación entre el derecho indígena y los derechos humanos? ¿Cómo se expresa la interlegalidad en la práctica? Y ¿cuál es la contribución de estas experiencias a la construcción de nuevas formas de Estado?

Conclusiones

¿De qué manera ha colaborado y puede contribuir la antropología a la comprensión del desarrollo de los derechos humanos en el mundo? Como he señalado aquí, en la antropología los debates sobre los derechos humanos ya no se centran en el universalismo versus el relativismo cultural. Los cambios en los enfoques metodológicos y teóricos de los últimos quince años han abierto un abanico de posibilidades de estudio y colaboración nuevas frente al fenómeno de los derechos humanos. Muchos antropólogos están activamente comprometidos con las luchas por garantizar los derechos humanos individuales y colectivos. Aún los que no se autoidentifican como “antropólogos comprometidos”, analizan los procesos en los que se evidencian las demandas para distintos tipos de derechos. Además, es notable el papel de los antropólogos como “monitores-reporteros-defensores” (Messer, 1996) en todo el mundo, producto de su posición privilegiada para investigar a profundidad, difundir y publicitar los casos de violaciones de derechos.

Como he subrayado en este capítulo, la antropología nos permite encontrar una multitud de perspectivas frente a los derechos humanos y así enfatiza que las definiciones de los derechos humanos están sujetas al cambio constante. A través de su enfoque metodológico constructivista en las prácticas sociales, los actores humanos, sus formas de sociabilidad, lo cotidiano y lo particular, el trabajo etnográfico de los antropólogos puede precisar las distintas concepciones del mundo que construyen los grupos subordinados a través de la acción, experiencia e la interacción social, sin abstraerlos de un análisis de las múltiples relaciones de poder. Este tipo de enfoque metodológico ante los derechos humanos —centrado en las prácticas sociales— también precisa en qué lugares, niveles y contextos son negados o garantizados los derechos humanos, cómo ocurre esto en la práctica y con qué efectos. Los nuevos estudios de la antropología jurídica en México se insertan en esta línea, y son muy reveladores de las relaciones cambiantes entre Estado, sociedad y mercado, y sus efectos concretos. Por último, al poner énfasis en la multiplicidad de perspectivas frente a los derechos humanos, la investigación antropológica ayudaría a fomentar diálogos interculturales sobre aquéllos, lo cual es una tarea cada día más urgente.

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[*] Profesora-investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), <rachel.sieder@sas.ac.uk>

[1] En América Latina, por supuesto, los primeros antropólogos legos fueron los misioneros católicos.

[2] Los usos y abusos del conocimiento antropológico siguen siendo tema de mucho debate y preocupación en el gremio antropológico; por ejemplo, las controversias sobre el papel de los antropólogos en Irak o Afganistán (González, 2007).

[3] Es muy conocido el debate entre Gluckmann y Bohannan sobre la existencia o no de un derecho “universal” entre pueblos “primitivos”: en su estudio sobre los lozi en Rhodesia del Norte (hoy Zambia), Gluckmann sostuvo que los principios de derecho que aplicaban los jueces lozi eran universales; en su etnografía sobre los tiv de Nigeria, Bohannan rechazó la noción de universalidad, afirmando que cada forma de ley era, como la cultura, un sistema único (una posición que más tarde sería afirmada por Geertz, 1983).

[4] Muchos de los primeros y más distinguidos antropólogos, como Maine, Morgan y Tylor, eran abogados (Chenaut y Sierra, 2002).

[5] Esta línea de interpretación se encuentra en el trabajo de Laura Nader (1990) sobre Oaxaca, en el que la autora enfatiza la existencia de una “ideología armónica” por parte de los aldeanos de Talea, que les permite mantener cierta autonomía frente al derecho estatal.

[6] En la colección de ensayos sobre el derecho consuetudinario indígena editados por Rodolfo Stavenhagen y Diego Iturralde (1990), casi todos los contribuyentes están de acuerdo en que el derecho consuetudinario es más consistente en las comunidades que han podido contraponer una larga tradición cultural a un prolongado estado de subordinación.

[7] Algunas de estas antiguas monografías se han utilizado para nuevas interpretaciones, por ejemplo, el trabajo de Sally Falk Moore sobre los chagga de Tanzania (1986), o el de Francis Synder sobre Senegal (1981). Ambos demuestran la forma en la que el “derecho consuetudinario” fue, en grado considerable, un producto histórico del colonialismo. La importancia de este tipo de trabajo es la manera en que se demuestra la naturaleza fabricada del llamado “derecho tradicional”.

[8] Para una crítica sugerente del uso de la dicotomía “global/local” en la conceptualización y estudio de los derechos humanos, véase Goodale (2007).

[9] La respuesta de la AAA a la Declaración Universal ha sido ampliamente discutida en la literatura antropológica (Messer, 1996; de la Peña, 2007; Goodale, 2006, 2009; Wilson, 1997).

[10] <http://www.aaanet.org/stmts/humanrts.htm>, consultada el 27 de agosto de 2009.

[11] Para un claro ejemplo del uso del caso de Eufrosina para condenar las políticas multiculturales en general, véase el artículo de José Antonio Aguilar Rivera, “El fracaso multicultural de Oaxaca”, Nexos, 2, febrero 2009, en <http://nexos.adigital.info/?P=leerarticulo&Article=128>, consultada el 26 de agosto de 2009.

[12] Magdalena Gómez, “Las víctimas de la Corte”, La Jornada, 18 de agosto de 2009.

[13] Jacinta Francisca Marcial fue adoptada como presa de conciencia por Amnistía Internacional, a quien, alegan, se le negó un juicio justo y fue discriminada por su condición de mujer indígena pobre. Tras una campaña nacional e internacional fue liberada en septiembre de 2009. A pesar de la falsificación de datos por la parte acusadora, hasta la fecha, ningún oficial del Estado ha sido sancionado por su accionar en el caso, en <http://tvnoticias.wordpress.com/2009/08/18/aministia-internacional-declara-presa-de-conciencia-a-jacinta-la-indigena-otomi-encarcelada-por-que-segun-la-pgr-secuestro-a-6-agentes-de-la-afi/>, consultada el 26 de agosto de 2009.

[14] En esta línea véase también los trabajos del abogado y filósofo sudanés Abdullahi An Na’im (1992) y del abogado hindú Upendra Baxi (2002).

[15] La bibliografía sobre el indigenismo y el desarrollo de la antropología mexicana es extensa. Los ensayos de la Peña (2007), Gledhill, y Krotz (2008) son particularmente iluminadores.

[16] Aguirre Beltrán, citado en Krotz (2009: 120); Bonfil Batalla citado en Gledhill (s.f.: 7).

[17] Krotz señala la fuerte influencia del modelo teórico-metodológico del culturalismo estadounidense en esta época (2008: 120).

[18] Como señala Gledhill: “El proyecto oficial indigenista esencialmente fue una empresa ‘de arriba para abajo’ (top down), autoritaria y asimilacionista en la cual ‘la integración’ iba a asegurarse mediante programas de educación pública y programas estatales para el ‘desarrollo económico’” (s.f.: 2).

[19] Para un resumen de los debates sobre etnia y clase de los años setenta y ochenta en la antropología mexicana, véase Valdivia (1992).

[20] La bibliografía sobre los sistemas de cargos es extenso. Para un resumen reciente sobre éstos en el Estado de México, véase Korsbaek y Cámara (2009).

[21] En 1987, Rodolfo Stavenhagen reunió un grupo de antropólogos mexicanos para el estudio del “derecho indígena”, incluyendo a María Teresa Sierra, Victoria Chenaut, Teresa Valdivia, François Lartigue, Diego Iturralde, Magdalena Gómez, Claudia Olvera y Ari Rajsbaum, entre otros (Korsbaek, 2002: 54).

[22] La bibliografía sobre la autonomía de los pueblos indígenas en México es extensa, y por razones de espacio no se detallan aquí. Los siguientes son algunos autores que se pueden consultar: López Barcenas, Gilberto López y Rivas, Díaz Polanco, Consuelo Sánchez.

[23] Los antropólogos en México han estado comprometidos con las luchas indígenas y populares desde los años sesenta —en este sentido, la “antropología comprometida” o “activista” tiene una larga y fuerte tradición—. Sin embargo, en los noventa, ésta se suma a una preocupación teórica y metodológica en la antropología mundial por “descolonizar” la disciplina.

Los derechos humanos y la teoría y estudios empíricos sobre la democracia

Daniel Vázquez[*]

En el presente existe un consenso en torno a los límites del derecho para explicar la complejidad de los derechos humanos (DH).[1] Éstos tienen diversas dimensiones, entre otras la ética, la política, la sociológica, la económica y la antropológica, que no pueden ser explicadas con el instrumental y los mecanismos propios del derecho (Freeman, 2002). Aún más, la construcción argumentativa y analítica de la fundamentación de los derechos humanos frente a la transgresión masiva de éstos en el mundo real no puede quedar a la simple simpatía, ni al deber por el deber, es necesario fortalecer una teoría multidisciplinaria que ayude en esta construcción analítica-argumental y genere evidencia empírica en torno a los arreglos culturales e institucionales que consolidan el respeto de los DH (Landmann, 2002; 2005; Freeman, 2002).

En particular, los DH son creados e interpretados por medio de procesos políticos, por lo que resulta evidente la importancia de la ciencia política en la explicación de estos fenómenos a partir del análisis del poder, y de la conformación de las decisiones políticas vinculantes. En este punto, por ejemplo, la disputa de los principios rectores de justicia que permiten la estructuración de las instituciones fundamentales de la sociedad es una senda interesante. Tanto Steven Lukes (1993) como Zehra Kabasakal (2008) consideran que los derechos humanos pueden conformarse en una ideología que compita con otras corrientes, como el comunitarismo, el socialismo, el liberalismo-igualitario, el anarquismo, los libertarios o los utilitarios, por la determinación de los principios rectores de justicia de una sociedad. En particular, Lukes (1993) opina que el liberalismo-igualitario es la teoría de la justicia que tiene mayor congruencia con el respeto a los DH.

En este documento no analizaremos el amplio campo de la ciencia política,[2] sino que haremos una revisión panorámica de lo que sucede en la teoría y los estudios empíricos de la democracia. Más allá de los esfuerzos que ya existen en este campo relaciomados con los DH, la pregunta y panorama que aquí presentamos es más general, ¿son relevantes los DH en las discusiones centrales de la democracia en el mainstream de los estudios que se realizan al respecto con un enfoque de teoría y ciencia política? ¿Cómo se ha recibido y desarrollado el tema de los DH en este campo? El objetivo central es considerar cómo y en qué medida los politólogos que se ocupan de temas de democracia se interesan en los DH.[3]

La respuesta que sostendré es que el interés por los DH en la teoría y estudios sobre la democracia es indirecto, este tipo de análisis no se ha ocupado de generar un cuerpo de conocimiento sistemáticamente ordenado y empíricamente sostenido en torno a los DH. En cambio, tanto por los temas de interés de la teoría de la democracia, como por el sustento final de los DH, existe una importante interrelación entre éstos que se hace evidente, especialmente, en la discusión sobre los modelos de democracia a partir de las distintas formas de concebir al sujeto de derechos.[4]

A fin de realizar este análisis panorámico, esta especie de estado de la cuestión, desarrollé el argumento en tres secciones, en la primera identifiqué la forma en que ha evolucionado la idea de sujeto de derecho. Este concepto es central, porque la disputa en torno a qué es y cómo se construye el sujeto de derechos permite establecer las principales interconexiones entre los estudios de la democracia, la formulación de modelos y los DH. En la segunda sección analicé los distintos modelos de democracia, la forma en que recupera a los sujetos de derechos y, a partir de esto, la concepción que subyace en los DH. Finalmente examiné tres áreas de estudios empíricos sobre la democracia, donde los DH aparecen de forma más visible, incluso no a través de una relación indirecta, sino a partir de una apelación a este concepto, pero aún así se trata de estudios periféricos sobre las principales preguntas que se formulan los trabajos empíricos sobre la democracia.

¿Qué es y cómo se construye el sujeto de derechos?

La construcción del sujeto de derechos se encuentra en la historia del constitucionalismo que dio forma al liberalismo político; así como un concepto que es el pilar principal de la legitimidad del orden político-social: la autodeterminación. En este proceso se observa la transición de sociedades orgánicas a sociedades individualistas, se pasa de una estructura en la que el todo es más importante que la parte, y la función social del individuo es más importante que el individuo mismo, a sociedades óntica, ética y metodológicamente individuales, en las que la persona es el punto de partida y el motivo de la construcción social.

Este largo proceso constitucional pasa por movimientos como la Carta Magna de 1215,[5] la Petition of Rights de 1628[6] y la Bill of Rights de 1689.[7] Si bien la historia inglesa es el principal ejemplo de la construcción del liberalismo político, los movimientos constitucionales del siglo XVIII en Francia y Estados Unidos lo complementan. El elemento central es el mensaje que se envía: el rey ya no es dueño de mi persona ni de mis bienes, yo soy propietario de mí mismo, tengo derechos sobre mí y sobre los productos de mi trabajo. Se construye histórica y políticamente al sujeto de derechos.

La filosofía política liberal es otra fuente de recursos valiosos para entender la construcción del sujeto de derechos. Cuatro conceptos son fundamentales: la autodeterminación, el iusnaturalismo, el pacto fundacional y el derecho a la resistencia. Independientemente de que Hugo Grocio y Samuel Puffendorf sean los elaboradores más claros del derecho natural, prefiero ir a Inglaterra, en particular al Leviatán de Thomas Hobbes. Me intereso por la particularidad de este texto, ya que si bien Hobbes sigue siendo un realista y ferviente defensor de la monarquía absoluta que, a diferencia de quienes sustentan la legitimidad de esta forma de gobierno en el derecho y descendencia divina, se apoya en la autodeterminación de los súbditos a partir de dos herramientas analíticas de la filosofía política: el contrato social, o pacto fundacional, y el Estado de naturaleza.

El nuevo fundamento de la construcción política es la autodeterminación del ser humano. Ésta se expresa a través de un pacto, en el que todos los hombres deciden ceder algo de libertad (en unos más, en otros menos) a fin de salvaguardar ciertos bienes primarios,[8] quien decide la construcción de la sociedad política es el ciudadano y no una voluntad externa a él. El rey ahora casi-todo-poderoso no lo es por derecho divino, sino por decisión de todos y cada uno de sus súbditos para salvaguardar, en el caso de Hobbes, un bien primario: la vida. La existencia de estos bienes primarios mantiene latente el derecho a recuperar la libertad natural cuando alguna de las partes rompa el pacto fundacional. Se constituye el derecho a la resistencia.

Durante los siglos XVII y XVIII, la construcción del sujeto de derechos se inspiró en la idea de libertad negativa,[9] de poner límites al Estado para evitar interferencias en la esfera privada del sujeto y en su capacidad de acción. Los principales mecanismos fueron dos: los límites de los poderes o Estado de Derecho (seguridad y certidumbre) y los límites de las funciones o Estado mínimo (Bobbio, 1985). La libertad negativa está relacionada con la igualdad moral, la igualdad política y la igualdad ante la ley. En todos los casos, cualquier persona, independientemente del lugar social en el que se encuentre, debería tener acceso a ellas, sin importar sexo, estatus económico, social o cultural. Sin embargo, el principal problema con la igualdad abstracta es que mantiene en un punto ciego a las desigualdades concretas, a aquellas que ponen en duda la capacidad de acción, de agencia del individuo (O’Donnell, 2004).

La historia del siglo XIX, junto con el desarrollo del socialismo, hizo patente que la libertad negativa era insuficiente. Más que la inacción del Estado o un Estado reducido, lo que hacía falta era su acción decidida y ágil para garantizar determinados derechos económicos y sociales a los ciudadanos, sin los cuales difícilmente podría hablarse de “libertad” pensada como autodeterminación; hacía falta renovar la idea, pensar en una libertad positiva. Hicieron su aparición las teorías de capacidades, en términos de Amartya Sen y Martha Nussbaum, de bienes primarios como parte de una teoría de la justicia, en el lenguaje de Rawls; de principios, en la teoría de Ronald Dworkin, o en las versiones más acabadas de la hipótesis de la acción racional a partir de la construcción de agency, los elementos necesarios para ser efectivamente un agente; componentes teóricos que, en derechos humanos, fueron dando forma a la construcción de la ciudadanía social y el derecho a no ser pobre.

Junto con la idea de libertad positiva se complejizó el concepto de igualdad. Pasamos de la igualdad ante la ley, política y moral, a una de capacidades que sustenta la teoría del desarrollo y la igualdad material que sostiene la exigibilidad de los DH. Sólo a partir de una libertad positiva y una igualdad que visibilice las desigualdades concretas y las diferencias, se puede permitir que una persona decida efectivamente qué es la vida buena y modifique su entorno rumbo a ella —que sea un ente capaz de autodeterminarse.

La idea de autodeterminación también está vinculada a otros tres conceptos: la racionalidad, la autorrealización y la autonomía. La racionalidad conlleva la autoconsciencia de existencia de la persona. A partir de esa conciencia, el individuo es capaz de elegir su propio camino, es decir, no está predeterminado ni natural ni teológicamente. Además, puede perfeccionarse conforme decide la serie de pasos que lo llevarán a la vida buena. Finalmente, el ser humano es autónomo porque genera una autolegislación moral y define qué actos lo constriñen (Rojas, 2009). Con esta idea de dignidad humana, el individuo se adscribe con una superioridad moral frente al resto de las cosas y animales que están a su alrededor. De aquí que cobre sentido una de las máximas kantianas: ningún hombre puede ser visto como un medio para alcanzar un objetivo, cada uno es un fin en sí mismo (Rojas, 2009). El elemento que se encuentra en el centro de los DH es justamente esta dignidad humana, todo el conjunto de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, no tiene valor en cuanto a derechos, cuenta sólo con un valor instrumental tan pronto auxilia a la concreción de esa vida digna.

Los DH se han desarrollado paralelamente a la conformación de esta ideología,[10] el objetivo final de éstos es la vida digna, por lo que una de sus metas es la limitación del poder político (estatal o privado), rumbo a la concreción de lo que para cada individuo es una vida digna. La libertad positiva y negativa, la igualdad moral, política, jurídica y de capacidades, de oportunidades y material de las personas, son los elementos constitutivos del discurso de DH necesarios para conformar al sujeto de derechos, a la persona capaz de definir e ir en pos de lo que considera la vida buena. Pese a la importancia de la construcción del sujeto de derechos en la teoría de los DH, lo cierto es que ha tenido poco desarrollo. Donde más se ha avanzado es en los análisis del derecho a no ser pobre y la relación entre el empoderamiento y la superación de la pobreza.[11]

El discurso sobre los derechos humanos, tal como lo conocemos en el presente, es un producto del liberalismo político del siglo XVIII. Se le puede rastrear tanto desde los sucesos históricos, como desde la generación teórica del liberalismo político. No obstante, sedebe ser cuidadoso para no confundir la historia del derecho natural y del liberalismo político con la de los DH, se trata de dos procesos interconectados, pero distintos, más longevo el primero, mucho más reciente el segundo.

Desde la teoría política, a diferencia de la historia política-constitucional y siguiendo aún la ruta del liberalismo, la constitución del sujeto de derechos no proviene de un proceso histórico de confrontación, sino de un acto único e instantáneo de carácter fundacional, integrado por cuatro conceptos clave: la libertad como autodeterminación, el iusnaturalismo, el contrato o pacto fundacional y el derecho a la resistencia. Las primeras concordancias del liberalismo con la democracia provienen de la necesidad de formar una teoría sólida que permita la salida del Estado absolutista. Tal vez el elemento a subrayar sea que el discurso sobre DH nace tanto con la modernidad (e Ilustración) como con el liberalismo político.

Los derechos humanos desde la teoría de la democracia

La idea de sujeto de derechos tiene múltiples procesos conceptuales, que llevan a pensar en diversas posibilidades del concepto de libertad e igualdad. En la teoría de la democracia sucede algo similar, ya que existen variados modelos que ponen de relieve determinados principios o valores como sus elementos constitutivos. Con el objeto de simplificar estos debates (aunque sin perder de vista la riqueza y peculiaridades de cada perspectiva teórica), podemos organizar la discusión a partir de dos controversias de las que se desprenden distintos modelos: democracia representativa o elitista versus participativa y democracia procedimental versus sustancial. Si entrecruzamos los dos pares anteriores, podemos formar un mapa bidimensional que se presenta en el siguiente cuadro:[12]

Cuadro 1. Teorías de la democracia por modelo

Representativa o elitista

Participativa y directa

Procedimental

Elitistas-procedimentales

Tendencia liberal-libertaria.

Modelo protección.

Modelo legal.

Modelo elitista-tecnocrático.

Modelo pluralista.

Modelo elección-racional.

Participativistas-procedimentales

Modelo semidirecto.

Modelo ateniense.

Modelo directo.

Sustancial

Elitistas-sustancialistas

Tendencia liberal-igualitaria.

Modelo constitucional.

Modelo desarrollista.

Modelo sustancial.

Participativistas-sustanciales

Modelo rousseauniano.

Fuente: elaboración propia.

La matriz que antecede es una herramienta que sirve como mapa para organizar un debate entre los distintos modelos de democracia. Sin embargo, los criterios que se encuentran en los extremos son pocos y, por el contrario, la mayoría tiene elementos de las cuatro categorías rivales. Por ende, debe pensarse en los modelos como si fueran ciudades georreferenciadas, unas más cerca del centro, otras de las fronteras entre el modelo participativo y el representativo; algunas más entre la frontera de la democracia procedimental y la sustancial. Entonces ¿para qué sirve la ordenación de las matrices y la construcción de modelos? Para poder ubicar los elementos subyacentes en las construcciones de la teoría de la democracia (Macpherson, 1981; Held, 1992).

También se debe tener cuidado de no confundir los modelos de democracia con las diferentes formas de construcción institucional de la misma.[13] No es que la construcción institucional no haga ninguna diferencia, el punto es tener cuidado de no confundir múltiples formas de institucionalizar un criterio democrático (como el procedimental-representativo) con la construcción de múltiples modelos democráticos con relaciones subyacentes distintas. A partir del cuadro que antecede, podemos formar cuatro perspectivas democráticas: 1) procedimental-representativo, 2) sustancial-representativo, 3) procedimental-participativo y 4) sustancial-participativo.

La disputa entre el procedimiento y la sustancia

Comencemos por los márgenes que hemos trazado. ¿Cuál es la porosa frontera que divide a las tendencias procedimentales de las sustanciales? El hecho de que un modelo sea procedimental no quiere decir que no haya sustancia alguna en éste, incluso en una perspectiva más vacía, como la schumpeteriana, el acuerdo en los procedimientos es sustancial. En consecuencia, la explicación no se encuentra en la ausencia/presencia de algo, sino en qué tipo de igualdad y qué tipo de libertad para qué modelo de democracia. En esta frontera se presenta la tensión inherente al dilema de democracia y liberalismo: igualdad y libertad. Así, el modelo procedimental se sustenta en una igualdad moral y política y en una libertad negativa, mientras que el sustancial se fundamenta en una igualdad de oportunidades o material y una libertad positiva.

La tendencia procedimental da por hecho que los ciudadanos son moralmente iguales a partir de dos principios básicos: la igualdad intrínseca y el principio categórico de la igualdad. De acuerdo con el primer principio, las determinaciones de las aspiraciones a ciertos bienes primarios, necesarios para lograr lo que para el individuo es la vida buena, son valiosas; en términos de Robert Dahl: “esa igualdad consiste más bien en la capacidad de concebir su propio bien y adquirir un sentido de la justicia” (Dahl, 1993: 106). Este primer principio se complementa con el categórico de la igualdad, de acuerdo al cual cada ciudadano, salvo prueba en contrario, es el mejor dotado para autogobernarse, y decidir qué bienes primarios integran la vida buena (Dahl, 1993). Con estos dos principios se fundamenta la igualdad política, lo mismo en el ágora que ante la boleta, o frente a la casilla, los ciudadanos son políticamente iguales. Todos los elementos anteriores explican por qué es importante que yo tenga la capacidad de participación y, por ende, por qué el único régimen que sustenta la igualdad moral y política es la democracia.

Junto a la igualdad moral y política tenemos a la libertad negativa, cuyo elemento central es la intervención estrictamente necesaria del Estado en la esfera de acción personal, a fin de que no vulnere la capacidad de autodeterminación, el principio categórico de igualdad o la capacidad de determinar qué es la vida buena. Hasta ahora, los mecanismos que se han conformado para limitar la actuación del Estado son dos: el Estado de derecho y el Estado mínimo. El gobierno sólo puede hacer lo que las leyes le permiten y debe operar siempre a través de actos generales y abstractos, mientras que sus funciones están acotadas a lo esencialmente necesario, aquello cuya acción colectiva resulta imposible de realizar sin la intervención estatal.

Bajo esta égida, una constitución sin declaración de derechos sociales sigue siendo una constitución democrática mientras conserve la estructura de gobierno, que es su parte fundamental, y cuya finalidad es ser un instrumento de administración que limite, restrinja y permita el control del ejercicio del poder político. Las constituciones sólo son vías que estructuran y disciplinan los procesos de la toma de decisiones de los Estados, sin que decidan o deban disponer qué debe ser establecido o en qué sentido se debe tomar tal o cual decisión (Sartori, 1994: 212-217). En este mismo sentido, las poliarquías analizadas por Robert Dahl (1990) se caracterizan por dos elementos: a) ser sistemas políticos substancialmente liberalizados, es decir, abiertos a debate público y b) ser muy representativos, lo que significa que permiten la participación ciudadana masiva en las elecciones y en el propio gobierno; pero éstas no tienen objetivos o contenidos específicos.

Bajo esta perspectiva, el papel de los DH es indirecto. Ciertos DH son un presupuesto, o precondición, para que este modelo democrático funcione y no se convierta en una democracia iliberal pero, más allá de este objetivo, no hay una teoría de los DH realizada a partir de este modelo. Los DH que interesan son: el derecho a la información, la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho a la no discriminación en materia política y el derecho a votar y ser votado (Dahl, 2006; Diamond, 1999). Como puede observarse, la prioridad en este modelo está puesta en ciertos derechos civiles con fines políticos y en los derechos políticos. No es que el resto de los DH no sean importantes, ni que las características de indivisibilidad, integralidad e interdependencia no resulten esenciales, es simplemente que estos son los derechos necesarios para fundamentar esta perspectiva de la democracia; los otros no, aunque su presencia ayuda a fortalecerla. Uno de los elementos centrales es definir dónde está puesto el énfasis del modelo, en este caso en los procedimientos: si existen esos derechos humanos y el procedimiento se cumple —hay elecciones periódicas en las que todos los votos cuentan y cada voto cuenta uno—, por lo tanto estamos frente a una democracia, pese a las desigualdades de hecho, la pobreza o exclusiones materiales que puedan existir en esa sociedad política.

En la tendencia substancial, la libertad y la igualdad son pensadas de forma muy distinta. Más que la igualdad moral o política, lo que importa es la igualdad material o, al menos, una igualdad de oportunidades que se complemente con una libertad positiva, donde lo que interesa no es tanto la limitación del Estado, sino su acción para que los ciudadanos no sólo tengan un marco jurídico dentro del cual elegir, sino también un contexto social, político y económico en el que sean capaces y puedan decidir con efectividad. Como bien observa Guillermo O’Donnell (2003), muchas veces la libertad negativa y la igualdad moral, creada a través de fórmulas legales universalistas, esconden relaciones de dominación que sustentan las desigualdades contextuales y la ausencia de poder de autodeterminación. El concepto central en esta perspectiva es, sin duda, la capacidad de agencia, la autodeterminación, la idea de que el ciudadano no es sólo universal, libre y legalmente igual al resto de los ciudadanos, sino materialmente es capaz de accionar en su entorno rumbo a su ideal de vida buena.

Obviamente, no es que los demócratas sustancialistas consideren que las libertades civiles y políticas, que son relevantes para los procedimentalistas, no son importantes para el régimen democrático, sin duda lo son, la diferencia es que estos derechos no resultan suficientes. A las libertades civiles con fines políticos y a los derechos políticos, se les debe sumar el ejercicio efectivo de otros derechos civiles tales como la integridad personal, el debido proceso y el acceso a la justicia (que en la mirada procedimental no son elementos que componen la democracia), así como los económicos y sociales. Todos estos derechos son constitutivos de la democracia y necesarios para entender la capacidad de agencia; en cambio los culturales y ambientales no suelen ser mencionados. En este modelo, la democracia es algo más que los procedimientos, o que un mecanismo de selección de gobernantes donde la toma de decisiones y sus consecuencias pesan en la capacidad de agencia del individuo. La pregunta que interesa es: ¿igualdad de qué? Lo cierto es que no hay una respuesta unánime a esta pregunta.

Jean Jacques Rousseau es uno de los pioneros no liberales del modelo sustancial. Tomando como punto de partida el hecho de que, en el Estado de naturaleza, la propiedad privada es inexistente e impera la propiedad colectiva (Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres), en el Contrato Social Rousseau antepone la libertad civil a la libertad natural, es decir, limita las posibilidades de la libertad a partir de las necesidades de la voluntad general. Asimismo, establece como segundo principio la igualdad tanto política como económica. Explica Rousseau:

En cuanto a la igualdad, no debe entenderse por tal el que los grados de poder y de riqueza sean absolutamente los mismos, sino que el primero esté al abrigo de toda violencia y que no se ejerza jamás sino en virtud del rango y acuerdo con las leyes; y en cuanto a la riqueza, que ningún ciudadano sea suficientemente opulento para poder comprar a otro, ni ninguno bastante pobre para ser obligado a venderse (Rousseau, 1762: 28).

Más aún, y de aquí el fundamento iliberal, pero no antidemocrático de Rousseau:

lo que generaliza a la voluntad no es tanto el número de votos cuanto el interés común que los une, pues en esta institución, cada uno se somete necesariamente a las condiciones que impone a los demás: admirable acuerdo del interés y de la justicia que da a las deliberaciones comunes un carácter de equidad eliminado en la discusión de todo asunto particular [...] cualquiera que rehúse obedecer a la voluntad general, será obligado a ello por todo el cuerpo; lo cual no significa otra cosa sino que se le obligará a ser libre... (Rousseau, 1992: 11-17).

La teoría de Rousseau tiene por objeto la consolidación de una sociedad integrada por una sola clase, es decir, aquella donde existe propiedad individual de tierras productivas y de capital, y en las que todos poseen, o pueden poseer, esa propiedad. Para Rousseau, lo mismo que para Thomas Jefferson, la propiedad privada es un derecho individual natural; pero solamente la propiedad moderada del pequeño propietario que la trabaja (Macpherson, 1981).

Para John Stuart Mill, principal autor del modelo de democracia desarrollista, la participación en la vida política es necesaria no sólo para la protección de los intereses individuales, sino también para la creación de una ciudadanía informada, comprometida y en desarrollo. A mediados del siglo XIX, los beneficios materiales que daría el libre mercado a toda la población eran inexistentes. A diferencia de Bentham y James Mill, John Stuart Mill no aceptó el sistema capitalista tal como se presentaba, previó la necesidad de establecer modificaciones tanto en el derecho de propiedad, como en las reglas de distribución, sin que esto implicara el fin del mercado libre. En la democracia desarrollista se genera la necesidad del avance de la comunidad en cuanto a intelecto y virtud, a través del ejercicio democrático practicado a través del sufragio universal, y del interés directo de los ciudadanos en los actos de gobierno, informarse y formar sus opiniones en conversaciones con otros.

Varios años después, y como parte de la confrontación de la guerra fría entre el polo capitalista y el socialista, también se disputó una lucha por la legitimidad del modelo político y de la “democracia verdadera”. A la democracia como un procedimiento se antepone la sustancial, pensada como la redistribución de la riqueza entre el pueblo, más allá de la inexistencia de elecciones competitivas. Es en este marco que se gesta una vertiente del liberalismo con tendencias materialmente igualitarias (liberal-socialistas), que observan la necesidad de pasar de una democracia limitada, a un proceso democrático más amplio y con un mayor nivel de igualdad no sólo política, sino también económica y social. Sin duda, el principal representante del “liberalismo-socialista” es Norberto Bobbio y, junto con él, Michelangelo Bovero. Y es este criterio el que se encuentra en la porosa frontera entre el modelo procedimental y el sustancial de la democracia.

En este marco se encuentran los esfuerzos de construcción de ciudadanía social de la CEPAL, impulsados especialmente por Guillermo O’Donnell a través de sus estudios de ciudadanía de baja intensidad, así como por los trabajos realizados tanto por el PNUD como por Amartya Sen y Martha Nussbaum. En todos los casos anteriores estamos frente a tendencias liberal-igualitarias, donde sin duda la libertad negativa y la igualdad abstracta importan, pero no resultan suficientes. La teoría de la democracia constitucional de Luigi Ferrajoli, uno de los más importantes representantes del neoconstitucionalismo, también se encuentra dentro de las tendencias substancialistas, aunque él construye un andamiaje analítico distinto. Para Ferrajoli, el contenido de la democracia proviene de los principios constitucionales, a los que podemos sumar las directrices establecidas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. A partir de la prohibición de lagunas y de antinomias, el derecho se convierte en un sistema cerrado que prescribe no sólo la forma, sino también el contenido, que deben tener todas y cada una de las decisiones políticas. Si una decisión política se aleja de este contenido, de esta sustancia, los jueces nacionales e internacionales son los principales encargados de hacer valer las directrices preestablecidas.

Al igual que en el caso del criterio procedimentalista, en el modelo sustancial tampoco hay una teoría específica sobre DH, éstos juegan el papel de presupuesto o resultado de la democracia. Por ejemplo, en las teorías cercanas al liberalismo-igualitario, los derechos económicos y sociales, así como los civiles no integrados por el procedimentalismo, son también precondiciones democráticas; sin ellos ninguna persona será efectivamente libre, por lo que no podrá participar con total autonomía en los procesos democráticos, no tendrá capacidad de agencia ni de autodeterminación. En cambio, para algunas otras teorías, la sustancia debe ser el resultado democrático, este era el enfoque de la democracia socialista en plena guerra fría, y también lo es en la teoría de Ferrajoli, e incluso en la de Rousseau. En la primera a través de las directrices constitucionales, en la segunda por medio de la voluntad general. El filósofo español Elías Díaz (1984; 1995; 1998; 2002) llegó a conclusiones semejantes en su construcción del Estado de derecho.

Cuadro 2. Los DH en los modelos procedimentales y sustanciales

Modelo de democracia

Derechos humanos relacionados

Modelos con tendencia Procedimental.

Precondiciones o presupuestos: libertades civiles con uso político y derechos políticos.

Modelos con tendencia sustancial.

Precondiciones o presupuestos: todos los derechos, civiles, políticos, económicos y sociales.

Los DES también pueden (deben) ser resultado de la democracia.

Fuente. Elaboración propia.

La disputa entre la representación y la participación

En relación a la segunda controversia, perspectivas participativas vs representativas, lo primero a subrayar es que hay diversos métodos de participación, pero no todos son democráticos y algunos constituyen distintos modelos de democracia. Por ejemplo:

1) Puede ser que la participación se limite a la emisión del voto cada determinado tiempo, sin que exista ningún otro acto esperado por el ciudadano. En este caso, la democracia se parece más a la idea de método democrático, donde el pueblo elige a quienes lo gobiernan, pero no gobierna.

2) A la emisión del voto de forma periódica se le puede sumar la participación a través de diversas instituciones consideradas semidirectas, tales como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación del mandato. El pueblo toma decisiones directamente, a través de votaciones, pero sin reunirse y sin una deliberación cara a cara, es decir, participa a través de individuos aislados, no interrelacionados.

3) Una tercera opción es la participación directa a través de individuos relacionados y coparticipantes cara a cara (democracia clásica griega y propuesta de Rousseau). En este caso hay dos posibilidades: que este tipo de participación se realice sólo a través de las instituciones públicas, o que se amplíe el concepto de lo político, se reconozcan centros de poder vinculantes en las instituciones consideradas privadas, y se amplíe el proceso de democracia directa a dichos organismos (por ejemplo, sindicatos, empresas privadas o división doméstico-sexual del trabajo).

4) Puede suceder que la participación no se dé por medio de los mecanismos institucionalizados, sino a través de los repertorios modulares de la acción colectiva, con el objetivo de generar acciones disruptivas que influyan en las decisiones políticas vinculantes. En algunos casos, estos mecanismos no son aceptados como métodos de participación democrática.

La intervención directa de los ciudadanos en la toma de decisiones es la frontera que divide al modelo representativo del participativo. Si la controversia entre el procedimiento y la substancia se relaciona con la serie de tensiones generadas en la convivencia de la democracia y el liberalismo, la igualdad y la libertad, ahora estamos en las tensiones generadas entre la democracia de los antiguos y la de los modernos ¿quién debe participar y cómo debe hacerlo? El siglo XVIII es el periodo clave para comprender esta discusión. Una época sacudida por las revoluciones liberales que arrebataban la soberanía al rey y que, a través de la democracia, establecían como valor principal la autodeterminación y, con ésta, la soberanía popular. El problema ahora es ¿qué tanto queremos que el gobierno se encuentre efectivamente sometido y dirigido por el pueblo? Les preguntaron esto a Emmanuel-Joseph Sieyès en la Revolución francesa, durante su participación en el congreso constituyente que derivó en la constitución de 1791; a Benjamin Constant en su activismo político en Francia a principios del siglo XIX, y a Hamilton, Madison y Jay en el proceso constituyente de Estados Unidos.

Frente a la democracia que se identificaba en ese momento con la forma de gobierno de los antiguos (democracia directa), estos autores prefirieron un gobierno representativo. El cambio no es menor, como bien observa Joseph Schumpeter (1942) y, complementa Bernard Manin (1995), en un gobierno representativo el pueblo no preside en ninguno de los términos de las palabras pueblo y gobernar, mientas que los gobiernos nunca podrán iniciar una decisión política con la consigna “Nosotros el pueblo…”. El principal dilema político en esta discusión fue el miedo a las mayorías. Lejos de ser un defecto del gobierno representativo, la desconexión entre “las pasiones momentáneas del pueblo” y las acciones gubernamentales es un objetivo buscado deliberadamente, de aquí que no se haya establecido ni el mandato imperativo, ni la revocación discrecional del mandato. El miedo a las mayorías se gesta desde dos ángulos distintos, el temor ante una masa pauperizada que ponga en peligro uno de los principios centrales del orden político jurídico en ese momento: la propiedad; y el miedo a una masa dogmática que arriesgue el otro valor esencial: la libertad[14] (en especial la religiosa).

Lo cierto es que este miedo a las mayorías, conjugado con el establecimiento de un gobierno representativo no vinculante, pone en duda uno de los principales pilares del liberalismo político: la libertad entendida como autodeterminación. Si el pueblo no gobierna, sino que sólo elige a sus gobernantes, y los gobernantes no son el pueblo, ¿ logra el ciudadano autodeterminarse a través de las decisiones de sus gobernantes? En este punto se debe tener mucha claridad, una decisión gubernamental en un gobierno representativo no necesariamente es mayoritaria en, al menos, dos sentidos: 1) que el grueso de los ciudadanos, que no participan en la decisión, estén de acuerdo con la misma, y 2) que dicha decisión efectivamente genere un bienestar para la mayoría de los ciudadanos. Estas dos rupturas son la principal consecuencia del gobierno representativo.

Llegados a este punto también debemos tener claridad en la concepción de que un gobierno representativo o elitista, no es más que una división política del trabajo en el que unos gobiernan y otros eligen a sus gobernantes, pero no gobiernan. De aquí los principales elementos que conjugaron a la democracia con el liberalismo: con la división política del trabajo y la generación de políticos profesionales,[15] los ciudadanos son libres de dedicarse a la vida privada, a la consecución de la vida buena; además, las elecciones periódicas, junto con el Estado mínimo y el Estado de derecho, permiten proteger al ciudadano del gobierno. Por tal razón, a este modelo se le denominó democracia protectora, ante la pregunta ¿cómo sostener un gobierno en un mundo marcado por la persecución legítima y razonable de los intereses personales y qué forma debe adoptar el gobierno? Las elecciones regulares, el voto secreto, la competencia entre facciones, líderes potenciales o partidos y el gobierno de la mayoría, son las bases institucionales para establecer la responsabilidad de los que gobiernan.

En contraste, el modelo participativo supone la necesidad de una mayor contribución ciudadana en la toma de decisiones políticas por, al menos, dos razones: el ciudadano, y no su representante, es el mejor calificado para defender sus intereses en la toma de decisiones vinculantes; y la participación y discusión directas en la toma de decisiones es la mejor forma de crear una ciudadanía informada, comprometida y en desarrollo, con una clara concepción del valor de lo público. El ejemplo de la democracia directa instaurada en Atenas, a través del Ágora, es muy conocido. Si bien en principio parecía que se gozaba de una igualdad política sobresaliente, identificada en las deliberaciones cara a cara y la toma de decisiones en las asambleas (se realizaban entre treinta y cuarenta al año), lo cierto es que los “iguales” eran muy pocos y los temas de discusión pública muy reducidos.[16] Las anteriores son parte de las principales diferencias entre la democracia clásica de Atenas (modelo participativo o democracia de los antiguos) y la democracia representativa-procedimental (o democracia de los modernos): se ensancha la categoría “pueblo” a través del otorgamiento de la capacidad de voto a diversas personas pertenecientes a distintas clases, se concede el voto a las mujeres y aumentan los temas que se debaten en la agenda pública.[17]

Las modificaciones histórico-políticas anteriores, la ampliación del “pueblo”, la multiplicidad de intereses y el paso de las ciudades-Estado al Estado nación, dieron por hecho que la democracia participativa es imposible —¿dónde vamos a juntar a los cien millones de mexicanos para que discutan el presupuesto anual? La participación directa mediante una discusión cara a cara de las decisiones políticas parecía irrealizable, pero no es así. La versión moderna del modelo participativo es la propuesta de democracia piramidal elaborada por C. B. Macpherson (1981). En esta teoría, lo que se construye es una serie de cuerpos territorialmente fijados (iniciando en la colonia o barrio, luego el municipio, después en la entidad federativa o provincia y, finalmente, en una asamblea nacional), donde los pobladores de un barrio o colonia se reúnen para discutir un tema político relevante y nombran representantes al cuerpo territorial inmediato superior (el municipio). A su vez, en el cuerpo municipal se discute el tema correspondiente y se nombran representantes para el cuerpo territorial siguiente (la provincia o entidad federativa) y así sucesivamente. Además, se mantiene la posibilidad de que las decisiones sobre cada uno de los temas que se discutan en la punta de la pirámide fluyan de abajo hacia arriba, a través de mandatos vinculantes y revocaciones discrecionales del mandato. Finalmente, vale la pena destacar que en las democracias del presente es posible la participación directa de los ciudadanos mediante discusiones cara a cara, basta identificar los temas, rangos territoriales y mecanismos para ello, como en los casos de los presupuestos participativos o de otro tipo de organizaciones políticas territorialmente delimitadas, como los consejos comunales, donde los ciudadanos tienen capacidad de decisión política y presupuesto para llevar a cabo su disposición en materias que les afectan de forma directa.

En esta disputa (representativos o elitistas vs participacionistas), los DH también juegan un papel secundario y menor que el interpretado en la controversia de la democracia procedimental vs sustantiva. De hecho, la discusión gira en torno a los procesos necesarios de capacitación, desarrollo y autodeterminación de los ciudadanos, por lo que no se invoca a los DH de forma específica. Más aún, el modelo de democracia que se ha legislado en el derecho internacional de los DH se prefiere el enfoque representativo, al participativo. Si bien se reconoce el derecho a participar en los asuntos públicos, siempre es a través de los representantes.

Un modelo aparte: la democracia deliberativa.

No puedo cerrar esta sección sin dedicar unos breves párrafos al modelo deliberativo de democracia. Lo hago aparte no porque este modelo no pueda ser ubicado en el “mapa” propuesto líneas arriba, sino debido a que en la democracia deliberativa las categorías de ordenación se entrecruzan, dependiendo de los autores que se retomen.

Como ya expliqué, cada modelo de democracia comparte elementos con otros, los modelos sirven para identificar dónde están los énfasis. En el criterio procedimental-representativo, el énfasis se centra en el respeto al procedimiento, la división política del trabajo, la igualdad moral y política y la libertad negativa. En cambio, en el modelo sustancial-representativo, aunque estos elementos son importantes, el énfasis está en las capacidades que permiten que un individuo sea, efectivamente, transformado en agente capaz de concretar lo que considere la vida buena. En el modelo constitucional también son importantes los procedimientos y demás valores, pero el elemento central es el respeto a los principios constitucionales que conforman un Estado y que materializan a los DH. La democracia deliberativa es una reacción contra los excesos de los modelos representativos, incluso contra aquellos que implican “todo para el pueblo pero sin el pueblo”, como sería el modelo constitucional.

Comencemos diferenciando el modelo deliberativo del participativo. Mientras que lo que importa en el segundo es la participación directa del ciudadano en la toma de decisiones como proceso formativo y mayor salvaguarda de sus intereses, el modelo deliberativo pone la lupa en otra cosa: las condiciones en las que se debe desarrollar la deliberación. De esta forma, puede haber procesos participativos que no necesariamente sean deliberativos; notablemente, también puede haber procesos deliberativos que no sean participativos. Vayamos por partes.

Las preguntas principales para entender este modelo son dos: ¿quién delibera? y ¿cuáles son las condiciones de deliberación? Entre los deliberativistas no hay consenso en las respuestas, por ello, dependiendo de quién responda, este modelo puede ser ubicado en varios puntos de la matriz. Para responder a la primera pregunta existen dos opciones: deliberan los representantes o los ciudadanos, de aquí que el lugar de resolución pueda ser una legislatura o congreso, pero también un espacio público abierto a la participación de cualquier ciudadano, es decir, el modelo puede estar tanto en la columna representativa como en la participativa. La segunda pregunta también tiene dos respuestas posibles: la tendencia republicana delibera a partir de principios generales de justicia previamente socializados, es decir, se dejan de lado los intereses particulares y la deliberación siempre se hace con un horizonte claro, el bienestar general. Sin embargo, para Habermas y sus seguidores, lo que permite la deliberación es el apego a los principios universales de validez susceptibles de crítica en los actos de habla, que facilitan una comunicación no distorsionada, evitando ideas preconcebidas y generalizadas de bienestar general. El modelo deliberativo lo mismo se ubica en la casilla sustancial que en la procedimental.

Cuadro 3. La democracia deliberativa y los modelos democráticos

Representativa

Participativa

Procedimental

Deliberan los parlamentos atendiendo a principios procedimentales que rigen los actos de habla.

Deliberan los ciudadanos atendiendo a principios procedimentales que rigen los actos de habla.

Sustancial

Deliberan los parlamentos teniendo como objetivo el bien común.

Deliberan los ciudadanos teniendo como objetivo el bien común.

Fuente: elaboración propia.

También en este punto, la relación con los DH es accidental, pero relevante. Rota la sociedad orgánica a partir de la modernidad, los temas de pluralidad-conflicto y legitimación estatal se complejizan. De acuerdo con Habermas (1994), en este nuevo orden político-social, los conceptos de DH y soberanía popular son los únicos criterios que permiten al derecho continuar legitimándose ante la ausencia de un ethos anclado en tradiciones religiosas o metafísicas. El problema parte de las tensiones que también se generan en estos dos conceptos: derechos humanos y soberanía popular, ante el desacuerdo ¿cuál prevalece? En el caso de la tendencia liberal-constitucional, sin duda, los DH; en cambio, para la tendencia procedimental-deliberativa el contenido depende de la conclusión de la deliberación, por lo que prevalece la soberanía popular. Esta diferencia surge de las distintas formas de comprender la política: como esfera gubernamental que debe ser limitada y dirigida a obtener metas colectivas específicas, o como reformulación de la vida ética sustantiva, a partir de relaciones interdependientes de ciudadanos plenamente conscientes (Habermas, 1994: 223). En términos de Habermas:

El paradigma liberal no agota el pleno significado de la autonomía de una ciudadanía soberana, pues introduce los derechos humanos como un antecedente al, o como restricciones externas del, proceso democrático, mientras el paradigma republicano no puede explicar la dimensión universalista de los derechos humanos, pues liga el proceso democrático a la identidad compartida y a los vínculos esenciales de una determinada comunidad ética (1994: 226).

Los derechos humanos y los estudios empíricos sobre democracia

Los estudios empíricos sobre democracia han optado por utilizar las herramientas estadísticas y comparativas como métodos esenciales en la comprobación del conocimiento científico. Hay ciertas tendencias en los estudios de la ciencia política, en especial en los de política comparada, que se incluyen en los estudios empíricos sobre democracia: el análisis de las funciones, determinantes y las consecuencias de los distintos regímenes políticos, de las instituciones y de la cultura política; la relación Estados-ciudadanos, considerando temas como la protesta, la represión, las elecciones y la conformación del sistema de partidos; así como los estudios de las revoluciones políticas y los procesos de liberalización y democratización (Landman, 2005). Este tipo de investigaciones, que suelen considerar a los DH, se interesan por analizar qué, entre todos estos elementos, tiene un impacto o influencia en el cumplimiento-violación de los DH, ¿qué explica el cumplimiento-trangresión de los DH: el régimen político, la localización del derecho internacional de los DH, la inversión, el nivel de desarrollo, la cultura política? De esta forma, se han encontrado correlaciones estadísticas con el nivel de desarrollo, los flujos de inversión y el proceso de democratización (Landman, 2002; 2005; Freeman, 2002). De las tres categorías mencionadas, sólo la relación entre el proceso de democratización y el respeto a los DH se ubican dentro del campo que analizamos: los estudios empíricos sobre democracia.

Lo cierto es que los DH no son una categoría analítica ampliamente utilizada en el vasto mundo de los análisis sobre la democracia, se trata más bien de estudios aislados. Además, cuando se les utiliza, se les suele circunscribir a los derechos civiles (en particular la vida y la integridad personal), dejando de lado los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA),[18] así como todos los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Algunos autores afirman que esto se debe al proceso conductista y positivizador por el que pasó la ciencia política y, con ésta, los estudios de la democracia. Explican que el poco interés de la ciencia política por los DH, se debe a que este concepto ha tenido un fuerte énfasis moral y legal que es rechazado por las tendencias realistas y objetivistas de la ciencia política (Freeman, 2002; Landman, 2005; Woodiwiss, 2006). También se argumentaría que las bases de datos que se han creado hasta la fecha —como la Escala del Terror o el índice de Freedom House— sólo consideran esos derechos, y que son las herramientas con las que se cuenta. De cualquier modo, hay una notoria falta de interés en medir, crear bases de datos y correlacionar a los DESCA con las violaciones de derechos humanos.

Dentro de los estudios empíricos sobre democracia que se relacionan con DH, encontramos tres tendencias o corrientes: los estudios de transición a la democracia, especialmente los de la tercera ola; el proceso de construcción de un régimen democrático con tintes iliberales, que se confirma con las mediciones de violaciones a los DH en regímenes democráticos, y el papel que jugarían los DH en el diseño y construcción de una democracia global.

Los derechos humanos y la transición a la democracia

La relación entre transición a la democracia y DH se evidenció especialmente en la tercera ola democrática, iniciada con la transición de Portugal y España, así como de varios países africanos, el fin de las dictaduras militares en América Latina y la caída y transformación del bloque socialista. Esto se debe a dos elementos: todos esos países superaron dictaduras militares o gobiernos autoritarios que violaban sistemáticamente los DH y la institucionalización y discurso de los DH que ya se había consolidado a través del DIDH. Asimismo, el argumento comenzó a cobrar relevancia tanto a nivel internacional, como en los movimientos sociales que propugnaban el fin de las dictaduras militares y de la violación sistemática de estos derechos.

Pese a lo anterior, en la amplia gama de preguntas y documentos que integran la teoría de la transición —conocida especialmente por los cuatro tomos de Transiciones desde un gobierno autoritario, coordinados por O’Donnell, Schmitter y Whitehead, la considerarción de los estudios de Linz, Stepan, Rustow, Reid Andrews y Chapman, el estudio del fin del paradigma de acuerdo con Carothers, y el análisis de la literatura mexicana aportada por Woldenberg, Valdés, Silva Herzog, Lujambio, Gómez-Tagle, Rodríguez Araujo, Crespo o Cansino— los derechos humanos no juegan un papel fundamental, mientras que la consolidación de los sistemas de partidos y electorales, así como la concreción de las elecciones competitivas, suelen ser el elemento principal. En algunos casos, se analizan los procesos de apertura, de liberalización del régimen dictatorial o democrático, como paso previo a la democratización, pero incluso en estos casos el papel de los DH es secundario, en los términos analizados en el modelo de democracia procedimental.

Los estudios que recuperan las violaciones sistemáticas de DH, lo hacen desde el análisis, posibilidades y límites de la justicia transicional. En este marco, la democracia y los DH se fusionan, pero conservan algunas tensiones debido a que el discurso de DH (en especial el de investigación, sanción y reparación de violaciones) se constituye en un ámbito esencialmente moral, mientras que el proceso de diseño institucional, equilibrios y éxito de la transición, se desarrolla en un ámbito político-pragmático (Garretón, 1994). Es en este tenor que los estudios sobre la relación entre DH y transición democrática cobran fuerza en al menos dos vertientes: ¿cuál es el papel de los DH en la transición? y ¿cuál es el tipo de justicia transicional que debe realizarse sin poner en peligro el proceso?

La primera pregunta cobra sentido en el diseño de las instituciones que conformarán el nuevo régimen democrático. Esto incluye la generación de enclaves que pueden vulnerar a los DH, tanto en su relación con los poderes constituidos (incluyendo las fuerzas militares), como en las prácticas y organizaciones de los poderes fácticos, y conlleva diseños institucionales y prácticas culturales. Estos enclaves generan problemas especialmente en el proceso de consolidación de la democracia, que puede ser truncado e incluso revertido (Garretón, 1994: 223).

La segunda pregunta se relaciona con tres demandas fundamentales que se enarbolan en el proceso de transición: el derecho a la verdad, la justicia y la compensación a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Sin embargo, debido al cálculo estratégico que tiene por objeto no poner en peligro el proceso de transición, las tres se ubican en una esfera de ambigüedad generada por los discursos de reconciliación y la amnistía con los poderes institucionales y fácticos que se encuentran involucrados en esas violaciones sistemáticas de los DH, y que pondrían en peligro la transición y obligar al regreso a un régimen autoritario o dictatorial, a través de movilizaciones evidentes, como la revuelta de los militares “carapintada” en Argentina, o el “boinazo” en Chile.

Respeto a los derechos humanos y régimen democrático

Esta segunda vertiente es la que se ajusta más claramente al análisis estadístico y comparativo creado en los estudios empíricos de la democracia: ¿cómo se correlaciona el proceso de democratización con, en este caso, las violaciones a los DH? Se suele dar por hecho que la democracia es el régimen mejor constituido para respetar, proteger y garantizar los DH. Esto no quiere decir que en la democracia no se cometan violaciones a los DH, sino que es menos probable, dado que los ciudadanos tienen más herramientas para hacer valer sus derechos. Lo anterior se debe a la relación conceptual que suele crearse entre el régimen democrático y el Estado de derecho a partir de la tensa relación entre el liberalismo y la democracia. De esta forma, un gobierno representativo no generará violaciones sistemáticas de los DH por tres razones: para que la democracia exista son necesarios ciertos derechos civiles y políticos como precondición de la misma (sobre este punto hay todo un desarrollo desde la democracia liberal que involucra a Dahl, Bobbio, Bovero, Ferrajoli, Diamond, Sartori, etc.); el gobierno que viole sistemáticamente los DH será castigado por el voto de los ciudadanos en la siguiente elección (accountability vertical); el ciudadano acudirá a otros órganos gubernamentales para, en principio, detener la violación a los DH e iniciar posteriormente, un proceso de investigación, sanción y reparación (accountability horizontal).

Sin embargo, si bien se han creado regímenes democráticos (bajo el modelo de democracia representativa-procedimental) o poliarquías, lo cierto es que existen distintos niveles de institucionalización democrática que se relacionan con diversos contextos que fomentan procesos de violación a los DH. Hasta ahora, no hay una subdisciplina o línea de estudio que dé cuenta de las diferencias en las violaciones a los DH entre dictaduras, gobiernos autoritarios y democracias; el grueso de los estudios se ha centrado en el establecimiento de regímenes democráticos de corte iliberal, democracias delegativas o Estados “esquizofrénicos”, donde ciertos derechos políticos y civiles que permiten afirmar que el régimen es democrático, conviven con serias violaciones a los derechos civiles, económicos y sociales.

En medio de este debate se han desarrollado diversos estudios en torno a la cantidad de violaciones de DH que se generan en los gobiernos democráticos. Un primer punto a subrayar es que el grueso de estos análisis identifica como violación de derechos humanos sólo las transgresiones a los derechos civiles, en especial actos de tortura, tratos inhumanos, desaparición forzada y homicidios, incluso el grueso de las bases de datos con las que suelen elaborarse estos modelos estadísticos toman en cuenta sólo estas violaciones, y no intentan medir y analizar los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. La premisa inicial es que hay una relación estadística negativa entre un régimen democrático y las violaciones a los DH. Sin embargo, se ha llegado a otra conclusión interesante.

Por un lado tenemos el modelo more murder in de midle (MMM) que sostiene que el grueso de las violaciones a los DH no se da en las dictaduras militares consolidadas, ni en las democracias establecidas, sino en las dictaduras militares endebles o en las democracias recientes (Fein, 1995; King, 1998; Regan y Henderson, 2002). La explicación de este efecto se encuentra en un concepto denominado “incoherencias sistemáticas”. Tanto en una democracia como en una dictadura consolidadas, las reglas del juego (formales e informales) están claramente planteadas, así como los incentivos, los premios y los castigos. En el caso de las democracias, los gobiernos sabrán cómo respetar los DH a fin de evitar la accountability horizontal y la vertical y mantenerse en el poder. En las dictaduras consolidadas, los ciudadanos difícilmente se expondrán abiertamente ante el gobierno para evitar ser reprimidos, desaparecidos o asesinados. En cambio, en las dictaduras débiles, los ciudadanos tienen más incentivos para organizarse y manifestarse, y los gobiernos pueden responder con violencia o sucumbir frente a la protesta. Algo semejante sucede en las democracias no consolidadas, donde los ciudadanos suponen que están en un régimen liberal y plural, pero los enclaves autoritarios se mantienen y pueden generar respuestas autoritarias. Mientras que en los extremos las reglas del juego son claras, en el centro hay una incoherencia sistemática.

Por su parte, Davenport y Armstrong (2004) llegan a conclusiones parecidas al MMM utilizando un método estadístico distinto (regresiones locales, un criterio no paramétrico que posibilita las relaciones no lineales) que les permite identificar el umbral donde aparece el punto de inflexión. Sus resultados estadísticos indican que los primeros pasos del proceso de democratización no tienen ningún impacto en la disminución de violaciones de los DH, pero a partir de cierto umbral (siete en una escala del uno al diez), el avance de la consolidación de la democracia tiene un fuerte impacto en la disminución de las violaciones de los DH. Con estos elementos, los autores concluyen que hay al menos tres categorías distintas de democracia que tienen un impacto diferente en la represión estatal: una en la que el cambio de régimen no marca ninguna diferencia (de cero a siete en la escala de democratización); otra donde se detecta cierto impacto negativo (de ocho a nueve) y una más que muestra una fuerte tendencia negativa (diez).

Derechos humanos y democracia global

La tercera línea que se ha generado en los estudios sobre democracia desde la ciencia política en relación con los DH es la serie de debates que gira en torno al establecimiento de la democracia global. Lo que se observa en este tipo de estudios es un análisis de diseño institucional (Gould, 2009; Goodhart, 2008) que en más de una ocasión se entrelaza claramente con la teoría política a partir del modelo y los principios morales que están en juego (Moon, 2003; Jacobson y Yong, 2001).

A partir de la serie de fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales que tienen impacto en más de un país al mismo tiempo, se han acrecentado y diversificado los estudios en torno a la globalización: qué es, cuándo inició, es un fenómeno distinto a las interconexiones que ya existían en el siglo XV, cuáles son las relaciones entre lo global y lo local, por mencionar algunos temas. El elemento que me interesa destacar es la línea de estudio en torno a la consolidación de un gobierno democrático global, si hay fenómenos que impactan a un tiempo en las poblaciones de dos Estados, ¿por qué no debería existir un gobierno transnacional que logre controlar y administrar dichos fenómenos? ¿Es deseable que haya un solo gobierno mundial o las lógicas locales implican mantener organismos estatales? Al respecto, se ha debatido cuál sería la mejor forma de organización, si una que identifique al Estado como un actor central y pieza clave para conformar a los nuevos órganos (como el modelo de la ONU), en organizaciones tipo confederación, o si debe ser directamente el ciudadano el que participe en la conformación del nuevo órgano transnacional (como en el Parlamento comunitario); se debe crear sólo un órgano mundial o las interconexiones serán regionales; cuál es la unidad de organización: el Estado, el ciudadano o las múltiples comunidades, instituciones o asociaciones transnacionales que tengan el objetivo de crear una o múltiples esferas públicas globales.

Los DH interpretan dos papeles en este debate: uno como posible fundamento constitucional de las relaciones entre ciudadanos, ciudadanos-Estado, ciudadanos-organismos transnacionales y Estados-organismos transnacionales; y otro como elemento determinante de las acciones en las que deben participar los ciudadanos globales —cuando las resolusiones tomadas en un determinado lugar del mundo afectan el ejercicio de cualquier derecho humano en otro lugar del planeta, aquellos que han sufrido la afectación tienen derecho a participar en el organismo donde se haya tomado la decisión—. Asimismo, las instituciones transnacionales cuyas disposiciones tengan impacto en el disfrute de algún derecho humano en otra parte del mundo, deben realizar un estudio de impacto (semejante a los de impacto ambiental) antes de implementar la decisión (Gould, 2009).

Conclusiones

A fin de ordenar este panorama general de los DH dentro de la teoría y análisis empíricos de la democracia, primero dividí el campo en dos: análisis teóricos y análisis empíricos. Revisamos los análisis teóricos través de los modelos de democracia. Estos criterios nos permitieron observar las rivalidades teóricas que existen en las diversas formas de pensar la democracia, así como el papel que juegan los DH en cada uno de los modelos. Lo cierto es que en ninguno de ellos se menciona a los DH por su nombre, en todos los casos se trata de derechos relacionados con el concepto de libertad e igualdad que sirven para constituir la idea de democracia, de aquí que se pueda afirmar que los DH no han sido un planteamiento analítico que haya ocupado un lugar preponderante en los estudios teóricos de la democracia.

La relación entre los DH y la teoría de la democracia está mucho más vinculada a través de los puntos de contacto que desde la teoría política, se genera a partir de conceptos comunes provenientes de la construcción del sujeto de derechos: la autodeterminación, la libertad, la igualdad y los elementos necesarios para concretar estas ideas. Un punto clave de concordancia entre la construcción del sujeto de derechos y los DH es el que destaca Steven Lukes (1993: 30) cuando analiza las distintas posibilidades de construcción de la teoría de la justicia: argumentar a favor de los DH significa algo más que resguardar al individuo, es también proteger las actividades y relaciones valiosas para su vida, elementos que no son reducibles a simples metas individuales, sino constitutivas de lo que será la dignidad humana.

En el caso del modelo procedimental, sobresalen algunas libertades civiles con usos políticos y los derechos políticos básicos, como votar y ser votado. En este modelo, los derechos son condiciones para la democracia, sin ellos no puede existir. En el caso del modelo sustancial, se incluyen otros derechos civiles como la integridad personal, el debido proceso y el acceso a la justicia, así como derechos económicos y sociales mínimos para que el ciudadano tenga capacidad efectiva de autodeterminación, de agencia. En la disputa entre los modelos representativo y participativo, la aparición de los DH es todavía más accidental. Esto se debe a que la principal pregunta es: ¿cuál es el papel de los ciudadanos: decisores o electores?

En los estudios empíricos encontrados se establece una relación directa entre la democracia y los derechos humanos, pero este tipo de estudios son aún muy escasos. Identificamos tres corrientes: el papel de los DH en los procesos de transición, la relación entre las transiciones a la democracia y las violaciones de los DH y la función de éstos en la institucionalización de una democracia global.

En la primera corriente, lo cierto es que los estudios de transición se han ocupado poco de los DH, este tipo de análisis se interesa más en otros temas como las modificaciones de las instituciones electorales y los sistemas de partidos y electorales, como así también en los procesos de liberalización y cambio del régimen, en todos los casos con un fuerte énfasis en los procesos de votación y la incertidumbre de resultados, es decir, en un modelo de democracia procedimental-representativa.

La segunda y tercera corrientes son las que más han analizado el papel de los DH en las democracias, es donde hay una cadena más eslabonada de investigaciones que permiten cierta discusión sostenida en el tiempo. En torno a las violaciones de los DH y el cambio de régimen, el elemento central es someter a prueba la hipótesis de que en un régimen democrático habrá menos violaciones a los DH que en uno dictatorial o autoritario. Una limitante importante de estos estudios es que se realizan con índices que sólo consideran las violaciones a ciertos derechos civiles y políticos, dejando de lado a los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y de grupos en situación de vulnerabilidad. En esta corriente se ha observado una disminución cuando el régimen democrático llega a ciertas condiciones institucionales, sin embargo, no se ha puesto énfasis en las diferencias en las violaciones a los DH que se cometen en un régimen dictatorial o autoritario, comparadas con uno democrático. En esta línea se puede augurar una serie de estudios de corte tanto cualitativo como cuantitativo, que permitan observar la cotidianidad de las violaciones a los DH en los regímenes democráticos actuales y distinguir el tipo de transgresiones que se podrían esperar en diversos regímenes políticos tales como el dictatorial, el autoritario, el populista y la poliarquía.

La relación entre la democracia global y los DH se establece en el marco del diseño institucional, a partir de una pregunta específica: ¿cuál es el papel de los DH en la institucionalización de las democracias globales? Aquí los DH jugarían dos papeles: como constitución global y como categoría que permita determinar qué decisiones se toman en el ámbito local y cuáles en el ámbito global.

Dentro del amplio marco que integra a los análisis de la democracia desde la teoría y la ciencia política en el presente, vemos que los DH no ocupan un espacio central en este tipo de estudios. Aquí habría que tener cuidado de no confundir la historia del derecho en general, y de los derechos naturales en particular, con la formación de los DH como categoría analítica y conceptual. La historia de los derechos comienza casi de forma paralela a la idea de civilización, la historia de los derechos naturales se conforma en el Medievo y logra concretarse hacia los siglos XVI y XVII, sin embargo, cuando Puffendorf, Grocio, Hobbes, Locke o Rousseau construían su teoría de los derechos naturales, estaban lejos de imaginar lo que actualmente entendemos por DH (que incluso son considerados derechos morales y no naturales, provenientes de la dignidad humana y no de un Estado de naturaleza previo al social o político). Más aún, la teoría de los derechos naturales tampoco tiene un correlato con la idea de democracia, en Hobbes el régimen político proveniente del derecho natural es la monarquía absoluta, en Locke la monarquía constitucional, y no es sino hasta Rousseau que se empatan los derechos naturales con la democracia, en un contexto de democracia radical y no de liberalismo político. Como bien especifica Todd Landman (2005: 55), la historia de las ideas y derechos es vieja, pero la noción de DH es bastante más reciente. Confundir la historia del derecho o la conformación del derecho natural con la construcción de los DH llevaría a pensar, equivocadamente, que éstos han sido centrales en los estudios de los politólogos en materia de teoría y análisis empírico de la democracia.

Incluso, cuando los DH son considerados, es de forma diferenciada, hecho contrario a los principios de integralidad, indivisibilidad e interdependencia, que son los elementos potenciadores del contenido emancipatorio de los DH. En torno a los modelos de democracia, algunos destacan el papel de los derechos civiles y políticos y otros el de los derechos económicos y sociales, pero ningún modelo, desde la teoría política, incluye a los derechos culturales y ambientales.[19] En relación con los estudios empíricos, el énfasis se pone en los derechos civiles y políticos dejando completamente de lado a los DESCA, tanto en la construcción de bases de datos como, en consecuencia, en la aplicación estadística de los mismos al identificar correlaciones de violaciones de derechos.

Frente a la consolidación de la democracia como régimen político, el cambio del paradigma en la política de seguridad y la persistencia de las violaciones a los DH con patrones diferentes a los observados en dictaduras y gobiernos autoritarios, crear una serie de estudios empíricos de democracia que nos permitan identificar tanto las principales violaciones a los DH en este tipo de régimen, como el mejor arreglo institucional para evitarlo, es una deuda de la ciencia política. Asimismo, la formulación de una serie de bases de datos que permita correlacionar no sólo derechos civiles y políticos, sino también los DESCA y los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad, es una de las tareas pendientes. En materia de teoría de la democracia, o de modelos de democracia, el principal desafío se encuentra en lograr convertir a los DH (a sus principios, estándares internacionales, obligaciones internacionales, componentes de derechos y actividades transversales) en una teoría coherente que pueda conformar principios de justicia que empaten con las posibilidades y límites del régimen democrático.

Tanto en la teoría como en los estudios empíricos sobre democracia, los politólogos interesados en los derechos humanos tienen aún mucho trabajo por delante.

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[*] Profesor-investigador de la Flacso México. Correo electrónico: <lvazquez@flacso.edu.mx> y <espirituabsoluto@yahoo.com.mx>.

[1] Este documento se presentó, para su discusión, en el Seminario de Análisis Multidisciplinario de Derechos Humanos que se reúne en el CISAN-UNAM, y en el Seminario Thomas Hobbes, con sede en el ITAM. Agradezco todas las observaciones de los colegas que mes con mes se dan un tiempo para leer y comentar estos trabajos en versión de borrador.

[2] Para analizar otro enfoque de los estudios de derechos humanos desde la ciencia política véase el capítulo escrito por José Luis Velasco en este libro. Asimismo, la obra de Todd Landman (2002; 2005) es útil para un rápido recorrido por la ciencia política, en especial por los estudios comparados.

[3] La ruta contraria, que no es nuestro objetivo, sería observar cómo se considera a la democracia desde los DH (desde los movimientos de DH, el derecho internacional de los DH, las instituciones internacionales de DH, etc.), en qué se piensa en estos espacios y a partir de esta construcción teórica cuando se habla de democracia. Un texto que avanza en este sentido es el de Cancado, 1994.

[4] Vale la pena comentar que hubo un interesante debate sobre este punto en el Seminario de Análisis Multidisciplinario de Derechos Humanos. La polémica se centraba en discutir si la historia y desarrollo del liberalismo político podía ser contemplada como la historia y desarrollo de los DH, lo que nos llevaría a afirmar que éstos le han importado a la teoría política desde el siglo XVII, y a la teoría de la democracia desde su conjunción con el liberalismo; o si el liberalismo político era sólo una más de las fuentes de las que abrevó la construcción de los DH y éstos son una construcción mucho más contemporánea, que aparece recién en la segunda mitad del siglo XX. En otras palabras, sí se puede incorporar la historia del derecho en general, y la historia del liberalismo político en particular, a la historia de los DH.

[5] El rey somete al Concilio Común, integrado por la nobleza y los altos eclesiásticos, la posibilidad de aumentar o establecer nuevos impuestos; se descentraliza la justicia; condena las multas y castigos impuestos en transgresión a la ley; el monarca se compromete a consultar sistemáticamente al Concilio Común para tomar decisiones que involucren a todo el reino; otorga un fuero especial a los condes y barones; se establece la obligación de presentar testigos frente a un cargo penal; se limitan los tiempos de detención y presentación ante los jueces; se cancela la posibilidad de comprar la justicia; se establece la proporcionalidad de la pena y se excluyen de la misma las mercancías de los mercaderes y las pertenencias personales de los villanos; se establecen una serie de protecciones especiales para las viudas y los menores de edad; se prohíbe a los nobles disponer de los bienes personales de sus vasallos, y se prohíbe a los oficiales tomar caballos y carros de los súbditos, excepto en tiempos de guerra (González, 2002: 35).

[6] Ante el sistemático aumento de impuestos de Carlos i para solventar los gastos de la corte y las guerras contra Francia y España (acompañados de penas a quien no los pagase y de encarcelamiento para los jueces que se negaran a sentenciar a los súbditos deudores), y la negativa del parlamento a otorgar dichos aumentos, el rey decide echar a andar su política impositiva sin el visto bueno del parlamento. Ante ello, Edward Coke, miembro de la Cámara de los Comunes, preparó la Petition of Rights que se aprobó tanto por los comunes como por los lores. En este documento se recuperan, con un mayor andamiaje, todas las garantías establecidas trescientos años atrás.

[7] Se establecen las siguientes garantías: la libre elección de los miembros del parlamentos, los parlamentarios tienen libertad de expresión dentro y fuera del parlamento, el rey no puede suspender una ley que haya sido votada por el parlamento, el rey no puede crear ejércitos propios, el rey no puede levantar impuestos por su cuenta, se garantizan la proporcionalidad de los castigos en los juicios y la obligación de dar a conocer los nombres de los miembros de jurados.

[8] La determinación de los bienes primarios dependerá de quién elabore la teoría. Por ejemplo, para Hobbes la vida; para Locke la libertad, la propiedad y la vida; para Rousseau la libertad civil y la igualdad política y económica. Esta discusión se convertirá posteriormente en las distintas formas de pensar la libertad (positiva o negativa) y la igualdad (moral, política, ante la ley, en capacidades o en resultados). Estos bienes primarios se transformarán después en los derechos morales subjetivos constitutivos de los DH.

[9] Hay que distinguir la libertad negativa liberal de la republicana. La primera busca evitar la interferencia, la segunda la dominación (no ser sometido involuntariamente a la voluntad de otro). Esto tiene consecuencias importantes, por ejemplo, en el liberalismo los individuos toman decisiones a partir de sus preferencias, con un interés egoísta, en el republicanismo las decisiones provienen de un proceso de juicio orientado a un bien común; en consecuencia, para los liberales la ley es un mal necesario, en cambio, para los republicanos, es un instrumento que les permite garantizar la libertad.

[10] Cabe subrayar de nuevo la discusión que se sostuvo en el Seminario de Análisis Multidisciplinario de Derechos Humanos, ¿los derechos humanos se han desarrollado paralelamente a la conformación de esta ideología liberal o son esta ideología liberal? ¿La historia del derecho —la discusión de lo justo— es la historia de los derechos humanos?

[11] Cabe subrayar de nuevo la discusión que se sostuvo en el Seminario de Análisis Multidisciplinario de Derechos Humanos, ¿los derechos humanos se han desarrollado paralelamente a la conformación de esta ideología liberal o son esta ideología liberal? ¿La historia del derecho —la discusión de lo justo— es la historia de los derechos humanos?

[12] Debo señalar que el cuadro es solamente ilustrativo, busco poner algunos ejemplos, pero de ninguna manera pretendo sintetizar el debate entre los diversos modelos de democracia.

[13] A partir de la publicación del texto de Arend Lijphart, Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en treinta y seis países, se comenzaron a confundir los modelos de democracia con la institucionalización de la misma. Esto se debe a un error de traducción, el texto en inglés se llama Patterns of Democracy que significa patrones de democracia y no modelos de democracia. En dicho texto Lijphart utiliza nueve variables: sistemas de partidos, formas de gobierno, sistemas electorales, estructuración social (pluralismo vs corporativismo), tipo de república (federal o unitaria), tipo de organización del Poder Legislativo, tipo de organización del poder ejecutivo, tipo de organización constitucional y tipos de bancos centrales. Pues bien, todas estas variantes pueden observarse desde una sola perspectiva de democracia: el procedimental-representativo; o en un solo modelo: el elitista-tecnocrático.

[14] Esta perspectiva es hábilmente defendida en un documento clave de John Stuart Mill, Sobre la libertad. En este ensayo, la defensa de la libertad no sólo se relaciona con la acción gubernamental, sino especialmente con la estructuración social —la tiranía de las opiniones y de las pasiones dominantes—, que inhibe la capacidad de innovación humana. “El hombre que permite al mundo, o al menos a su mundo, elegir por él su plan de vida, no tiene más necesidad que la facultad de imitación de los simios. Pero aquel que lo escoge por sí mismo, pone en juego todas sus facultades. Debe emplear la observación para ver, el raciocinio y el juicio para prever, la actividad para reunir los elementos de la decisión, el discernimiento para decidir, y, una vez que se haya decidido, la firmeza y el dominio de sí mismo para mantenerse en su ya deliberada decisión” (Mill, 1977).

[15] Por “políticos profesionales” entendemos la generación de personas que se dedican de tiempo completo a la política, independientemente de sus características, habilidades y capacidades individuales y como grupo.

[16] Se trataba de las cabezas de familia (sui iuris) a cuyo cargo se encontraban las mujeres, los hijos y los esclavos (alieni iuris) y que eran nacionales de Atenas (se excluía a los migrantes y extranjeros). Esto tenía dos impactos importantes: el “pueblo” se reducía a un pequeño porcentaje de tomadores de decisiones vinculantes para el resto, es decir, los que decidían eran aquellos que, en una sociedad esclavista, podían dedicar tiempo a lo público; por esta razón, los temas que ingresaban a la agenda solían ser unos pocos (impuestos y guerra).

[17] Este hecho se hace evidente tanto en la socialdemocracia como en los movimientos de género. En el primer caso, a finales del siglo XIX y principios del XX la socialdemocracia todavía tenía por objetivo erradicar al capitalismo e instaurar el socialismo mediante la democracia y no a través de la revolución, incrementando los temas de la agenda pública (Przeworski, 1988). Incluso durante la conformación del Estado benefactor —entre 1950 y 1970— hubo un importante incremento de las funciones estatales y de la agenda pública (Tilly, 1992). En cuanto a las disputas por la inclusión de la mujer en el derecho al voto. Lo anterior también tuvo como punto de partida la incorporación de temas en la agenda pública que antes eran considerados estrictamente como pertenecientes a la esfera privada, donde el Estado no debía intervenir: todo lo relacionado con la vida conyugal y el cuidado de los hijos. De aquí que se hiciera famosa una frase del movimiento de género; “lo íntimo también es político”.

[18] En buena parte, esto se debe a que en Estados Unidos los DESCA no son considerados derechos fundamentales y no tienen el rango de derechos constitucionales, tal como lo ha hecho notar la Corte Suprema de ese país en múltiples sentencias. Además, se hace evidente la ausencia de indicadores que permitan construir índices que tomen en consideración todos los DH.

[19] No paso por alto que existe toda una corriente dedicada al análisis de la ciudadanía (civil, social y multicultural), donde se incluye a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Sin embargo, este debate no forma parte de la teoría y ciencia política, sino de la sociología política, por lo que aquí no se recuperó.

Derechos humanos y ciencia política

José Luis Velasco[*]

Introducción

En la ciencia política, los derechos humanos se estudian predominantemente en dos subdisciplinas: la teoría política (o, mejor dicho, la filosofía política) y las relaciones internacionales. En cambio, reciben menos atención en otros campos, como el de la política pública y la política comparada. Tampoco se les presta mucha atención, al menos no explícitamente, en el estudio de la democracia, la participación política, las instituciones políticas, etc. Esto es extraño, dada la relación tan cercana entre los derechos humanos y la legitimidad del poder, que es un concepto central de la ciencia política. Los derechos humanos son parte fundamental de la legitimidad de un régimen moderno y son, también, un componente esencial de su entramado institucional.

El tratamiento de los derechos humanos en las relaciones internacionales, en la democracia y en las políticas públicas se analiza en otros capítulos de este libro. Aquí se revisará, sucintamente, la forma en que se estudian esos derechos en tres ámbitos de la ciencia política: la filosofía política, las doctrinas políticas y las relaciones sociedad-Estado.

Los derechos humanos pueden ser vistos como doctrinas políticas, normas, leyes, instituciones y prácticas políticas. Cada una de esas formas, o niveles, de existencia tiene sus propias características y alcances. El texto que sigue intenta mostrar algunas de las conexiones entre esas formas de existencia, y las discontinuidades e incongruencias que existen entre sí.

El texto aboga por un enfoque inductivo, que tome en cuenta la influencia de las doctrinas y normas generales pero que analice dicha influencia en el contexto de procesos históricos concretos. Se consideran los derechos humanos no como un ente transcendental, sino como una construcción histórica, poderosa, influyente y muy extendida, pero también con contradicciones y debilidades.

Filosofía política: de la trascendencia al pragmatismo

En la actualidad, el corpus principal de normas sobre derechos humanos está conformado por lo que se conoce como la Carta Internacional de Derechos Humanos, integrada por cinco documentos. El más importante entre ellos es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Le siguen en trascendencia el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Completan la lista los dos protocolos facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además de estos documentos básicos, también son importantes las convenciones internacionales contra la tortura, contra la discriminación, sobre derechos del niño, sobre derechos de los migrantes, sobre prisioneros de guerra, sobre refugiados, sobre derechos de los pueblos, contra la discriminación a las mujeres, etc. Existen también importantes documentos regionales, como la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El documento principal de este corpus, la Declaración Universal, no es legalmente vinculante. Más bien, como lo enuncia su propio preámbulo, la Declaración Universal es “un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”. En cambio, las normas contenidas en los documentos restantes tienen el carácter de tratados multilaterales: son vinculantes para los Estados que las ratifiquen, y están sujetas a las “reservas” que cada uno de los Estados firmantes puede establecer.

A fin de entender el estatus de este corpus, es útil conceptualizarlo como un conjunto de normas políticas. La diferencia analítica central entre las normas políticas y las normas jurídicas, o leyes, radica en que según la clásica definición de Weber, el acatamiento de estas últimas está garantizado por un staff con capacidad para ejercer coerción.[1] Esta diferencia implica, entre otras cosas, que las normas políticas están respaldadas por un sistema de sanciones más ambiguo, tienen una interpretación más incierta y su cumplimiento está más sometido a la voluntad de los sujetos obligados por éstas.

Lo fundamental de las normas políticas es que ayudan a transformar al poder en autoridad, a darle legitimidad, a fomentar la creencia entre gobernantes y gobernados de que quien manda tiene derecho a hacerlo, que obedecer es una obligación moral, que hay formas buenas y malas de ejercer el poder y que los gobernados tienen derechos que los gobernantes deben respetar.

Para afianzarse en algo más fuerte que la opinión y la buena disposición de las partes involucradas, las normas políticas pueden seguir dos rutas, que no son disyuntivas: transformarse en leyes e instituciones, y dar argumentos que las justifiquen como buenas y necesarias. La primera ruta las dota de mayor fuerza coercitiva; la segunda, les da mayor fuerza moral.[2]

En el tercer apartado se revisará brevemente la forma en que se ha dado la “legalización” e institucionalización de los derechos humanos. En este apartado se analiza la justificación, es decir, la manera en que se intenta probar la validez universal de los derechos humanos y, a través de esa vía, afianzarlos, por decirlo así, en las mentes y los corazones de las personas.

Ya no está de moda decir abiertamente que los derechos humanos se derivan de la naturaleza humana. Quien lo hace es visto como esencialista o “fundacionista”, ambos pecados muy graves en la filosofía política actual.

Así, en palabras de John Rawls (1993), los derechos humanos “no dependen de ninguna doctrina moral comprehensiva ni de ninguna concepción filosófica de la naturaleza humana”. Sin embargo, “los derechos humanos básicos expresan un estándar mínimo para las instituciones políticas bien ordenadas”. Dicho estándar es “válido para todos los pueblos que pertenecen, como miembros de pleno derecho, a una justa sociedad política de pueblos”. Entendidos de este modo: “

Los derechos humanos […] no pueden ser rechazados bajo el argumento de que son peculiarmente liberales o que son específicos de la tradición occidental. En ese sentido, son políticamente neutros […] Son una clase especial de derechos de aplicación universal, cuya intención general difícilmente puede ser controvertida (Rawls, 1993).

Es decir, según esta influyente visión, aunque los derechos humanos no se derivan de una concepción filosófica sobre la naturaleza humana, sí son universales en un sentido práctico: son aplicables a toda sociedad justa. Esta universalidad es una consecuencia de la forma en que se construyen: son estándares mínimos en los que estaría de acuerdo cualquier persona libre, imparcial y razonable.

Otra posición característica de la filosofía actual es la de Apel:

La concepción universal de la ley, por ejemplo de los derechos humanos, no tiene que estar basada en una metafísica de la ley natural […] pero sí debe basarse, en última instancia, en las normas fundamentales de una comunidad ideal de comunicación, que siempre hemos reconocido en cualquier discurso serio (Apel, 2007. Las cursivas son del original).

Aquí, la universalidad de los derechos humanos se vuelve compatible con lo que se conoce como el “giro lingüístico” de la filosofía contemporánea. La posición de la que Apel es un representante distinguido se define a sí misma como pragmática, no metafísica. No importa si hay leyes que puedan derivarse de nuestra naturaleza como seres humanos. Lo que importa es que necesitamos interactuar, y si no queremos reducir la interacción al simple regateo o la violencia, entonces tenemos que recurrir a la comunicación, a la deliberación. Para que esta comunicación sea efectiva, en cualquier lugar y momento, debe tener ciertas características: que se reconozca el derecho de toda persona a intervenir en ella, que los argumentos sean juzgados imparcialmente, que no se recurra a la fuerza o la amenaza. Por eso es una comunidad ideal de comunicación.

Aunque formulados con muchas precauciones, los planteamientos de Rawls y Apel contienen un mensaje inequívoco: los derechos humanos son normas que se basan en algo más sólido que los valores de una sociedad particular, en un momento determinado. Si no por sus orígenes, al menos por sus consecuencias, esas normas son válidas para toda sociedad, en cualquier momento dado. En estos planteamientos todavía resuena, con gran fuerza, la categórica afirmación de un autor como Immanuel Kant: “La ley universal del derecho es la siguiente: que tus acciones externas sean tales que la libre aplicación de tu voluntad pueda coexistir con la libertad de todos de acuerdo con una ley universal” (Kant, 1991).

Planteados como normas de validez universal, los derechos humanos están por encima de la legislación positiva de los Estados. Existen, por decirlo así, en un nivel más alto que las leyes nacionales. Los miembros de cualquier sociedad tienen derecho a exigirlos; todo estado tiene la obligación de respetarlos, de ajustar sus leyes y sus actos a ellos. Como lo escribió el propio Apel (2007):

Los derechos humanos —como paradigmas de la ley universalmente válida— deben tener un estatus único, por encima de todas las leyes positivas, así como una capacidad para intervención externa (incluso en la autonomía política de una democracia que se funda en la soberanía popular).

Sin embargo, su capacidad para servir como fundamento e ideal de las leyes ha sido cuestionada en distintos momentos y desde distintas posiciones políticas. Los conservadores les criticaban su abstracción, su falta de atención a las tradiciones y los sentimientos, su ignorancia del contexto y, en última instancia, sus efectos indeseables. Es típico, en este sentido, el reclamo que Edmund Burke hacía a los revolucionarios franceses:

Todo depende del ejército en un gobierno como el suyo, pues ustedes han destruido esmeradamente todas las opiniones y prejuicios y […] todos los instintos en los que se basa el gobierno […] Así como los colonos se levantan contra ustedes, los negros se levantan contra ellos. ¡Las tropas nuevamente: masacre, tortura, ahorcamiento! He ahí sus derechos del hombre. Estos son los frutos de declaraciones metafísicas, hechas con frivolidad y negadas vergonzantemente (Burke, 1955).

Mientras los conservadores critican a los derechos humanos por ser demasiado abstractos y, por lo tanto, falsos y contraproducentes, muchos radicales les han reprochado, al contrario, no ser genuinamente generales. Según esta visión, no es cierto que los derechos humanos hagan abstracción de las características peculiares de las sociedades en las que surgen. En realidad, bajo esa aparente abstracción, pretenden universalizar los ideales propios de la sociedad capitalista. Éste es el sentido de la famosa e influyente crítica hecha por Marx:

Ninguno de los llamados derechos del hombre va más allá del hombre egoísta, del hombre como miembro de la sociedad civil, es decir, un individuo retraído en sí mismo, en su interés privado y sus deseos privados y separados de la comunidad […] La ciudadanía, la comunidad política, es reducida por los emancipadores políticos a simplemente un medio para la conservación de estos llamados derechos del hombre, y en consecuencia el ciudadano es proclamado el sirviente del hombre egoísta […] El hombre real es reconocido sólo en la forma del individuo egoísta y el hombre verdadero sólo en la forma del ciudadano abstracto (Marx, 1992. Cursivas en el original).

Obviamente, las críticas anteriores se refieren a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Pero, incluso el documento más importante en la actualidad, la Declaración Universal de 1948, ha recibido críticas similares.

Como la propia ONU constató en 1948, al consultar las opiniones de distinguidos pensadores acerca de las bases teóricas y filosóficas de los derechos humanos, cada escuela de pensamiento

trae [al debate] su justificación y visión particular de los derechos individuales, inclinándose, en grados diversos, hacia la interpretación clásica o la revolucionaria […] La paradoja es que esas justificaciones racionales son al mismo tiempo indispensables y sin embargo impotentes […] Las cuestiones que ellas plantean son difíciles y las tradiciones filosóficas con las que se relacionan tienen una larga historia de divergencias (Maritain, 1948).[3]

El disenso sobre los derechos humanos no sólo es filosófico. También es cultural. Los propios “pensadores” consultados por la ONU en 1948 lo expresaron con toda claridad. Según el representante chino, “el problema de los derechos humanos rara vez fue discutido por los pensadores del pasado […] hasta que esta concepción fue introducida desde Occidente. De hecho, los primeros traductores de la filosofía política occidental tuvieron dificultades para encontrar un equivalente chino para el término ‘derechos’” (Lo, 1948). Según el pensador que presentó el punto de vista islámico: una “deficiencia fundamental en la concepción occidental de los derechos humanos” es que, “independientemente de lo que diga la teoría, en la práctica se aplicaban sólo a los europeos y a veces sólo a ciertos europeos”. También afirmaba que la concepción occidental representaba un retroceso respecto de la democracia que se practicaba a inicios del Islam, “que sí logró superar la distinción de raza y color, en un nivel que no había sido alcanzado antes ni ha sido alcanzado después” (Kabir, 1948).

Por supuesto, lo anterior no quiere decir que las otras culturas no tengan un concepto de los derechos de las personas frente al poder. Pero sí significa que sus nociones difieren en forma sustancial de la “tradición iusnaturalista que invade la Declaración de 1948” (Papini, 2006). Se ha argumentado frecuentemente que esas otras tradiciones, a diferencia de la occidental, destacan la importancia de los deberes no sólo de los derechos, y de los derechos colectivos frente a los individuales (Papini, 2006).[4]

Ante estas críticas, es importante recordar que la Declaración Universal fue redactada por una comisión verdaderamente plural, en la que estuvieron representados diversos países. Pero también es necesario recordar que la Declaración fue aprobada por 48 de los 56 países que participaron en la Asamblea General de la ONU realizada el 10 de diciembre de 1948; los ocho restantes no votaron en contra, pero tampoco a favor. Esas abstenciones son significativas: se abstuvieron los seis países comunistas representados, además de Arabia Saudita y Sudáfrica.

Es importante tener en cuenta, además, que muchos de los treinta artículos de la Declaración Universal dan por supuesta la existencia de condiciones sociales que surgieron en el mundo occidental, y que han alcanzado ahí su mayor desarrollo. Esto implica que las normas así establecidas, aun si se considera que pueden y deben ser válidas para el resto del mundo, son más fáciles de aplicar en los países desarrollados. Un ejemplo bastante obvio es que prácticamente toda la declaración asume que el mundo está organizado en Estados-nación: es una resolución aprobada y proclamada por una asamblea de naciones, y define los derechos de las personas en el contexto de Estados nacionales. Ahora bien, aunque es cierto que el mundo contemporáneo, sobre todo después de la descolonización de mediados del siglo XX, está organizado en Estados-nación, también es cierto que fuera de la parte desarrollada del planeta, numerosos estados son precarios y están asentados sobre naciones inciertas. En muchas partes del mundo, el Estado-nación es una importación difícil de aclimatar (Badie, 1992). Otro ejemplo es que los artículos 6 al 12 suponen la existencia de un sistema jurídico bien estructurado, con instituciones especializadas y bien articuladas entre sí, condiciones que difícilmente se logran en sociedades con estados precarios. Además, el artículo 18 (y otros que se refieren a la libertad religiosa y de pensamiento) es mucho más fácil de aplicar en un país laico, especialmente uno que es heredero de valores fundamentales de la reforma protestante.[5] Igualmente, los artículos 22 a 25 suponen la existencia de una economía de mercado, con un sistema de seguridad social y con un mercado de trabajo desarrollado.

Lo que muestran estos ejemplos no es que la Declaración Universal y los documentos asociados a ella legitimen la situación que, de hecho, existe en los países desarrollados. En todas partes, los derechos humanos le ponen límites al poder (aparte de que, como se verá adelante, también lo legitiman). Además, las normas contenidas en la Declaración Universal son, sin duda, estándares de justicia por los que vale la pena esforzarse. Pero sí es importante enfatizar que plantean un ideal que es más fácilmente alcanzable en el contexto de las sociedades occidentales desarrolladas. Con esto, tal vez sin proponérselo, dificultan la búsqueda de formas de justicia adaptadas a otros contextos sociales.

Al parecer, muchos de quienes intervinieron en la formulación de la Declaración Universal estaban conscientes de que era muy difícil encontrar normas de validez universal incuestionable. Como escribió, Maritain, en vez del fundamento trascendental que planteaba el iusnaturalismo, se buscó un acuerdo prágmático, una “ideología práctica”. Vistos así, los derechos humanos son un conjunto de “principios para la acción, implícitamente reconocidos actualmente […] por las conciencias de los pueblos libres. Constituyen, grosso modo, una suerte de denominador común, una suerte de ley común no escrita, en el punto en el que, en la práctica, convergen las ideologías teóricas y las tradiciones mentales más alejadas entre sí (Maritain, 1948).

Obviamente, este acuerdo es provisional y, en alguna medida, siempre refleja el estado del conocimiento sobre cuestiones sociales, los ideales prevalecientes en una época, y las relaciones de poder subyacente (que determinan, entre otras cosas, qué ideas son prestigiosas, quiénes son los voceros autorizados, etc.). La evolución de este ideal tampoco es necesariamente armoniosa y progresiva. No solamente está abierta la posibilidad de que, con el paso del tiempo, surjan nuevos derechos que se sumen a los ya existentes, o que se especifiquen los derechos que actualmente sólo están enunciados de manera general, o que se hagan explícitos los derechos que sólo estaban implícitos; sino que también es posible que se planteen derechos que contradigan a los que ya están consagrados, o que simplemente se cuestione la validez de algunos de éstos, o se altere radicalmente la jerarquía de derechos existentes, magnificando la importancia de unos y minimizando la de otros.

Reconocer la historicidad de las normas sobre derechos humanos implica tomarse en serio todas estas posibilidades. Dicho con propiedad, estas normas no son universales, sino de pretensión universal, una pretensión siempre controversial.

De doctrinas a normas e instituciones internacionales

El corpus actual de normas sobre los derechos humanos es heredero (y, en cierto sentido, síntesis) de una serie de documentos normativos que datan, sobre todo del siglo XVIII. Entre los más celebrados de estos antecedentes están: la Carta de Derechos de Inglaterra (1689), la Declaración de Derechos de Virginia (1776), la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano formulada por los revolucionarios franceses (1789) y la Carta de Derechos de Estados Unidos (1791).

Pero es imposible entender el conjunto de normas explícitamente codificadas, tanto las actuales como sus precedentes, sin revisar aunque sea sólo someramente, las diversas aspiraciones políticas que confluyen en ellas, que les dan fuerza y justificación.

Generalmente, las normas políticas sobre cuestiones fundamentales no surgen de teorías científicas o de doctrinas estrictamente filosóficas, aunque ambas pueden tener una influencia importante. Además, debido precisamente a que se relacionan con cuestiones fundamentales, tampoco surgen simplemente como soluciones convenientes a problemas prácticos. Como argumenta Elster, “es la interacción de motivación y cognición [… ] lo que se encuentra en el núcleo de muchos cambios políticos de largo alcance” (2006. Cursivas en el original).

El concepto de “doctrina política” pone de relieve esta combinación de voluntad y conocimiento. Una doctrina política incluye un conjunto de “propuestas o programas en las que el fundamento teórico importa mucho menos que el propósito concreto”. Pero, debido a que siempre “debe poseer un rango intelectual de algún tipo” la doctrina política está por encima, como “producto mental”, de las opiniones y la ideología. Comparadas con las teorías, las doctrinas políticas tienen menor “valor cognitivo” (menor precisión conceptual), pero tienen mayor “valor volitivo” (mayor capacidad para mover a la acción); comparadas con las ideologías, tienen mayor valor cognitivo pero menor valor volitivo (Sartori, 1974).

A diferencia de las normas, las doctrinas no consisten, al menos en su parte medular, en un conjunto de reglas, es decir, “directivas concretas para la acción” (Portes, 2006). Más bien, en el centro de una doctrina política se encuentran una serie de valores, generalmente integrados a una distintiva visión del mundo.[6] Pero la doctrina también incluye, al menos por implicación, a los portadores de esos valores, es decir, al conjunto de líderes, militantes y simpatizantes, integrados en una fuerza política dispuesta a luchar por ellos. A diferencia de las normas, que se presentan como impersonales e imparciales, las doctrinas son abiertamente partidarias. Como diría Schmitt, las doctrinas políticas dividen al mundo en amigos y enemigos.[7] La doctrina no es necesariamente falsa o una simple mascarada de intereses inconfesables. En realidad, el criterio de verdad o falsedad no es directamente relevante: lo importante es que hay gente que cree en la doctrina y está dispuesta a ponerse a su servicio, a vivir para ella, e incluso, en casos extremos, a matar o hacerse matar por aquélla.

Una doctrina política por lo general aspira a crear normas, a regular a su manera a la sociedad. Así, las normas más fundamentales son hijas de las doctrinas. Las normas fundamentales tienden a ser más duraderas en la medida en que la doctrina que las produjo y las sostiene es más hegemónica (tiene más y más firmes seguidores que sus rivales), o en la medida en que representan un genuino punto de intersección de varias doctrinas importantes.

De esta forma, la distinción entre doctrina y norma política nos permite separar analíticamente la génesis y la justificación de los derechos humanos. El liberalismo, en sus diferentes versiones, es sin duda la doctrina política más importante en el surgimiento del corpus moderno de los derechos humanos. Todos los documentos normativos citados al principio de este apartado (las cartas de derechos de Inglaterra y Estados Unidos, las declaraciones de Virginia y de los revolucionarios franceses) forman parte, de manera muy destacada, de la historia del liberalismo. De los treinta artículos que conforman la Declaración Universal de 1948 (que, como se ha insistido, constituye el núcleo del corpus actual), los primeros 21 serían atribuidos al liberalismo: o establecen derechos y libertades centrales para el credo liberal (propiedad, igualdad formal ante la ley, libertad religiosa, elecciones periódicas) o, al menos, muestran una fuerte influencia de ese credo.

Pero también es visible la impronta del movimiento socialista, en sus diferentes versiones. Al menos una de las “cuatro libertades” proclamadas por el presidente estadounidense Roosevelt en 1941 (libertad de expresión, libertad de cultos, liberarse del temor y liberarse de la miseria) muestra ya la capacidad de las ideas socialistas para penetrar incluso en la corriente liberal. Siete años después, la Declaración Universal habría de calificar a esas cuatro libertades como “la aspiración más elevada del hombre”. La influencia de la socialdemocracia, directamente o a través del keynesianismo, es muy clara en los artículos 22 al 26 de la Declaración Universal.[8]

No hay que olvidar que el bolchevismo triunfante, siguiendo el ejemplo de los revolucionarios franceses de 1789, hizo su propia proclamación de derechos, radicalmente opuesta a la liberal: la Declaración de Derechos de los Pueblos Trabajadores y Explotados. Es imposible entender la importancia que tienen los derechos económicos y sociales en el corpus actual de derechos humanos sin recordar las esperanzas y temores que generó esta Declaración, cuya “misión esencial” era “abolir toda explotación del hombre por el hombre, suprimir por completo la división de la sociedad en clases, sofocar implacablemente la resistencia de los explotadores, instaurar una organización socialista de la sociedad y hacer triunfar el socialismo en todos los países”.[9]

El contraste entre liberalismo y socialismo ha tenido consecuencias duraderas.[10] Como se mencionó en el apartado anterior, los países del bloque socialista representados en la Asamblea General de la ONU en la que se aprobó la Declaración Universal no votaron a favor de ésta. Además, la idea original era que la Declaración Universal fuese traducida en un solo pacto o convención, que incluyera tanto los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales. Pero los desacuerdos entre las tendencias liberal y socialista fueron tan agudos que la sexta Asamblea General de la ONU (1951-1952) decidió separar esos dos grupos de derechos en dos pactos diferentes (OACDH, 1996a).

En este mismo sentido, es sumamente significativo que, hasta 2010, Estados Unidos no haya ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a pesar de que lo firmó en 1977; el argumento frecuentemente esgrimido para esta negativa es que las estipulaciones del Pacto expresan una aspiración (cuestionable), pero no un conjunto de derechos. Finalmente, es revelador que el organismo de la ONU encargado de supervisar el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales sea el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y no el Comité de Derechos Humanos, como sucede con los derechos civiles y políticos. Con esto, se alimenta la sospecha de que “los derechos económicos, sociales y culturales son en la práctica ‘derechos de segunda clase’ inaplicables, no sometidos a los tribunales y que sólo se irán cumpliendo ‘progresivamente’ con el tiempo” (OACDH, 1996b).

Más allá del liberalismo y el socialismo, en la Declaración Universal también es posible identificar el influjo de otras grandes doctrinas políticas modernas, como las diferentes variantes del nacionalismo (artículo 15) o las expresiones políticas de la iglesia católica (artículo 16).

Pero, además de identificar las doctrinas políticas que confluyeron en el corpus actual de derechos humanos, también es importante identificar a las doctrinas contra las cuales se formuló este corpus. Los enemigos más visibles son, por supuesto, las fuerzas que fueron derrotadas en la segunda guerra mundial: el fascismo y el nazismo. Son éstas obviamente las culpables del “desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos” que “han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”. No es exagerado decir que la Declaración Universal puede leerse como una proclama contra el fascismo y el nazismo.

En síntesis, los derechos humanos actuales son un resultado de la confluencia de varias doctrinas políticas, especialmente de dos de ellas. El hecho de que estos derechos sean un punto de confluencia, un “denominador común”, de varias doctrinas importantes, combinado con el descrédito persistente de las doctrinas contra las cuales fueron formulados, constituye una de sus mayores fortalezas.

Pero los derechos humanos actuales no son sólo un producto de varias doctrinas: ellos mismos se han convertido en una doctrina política con varias corrientes. Un nutrido grupo de “activistas sin fronteras”, como los denomina un libro muy conocido (Keck y Sikkink, 1998), es el portador de la doctrina; el valor por el que lucha esta fuerza política es, obviamente, la defensa y la promoción de los derechos humanos en todo el mundo; el enemigo también es fácil de caracterizar: los violadores a los derechos humanos. Es una doctrina política que goza de enorme legitimidad y que, como veremos en el siguiente apartado, es capaz de hacer sentir su fuerza dentro y fuera de los Estados nacionales.

Pero también es importante considerar los retos a los que se tiene que enfrentar esta doctrina, dos de los cuales parecen particularmente importantes. El primero es la permanente amenaza a su coherencia interna, debido a que de las diferentes corrientes políticas que confluyen en ella se derivan distintos derechos; y aun cuando todos acepten la misma lista de derechos, las prioridades y ponderaciones pueden ser diferentes. Por ejemplo, para un liberal el derecho a la libre expresión puede ser más importante que el derecho al trabajo o a la seguridad económica, que son fundamentales para un socialista. Otra tensión paradigmática es la que existe entre la pretensión universalista (defender todos los derechos en todos los países) y el relativismo cultural (sostener que los derechos cambian según las culturas). En el fondo, este reto plantea un doble problema: cómo compaginar derechos divergentes y cómo conciliar prioridades contradictorias.

El otro gran desafío concierne a la capacidad del corpus de derechos humanos, en especial de su núcleo (la Carta Internacional), para responder a los problemas actuales. Como ya se indicó, ese núcleo es heredero, sobre todo, de la confluencia y mutua oposición del liberalismo y el socialismo. Pero estas doctrinas, que eran tan importantes a mediados del siglo XX, son claramente insuficientes para cubrir las expectativas actuales. En un mundo globalizado, la primacía de los Estados-nación (una premisa sobre la cual se erigió el corpus actual de derechos humanos) ya no parece tan incuestionable como al final de la segunda guerra mundial. Los reclamos de la diversidad cultural y la interculturalidad no sólo exigen mayor respeto por culturas diferentes a la occidental, sino que ponen en duda concepciones tan básicas como la división de la sociedad en hombres y mujeres. Debido a esto, la igualdad de géneros, una aspiración todavía insatisfecha en varios aspectos y lugares, resulta una meta insuficiente. Además, la preocupación por la seguridad internacional y la lucha contra el terrorismo plantean retos imprevistos.

Frente a este panorama, la reacción natural ha sido formular nuevos derechos. Pero la multiplicación excesiva de éstos puede minar aún más la coherencia interna del corpus y de la doctrina política asociada a éste. El otro riesgo es incluso más serio: trivializar los derechos humanos. Si todo puede ser definido como un derecho humano fundamental, si la lista de derechos cambia fácilmente según las circunstancias y lugares, entonces se corre el riesgo de bajar a estos derechos del lugar casi sagrado que actualmente ocupan y ubicarlos, por lo menos en cuanto a su prestigio, por debajo de la legislación ordinaria.[11]

Instituciones y prácticas nacionales

A fin de que puedan aspirar al estatus de normas aplicables a todo el mundo, los derechos humanos tienen que ser formulados de manera tal que hagan abstracción de las características particulares de las sociedades y los momentos específicos. Pero, por eso mismo, también necesitan traducirse en instituciones y leyes, y finalmente en prácticas políticas y sociales. Su validez fáctica es incluso más problemática que su justificación normativa.

A partir de los tratados multilaterales, globales o regionales, se han construido instituciones internacionales encargadas de promover los derechos humanos y supervisar su respeto. En este sistema internacional de derechos humanos destacan, en primer lugar, los organismos especializados de la ONU, como el Comité de Derechos Humanos, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, la ONU no tiene una corte internacional de derechos humanos, por lo que sus herramientas institucionales “se limitan, en gran medida, a la formación de conciencia, la persuasión, la mediación y la exposición de las violaciones al escrutinio público” (Nickel, 2006).

Los organismos encargados de aplicar los tratados regionales son otros miembros prominentes del sistema internacional de derechos humanos. Destacan entre ellos la Corte Europea de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También hay que agregar dos instituciones de alcance global: la Corte Penal Internacional, que castiga las violaciones más graves, y el Consejo de Seguridad de la ONU, que puede intervenir si se presenta una crisis muy seria en algún país.

Todas estas instituciones internacionales buscan ayudar a los Estados a cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, supervisar ese cumplimiento y sancionar las violaciones. Pero el reto real en el afianzamiento de los derechos humanos es que los Estados sean capaces de cumplir con sus obligaciones internacionales e interioricen, por así decirlo, esa tarea. Para lograrlo, los Estados tienen que crear sus propias instituciones especializadas, integrarlas a sus respectivos entramados institucionales y a las correspondientes constelaciones de poder, establecer los derechos humanos como un estándar efectivo en las relaciones entre Estado y sociedad y, en última instancia, asegurar que estos derechos sean valorados y respetados por la sociedad. En síntesis, el reto para los Estados es transformar los compromisos internacionales en leyes, instituciones y prácticas nacionales.

La creación de instituciones nacionales especializadas en derechos humanos puede ser vista como un caso de lo que en ciencia política se conoce como “transferencia de tecnología institucional” o como “mimetismo” o convergencia institucional (Mény, 1993). Las instituciones internacionales y las de los países más avanzados en la materia constituyen el modelo que se busca reproducir. Como “empresarios institucionales”, principales promotores del cambio, destacan los representantes de las instituciones internacionales, los activistas transnacionales (organizados en grupos tan célebres como Amnistía Internacional o Human Rights Watch), las comunidades de expertos (conformadas por abogados, politólogos, etc.) y los activistas nacionales vinculados a esas instituciones y grupos. Las estrategias más comúnmente utilizadas, por lo general se centran en dos grandes pasos interdependientes: denunciar la situación existente, por ejemplo documentando minuciosamente los casos “ejemplares” de violaciones, o señalando la fragilidad del marco institucional; y plantear un modelo institucional ideal —el internacional o de otros países— cuya adopción corrija los problemas denunciados.

Pero, como en otros procesos de convergencia institucional, generalmente es más fácil importar el ideal, expresarlo en leyes y crear instituciones formales, que modificar, de forma duradera, las prácticas sociales y políticas. La convergencia exitosa requiere, entre otras cosas, que se tomen en cuenta las condiciones sociales del país receptor, que serían muy diferentes de aquéllas en las que se originó el modelo; hacerle al modelo todas las modificaciones necesarias para adaptarlo al contexto de recepción, y considerar los “efectos de sistema”, es decir, “las transformaciones que el sistema receptor puede hacer sufrir a las instituciones que se pretende injertar” (Mény, 1993).

Obviamente, ninguna de estas tareas es sencilla. El riesgo más grave no es que no se produzca la convergencia, sino que tenga resultados indeseables inesperados. Entre esos resultados están, por ejemplo, que el cumplimiento formal sirva para encubrir, e incluso legitimar, las violaciones persistentes, que los poderes establecidos “colonicen” y desvirtúen las nuevas instituciones y las pongan al servicio de fines distintos a los proclamados oficialmente, o que las nuevas instituciones sean simplemente reducidas a la irrelevancia.

Apoyándose en la literatura politológica, es posible identificar algunas condiciones básicas para el arraigo de los derechos humanos en las instituciones y prácticas nacionales. La primera de éstas es la existencia de un Estado fuerte y capaz. Esto puede sonar paradójico, porque los derechos humanos generalmente se definen como garantías de los gobernados frente al poder. Pero en realidad sólo un Estado fuerte puede darse el lujo de tratar decentemente a sus ciudadanos.[12] Por “Estado fuerte” hay que entender, en este contexto, uno con instituciones bien desarrolladas, con una legitimidad firme, bien arraigado en su sociedad: en síntesis, un Estado cuyo “poder infraestructural” sea lo suficientemente fuerte como para que no necesite echar mano frecuentemente de su “poder despótico” (Mann, 1984).

En cambio, para imponer su autoridad, un Estado frágil muchas veces tiene que recurrir a acciones escandalosas, que se parecen, como diría Graham Greene (1971), a “las bravatas grandilocuentes de los hombres débiles”. Cuando el poder de las instituciones estatales es precario y el ejercicio de la ley intermitente, los castigos tienen que ser terribles, precisamente porque no pueden ser sistemáticos (Foucault, 1975). En ocasiones, un Estado débil tiene que ejercer el poder indirectamente, coexistiendo con señores territoriales, gobiernos tribales, poderes informales u organizaciones criminales, de cuyos actos frecuentemente no puede ser responsable, aun cuando quisiera serlo. El establecimiento del gobierno directo fue, de hecho, un proceso fundamental en el surgimiento del Estado moderno, que coincidió con el surgimiento de las doctrinas modernas analizadas en la sección anterior (Tilly, 1992).[13]

Así, si un Estado fuerte es una condición necesaria para la vigencia sistemática de los derechos humanos, un Estado frágil es, por lo general, una condición suficiente para la precariedad de esos derechos. El problema, como ya se mencionó arriba, es que en muchas partes del mundo, en especial en las más pobres y desiguales, la imagen del Estado como organización que reclama el monopolio de la violencia legítima es sólo eso: una imagen (Migdal, 2001).[14]

Una segunda condición para la implantación de los derechos humanos dentro de los Estados es la existencia de instituciones especializadas, reforzadas por un sistema de justicia razonablemente imparcial. Una institución especializada paradigmática es la del ombudsman. Frecuentemente conocido en el mundo hispano como “defensoría del pueblo”, el ombudsman es normalmente definido como “una oficina pública abierta e independiente con amplios poderes de investigación”, cuya misión principal es vigilar que el Estado promueva y respete los derechos de los gobernados (Oosting, 1999). La institución surgió en Suecia, en 1809, y fue replicada inicialmente en Finlandia en 1919 y después en Dinamarca en 1955. La difusión de este modelo institucional es una historia de la segunda mitad del siglo xx, y especialmente de su último cuarto. En 1973, diez países habían establecido una institución de ese tipo; para 1998, ochenta países tenían una o más de esas instituciones (Oosting, 1999). Además de crecer en número, la institución se ha diversificado: ahora hay “ombudsmen” especializados en los más diversos derechos: información, salud, servicios bancarios, etcétera.[15]

La difusión mundial de la figura del ombudsman ha contribuido a dar mayor visibilidad a los derechos humanos, a hacer más sistemática y consistente la vigilancia del respeto a esos derechos y la denuncia de las violaciones. Sin embargo, en general, el éxito de esta institución ha sido mayor en las “democracias consolidadas con economías desarrolladas”, precisamente donde su misión es menos necesaria que en los países con economías o democracias frágiles (Oosting, 1999). El riesgo de “sobrecarga” institucional (acumulación de demandas más allá de lo que la institución es capaz de procesar) es mayor donde el sistema de justicia es precario o inequitativo; lo mismo sucede con el riesgo de corrupción, colonización o marginación de la institución por los poderes existentes.

Lo anterior también sugiere que, más allá de las instituciones propiamente políticas, la vigencia sistemática de los derechos humanos requiere de condiciones sociales que no se distribuyen homogéneamente entre todos los países. Las condiciones sociales para que la población haga valer sus derechos humanos incluyen, obviamente, un nivel educativo razonablemente alto y equitativo, a fin de que los afectados tengan, por lo menos, conciencia de que poseen derechos de ese tipo y conozcan las principales vías para reclamarlos. También es necesario que no haya mucha polarización social, económica, étnica o política, en otras palabras, que la sociedad sea razonablemente equitativa. Los fuertes conflictos sociales y políticos crean condiciones en las que las violaciones a los derechos humanos pueden parecer necesarias y legítimas. La desigualdad social también socava el sentimiento de solidaridad y humanidad común que es una de las garantías más profundas del respeto a los derechos humanos. Además, como lo muestra el análisis de Lijphart (2000), las instituciones democráticas incluyentes y consensuales tienden a tener estilos de gobierno más “dulces”.

Pero las condiciones sociales necesarias para que un grupo de personas haga valer sus derechos no necesariamente son las mismas que las que se necesitan para que ese mismo grupo se preocupe efectivamente por los derechos de otros grupos sociales, de las naciones con las que interactúa su país y, finalmente del mundo.[16] A fin de que el ideal de los derechos humanos no sea una simple quimera, es necesario que los seres humanos amplíen, en la práctica, el rango de sus interacciones reales o posibles. Es necesario que se sientan y actúen como miembros de una comunidad cosmopolita, a la que pertenecen todos los seres humanos. Porque la vigencia de los derechos humanos requiere no sólo un compromiso intelectual con ellos, sino también una simpatía hacia los demás, y esa cordialidad, por más abstracta que sea, se construye necesariamente en la interacción.

Para esto es necesario un nivel considerable de prosperidad. Sólo en ese contexto se puede tener la seguridad necesaria para comprometerse en serio con los derechos humanos. Esa seguridad significa, según Rorty, “condiciones de vida lo suficientemente libres de riesgo como para que las diferencias de uno mismo respecto de los otros se vuelvan irrelevantes para nuestra propia autoestima”. El problema es que “estas condiciones las han disfrutado los norteamericanos y los europeos —la gente que inventó la cultura de los derechos humanos— mucho más que los otros pueblos” (Rorty, 1993).

Así, parece que los derechos humanos son más fáciles de establecer precisamente donde las condiciones sociales y políticas hacen menos probable su violación. Sin embargo, hasta cierto punto, las condiciones adversas pueden ser superadas, gracias al compromiso de las comunidades de activistas. Éstas son realmente transnacionales: con un fuerte arraigo en varios países y con mucha presencia internacional. Son generalmente comunidades con un firme compromiso ético con los derechos humanos, pero también con intereses más mundanos (aunque no por eso ilegítimos) en la continuidad del tema. Las personas que participan en dichas comunidades encuentran una fuente de satisfacción personal, una misión que realizar y una comunidad a la que pertenecer con orgullo y en la que pueden hacer una carrera prometedora.

Pero, en última instancia, la vigencia de los derechos humanos se basa en las expectativas de los gobernados. Detrás de las reflexiones de los humanistas, de la fuerza de las instituciones internacionales, del compromiso de los Estados, del trabajo de los activistas, del arraigo de las instituciones nacionales, siempre está la legitimidad que tienen los derechos humanos en la ciudadanía y la posibilidad, continuamente presente, de la desobediencia y la rebelión frente al poder ilegítimo.

Por eso, el avance y arraigo de los derechos humanos puede ser visto como un proceso educativo. La mejor garantía de que los derechos serán respetados es que sean comprendidos, aceptados y exigidos por todos los ciudadanos, y eso se puede lograr mediante la educación, en un contexto social y político favorable.[17]

Conclusiones

La somera revisión de la literatura predominantemente politológica sobre el tema nos permite observar las distintas formas de existencia de los derechos humanos. Éstos son, simultáneamente, una doctrina política, un conjunto de normas políticas, una serie de leyes e instituciones, y una diversidad de prácticas políticas y sociales. Una adecuada comprensión de los derechos humanos requiere que se los vea como una combinación de estas diversas formas de existencia, que se observen las conexiones entre una forma y otra, y que también se consideren las discontinuidades e incluso las contradicciones mutuas.

Un gran trecho separa a la concepción de los derechos humanos como un imperativo categórico (como algo cuyo desacato no sólo es malintencionado sino irracional) de los abigarrados procesos mediante los cuales esos derechos se implantan en las prácticas políticas. Una visión realista de los derechos humanos exige la conciencia plena de esa distancia. Y, sin embargo, sería un error menospreciar, en nombre del realismo, la fuerza normativa de los derechos humanos. Como insistía Kant, incluso si el progreso fuera inalcanzable, un hombre bueno debe actuar como si ese avance fuera no sólo posible sino inevitable (1991). Esa convicción atraviesa todas las formas de existencia de los derechos humanos, y es tan ubicua como los obstáculos a los que esos derechos tienen que enfrentarse para llegar a ser efectivos.

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[*] Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM. Correo electrónico:<jose.velasco@servidor.unam.mx>

[1] Refiriéndose a las “leyes” internacionales, Weber agrega: “No podríamos llamar ‘ley’ a un sistema cuyas sanciones consistieran totalmente en expectativas de desaprobación y de represalias de las partes afectadas, que está por lo tanto garantizado enteramente por convención e interés propio sin la ayuda de una agencia sancionadora especializada” (Weber, 1978).

[2] La Declaración Universal identifica claramente estas dos rutas. El objetivo de la Declaración, se afirma al final de su preámbulo, es que “tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos”.

[3] Entre los “pensadores” consultados por la Unesco estaban Mahatma Gandhi, E. H. Carr, Harold J. Laski, Benedetto Croce y Aldous Huxley.

[4] “Todos los derechos que son merecidos y preservados provienen del deber bien cumplido. Así, el propio derecho a la vida nos es dado sólo cuando cumplimos el deber de ciudadanía del mundo. A partir de este enunciado fundamental quizá sea bastante fácil definir los deberes del Hombre y la Mujer y correlacionar cada derecho con algún deber correspondiente que debe ser cumplido primero. Se puede demostrar que todo otro derecho es una usurpación por la que difícilmente vale la pena luchar” (Gandhi, 1948). Incluso una rápida comparación entre la Declaración Universal y la Carta Árabe de Derechos Humanos puede dar una idea del peso de las diferencias culturales. La Carta Árabe está disponible en <http://www1.umn.edu/humanrts/instree/loas2005.html?msource=UNWDEC19001&tr=y&auid=3337655>.

[5] En contraste, el primer párrafo de la Carta Árabe proclama abiertamente su filiación religiosa.

[6] De acuerdo con la formulación clásica de Weber (1978), las personas guiadas por valores, “sin reparar en los posibles costos para ellas mismas, actúan para poner en práctica sus convicciones acerca de lo que parece exigir el deber, el honor, la búsqueda de la belleza, la vocación religiosa, la lealtad personal o la importancia de alguna ‘causa’”.

[7] “En el dominio de la economía no hay enemigos, sólo competidores, y en un mundo totalmente moral y ético tal vez sólo hay adversarios en debate […] Lo político es el antagonismo más intenso y extremo, y cada antagonismo concreto se vuelve más político a medida que se acerca al punto más extremo, aquel del agrupamiento amigo-enemigo” (Schmitt, 2007).

[8] Como es sabido, Keynes se propuso “salvar al capitalismo de sí mismo”, para lo cual era necesario poner en práctica varias medidas promovidas por los socialistas.

[9] Disponible en <http://grupgerminal.org/?q=node/347>.

[10] Sobre la influencia del liberalismo y el socialismo, véase el interesante recuento hecho por Ishay (2008), capítulos 2 y 3; y Carr (1948).

[11] Eso le da sentido a la sugerencia de Lukes (1993): “la lista de los derechos humanos debe ser mantenida razonablemente corta y razonablemente abstracta”.

[12] Ya Kant (1991) había notado la paradoja: “sólo un gobernante que es él mismo ilustrado y no teme a los fantasmas, y que no obstante tiene un ejército numeroso para garantizar la paz pública, puede decir… ¡‘Aleguen todo lo que quieran y sobre lo que quieran, pero obedezcan!”

[13] En general, como lo observó Norbert Elias al analizar las paradojas del proceso civilizatorio, la “dulcificación de las costumbres” es posible gracias al acrecentamiento de los medios de violencia controlados por el Estado. La libertad de los individuos es posible gracias a que el Estado y el mercado limitan de manera fundamental, como nunca en el pasado, las opciones entre las que ellos pueden elegir. El riesgo del castigo en caso de transgresión es mucho más alto que antes.

[14] Para un análisis reciente de la relación entre fragilidad estatal y derechos humanos, véase el interesante texto de Evans (2009).

[15] Para un análisis sintético de la historia y las funciones del ombudsman, véase Pope (2000).

[16] Como lo dijo, no un politólogo, sino un sociólogo famoso, un derecho sólo tiene vigencia si alguien tiene una obligación correspondiente. “El derecho es siempre el elemento primario que da la pauta, y la obligación no es más que su correlato en el mismo acto y, de hecho, un correlato inevitable. La sociedad en general puede ser vista como una reciprocidad de seres dotados de derechos morales, legales, convencionales y muchos otros tipos de derechos. Si estos derechos implican obligaciones para otros, esto es simplemente, y por decirlo así, una consecuencia lógica o técnica” (Simmel, 1965).

[17] Se aplica a los derechos humanos, lo que Dewey dice acerca de los asuntos públicos en general: “La necesidad esencial […] es el mejoramiento de los métodos y condiciones de debate, discusión y persuasión. Ese es el problema del público” (1954. Cursivas en el original).

Acerca de los autores

Karina Ansolabehere, <kansola@flacso.edu.mx>.

Profesora investigadora de tiempo completo en la Flacso México. Sus líneas de investigación: política jurídica, derechos humanos, movilización legal, sociología del derecho y teoría política. Es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, maestra en Sociología Económica por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín, y doctora de Investigación en Ciencias Sociales con Especialización en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel I. Autora del libro La política desde la justicia. Cortes supremas, gobierno y democracia en Argentina y México (Flacso México, 2007).

Alejandro Anaya Muñoz, <alejandro.anaya@cide.edu>.

Profesor investigador de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Miembro del SNI, nivel 1. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, maestro en Teoría y Práctica de los Derechos Humanos, y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Essex, Inglaterra. Ha impartido cursos sobre Relaciones Internacionales, Derechos Humanos y Métodos de Investigación en distintas universidades de México. Ha colaborado con organizaciones civiles de derechos humanos en Chiapas entre 1994 y 1998. Es autor de distintas publicaciones sobre diversidad cultural y derechos humanos en México, incluyendo el libro Autonomía indígena, gobernabilidad y legitimidad en México. La legalización de los “usos y costumbres” electorales en Oaxaca (2006) y los artículos “Transnational and Domestic Processes in the Definition of Human Rights Policies in Mexico”, en Human Rights Quarterly; “The Emergence and Development of the Politics of Recognition of Cultural Diversity and Indigenous Peoples’ Rights in Mexico: Chiapas and Oaxaca in Comparative Perspective” en Journal of Latin American Studies y “Explaining High Levels of Transnational Pressure over Mexico: The Case of the Disappearances and Killings of Women in Ciudad Juárez”, en International Journal of Human Rights (en prensa). Es cofundador y codirector de la Revista Iberoamericana de Derechos Humanos.

Manuel Canto Chac, <manuelcantoch@hotmail.com>.

Doctor en Sociología y profesor-investigador del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, cuya jefatura ejerció en el periodo 1986-1990, tuvo el mismo cargo en el área de investigación en Política y Gestión Pública en el periodo 2003-2007. Actualmente es profesor de la Maestría en Políticas Públicas. Es miembro del SNI y consejero ciudadano del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D.F. para el periodo 2008-2012. Tiene diversas publicaciones relacionadas con los derechos humanos y las políticas públicas, entre éstas: “Gobernanza y participación ciudadana frente al reto del desarrollo”, Revista Política y Cultura, núm. 30 (otoño de 2008); Derechos de ciudadanía: responsabilidades del Estado (coordinador, 2005), “La exigibilidad de los DESC en las políticas públicas. La experiencia de las organizaciones de la sociedad civil en México”, en Las exigencias de la sociedad civil (2004) y “Politiques Publiques et exigibilité des DESC”, en TDHF, Les droits économiques, sociaux et cultureles (2003).

Silvia Dutrénit Bielous, <sdutrenit@hotmail.com>.

Historiadora y doctora en Estudios Latinoamericanos, realizó estudios de licenciatura en la Universidad de la República (Montevideo) y en la UNAM. Cursó el posgrado en la Flacso México y en la UNAM. Es profesora-investigadora titular del Instituto Mora. Pertenece al SNI de México y de Uruguay, y es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Coordina proyectos regionales sobre temas de su especialidad y participa también en otros como el de “Memoria y política: de la discusión teórica a una aproximación al estudio de la memoria política en México” financiado por el Conacyt. Especializada en la historia reciente de América Latina, ha publicado artículos y libros sobre comportamiento de los partidos políticos bajo autoritarismos, exilio y política de asilo diplomático, así como sobre retos y estrategias de los gobiernos democráticos para procesar la herencia de los pasados autoritarios. Su última publicación junto a Gonzalo Varela es Tramitando el pasado. Violaciones de los derechos humanos y agendas gubernamentales en casos latinoamericanos (2010).

Ariadna Estévez López, <chismosilla@yahoo.com>.

Doctora en Derechos Humanos por la Sussex University (Brighton, Inglaterra), maestra en Sociología Política, por la City University (Londres, Inglaterra), y licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM. Actualmente es investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN, UNAM). También es profesora-tutora en la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Flacso México, y ha impartido el Seminario Doctoral en Perspectivas Sociopolíticas de los Derechos Humanos, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la International Studies Association y de la International Sociological Association. Su área de especialización es el estudio normativo y sociopolítico de los derechos humanos internacionales frente a fenómenos de la globalización. Sus intereses de investigación actuales incluyen la construcción de una teoría descolonizada de la justicia global basada en los derechos humanos internacionales y que contemple la migración internacional. Es autora del libro Human Rights and Free Trade in Mexico: A Sociopolitical and Discursive Perspective (2008), y de los artículos “Taking the Human Rights of Migrants Seriously: Towards a Decolonized Global Justice”, en The International Journal of Human Rights, (2010); “La relación estructural entre la globalización y la migración: implicaciones para una ciudadanía universal”, en Foro Internacional, (2009), y “A Latin American Sociopolitical Conceptualization of Human Rights”, en The Journal of Human Rights (2008).

Richard Miskolci, <ufscar7@gmail.com>.

Profesor del Departamento de Sociología de la Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), e investigador-colaborador del Núcleo de Estudos de Gênero Pagu de la Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), ambas en Brasil. Coordina el grupo de investigación Cuerpo, Identidades y Subjetividades, <www.ufscar.br/cis> y dirige estudios que exploran las intersecciones de los marcadores sociales de las diferencias. Es doctor en Sociología por la USP, y publicó su tesis doctoral con el título Thomas Mann, el artista mestizo (2003). Es miembro del cuerpo editorial de la revista Cuadernos Pagu, asesor de la FAPESP y crítico en periódicos, la Revista Brasileira de Ciências Sociais, los Cuadernos Pagu, la Revista Estudos Feministas, entre otros. Es coorganizador del primer dossier de estudios queer de Brasil en la revista Cuadernos Pagu (2007), el cual mereció el galardón Prêmio Cidadania em Respeito à Diversidade (2008). También coeditó la colección El Legado de Foucault (2006), editó el dossier Normalidade, Desvio, Diferenças (2005) y el libro Marcas da Diferença no Ensino Escolar (2010). Ha coordinado diversos eventos relacionados con cuestiones de género, sexualidad y diferencia. En 2008 concluyó sus estudios posdoctorales en el Departamento de Estudios de la Mujer de la Universidad de Michigan, Ann Arbor, con una investigación sobre teoría queer. Sus líneas de investigación actuales son el surgimiento del dispositivo de sexualidad en Brasil en el cambio del siglo XIX al XX, los debates contemporáneos sobre la relación entre cuerpo, identidades sociales y subjetividades, y los discursos subalternos de derechos humanos.

Rachel Sieder, <rachel.sieder@sas.ac.uk>.

Profesora investigadora del CIESAS, México, donde trabaja en las áreas de antropología jurídica y antropología política. También es investigadora asociada del Chr. Michelsen Institute, Bergen, Noruega. Antes de radicarse en México, en 2007, fue profesora investigadora en política comparada en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres. Sus campos principales de investigación han sido los derechos indígenas, derechos humanos, y los estudios sociolegales, ha trabajado con un enfoque particular en Guatemala desde 1995. Sus libros sobresalen Derecho consuetudinario y transición democrática en Guatemala (1996); editó Multiculturalism in Latin America: Indigenous Rights, Diversity and Democracy (2002); editó con Line Schjolden y Alan Angell, La judicialización de la política en América Latina (2010), y editó con Javier Couso y Alex Huneeus, Cultures of Legality. Judicialization and Political Activism in Latin America (2010). Sus artículos han sido publicados en varias revistas incluyendo Desacatos, Alteridades, Journal of Latin American Studies, Citizenship Studies, International Journal of Constitutional Law, Bulletin of Latin American Research, Social Movement Studies y otras. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, miembro activo de la Red de Antropología Jurídica de América Latina, RELAJU, y, en 2009-2010, coordinadora de la iniciativa Otros Saberes del Latin American Studies Association LASA sobre investigación colaborativa en el campo de justicia y derechos.

Luis Daniel Vázquez Valencia, <lvazquez@flacso.edu.mx>.

Doctor en Ciencias Sociales por la Flacso México, maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones “Dr. José María Luis Mora”, licenciado en Ciencia Política y Derecho, en ambos casos por la UNAM. Actualmente es profesor investigador (c1) de tiempo completo en la Flacso, Sede México, donde coordina la Maestría en Derechos Humanos y Democracia. Una de sus áreas de especialización es el análisis de la política pública con perspectiva de derechos humanos. En este campo ha participado como investigador en el Comité Coordinador para la Elaboración del Diagnóstico y Programa de los Derechos Humanos en el Distrito Federal 2007-2009; en el proyecto financiado por Atalaya sobre el impacto de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el diseño de política pública; y en el proyecto “La respuesta al VIH-SIDA en Latinoamérica desde la perspectiva social”, financiado por GTZ-CICT-Flacso. Su segunda área de especialización es el estudio de la relación democracia-mercado y la interacción de los poderes fácticos en el régimen democrático. En esta línea ha publicado Democracia y mercado: viejas disputas, nuevas soluciones. Análisis y Lecciones del caso argentino (1989-2006); “Democracia liberal procedimental y movimientos sociales. Temas pendientes luego del conflicto en Oaxaca”, en Política y Sociedad en México. Entre el desencuentro y la ruptura (2008); “La negociación de la deuda argentina 2003-2005: navegando entre poderosos”, en Derrumbando un mito. Instituciones exitosas en Latinoamérica contemporánea (2008), y “La democracia, el populismo y los recursos políticos del mercado: déficits democráticos y neopopulismo”, en Vox Populi. Populismo y democracia en América Latina (2007). Asimismo coordinó el libro titulado Venezuela ¿más democracia o más populismo? Los consejos comunales y las disputas sobre la hegemonía democrática (2008).

José Luis Velasco Cruz, <jose.velasco@servidor.unam.mx>.

Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Obtuvo el doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Boston y la maestría en Sociología Política en el Instituto de Investigaciones “Dr. José María Luis Mora”. Es autor de los libros Insurgency, Authoritarianism, and Illegal Drugs in Mexico’s “Democratization” (2005) y El debate actual sobre el federalismo mexicano (1999). Su principal área de especialización es la política comparada.

e-colofón

El ePub de Los derechos humanos en las ciencias sociales: una perspectiva multidisciplinaria se produjo en 2012. Participaron:

Coordinación editorial: Gisela González Guerra y Diego Bugeda

Cuidado de edición: Julio Roldán

Diseño de forros: Cynthia Trigos Suzán

Preparación de archivos: Flavia Bonasso

Asistencia editorial: Karla Cano Sámano y Alma Delia Paz

Realización del ePub: produccioneditorial.com